Negra sotana, hombreras doradas
Todos los feligreses se arrastran para hacer reverencias
El fantasma de la libertad está en el cielo
El orgullo gay se envía encadenado a Siberia
El líder del KGB, vuestra más alta Santidad
Envía y escolta a los manifestantes a prisión.
Para no ofender a Su Santidad
Las mujeres deben parir y amar
Virgen María, Madre de Dios, ¡hazte feminista!
Virgen María, Madre de Dios, ¡echa a Putin!
(Pussy Riot)
Como parte del ciclo de rebeliones populares que se está viviendo internacionalmente, en el último año se generalizaron las manifestaciones de luchas de las mujeres por todo el globo. Los motivos son variados y abarcan, de lugar a lugar, distintos aspectos de la opresión de la mujer.
Es el caso, por ejemplo, de la lucha de la banda Pussy Riot en Rusia, que cuestiona los códigos de la moral machista, burocrática y religiosa defendida por el reaccionario gobierno del ex KGB Putin; o el paso al frente de las mujeres en la rebelión que barre el mundo árabe; la lucha contra la violencia hacia las mujeres como el aberrante caso que conmueve la India, y hasta la pelea por el derecho al aborto en la Argentina, que en los últimos meses ha pegado un nuevo salto.
Globalmente, nos parece que existe una nueva sensibilidad a nivel internacional respecto de la opresión de la mujer y las minorías sexuales, sensibilidad que hace parte, precisamente, del despertar político que significa este nuevo ciclo de rebeldía que se está viviendo y que significa una suerte de creciente rechazo ante las manifestaciones de opresión, patriarcado y barbarie hacia las mujeres bajo el capitalismo neoliberal.
Esta nueva sensibilidad está mostrando el surgimiento de movimientos sobre temas de la mujer o, directamente, movimientos de mujeres propiamente dichos que están cobrando una relevancia cada vez mayor en la agenda de los explotados y oprimidos, y que desmienten a aquellas corrientes de la izquierda que venían vociferando que tales movimientos “no existían”. Es lo contrario: podríamos estar ante el desarrollo del movimiento de mujeres más importante desde los años 60 y 70 del siglo pasado.
A continuación nos dedicaremos a hacer un repaso de esta realidad, no sin antes destacar que Las Rojas de la Argentina y Las Rojas Costa Rica, agrupaciones de mujeres que hacen parte de nuestra corriente internacional, vienen cumpliendo en sus países un papel destacado a la cabeza de la lucha por las reivindicaciones de género.
1. El estallido contra las violaciones en la India
En diciembre de 2012, en Nueva Delhi, India, una joven estudiante (llamada Amanat por la prensa) fue violada y torturada por seis hombres en un ómnibus. El ataque le causó la muerte unos días más tarde. Este hecho desató movilizaciones en las que decenas de miles de manifestantes se enfrentaron con la policía desafiando la prohibición de reunión para más de cinco personas. Los enfrentamientos fueron violentos. Docenas de heridos y un policía muerto fueron el saldo de la lucha en Nueva Delhi, donde la policía llegó a cerrar calles y nueve estaciones de metro, y un periodista resultó muerto por una bala de la policía en Manipur, al noreste del país. Aquí no fueron sólo manifestaciones: una huelga general se estaba llevando a cabo en protesta por otro caso de agresión sexual.
Algunos antecedentes regionales
Vale la pena detenerse un momento en la situación en el estado de Manipur. Allí viven grupos étnicos que sufren la represión constante por parte del gobierno central y existen movimientos armados que pelean por la independencia. La cuestión de género está presente en este conflicto a partir de la utilización de la violación como arma de guerra, especialmente contra mujeres acusadas de formar parte de los grupos rebeldes o de darles apoyo.
En 2004, el caso de Thangjam Manorama Chanu, detenida por formar parte de la insurgencia armada y cuya violación y asesinato se produjeron estando ella bajo custodia del ejército, produjo intensas protestas sociales en el estado. Thangjam Manorama Chanu fue violada y asesinada con disparos en sus partes íntimas por soldados de los Rifles de Assam. El gobierno de la India ha protegido a los autores, afirmando que los miembros del ejército no pueden ser sometidos a un juicio penal bajo la Ley de Poderes Especiales de las Fuerzas Armadas. La legislación “antiterrorista” vigente en Manipur ampara graves violaciones de derechos humanos, generando un clima que favorece que prácticas como la violencia sexual contra mujeres acusadas de formar parte o dar apoyo a la insurgencia armada queden impunes.
La violencia doméstica se encuentra ampliamente extendida en el estado. En las zonas bajo control de los grupos armados de oposición, algunas mujeres han recurrido a los sistemas de justicia paralela establecidos por las organizaciones insurgentes para denunciar la violencia conyugal.
La dimensión de género ha tenido un importante papel en la formación de la identidad colectiva de los grupos étnicos en el estado. En el caso de la población meitei, la victimización de las mujeres ha estado muy presente en el discurso de las organizaciones insurgentes, que han aludido a la necesidad de defender a las mujeres frente a los ataques externos, simbolizando en ellas el honor del grupo.
Neelofer y Aasiya, esta última una colegiala, fueron violadas y asesinadas por miembros del ejército en Shopian, Cachemira, en 2009. Los causantes siguen libres, encubiertos por el Estado.
La joven adivasi (indígena) maestra de escuela Soni Sori fue violada por agentes de la policía de Chhattisgarh, quienes insertaron piedras en sus partes íntimas. El sargento de policia Ankit Garg, en lugar de ser arrestado y castigado, recibió el Premio Presidencial a la Gallardía el Día de la República. Soni Sori sigue detenida en una cárcel de Raipur, bajo la custodia de sus violadores.
Incontables mujeres dalit son violadas en todo el país por hombres de castas superiores, y las milicias del BJP y la Rashtriya Swayamsevak Sangh (organización derechista hindú-chovinista) violaron mujeres musulmanas en el genocidio de Gujarat de 2002.
Una importante experiencia regional de lucha de género en India tiene lugar desde 2006 en el estado de Uttar Pradesh, también al norte del país. Sampat Devi Pal, una mujer de casta baja, harta de la doble opresión con que deben lidiar las mujeres pobres de su tierra, fundó una milicia de defensa mutua conocida como Gulabi Gang, el Ejército de los sarís rosas. El grupo inicial contaba con 25 soldados, mujeres de entre 40 y 60 años, muchas de ellas viudas, obligadas a guardar el luto de por vida, y casi todas pobres y sin derecho a la alfabetización por ser mujeres.
El ejército rosa llegó a alcanzar las 100.000 reclutas en 2011. Han evitado matrimonios infantiles, han obligado a los funcionarios a entregar ayudas y pensiones sin sobornos y han hecho entender a los maridos, aunque haya sido a base de lathi (palo intimidatorio de bambú que usa la policía en India), que no deben pegar palizas a sus esposas. También han asediado comisarías cuando la policía se ha negado a registrar denuncias de violación o palizas, y secuestrado camiones de comida destinados a los pobres cuando funcionarios con pocos escrúpulos se dirigían al mercado a vender los alimentos. Han conseguido también que algunos hombres formen parte de su ejército.
El Gulabi Gang acoge a mujeres que huyen de la violencia en sus hogares. En cuanto al uso del lathi, Sampat explica: “Sólo lo llevamos para hacernos respetar; la verdadera arma es que estamos unidas. Cuando las mujeres luchan juntas son más fuertes” (Nona Rubio, Gulabi Gang).
