Bolivia: el escenario en 2012

El 2011 comenzó con un serio revés para el gobierno de Morales y Linera. El levantamiento contra el Gasolinazo les hizo temer que en Bolivia pudiera estallar una nueva rebelión popular. Luego, la experiencia con el gobierno continuó en las jornadas de abril y en la lucha por el TIPNIS.
De allí en más, la situación política tuvo una connotación diferente a la de años anteriores. Su desgaste se hizo sentir en todos los acontecimientos del año. Esto dio lugar a un fenómeno nuevo: el distanciamiento de una franja de las masas populares respecto del partido de gobierno, que llevó la popularidad de Evo Morales al punto más bajo de su gestión, el 35% de adhesión. Esta experiencia amenaza a ahora con cristalizar en una oposición política algo más orgánica al gobierno del MAS. Oposición que no será lo mismo si se expresa bajo líneas de clase o con un discurso meramente originario.
El seguimiento de la situación en Bolivia no tiene sólo importancia para ese país: se trata de un debate con implicancias para el resto de Latinoamérica y el mundo. Es que existen corrientes que se identifican como “populares”, de la “izquierda independiente” o, incluso, del trotskismo, que pintan al gobierno de frente popular como una experiencia “emancipatoria”.
La realidad es que el MAS introdujo unas pocas y tímidas reformas. Pero lo timorato de una gestión que de ninguna manera cuestiona al raquítico capitalismo semicolonial boliviano está dando lugar a cada vez mayores contradicciones, incluso con los movimientos sociales que en algún momento revistaron en las filas del partido de gobierno.

Ante la amenaza de un desborde político por la izquierda

La derogación del Gasolinazo trajo implicancias para el MAS. Durante el año se hicieron evidentes en los más grandes conflictos, mostrando la emergencia de un fenómeno de oposición social y –hasta cierto punto– política a la izquierda de Evo Morales.
Esta experiencia se comenzó a procesar con un gobierno que muestra cada vez más tendencias a negociar con las empresas trasnacionales y a ajustar los bolsillos de los trabajadores. Esto determinó la dinámica de las luchas en el año que termina y, seguramente, marcará la tónica en el que viene, más determinado por el deterioro de la economía mundial.
En una economía que no crece lo suficiente y con un desempleo igual o mayor que antes de la asunción de Evo Morales, las palabras de “cambio” se hacen menos creíbles. Sólo las organizaciones que están a la rastra de algún interés particular son las que sostienen el supuesto “proceso de cambio”.
Uno de esos puntos álgidos de finales de 2010 fue precisamente el Gasolinazo. Para esa época significaba unos 380 millones de dólares de subvención a los carburantes, y hoy sigue siendo una cuestión pendiente, ya que el gobierno sigue queriendo meter mano en ese dinero. Producto de la escalada de los precios del petróleo a nivel mundial, esa subvención estaría ya en los 700 millones de dólares anuales, y de ahí que el gobierno quiera introducir este tema en la llamada “Cumbre Social” de manera tal de legitimar su derogación.
Se trata de una trampa con la cual el gobierno reformista busca legitimar parte de sus medidas más reaccionarias: sacar esta subvención a los carburantes e la imponer que la carretera que pasaría por el TIPNIS se lleve adelante, aunque hoy la ley lo prohíba.
El MAS seguirá jugando al límite porque otra cosa no le queda, dada su política capitalista, reformista, y, para colmo, en las condiciones de una crisis económica mundial que parece agravarse. Probará ver si tiene apoyo popular, la legitimación de la Cumbre, y después terminará diciendo que “gobierna escuchando al pueblo”…
Pero “el horno no está para bollos”: en 2012 le será más difícil al MAS imponer sus políticas porque arriesgará nuevamente al desborde por izquierda. Por ejemplo, ya hay voces que anuncian que ni se atreva a “aumentar los carburantes”.
Durante 2011 hubo tres puntos álgidos: la pelea contra el Gasolinazo, la huelga general de la COB en abril y la pelea contra la carretera por el TIPNIS. Esto dio lugar a otro fenómeno específico: una tendencia a la ruptura por izquierda de organizaciones que en algún momento apoyaron al gobierno.
Es el caso de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB), y del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMQ) y también podría ser el caso de la Central Obrera Boliviana, que siempre jugó en dos frentes. Hoy, por presión de la base, tiene que tener una posición más independiente del gobierno.
La tendencia a la ruptura de amplios sectores sociales se hace evidente: ahí están las inmensas movilizaciones provocadas por la lucha del TIPNIS. Pero esta ruptura no está madura en el terreno político. No es nada fácil que se concrete en una alternativa por la izquierda, dadas las tradiciones estrechamente reivindicativas de las direcciones de las masas y el carácter “movimientista” de las luchas.
Aquí serán importantísimas las resoluciones que salgan del próximo Congreso de la COB a desarrollarse en la ciudad de Tarija a principios de 2012.
Están mucho más maduras las condiciones para el lanzamiento de un Instrumento Político de los Trabajadores, cuestión de la cual se viene hablando desde 2003; pero el carácter “sindicalista” de las direcciones de la COB ha impedido hasta hoy concretar esta iniciativa.
En todo caso, la formación de un IPT sería un paso extraordinario. De concretarse, podría transformarse en una instancia de organización por abajo, entre las bases obreras y populares, como una alternativa de clase, independiente y desde los trabajadores.
Pero amén de la inconsecuencia de los dirigentes, está el hecho de que el MAS se va a jugar todo para que esto no ocurra: lo suyo es la cooptación de los movimientos de lucha y venderse como el único “Instrumento Político”; sería ingenuo pensar que la salida del IPT será algo fácil.
Sin embargo, hoy, hecha parcialmente la experiencia con los límites reformistas del MAS, podría haber mejores condiciones para esto, y sobre eso debemos apoyarnos las corrientes revolucionarias para empujar para ese lado. Desde Socialismo o Barbarie Bolivia siempre señalamos la necesidad de un instrumento independiente de los trabajadores y nos jugaremos en esta instancia al apoyo a una iniciativa independiente y que, sobre todo, signifique una alternativa de organización política por las bases de amplios sectores de la clase obrera boliviana como alternativa al MAS.
Es que frente al atraso económico en el que sigue sumido el país, la configuración de una alternativa socialista y revolucionaria que supere el reformismo del MAS, no es solamente una bella frase, sino una necesidad existencial cada vez más acuciante, como decía, en su versión más izquierdista, el sociólogo nacionalista burgués René Zavaleta Mercado (ver “Crítica del romanticismo ‘anticapitalista’”, de Roberto Sáenz, en Socialismo o Barbarie 16).

