Hace una semana, el presidente norteamericano Donald Trump derogó el programa conocido como “DACA” (“Deferred Action for Childhood Arrivals”, Acción Diferida para Llegadas Infantiles). El mismo había sido puesto en pie por Obama a través de un decreto ejecutivo del año 2012. Este programa daba una cobertura legal provisoria a los inmigrantes indocumentados que llegaron a EEUU siendo menores de 16 años, junto a otros requisitos: que fueran menores de 31 años en 2012, que llevaran por lo menos cinco años residiendo en EEUU de manera ininterrumpida, y que estuvieran cursando (o hayan terminado) sus estudios secundarios –además de no tener antecedentes penales.

A través del DACA casi 800 mil inmigrantes (los llamados “dreamers” o “soñadores”, la enorme mayoría de origen latino, y el 80% de origen mexicano) lograron dicha protección, que además los habilita a estudiar, trabajar, conducir, utilizar tarjetas de crédito y acceder a la seguridad social (beneficios que de otra manera requerirían tener “papeles en regla”). El DACA no se trata de un permiso de residencia ni mucho menos de la concesión de ciudadanía –cuestiones que les habrían permitido a los “dreamers” una solución de fondo a su situación legal. La cobertura del DACA debía ser renovada cada dos años, y por dicho período el Estado no podía deportarlos. Por otra parte, el DACA implica también una enorme contradicción: al registrarse formalmente en el programa, los inmigrantes quedan expuestos ante el Estado, que pasa a tener todos sus datos. De esa manera, quedan vulnerables ante cualquier giro de la situación, como el que acaba de ocurrir. Por esta razón, otros cientos de miles de inmigrantes que podrían calificar para el DACA ni siquiera habían adherido al programa.

Como se puede observar, el DACA era una manera de salir del paso, que no solucionaba el problema migratorio pero que evitaba momentáneamente deportaciones en masa. Obama lo había implementado tras el fracaso de votar en el congreso una ley migratoria que resolviera los temas de fondo, o que por lo menos les otorgara una mayor estabilidad a las salidas transitorias. El Partido Republicano hacía imposible que dichos proyectos de ley fueran aprobados: en 2010 una versión de las mismas no pasó la votación del Senado, luego de largas discusiones y negociaciones. Estos fueron los hechos que llevaron a la puesta en pie del DACA por la vía del decreto ejecutivo. Pero precisamente ese fue su talón de Aquiles: toda orden ejecutiva puede ser derogada por el Presidente de turno. Por otra parte, los fiscales más reaccionarios de EEUU amenazaron estas últimas semanas con solicitar la inconstitucionalidad del DACA, al considerar que implicaba una extralimitación de los poderes ejecutivos.

De esta manera, Trump pudo eliminar el programa de un plumazo, aunque prorrogó su vigencia durante 6 meses más. A lo largo de esos 6 meses, el Congreso de EEUU deberá llegar a una nueva ley migratoria que resuelva el status definitivo de los “dreamers”. En caso de que no sean aprobadas nuevas medidas de protección, estas 800 mil personas podrían ser deportadas legalmente. Para agravar la situación, Trump realizó una extorsión en masa a estos inmigrantes y al Congreso de EEUU: propuso regularizar su status legal… a cambio de que el parlamento le apruebe los fondos para la construcción del infame muro con México (al día de hoy paralizado por falta de financiamiento).

Toda deportación de inmigrantes es de por sí una aberración. En este caso es inclusive peor, ya que la mayoría de los “dreamers” vivió la mayor parte de sus vidas en EEUU, y muchos probablemente ni siquiera recuerden sus países de origen (algunos ni siquiera conocen sus lenguas originales). Es decir, no tienen ningún lugar a donde “regresar”, ya que a todos los efectos prácticos son estadounidenses de toda la vida.