Debates acerca de las movilizaciones en Nueva Delhi
Según denuncia Arundhati Roy en su libro La república rota, la policía y el ejército indios utilizan sistemáticamente la violación como arma de represión hacia el campesinado y la población de las zonas pobres en general. Esta autora y activista considera que la denuncia contra esta utilización de la violencia de género como arma para la opresión de clase no está presente en las actuales movilizaciones masivas en Nueva Delhi, y que la explosión popular en esta ciudad se debe al hecho de que la víctima era una estudiante de clase media. Esta explicación, que intenta “limar” la importancia de las recientes luchas contra las violaciones en India suponiendo que no van al fondo de la cuestión y, en suma, que nada ha cambiado cualitativamente en la percepción social de la opresión de género, no es exclusiva de esta autora ni de este país, como veremos más adelante cuando comentemos la situación y los debates en Argentina.
No es ésta la opinión de Kavita Krisnan, secretaria general de la Asociación Progresista Pan-India de Mujeres (AIPWA) y oradora en las recientes movilizaciones en repudio a la violación y asesinato de Amanat. Reproducimos parte de su discurso:
“No estoy en absoluto de acuerdo con Arundhati Roy que cree que estas protestas han estallado porque la víctima era de clase media. ¡Las mujeres de clase media tampoco suelen recibir este tipo de solidaridad! Más que otras, son ellas las acusadas de ser víctimas ‘ilegítimas’ por beber, fumar, vestir sexy, etc.
“Si una mujer de clase media en la capital del país puede ser víctima de una violencia tan horrorosa, ¿qué les puede pasar a las mujeres de las castas oprimidas, la clase obrera, las minorías religiosas, las nacionalidades oprimidas, o las adivasi (aborígenes), que son aún más impotentes cuando enfrentan la violencia de género? Al oponernos a la jerarquía de la violencia, no debemos asumir que estamos de acuerdo con una jerarquía inversa, ¡que la violación de una mujer de clase es ‘menos’ violación!
“No hay razón alguna para que esta solidaridad que ha surgido no se extienda a las dalits, a las minorías y las mujeres adivasi. Mi experiencia es que cuando me referí a Soni Sori y Nilofer Aasiya en las manifestaciones hubo gritos de ‘¡vergüenza!’ de miles de personas…
“En efecto, existe una campaña, principalmente del gobierno de Delhi, la policía y el Times of India contra los trabajadores emigrantes y los habitantes de las villas miseria. Pero ¿por qué suponer, como Arundhati parece hacer, que todos los manifestantes en las calles acusaban a los pobres?”.
En un artículo que transcribimos “con permiso” de www.sinpermiso.info (destacados nuestros), Kavita Krisnan profundiza acerca del reciente estallido popular:
“En medio del indescriptible horror de la violación de Amanat hay una chispa de esperanza que alimentamos, sosteniéndola en las manos para que no se apague, ayudándola a crecer en una llama fuerte para que se extienda como un incendio en un bosque. (…) La esperanza radica en la gran cantidad de personas que han salido a protestar después. Fue bueno presenciar la ira espontánea y la determinación de llevar ante la justicia a los violadores. Pero aún mejor fue ser testigo de la voluntad de dirigir esa ira contra una sociedad y una cultura que justifican la violencia y la violación sexual. La voluntad popular de mujeres y hombres corrientes de hacer frente a las raíces de la violencia sexual y ponerle fin, inspira más esperanza y confianza que toda la retórica flamígera de los diputados en el parlamento.
“Una mujer que vio un video de nuestra manifestación y de los discursos de los activistas ante la casa de la ministra principal de Delhi me escribió para decirme que la protesta le había llegado al corazón: ‘Me han escrito chicas más jóvenes, absolutamente angustiadas, porque sus padres están utilizando el caso de violación en grupo de Delhi como un ejemplo de lo que puede suceder cuando se sale de paseo. Y ya no les dejan hacer nada: ni tener una conversación con sus amigos varones ni ir a la universidad de su elección. Ver su protesta me llenó de esperanza y de solidaridad’. (…)
“En las protestas, fue refrescante ver y escuchar a muchas mujeres desafiar esta cultura de la violación: una cultura que justifica la violación y culpa a las mujeres por ‘provocarla’. Una pancarta dice: ‘No me enseñes cómo tengo que vestirme, enseña a tus hijos a no violar’. En otra se puede leer: ‘Mi ánimo es mayor que mi falda, mi voz más chillona que mi ropa’. Y una tercera, escrita a mano por una estudiante que probablemente era la primera vez que se manifestaba, ponía: ‘¿La violó porque la ropa le provocó? ¡Le rompo la cara porque su estupidez me provoca!’
“El dirigente del BJP Sushma Swaraj, hablando en el parlamento, declaró que incluso si la víctima de violación en Delhi sobrevivía, sería un zinda laash, un ‘cadáver viviente’. En respuesta a esta declaración, una estudiante de la Universidad Jawaharlal Nehru, que participaba en una vigilia en Safdarjung, dijo: ‘Hemos venido aquí para que la víctima de la violación sepa que estamos con ella. Nos indigna la declaración de Sushma Swaraj de que una mujer que ha sido violada es ya sólo un zinda laash. Estamos aquí para decir que esperamos que viva la vida plenamente, con la cabeza bien alta, que son los violadores los que deben sufrir y avergonzarse, no la superviviente’. (…)
“Sea bienvenida la indignación y la ira por la violación y el asesinato de una mujer joven en Delhi. La indignación, la solidaridad y la lucha por la justicia también debe abarcar a las víctimas de violación bajo custodia, comunales y de casta.
“El uniforme de la policía o del ejército y la superioridad de casta o en la comunidad no pueden ser una excusa para violar y matar. Si la violación en Delhi ha removido la conciencia de la gente ante la violencia sexual, debemos asegurarnos de que las voces de Manorama, Neelofer, Asiya, Soni, Priyanka Bhotmange de Khairlanji y Bilkis Bano de Gujarat, y muchas otras que piden justicia, sean oídas”.
La situación en números, la posición del gobierno y la respuesta del activismo y las masas
Según las propias estadísticas oficiales, el aumento en el número de violaciones en India fue considerablemente mayor en las últimas décadas que el de otros delitos. La Oficina Nacional de Estadística Criminal reporta que los casos de violación en el país han aumentado un 791% desde 1971, los asesinatos el 240%, los robos un 178% y los secuestros un 630%.
Las tasas de condena por violación, en cambio, han bajado del 41% en 1971 al 27% en 2010. La tasa de condenas por otros delitos contra las mujeres –asesinato por falta de dote, crueldad del esposo y los familiares, tráfico, abuso sexual, acoso sexual, secuestros– son muy bajas también.
Pero el gobierno, asediado por la indignación popular, intenta apoyarse en los prejuicios de la clase media culpando a los trabajadores que llegan a Nueva Delhi desde otras regiones del país. A través de los medios de comunicación, intenta canalizar la rabia contra la violencia sexual hacia el odio de clase contra los emigrantes pobres.
En una entrevista en televisión, la ministra principal de Nueva Delhi, Sheila Dixit, afirmó que la situación en Delhi cambió a causa de la afluencia de emigrantes, que pueden “atacar y huir”, haciendo más difícil luchar contra este tipo de crímenes en la ciudad. The Times of India publicó el 20 de diciembre una historia sobre cómo “los emigrantes salen a la caza” por la noche, citando como fuente a “un alto responsable de la policía de Delhi”, insinuando que los emigrantes son más propensos a la delincuencia y la violación porque “están lejos de sus familias durante años. Se sienten atraídos por los placeres de la gran ciudad. Sin embargo, tienen pocos medios para disfrutarlos”. La solución, según The Times of India, es legalizar la prostitución. También propone la castración química para los violadores.
