En las últimas semanas se viene desarrollando un fuerte conflicto en Jerusalem, ciudad que el Estado israelí considera su centro religioso y político. El epicentro de la crisis es la zona conocida como “Explanada de las Mezquitas” o “Monte del Templo”, donde se encuentra el tercer lugar de culto más sagrado para toda la religión musulmana, y el más sagrado para todo el judaísmo.

El conflicto comenzó con la decisión, por parte del Estado de Israel, de colocar “detectores metálicos” en los accesos a la Mezquita de Al Aqsa, con el pretexto de que desde allí se había asesinado a dos policías israelíes en un atentado. Esta medida, presentada como una cuestión de seguridad, significaba poner personal de control israelí en los accesos de una zona donde el “statu quo” de los últimos 50 años sostiene que no debe haber ninguno.

La Mezquita de Al Aqsa, construida hace 1300 años, es considerada tanto un emblema religioso -para los musulmanes de todo el planeta- como un emblema nacional para los palestinos. Desde la ocupación israelí de Jerusalem Oriental en 1967 se encuentra, por el acuerdo de paz firmado con los países árabes, bajo control de Jordania, a través de un organismo religioso islámico conocido como Waqf. En una ciudad como Jerusalem, ocupada completamente por el Estado Israelí y “anexada” por ella, la explanada de las mezquitas es un caso muy particular en el que Israel no ejerce su soberanía, y funciona como uno de los pocos reductos de libertad para los palestinos. El anterior intento de violar este “statu quo” ocurrió en el año 2000, cuando el primer ministro israelí Ariel Sharon ingresó a la zona con una fuerte comitiva de seguridad, en una provocación en toda la línea contra los palestinos. Esto desató una ola de indignación popular que tomó la forma de una segunda intifada, con grandes movilizaciones, enfrentamientos y atentados.

La decisión israelí, algunas semanas atrás, de instalar sus propios mecanismos de control en la zona no podía sino significa una nueva provocación. No solo produjo un enorme impacto entre los palestinos, sino que generó una reacción firme por parte del Waqf, las autoridades religiosas y hasta la Autoridad Nacional Palestina. Se declaró entonces un boicot contra los controles israelíes: se llamó a los fieles a no atravesarlos, sino a quedarse rezando en las calles de Jerusalem Oriental. Esto fue acatado masivamente, produciendo una gran conmoción en el paisaje de la ciudad (donde cientos de palestinos se congregaron en distintos puntos a llevar adelante sus ceremonias religiosas), y dando lugar a enfrentamientos frecuentes con las fuerzas de ocupación de Israel. En un clima ya de por sí enormemente caldeado, la nueva escalada del conflicto amenaza con convertirse en un gran levantamiento popular palestino, en una nueva Intifada en toda la regla.

Y decimos que el clima está caldeado por varias razones. Desde 2015, se vienen intensificando los enfrentamientos entre la juventud palestina y las fuerzas de seguridad de Israel, así como contra los colonos sionistas en los territorios palestinos. Se suceden manifestaciones, choques callejeros y ataques armados individuales o de a pequeños grupos. El diario español El País señala que esta ola de violencia iniciada hace dos años: “(…) se ha cobrado la vida de 38 israelíes, 5 extranjeros y 255 palestinos”, ilustrando la frecuencia y la extensión de estos enfrentamientos.

Pero aún más importante, el clima está caldeado por la ofensiva del gobierno israelí y los sectores religiosos y políticos de ultraderecha. Estos sectores vienen avanzando cada vez más en sus ataques y provocaciones contra los palestinos. Por ejemplo, hay varios ministros del gobierno nacional que consideran que directamente hay que imponer la soberanía israelí sobre Al Aqsa. Desde el punto de vista religioso, hay quienes plantean que los judíos deben poder también ingresar a la zona para sus rezos, y quienes lo llevan todavía mucho más lejos, planteando que hay que demoler Al Aqsa y levantar el tercer templo judío sobre sus ruinas.

A nivel político general, se corresponde con una ofensiva más general sobre los territorios palestinos, donde Israel legaliza las colonias sionistas, impone su ley en ellas, a la vez que avanza en su expansión y en la construcción de nuevas. Cada vez más queda descartada la supuesta “solución de los dos Estados” a la que apostaba la “comunidad internacional”, y por la cual supuestamente iba a crearse en algún momento un Estado Palestino. En la práctica, avanza una anexión en cámara lenta, que a la vez configura un régimen de Apartheid porque la enorme mayoría de los palestinos sigue desprovista de todo tipo de derechos (sin hablar de los millones de refugiados que jamás podrían regresar), e inclusive quienes poseen ciudadanía israelí son tratados como ciudadanos de segunda, sin igualdad real con sus pares judíos.

Esta situación se ve agravada por la llegada al gobierno norteamericano de Donald Trump, quien avala abiertamente la política de expansión de las colonias sionistas, y quien sostuvo públicamente que está dispuesto a dejar caer la “solución de los dos estados”. Trump es un aliado sin ambigüedades de la ultraderecha israelí, y por lo tanto un cómplice directo de sus crímenes.

Un conflicto abierto

La enorme resistencia de los palestinos en Jerusalem, así como la simpatía de los palestinos en todo el país, y del resto del mundo árabe e islámico, abrió una crisis política en Israel. El gobierno debió convocar de urgencia a su gabinete de seguridad para evaluar la situación, que amenazaba con irse de las manos. En el plano interior, el deterioro de las relaciones con la comunidad palestina y con sus “autoridades” podía llevar a un enfrentamiento en toda la línea. En el plano exterior, comenzaba también a tener sus ramificaciones: los hechos en Jerusalem repercutieron en un tiroteo en la embajada israelí en la capital de Jordania, lo que agravó aún más la situación entre ambos países provocando una crisis diplomática.

Ante este panorama, el gobierno israelí debió retroceder (por lo menos momentáneamente), anunciando que retiraría los detectores de metales liberando los accesos a la Explanada de las Mezquitas. En su lugar, establecería un sistema de vigilancia de “alta tecnología”, consiste seguramente en cámaras y otros dispositivos de filmación.

Al momento de escribir este artículo, el conflicto sigue abierto ya que inclusive el Waqf y las autoridades religiosas palestinas todavía mantienen el boicot, considerando que toda intromisión israelí en esa zona es una alteración inaceptable del statu quo. Las notas de los medios cubriendo los eventos informan que continúan los rezos en las calles, los enfrentamientos con las fuerzas israelíes, y que las figuras políticas y religiosas palestinas todavía no cambiaron su actitud.

La evolución concreta de la situación todavía está por verse. Pero los hechos ocurridos ya alcanzan para demostrar que crece el malestar entre los palestinos, que su resistencia va en crecimiento, y que el Estado de Israel aumenta a cada paso su aislamiento frente a una comunidad internacional que ya no puede justificar tan descaradamente como antes sus provocaciones y atrocidades. Esto abre la perspectiva de que pueda volver a plantearse una nueva Intifada que, como la de 1987, ponga en crisis la existencia misma de la ocupación y apartheid israelíes sobre los territorios palestinos. Este es exactamente el camino a seguir para conquistar la libertad, dignidad y soberanía del pueblo palestino.