Más allá de cualquier consideración humanitaria o ética, los “dreamers” son una parte completamente integrada de la sociedad norteamericana, y en especial de su economía. Se trata de una especie de “élite” entre los inmigrantes, ya que por su nivel de educación (realizada en los propios Estados Unidos) y su protección legal pueden acceder a empleos mucho más calificados y formales que el resto de los inmigrantes (en EEUU se encuentran viviendo nada menos que 11 millones de inmigrantes indocumentados). Un porcentaje nada despreciable de los “dreamers” tiene inclusive formación universitaria. Y muchísimos de ellos trabajan en grandes compañías globalizadas, los “pesos pesados” de la economía mundial. Se trata por lo tanto de un sector de gran valor económico e intelectual para Estados Unidos.

Esta situación genera que los propios grandes empresarios de EEUU (o por lo menos un importante sector de ellos) se opongan visiblemente a la medida de Trump. Por ejemplo, fue publicada una carta abierta firmada por 400 ejecutivos de las compañías más importantes, entre las cuales se encuentran Facebook, General Motors y Hewlett Packard. En ella sostienen que los “dreamers” son parte de sus ventajas competitivas globales, y que su deportación significaría la pérdida de 460.300 millones de dólares en el Producto Bruto del país.

La división alcanza también al propio partido gobernante, el Republicano. Este posee un ala derechista “dura”, que quiere llevar hasta el final la agenda racista, xenófoba y neoliberal de Trump, y un ala “moderada” más flexible, permeable ante las presiones de la propia sociedad. Entre los primeros se encuentra el fiscal general Jeff Sessions. Entre los segundos, el presidente de la Cámara de los Representes de EEUU, Paul Ryan. Esta división, que se verificó ya en muchos otros temas, vuelve estéril a la mayoría republicana en el Congreso, impidiéndole llegar a prácticamente ninguna resolución unificada. Este fue el caso, por ejemplo, ante el intento de Trump de revocar el “Obamacare” [1] (sistema de seguros de salud implementado por el gobierno anterior), que no llegó a conseguir los votos necesarios en el parlamento. En el caso de los “dreamers”, esta fractura vuelve a estar presente.

En cuanto a la opinión pública, la medida de Trump parece ser muy minoritaria, con apoyo exclusivo de su base social más dura. Encuestas sostienen que una mayoría (aunque ajustada) de los norteamericanos estaría de acuerdo con concederle la ciudadanía a los “dreamers”, y una primera minoría con mantener el estatus de protección legal, aunque sin mayor formalización. Solo un reducido sector está de acuerdo con la deportación. De esta manera, el margen de maniobra de Trump es bastante reducido. Por otro lado, es de esperarse una enorme resistencia de los propios inmigrantes en caso de producirse intentos de deportación: se trata de una comunidad con enorme tradición de lucha por sus derechos, que ya está realizando protestas contra la derogación del DACA.

La medida de Trump es un eslabón más de sus brutales ataques contra los explotados y oprimidos de EEUU y del mundo. Se inscribe además en una situación interna complicada del presidente norteamericano, cuya popularidad se encuentra a la baja. Sus grandes propuestas de gobierno están mayormente paralizadas por falta de consenso institucional y de la opinión pública. Así, se suman el fracaso de la revocación y reemplazo del Obamacare, la incapacidad de construir el muro con México, las dificultades legales del veto migratorio a los países musulmanes, las constantes renuncias y despidos de altos funcionarios, los escándalos nacionales como el de Charlottesville[2], etc. En ese marco, Trump parece apoyarse más que nunca en su núcleo social más duro, los sectores más reaccionarios de la sociedad, aumentando en consecuencia los niveles de polarización en el país.

Todo lo anterior, junto a las terribles consecuencias de los huracanes que azotan EEUU (cubiertos en otras notas de esta edición, y en el periódico anterior[3]), amenazan cada vez más la estabilidad política de la potencia imperialista más grande del planeta. Está en los intereses de los explotados y oprimidos de EEUU (y de todo el mundo) derrotar al reaccionario gobierno de Trump, para acabar definitivamente con sus ataques y con su intento de hacer girar a la derecha la relación de fuerzas a escala nacional y global.

[1] “Estados Unidos – Trump frente a nuevas dificultades: el “Trumpcare” en crisis” Por Ale Kur, SoB 431, 29/6/17

[2] “Estados Unidos – El ataque racista de Charlottesville abrió una crisis política”, Por Ale Kur, SoB 436, 24/8/17