Ambas “soluciones” se basan en la extendida y vieja noción de que la violación es causada por el deseo no satisfecho del varón. En el primer caso, la propuesta es lograr un suministro suficiente de la mercancía mujer (en la forma de esposa o de prostituta). En cuanto a la castración, sería la forma de suprimir el deseo sexual del violador, por lo que no volvería a violar.
Las activistas del movimiento de mujeres consideran, en cambio, que la violación no es causada por el deseo sino por el odio hacia la mujer, y es usada por la familia como una forma de disciplinamiento de las mujeres y la juventud, y por el ejército para la represión de campesinos, pobres y regiones en lucha. Y que el crecimiento de esta aberración se debe a la impunidad que el Estado otorga a los violadores y a que las fuerzas policiales, los hospitales y los tribunales actúan con una evidente parcialidad de género en los pocos casos en que los ataques llegan a denunciarse.
Explican, además, que el 90% de las violaciones son perpetradas por padres, hermanos, tíos o vecinos de la víctima, no por un grupo social diferente como podrían ser los migrantes. Según publicó en 2011 la Oficina Nacional de Estadística Criminal “los violadores eran conocidos por las víctimas en 22.549 casos (94,2% de todos los casos denunciados en la India en 2011)”; “los padres o familiares cercanos estuvieron involucrados en un 1,2% de estos casos, los vecinos en un 34,7% y familiares lejanos en un 6,9%.
Las feministas relacionan la violación sexual con las demás formas de violencia contra las mujeres, como los “crímenes de honor”, el aborto selectivo por sexo, la violencia doméstica y a causa de la dote y el acoso sexual. Consideran por lo tanto que el modo de combatirla es el que el movimiento de mujeres está poniendo en práctica: combatir las actitudes patriarcales y la subordinación de las mujeres, afirmar la ciudadanía de la mujer, exigir la plena igualdad de la mujer. Y que el problema está en que los gobiernos, los partidos políticos dominantes y la maquinaria estatal toman partido por las fuerzas patriarcales.
Seguramente sería exagerado decir que el movimiento de masas convocado por el caso de Amanat ha tomado el programa del activismo feminista, pero los reclamos de la gente en las calles están mucho más en la tónica de éste que de la posición del gobierno. Los manifestantes reclaman que se aceleren más de 100.000 juicios por violación pendientes, que se mejoren las leyes contra la violación y el abuso infantil, y la destitución del jefe de policía, entre otras medidas.
La lucha continúa, con marchas, actos y encuentros artísticos, como un concierto en el que cientos de violinistas tocaron en una plaza en repudio a la situación de las mujeres en su país.
Sin ninguna duda, con las limitaciones que pueda tener aún, esta reacción es un punto de inflexión en un país donde el nacimiento de una hija es vivido como una maldición y el infanticidio de niñas es algo tan corriente que ha bajado la relación mujer/varón en la población a 914/1.000 (Jaskiran Chohan, del SWP de Gran Bretaña, “La India y sus hijas amenazadas”, periódico En Lucha, España, diciembre 2012).
2. Egipcias: avances y dificultades
A comienzos de la primavera árabe, cuando los egipcios peleaban por voltear al dictador Mubarak, las mujeres de ese país dieron un notable paso al frente. En el periódico Socialismo o Barbarie de Argentina anotábamos: “Así lo corrobora la estudiante Naram Mahmud, de 23 años, una de las voluntarias que controlan los accesos a Tahrir para vigilar que nadie introduzca armas en la plaza. ‘En absoluto hay acoso sexual’, sentenció entusiasmada. La joven apuntó que multitud de egipcios han participado en las manifestaciones en la plaza y que ‘nadie ha molestado a nadie. Aquí la gente es más responsable, es un paraíso. Y si hay alguna persona que hace algo malo, siempre habrá alguien que le diga que está equivocada’, destacó maravillada Mahmud, en referencia a la permisividad e indolencia que muchas mujeres encontraban cuando eran acosadas en los tiempos previos al levantamiento popular”.
Una anónima luchadora entrevistada por un periodista occidental en la plaza Tahrir del 2011 decía:
“Mujer: Antes a las protestas iban poquitas mujeres. Los maridos no nos dejaban. Y ahora hemos llenado la plaza, hemos encabezado manifestaciones, nos hemos enfrentado a la policía. ¿Se da cuenta?
“Periodista: Pero Egipto sigue siendo un país patriarcal, machista…
“Mujer: Claro, y lo seguirá siendo un tiempo más. Pero algo grande ha cambiado aquí. Cuando usted ha vivido presa, presa en su propia casa, y prueba la libertad… ese saborcito no se olvida. Las mujeres egipcias ya no volveremos a ser las mismas, se lo aseguro. Cuando vuelva con mis hijos, les contaré. No lo van a creer, pero yo lo vi, yo lo viví. Ya nada volverá a ser como antes” (AFP, marzo 2011).
Claro que, en cuanto cayó Mubarak, el gobierno militar y la Hermandad Musulmana empezaron a trabajar para traicionar las esperanzas de los egipcios y egipcias e intentar que todo “vuelva a ser como antes”. En el terreno de género, contraviniendo la fuerte impronta laicista que tuvo la insurrección, militares e islamistas pelearon para expulsar a las mujeres de las movilizaciones y organizaciones populares. La primera respuesta masiva a esta contraofensiva sucedió el 20 de diciembre posterior a la caída de Mubarak:
“Cerca de diez mil mujeres respondieron al primer llamamiento para mostrar su fuerza y rechazo a los militares y a sus aliados la Hermandad Musulmana y salafistas que hacían la propaganda contrarrevolucionaria para que las mujeres dejaran de estar en las primeras filas de protestas en las calles y las plazas en todo Egipto. Esas mujeres respondieron claramente a esta propaganda reaccionaria, e insistieron en que seguirán luchando por un proceso político civil que respete la democracia, denunciando las agresiones sexuales y la tortura que cometen los militares diariamente contra ellas y rechazando cualquier llamamiento de limitar o anular su papel en esa revolución” (“Las mujeres egipcias y la construcción del nuevo feminismo”, por Amal Ramsis, activista y directora de cine egipcia).
El movimiento de lucha que tiró abajo a Mubarak no priorizó explícitamente en sus reclamos los derechos de las mujeres. La necesidad de la unión contra la dictadura, y sobre todo de enfrentar la propaganda islamofóbica con que los gobiernos yanqui y europeos atacaban la revuelta, hizo que algunas activistas feministas justificaran esta ausencia de un programa propio de las mujeres:
“Reclamar ‘pan, libertad y justicia social’ resume el objetivo principal del que podemos llamar ‘feminismo egipcio’ en este momento, con todo lo que significan estas demandas en cuanto a los derechos de las mujeres. A ellas la revolución no les va a traer la libertad y la igualdad, como piensan muchos de los que no han experimentado de cerca ese levantamiento, sino que con la participación activa como iguales en todo el proceso político, empiezan a vivir lo que quiere decir libertad, lo que quiere decir igualdad” (ídem).
Margot Badran, en marzo de 2011, hablaba de un “feminismo incrustado” en la revolución, refiriéndose a que, a pesar de que las mujeres no realizaran luchas específicas por sus propios derechos, el movimiento de lucha había conquistado de hecho un nuevo lugar para las mujeres. Es cierto, pero –siendo muy conscientes de que estamos hablando a la distancia– nos parece que esas conquistas “incrustadas” sólo se podrán defender si se vuelven un programa específico y explícito que sea parte del programa general de lucha, porque si no, vuelven para atrás sin encontrar mayor resistencia. El gobierno de Morsi (del partido Hermandad Musulmana que ganó las elecciones) de hecho lleva adelante una política contra las mujeres, tomando medidas como eliminar el cupo femenino en el parlamento y negándose a enfrentar el acoso y las prácticas misóginas familiares.
Pero más allá de las diversas políticas de los grupos feministas locales, desde la lucha en las calles que ha retornado con toda la furia, ahora contra el gobierno de la Hermandad Musulmana, sí empieza a notarse una preocupación específica por la opresión de género, en lo que hace al acoso sexual:
“Dada la pasividad de las autoridades, hombres y mujeres escandalizados con la situación, decidieron no hace mucho formar patrullas cívicas para defender a las mujeres de esta auténtica plaga. Lo que se protege es el derecho a circular libremente sin verse sometidas a vejaciones diversas. Estas brigadas se arriesgan, pues sus acciones han costado a más de uno una paliza. Las patrullas utilizan métodos distintos. Atrapan al acosador y le rocían la cara con pintura en espray o le marcan la espalda con una elocuente leyenda: ‘Soy un acosador’. El objetivo de su guerra no es sólo avergonzar al verdugo, sino llamar la atención del gobierno, que reaccionó asegurando que iniciará una investigación, lo que a los miembros de las patrullas y a muchos ciudadanos les ha parecido una respuesta insuficiente” (El País de España).
El diario El País de España, vocero de un gobierno que por su cercanía con Egipto fue el más aterrado en Occidente por la rebelión contra Mubarak, informa de la formación de estas patrullas y concluye que “nada ha cambiado para las mujeres egipcias, que siguen teniendo que caminar acompañadas” en la calle. Como si la vigilancia de un marido o familiar en tren de cuidar su propiedad fuera lo mismo que la defensa de brigadas de activistas que convierten la repugnancia por el acoso sexual en organizaciones y acción consciente. Lo que es evidente es que el camino para mejorar la situación de las egipcias no se está abriendo a partir de instituciones “democráticas” como el voto o el parlamento, sino desde las propias mujeres movilizadas por la rebelión contra Mubarak y el activismo de las nuevas luchas que enfrentan al gobierno de Morsi.
3. Resistencia feminista contra Putin
Ekaterina Samutsévich, María Aliójina y Nadezhda Tolokónnikova, de 30, 24 y 22 años respectivamente, fueron detenidas en marzo de 2012 en Moscú. De los recursos que presentaron pidiendo la libertad condicional, sólo el de Samutsévich fue aceptado. Aliójina y Tolokónnikova fueron condenadas el 17 de agosto a dos años de cárcel acusadas de “vandalismo motivado por odio religioso”. Las tres mujeres, integrantes, entre otras, del grupo punk feminista Pussy Riot, habían protagonizado el pasado 21 de febrero un concierto-oración en el altar de la Catedral de Cristo Salvador de Moscú, implorando a la Virgen María que eche del poder al presidente Vladímir Putin.
Pussy Riot es un grupo anónimo; se presentan con pasamontañas de colores. Cuenta con una cantidad indeterminada de integrantes. Se niegan a tocar en escenarios y locales “normales” y pretenden derrocar al gobierno ruso. Sus performances ilegales ya habían ocupado titulares de los diarios, como cuando en enero de 2012 tocaron “Revolt in Russia” en la Plaza Roja. En esa ocasión fueron detenidas por contravenir las duras leyes de ese país en cuanto a protestas públicas, pero salieron en libertad.
En un reportaje de la revista española Vice de mediados de febrero, días antes de la acción por la que fueron encarceladas, explican:
“Pussy Riot empezó a finales de septiembre del 2011, justo después de que Putin anunciara que pretendía volver a ser presidente y tiranizar Rusia durante al menos 12 años más. En ese momento nos dimos cuenta de que este país necesitaba un grupo militante, punk y feminista que se moviera por calles y plazas, movilizando toda la energía pública acumulada contra los corruptos malvados de la junta de Putin. Y enriquecer así la oposición cultural y política rusa con temas que nos importan; los derechos de la mujer y de gays, lesbianas y transexuales, así como denunciar la ausencia de un mensaje político valiente en las escenas de música y arte, y la dominación masculina en todas las áreas del discurso público.
“–¿Cuál ha sido su concierto favorito?
“–Aparte del de la Plaza Roja, todas nosotras estamos muy orgullosas de la acción que hicimos en el techo de uno de los edificios de un centro de detención en Moscú, donde estuvieron encerradas muchas personas tras las protestas post elecciones del 5 de diciembre. Los presos políticos nos podían ver desde dentro de sus celdas y cantaron y gritaron durante la canción ‘Death to Prisons-Freedom to Protest’. Los oficiales y trabajadores de la cárcel estaban corriendo sin saber qué hacer porque no tenían ni idea de cómo sacarnos del techo. Se asustaron mucho, debieron pensar que empezaría un motín al acabar nuestra canción o algo así. Eso fue genial.
“–¿Tienen planeado actuar en apariciones públicas de Medyved o Putin?
“–Putin está demasiado asustado para aparecer en público. Todas sus “reuniones públicas” son funciones custodiadas por leales del Kremlin que lo vitorean y le tiran besos. Pero algún día lo cazaremos, ¡seguro! Así que mejor que se vaya antes de que lo atrapemos. ¡Putin no querría verse cara a cara con las Pussy Riot!
“–¿Están buscando más chicas que quieran ingresar en el grupo?
“–¡Siempre! Pussy Riot tiene que seguir expandiéndose y ésa es una de las razones por las cuales hemos decidido siempre llevar pasamontañas. Nuevas chicas pueden enrolarse y realmente no importa quién participe en la próxima actuación. Podemos ser tres u ocho, como en nuestro último concierto en la Plaza Roja, o incluso quince. Pussy Riot es un cuerpo que palpita y crece. ¿Sabes de alguien que quiera venir a Moscú, tocar en conciertos ilegales y ayudarnos a luchar contra Putin y los chovinistas rusos? O quizá podría empezar alguien su propio Pussy Riot local, si Rusia les parece demasiado lejana y fría…
“–¿Les preocupa el acoso de la policía y el Estado si crecen mucho?
“–No tenemos nada de qué preocuparnos, porque si la policía represiva putinista nos mete en la cárcel, cinco, diez o quince chicas más se pondrán pasamontañas de colores y continuarán la lucha contra sus símbolos de poder. Y ahora mismo, con decenas de miles de personas tomando las calles, el Estado lo pensará dos veces antes de intentar fabricar un caso criminal y encerrarnos. Hay un montón de fans de Pussy Riot entre las masas protestantes de Rusia”.
Lamentablemente, el Estado sí las encerró. Además, sus videos han sido declarados extremistas por la Justicia rusa y su difusión en Internet quedó restringida.
“Estoy convencido de que Dios condena lo que ellas hicieron. Estoy seguro de que este pecado será castigado en esta vida y en la próxima”, aseguró el arcipreste Vsévolod Chaplin, portavoz y uno de los principales ideólogos de la Iglesia. “Han recibido lo que buscaban (…) No se puede hacer tambalear las bases de la moral, destruir el país”, afirmó Putin. El juicio, con sus continuas alusiones a dios y al diablo, al paraíso y al infierno, hizo recordar los procesos por brujería de la Inquisición (Excelsior de México, 21-12-2012).
Aliójina se encuentra en la penitenciaría 32 situada en la ciudad de Perm, a casi 1.500 kilómetros de Moscú. Fue un Gulag (campo de prisioneros) en la época de Stalin. Tolokónnikova, su compañera, ha sido enviada a la colonia 14, en la república de Mordovia, a más de 600 kilómetros al este de la capital rusa. Así lo ha asegurado Violeta Vólkova, abogada de ambas jóvenes.
La letrada sostiene que el centro en donde está recluida Tolokónnikova, que ha dado una imagen de mayor rebeldía durante el juicio, se encuentra cerca de una diminuta aldea y suele acoger reclusas que cumplen sentencias por primera vez. Se las utiliza para confeccionar ropa fuerte para trabajo.
Según las palabras de una ex interna de este penal, “nos trasladaron apiñadas en celdas y al día solamente nos dejaban ir al baño dos veces”. Ya en el penal, “te humillan sin cesar y cualquier denuncia a un funcionario convierte tu estancia en un infierno”.
Las instalaciones no incluyen lugares donde se pueda lavar la ropa con agua caliente ni tampoco secadoras. Las mujeres no tienen al día un solo minuto de intimidad. Están todo el tiempo rodeadas de otras compañeras o guardias. El hacinamiento es uno de los principales problemas en los presidios rusos.
Las internas se levantan muy temprano, realizan ejercicios físicos en el patio, incluso aunque las temperaturas sean bajo cero, y dedican toda la jornada a trabajar. Piotr Verzilov, marido de Tolokónnikova, afirma que las cárceles de Mordovia y Perm “son de las más crueles que hay en Rusia”.
Las dos activistas pidieron cumplir la condena en Moscú para estar cerca de sus familias. Ambas son madres. Tolokónnikova tiene un niño de 5 años y Aliójina otro de 4, pero la solicitud les fue denegada. Defensores de los derechos humanos consideran que al enviarlas lejos de Moscú lo que se pretende es dificultar las visitas de familiares y la presencia de medios de comunicación (ABC de España, 27-10-2012).
Pero las chicas no estaban equivocadas en cuanto al costo político que esto le trajo al gobierno. La utilización del principal altar religioso de Rusia para protestar contra el retorno de Putin al Kremlin convirtió el “recital” en un incidente político de magnitud internacional. La oposición rusa comenzó a utilizar su imagen como símbolo del movimiento “Rusia sin Putin”, mientras la Iglesia Ortodoxa Rusa las relacionó directamente con la mayor campaña anticlerical desde la caída de la Unión Soviética.
La imagen de Tolokónnikova entre rejas, con una camiseta azul con el célebre lema antifascista español “No pasarán”, recorrió el mundo.
Además de la solidaridad de muchas estrellas de la música que pidieron su libertad en sus recitales, en una encuesta del Centro Levada un 65% de los rusos se manifestó a favor de la inmediata puesta en libertad de las chicas, y sólo un 26% pidió su encarcelamiento.
Ya se ha publicado el primer libro digital y el primer documental, que será estrenado en el festival de cine independiente de Sundance, Estados Unidos. En las acciones de protesta en diversos lugares del mundo se ven los pasamontañas de colores, camisetas y otros artículos con la imagen de las tres jóvenes rusas.
Pussy Riot es parte de un amplio movimiento juvenil
Peter, esposo de Tolokónnikova, es impulsor del grupo Voina (guerra en ruso). Según el Comité de Investigación de Rusia, “El grupo artístico Voina es un colectivo de extrema izquierda radical y anarquista cuyo principal objetivo es realizar acciones públicas contra las autoridades, concretamente contra funcionarios policiales, con el objetivo de desacreditarlos ante la opinión pública. Existen células de Voina en las principales ciudades rusas. El número de simpatizantes del grupo es de aproximadamente 3.000. Los miembros de Voina tienen contacto con grupos e individualidades anarquistas de todo el mundo que mantienen puntos de vista de extrema izquierda y radicales sobre el arte y el orden mundial (Italia, Eslovenia, Francia, Estados Unidos, Sudáfrica, Grecia)” (http://free-voina.org/post/9828347199).
Entre los puntos del manifiesto del grupo figura la lucha por la “creación en Rusia de un frente artístico radical de izquierda dentro de la tradición del futurismo de los años 20. Un frente artístico que, por su existencia, transforme toda la ideología artística rusa. Renacimiento del arte político en el mundo entero” y “guerra contra los hombres-lobo uniformados por la libertad del arte contemporáneo. Guerra contra el oscurantismo político y social y contra la reacción de la extrema derecha. Destrucción de los símbolos represivos y patriarcales. Guerra artística mundial y global por el triunfo de la justicia sobre la Tierra Artística”.
Algunas de las actuaciones más célebres del grupo fueron el dibujo de una calavera con láser verde en el parlamento de Rusia, y una actuación ceremonial donde fingían colgar homosexuales e inmigrantes ilegales como ofrenda al alcalde de Moscú.
El grupo existe desde 2006, se hizo muy conocido en 2008 y en 2010 dos de sus miembros más importantes, Oleg Vorotnikov y Leonid Niklaev, fueron detenidos y siguen bajo vigilancia policial. No obstante, el grupo apareció en una exhibición especial dentro de la Bienal de Arte, titulada “El impacto de los medios de comunicación: festival internacional de arte activista”.
Voina declaró un boicot a la Bienal. Aseguraron que se los incluyó en el festival de arte en contra de su voluntad y que algunas de las obras mostradas con su nombre son falsas, mientras que otras las había robado la policía rusa cuando los detuvo. Una declaración en la página web del grupo acusa a los organizadores de la Bienal de intentar “desprestigiar el arte de protesta y oposición” y pretender “mantener ante la comunidad internacional una fachada de la vida artística en Rusia”.
Estos artistas también sufrieron la persecución del gobierno. Hablando de su paso por la cárcel, Vorotnikov cuenta: “Durante las primeras semanas de la detención, a Leonid y a mí no nos dieron la oportunidad de elegir nuestros abogados. No nos permitieron hacer llamadas telefónicas. Nos interrogaron sin ninguna transcripción. No siento mi brazo izquierdo desde el 15 de noviembre, cuando estuve esposado durante 17 horas. En las celdas grandes, meten a los prisioneros que están sanos con los que sufren enfermedades contagiosas como hepatitis, tuberculosis o sida. En mi celda la ventana estaba rota, así que hacía frío. Las paredes estaban llenas de hongos, moho y suciedad. La celda era muy pequeña. Las condiciones eran insalubres. No podíamos beber agua ni recibir tratamiento médico”.
En San Peterburgo, siete policías de civil atacaron a Oleg Vorotnikov, Leonid Nikolayev y Natalia Sokol mientras llevaba a su bebé Kasper y les dieron una gran paliza. Cuenta Oleg: “Un policía atacó a Lenya por detrás. Empujaron el carrito del bebé y golpearon a Kasper en la cara. Otros dos policías golpearon a Natalia y empezaron a darle patadas. Le lesionaron la mano. Conseguí liberarme de los policías que me tenían retenido y cubrí a Natalia con mi cuerpo. Los golpes empezaron a caer sobre mi espalda y mi cabeza”.
Evidentemente, ser artista opositor en la Rusia de Putin conlleva algunas dificultades. Y para las mujeres las cosas se ponen peor: Lev Ponomarev, impulsor de una ONG por derechos de los presos, hablando de los lugares donde las Pussy Riot cumplen su condena, explica que los funcionarios suelen ocuparse del perímetro más externo de la prisión. La disciplina interna muchas veces corre a cargo de otras internas “de confianza”, que imponen brutalmente la ley dictada desde arriba a cambio de privilegios. Ambas chicas son jóvenes y están acusadas de odio a la religión: estos factores las pueden convertir en objeto de abusos o ataques por parte de otros reclusos. Los posibles contagios, sobre todo del VIH, y la pobre asistencia médica son las otras preocupaciones (El Mundo de España, 22-10-2012).
Las jóvenes, sin embargo, continúan su pelea y merecen la activa solidaridad de los movimientos de lucha. Por lo pronto, las Pussy Riot preparan el lanzamiento de una nueva canción:
“El país está en marcha, el país sale a las calles con audacia
“El país está en marcha, el país va a decir adiós al régimen
“El país está en marcha, el país es la punta de lanza de las feministas
“Y Putin va, Putin va, deja el rebaño”
4. La indignación popular por la situación de las mujeres pone en aprietos al gobierno de la Argentina
Si en el mundo islámico y en la India de las castas y la esclavitud la indignación por la situación de las mujeres empieza a formar parte de la lucha y la conciencia popular, en el reino de la no menos retrógrada Iglesia Católica se está dando un fenómeno parecido. En Argentina –que continúa marcada por el ciclo de rebeliones del 2001–, la absolución de trece integrantes de la red de trata de mujeres que secuestró a Marita Verón en la provincia de Tucumán y la mantiene desaparecida –habían sido llevados a juicio gracias a la lucha sin cuartel que libró su madre, Susana Trimarco, sin ninguna ayuda del Estado– desató un día de furia con multitudinarias movilizaciones en todas las provincias del país. Asqueada por la impunidad de los esclavistas, la gente salió a la calle a repudiar a los jueces, pero sobre todo al gobernador de Tucumán, José Alperovich, cuyos vínculos con el jefe de esta red de tratantes son conocidos por todo el mundo, y también al gobierno nacional, ya que este gobernador es parte de su armado político; su esposa es vicepresidenta del Senado y amiga personal de la presidenta Cristina.
Las maniobras del kirchnerismo para hacer recaer la responsabilidad únicamente en la Justicia[1] y encubrir el hecho de que las redes de trata del interior del país son parte del aparato de los gobiernos provinciales, fueron un fracaso. La marcha alternativa a la que llamaron las organizaciones K frente a los tribunales de la Capital Federal, fue minoritaria; la gente fue a la Casa de Tucumán en Buenos Aires a repudiar al gobernador Alperovich, como habíamos propuesto Las Rojas y el movimiento de mujeres. En la ciudad de La Plata (capital de la provincia de Buenos Aires), también intentaron una marcha oficialista, en este caso convocada por Rosa Bru, madre de un joven activista de derechos humanos desaparecido, que también fracasó: la gente marchó con las organizaciones que denunciaban la complicidad del gobierno.
El primer resultado de esta movilización de masas fue que Cristina “ordenó” a los diputados promulgar en cinco minutos una “ley contra la trata” como para mostrarse haciendo algo al respecto, pero esta actitud concitó aún más desconfianza en la gente, ya que todo el mundo se enteró de que ese proyecto de ley había dormido en un cajón del parlamento durante un año y medio porque el kirchnerismo no quiso tratarlo.
Que a un gobierno que aún conserva una buena cuota de popularidad le suceda esto demuestra que la sensibilidad hacia la opresión de las mujeres, sobre todo hacia las terribles lacras de la violencia y la trata –contra las cuales el Estado no ha movido un dedo a pesar de su amplia propaganda–, ha crecido mucho en el país, generando movilizaciones que superaron cien veces las habituales del movimiento de mujeres.
Hay que anotar que en Argentina la contradicción entre el discurso centroizquierdista del gobierno nacional y su política clerical y retrógrada hacia los derechos de las mujeres es vista con bastante claridad e irritación por el sector más progresista de sus votantes, aun por aquellos que siguen manifestando su apoyo hacia la política oficial en general.
Este sector tenía la ilusión, explotada inteligentemente por Néstor Kirchner cuando comenzaba a construirse un aparato político propio, de que el kirchnerismo daría por tierra con la “vieja política”, comprendiendo por esto sobre todo al aparato del PJ, odiado por ser una mezcla de cómplices de la dictadura, burócratas sindicales millonarios y punteros municipales que viven de robarles a los pobres una cuota de la asistencia social.
Los aparatos de los gobiernos provinciales, más notoriamente los de las provincias más pobres, mantienen además vínculos directos con las mafias del fútbol, de la trata de mujeres y niños y del narcotráfico y, por supuesto, con la Iglesia. Durante el gobierno de Néstor Kirchner tuvo que renunciar el gobernador de Santiago del Estero, que junto a su esposa dirigía toda clase de negocios repugnantes, a causa de un escándalo de trata de mujeres que terminó en el asesinato de una joven.
Pero el tiempo fue pasando y las expectativas de la gente fueron defraudadas. El gobierno nacional consolidó sus lazos con los gobernadores, y en las últimas elecciones las listas kirchneristas en la mayoría de las provincias estaban encabezadas por los monstruos de siempre.
Agreguemos a esto que el “modelo” económico kirchnerista se basa en la expansión del cultivo de soja, con sus consecuencias de desocupación entre la clase trabajadora del interior, expulsión y represión al campesinado pobre, y crecimiento de una nueva burguesía que gana fortunas con sólo arrendar sus tierras y las gasta en juego, drogas y prostitución.
El resultado de todo esto es el crecimiento de estas tres últimas “industrias”, además del turismo, pero según datos de la propia Secretaría de Turismo de la Nación, el 14% de los ingresos en este rubro provienen del “turismo sexual”.
Es de imaginarse entonces cuál es la situación de las mujeres en estas provincias, sobre todo las de clase trabajadora y sectores populares. En el último Encuentro Nacional de Mujeres, que se realizó en la provincia de Misiones, las activistas del lugar denunciaban que el gobierno declaró a Misiones “provincia pro-vida”, prohibiendo no sólo el aborto sino también negándose a distribuir anticonceptivos en el hospital público. Las compañeras atribuían esta política no a razones religiosas, sino a que en esta provincia, que tuvo mucha inmigración polaca, alemana y rusa en sus orígenes, en las familias indigentes nacen muchos niños rubios, que se cotizan mejor en el mercado de bebés.
Las redes de trata de mujeres se mueven con impunidad en todas las provincias. La lucha de Susana Trimarco desenmascaró esta situación e hizo que se cerraran algunos prostíbulos clandestinos, pero la trama del negocio sigue indemne y no hay ningún funcionario preso ni imputado por la realización de estas actividades en su provincia. A pesar de que se han escapado o se han rescatado centenares de víctimas, no existe ningún programa serio de protección para ellas, ni frente a las posibles represalias de los tratantes ni para ofrecerles otra alternativa laboral que no sea la prostitución.
El juicio a los captores de Marita Verón, a pesar de la enorme repercusión mundial que tuvieron las denuncias y la investigación de Trimarco, tardó diez años en sustanciarse desde que fue presentada la denuncia. La gente esperaba que este juicio fuera ejemplificador y significara un golpe a las redes. Pocos días antes de la sentencia, Cristina en persona le había otorgado a Susana Trimarco un premio de derechos humanos. La absolución de todos los imputados significó un salto considerable en la desconfianza popular hacia las instituciones, y provocó una de las movilizaciones de protesta más grandes por razones democráticas que el gobierno haya tenido que enfrentar.
La cuestión del derecho al aborto
Más allá de las encuestas, que muestran que la adhesión a la despenalización del aborto va creciendo lentamente, este tema venía siendo una preocupación casi exclusiva de una vanguardia política o cultural. Hoy, sin llegar a los niveles de indignación popular que provocan otros problemas como la trata o la violencia “doméstica”, registramos un cambio cualitativo en la percepción del derecho al aborto en sectores bastante más amplios de la sociedad argentina.
Este cambio se debe también, como en el caso de la trata, a la sensibilidad que provoca la terrible situación de mujeres y niñas en una situación de enorme vulnerabilidad por las que el gobierno no hace nada. Uno tras otro, durante los últimos años se difundieron los casos de niñas embarazadas a causa de la violación de familiares o conocidos que acudían a un hospital público requiriendo un aborto. Con la Iglesia y todo su aparato de abogados y jueces activando, en complicidad con los funcionarios de los gobiernos provinciales y el silencio del gobierno nacional, los casos se judicializaban y la mayoría terminaban en una negativa, obligando a niñas de 11 o 12 años a parir el producto de una violación.
La indignación popular, en principio, se volcó contra los jueces que fallaban en contra de la víctima. La Corte Suprema de Justicia, en un intento de sacar al Poder Judicial de ese incómodo lugar y “pasarle la pelota” al gobierno, emitió un dictamen sobre el artículo del Código Penal que penaliza el aborto. En ese artículo (que data de 1921) se exceptúan de la penalización los abortos realizados a “mujeres idiotas o dementes” víctimas de violación. La Corte decidió que era anticuado hacer esa diferencia entre víctimas idiotas o dementes y las demás, y extendió la despenalización a todos los casos de embarazos por violación. El dictamen, además, ordena que los hospitales públicos deben realizar los abortos requeridos en estos casos, con la sola declaración jurada de la víctima, declara que los médicos no necesitan un permiso judicial para realizar la intervención, y que en caso de objeción de conciencia de un médico, las autoridades del hospital deben garantizar la realización del aborto con otros profesionales.
Escándalo. Los gobiernos provinciales, uno tras otro, declaran que no acatarán el fallo de la Corte. El Colegio Médico de Misiones, además, informa públicamente que en toda la provincia no hay un solo médico dispuesto a realizar un aborto. A pesar del fallo, se siguen conociendo casos en que se obliga a continuar con el embarazo a víctimas de violación. El gobierno nacional no emite palabra, y los legisladores oficialistas dicen que “éste es un país federal y el gobierno nacional no puede pasar sobre la decisión de las provincias”.
Hasta que a mediados de octubre del 2012, la cosa da un vuelco inesperado. Una mujer que había escapado de una red de trata, embarazada producto de las violaciones a las que había sido sometida, se presentó en un hospital de la Capital Federal solicitando un aborto. La Iglesia y la dirección del hospital le negaron la intervención, y la pronta movilización de Las Rojas, seguida por la de otras organizaciones de mujeres, abrió la puerta a un proceso masivo de solidaridad con la mujer y de repudio general hacia la Iglesia y el gobierno, que rápidamente tuvo que intervenir para garantizar la intervención.
El suceso desató nuevamente la discusión de la necesidad de legalizar el aborto en general. El fallo de la Corte no había logrado por sí solo impedir que los funcionarios de salud, la Iglesia y la Justicia actuaran para seguir negando ese derecho a las mujeres, y para imponerlo se veían dos salidas: la legalización del aborto por vía parlamentaria, o correr de juzgado en juzgado entablando peleas tribunalicias con el enorme aparato de la Iglesia, empleado a fondo en esta cruzada contra el fallo.
El 1° de noviembre de 2012ese año (12) se realizó la marcha más grande por el derecho al aborto de la historia argentina, con gran ayuda de parte del periodismo oficialista, que se “rebeló” contra el gobierno y promocionó la marcha. En la misma fecha de 2011, el parlamento debía comenzar a tratar el proyecto de legalización del aborto, pero los diputados oficialistas faltaron en masa a la sesión, impidiendo su tratamiento. La marcha tuvo, entonces, un claro signo de enfrentamiento al gobierno K, a pesar de lo cual muchos kirchneristas participaron en ella.
Recordemos que los medios de comunicación constituyen la “guerra santa” del kirchnerismo. Todos los periodistas de peso se alinearon a favor o en contra de la Ley de Medios, y el gobierno ha desplegado una fuerte red de medios “propios”, dedicados a propagandizar las medidas de gobierno y atacar a la oposición. Que en este ámbito tan polarizado varios periodistas oficialistas muy conocidos se hayan enfrentado a la posición abiertamente clerical y antiabortista de Cristina es síntoma de la presión que ejerce sobre el periodismo el hartazgo generalizado en la población hacia la Iglesia y la situación de violencia contra las mujeres.
Con el pasar de los días, desde varias provincias tradicionalmente retrógradas empezaron a llegar noticias de mujeres que solicitaban abortos munidas de abogados y con el fallo en la mano, obligando a los gobernadores a aceptar la realización de la intervención, y de gobiernos provinciales que, anticipándose, emitían protocolos a sus hospitales para que acataran el fallo de la Corte.
Otro hecho importante en la región fue la legalización del aborto en Uruguay. Lo que votó ese parlamento está bastante lejos del aborto legal, libre y gratuito que reclama el movimiento de mujeres; está lleno de peros y restricciones que los legisladores del Frente Amplio dicen haber tenido que “negociar” para que la ley saliera. Lo cierto es que Uruguay tiene una tradición laica mayor que Argentina: la separación de la Iglesia y el Estado data de los años 20. Pero, a la vez, el gobierno de Uruguay está tan atado a los acuerdos con sectores reaccionarios de la burguesía como el kirchnerismo. La ley que promulgaron pretende dar una concesión a la vez que deja la puerta abierta para que la Iglesia o las autoridades hospitalarias impidan la realización de abortos cuando vean que la situación política se lo permite.
Más allá de estas limitaciones, el hecho de que se haya promulgado esta ley ejerce una presión más sobre otros gobiernos de la región, sobre todo el argentino, que viene sufriendo esta revitalización del movimiento de mujeres que describimos.
La violencia “doméstica”, otro foco de indignación
En este terrero de la violencia contra las mujeres, la responsabilidad del Estado queda más oscurecida que en la cuestión de la trata o el aborto clandestino. Tradicionalmente, la gente la considera una cuestión personal, fruto de familias disfuncionales o de la enfermedad de algunas personas. Sin embargo, una acumulación de hechos está haciendo que sectores cada vez más amplios lo empiecen a ver como un problema social: muchos de los casos de femicidio son perpetrados por ex parejas, haciendo imposible culpar a la mujer asesinada por soportar la relación violenta; en casi todos había habido denuncias previas de las mujeres, a veces docenas de denuncias frente a las cuales la policía y la Justicia no hicieron nada, dando lugar a que se concrete el asesinato; muchas violaciones y femicidios son cometidos por hombres que estaban presos por violación y cuyas condenas fueron acortadas por los jueces.
En el último año, sobre todo la Justicia y la policía pero también, por un círculo más reducido, el propio gobierno, empiezan a ser vistos, si no como causantes de la violencia, al menos como culpables de no hacer nada para frenarla y de encubrir a violadores y femicidas.
En este marco, un elemento nuevo es que muchos de los grupos de familiares y amigos de víctimas que se movilizan por justicia comienzan a recurrir a agrupaciones del movimiento de mujeres para organizar su lucha. Esto es síntoma de que ven su desgracia como parte de un problema social, y buscan pelear en un marco más amplio. En una de estas peleas, conocida como “el cuádruple femicidio de La Plata”, el padre de una de las víctimas, una niña de 11 años, viajó con Las Rojas al Encuentro Nacional de Mujeres y donó la casa donde vivía su hija para que sea utilizada por mujeres en situación de violencia.
Como ya se adivinará, la política del gobierno K sobre el tema se reduce a una ley votada en 2009 “para erradicar y prevenir la violencia hacia las mujeres”, cuyas medidas más importantes no se aplican por falta de presupuesto, las repudiadas “Comisarías de la Mujer” y mucha propaganda televisiva donde los galanes de TV declaran que ellos no les pegan a las mujeres. La presión del asco popular hizo que recientemente se aprobara la ley de femicidio, que le da un status de agravante al hecho de que el asesinato de una mujer sea cometido por una pareja o ex pareja, y dificulta la excarcelación del asesino. Ciertamente es algo mejor que la anterior legislación, a partir de la cual el asesino podía alegar emoción violenta, por ejemplo, pero lo cierto es que los femicidios se siguen sucediendo ante la desesperación e impotencia de la gente.
Nuestro programa, que a la dimensión de la legalidad le suma la necesidad de trabajo genuino y vivienda para todas y en especial para las víctimas de violencia, poniendo el acento en terminar con la dependencia económica de las mujeres, y educación sexual pública feminista, es compartido sólo por una vanguardia. Pero la percepción de que el Estado se lava las manos y deja que la barbarie siga cobrándose víctimas empieza a ser vivida por grandes sectores con mucha bronca.
Ya habíamos visto un despertar de masiva solidaridad con gays y lesbianas cuando se legisló el matrimonio igualitario. El repudio a la espantosa propaganda homofóbica de las iglesias fue general. El apoyo que el gobierno le dio a esta ley le valió meterse en el bolsillo a casi todo el movimiento LGBT. Pero, naturalmente, muchos esperaban que ése fuera el primer paso de una política seria para seguir avanzando contra la Iglesia y contra las tremendas consecuencias del patriarcado sobre las vidas de millones de mujeres, gays y lesbianas, y esas expectativas se vieron defraudadas. Inclusive las Marchas del Orgullo, aunque siguen teniendo un peso enorme de las organizaciones K, luego de la sanción del matrimonio igualitario llevaron, entre otras, la consigna de aborto legal y de educación sexual pública para luchar contra la homofobia, cosas que el gobierno no quiere hacer ni en broma.
Y podemos afirmar que, a pesar de haber cooptado también a una parte del movimiento de mujeres organizado, el gobierno no puede “cooptar” la indignación popular por la situación de las mujeres en la Argentina, que es uno de los problemas democráticos que está sacando a la calle a gente que no se moviliza habitualmente.
5. El movimiento “Invisibles” en Costa Rica
Las Rojas de Costa Rica caracterizan que desde 2009, el movimiento feminista en ese país experimenta una acumulación de experiencias significativa que están produciendo la incorporación de nuevas generaciones activistas a la lucha.
Entre estas experiencias podemos mencionar:
a) En 2009 se convocaron las jornadas feministas en repudio contra el golpe militar en Honduras, que fueron llamadas por la red “Feministas en Resistencia/Costa Rica”;
b) Las marchas del 25 de noviembre denotaban una creciente concurrencia; tal fue el caso de las marchas del 2010, 2011 y 2012;
c) la “Marcha de las Putas”, realizada en 2011 en repudio a las declaraciones misóginas de altas figuras de la jerarquía eclesiástica durante la homilía del 2 de agosto, que congregó alrededor de mil personas. En esas declaraciones, colocaban a las mujeres y su “forma de vestir” como las causantes del acoso sexual y otras formas de violencia en su contra;
d) y, sobre todo, durante el 2012 se produjo la gigantesca “Marcha de Invisibles”, convocada por un conjunto de activistas y organizaciones, convocatoria que el NPS y Las Rojas asumimos con un rol protagónico de principio a fin, y que demostró que ampliando la agenda del movimiento, sumando reivindicaciones como el derecho a la Fertilización in Vitro, la demanda de mismos derechos para las personas para parejas del mismo sexo, la autodeterminación del cuerpo de las mujeres, la educación sexual laica y científica, y sobre todo la exigencia de que Costa Rica se convierta en un Estado Laico sin concordato, se logró convocar a amplios sectores para salir a la calle y llenar el centro de San José con más de 7.000 personas.
6. Se abren nuevos horizontes para el feminismo de lucha
El activismo feminista tiene que tomar cuenta esta situación y aceptar el desafío de organizar esta nueva sensibilidad que se expresa a nivel mundial, en cada lugar con sus propias formas y dimensiones. Cuando estábamos en pleno escándalo por el caso del aborto en el hospital de Buenos Aires, que comentamos más arriba, la gente de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto opinaba que no teníamos que dejarnos llevar por la furia popular, porque apuntaba sólo a que se cumpliera el fallo de la Corte sobre abortos no punibles, y eso “opacaba la pelea de fondo por la legalización total del aborto”… Sucedió lo contrario: esa pelea particular puso de nuevo en la mesa de discusión nacional el tema del aborto en general, lo que se canalizó en una gran marcha como nunca habíamos visto.
En otra ocasión, una activista que participaba con nosotras en un programa de televisión me comenta: “Qué bueno lo de la India, cómo se movilizó la gente; acá no pasa eso”. Le contesto: “¿Cómo que no? ¿Y las marchas por Marita Verón?” Y me replica: “Bueno, pero la gente salió porque Marita es de clase media”… La misma posición conservadora, desde India hasta Argentina.
Después de años en que los desvaríos posmodernos sobre la multiplicación infinita de los géneros y la inexistencia del sujeto mujer dominaron la academia en todo el mundo occidental y a grandes sectores del activismo de género, la posibilidad de que vuelvan a existir grandes movimientos de mujeres está planteada, a nuestro juicio, como no lo había estado desde los años 60-70. El feminismo revolucionario puede jugar un gran papel en esta construcción, haciéndose parte de la ola de rebeliones que sacude el planeta para aportar el programa de emancipación de las mujeres como parte de una nueva conciencia anticapitalista.
[1] El gobierno kirchnerista está en un duelo cotidiano con el Poder Judicial, que actúa para postergar la aplicación de la Ley de Medios, caballito de batalla del kirchnerismo desde hace años. El gobierno pretendió utilizar la aberrante sentencia absolutoria del caso Verón en esta pelea propia contra la Justicia, pero fue un mal cálculo: ni siquiera los militantes orgánicos de las agrupaciones K se animaron a negar la responsabilidad del poder político tucumano en la impunidad de las redes.
Por Patricia López, Revista SoB 27, febrero 2013