La experiencia de la huelga general en abril

Una evidencia de esta experiencia que se viene desarrollando con el gobierno del MAS fueron las luchas que desembocaron en la huelga general de abril del 2011. En los primeros meses del año, hubo una serie de movilizaciones en contra de los aumentos de precios que había dejado el fallido Gasolinazo. Éste fue el antecedente de lo que serían las jornadas de abril y la huelga de diez días.
El aumento de los alimentos básicos hizo que la gente se movilizara por aumento salarial y mejores condiciones de vida. Esto suele pasar en Bolivia. Nadie se asusta por las constantes movilizaciones por reclamos nunca escuchados. Pero lo nuevo es que esto ocurra bajo un gobierno que se dice “popular”. Y que con su frase “gobernar escuchando al pueblo” deja una sensación de frustración en los trabadores que apostaron por que este gobierno cambie algo.
Nada de esto sucedió. Y así se llega a la huelga general de abril, en la que salió la clase trabajadora a repudiar las acciones del gobierno y la represión. Todos los días se salía a marchar: los mineros, fabriles, magisterio, docentes y administrativos de la universidades y, finalmente, los rentistas. El descontento iba creciendo día a día.
La clase obrera estaba en las calles para pedir mejores condiciones de vida. Los mineros hacían estallar dinamitas y cantaban estribillos como “con armas o sin armas, los mineros estamos presentes” mientras caminaban por las laderas de la ciudad. Por otro lado, la población de los barrios salía a aplaudir la acción de los obreros y daban un cierto reconocimiento de que sólo la clase obrera puede acabar con la explotación en este país.
No solamente salieron los trabajadores por sus reivindicaciones inmediatas. Se pedía por mayores fuentes de trabajo y la reactivación del aparato productivo (el gobierno jamás movió un dedo en este sentido). Este último es un punto que se viene peleando hace tiempo, y el MAS siempre con excusas de que “tiene que hacerse pero más adelante”… (1)
Concretamente, la petición era subir el mísero aumento salarial de sólo el 10% que había decretado el gobierno. La real inflación que viene habiendo en el país nunca es del todo paliada con los aumentos a la clase trabajadora. También se pedía la derogación del decreto 21060, luego derogado por Evo Morales sin mayores consecuencias, porque se sigue teniendo la misma política económica y no ha habido ningún cambio sustancial en las relaciones económicas del país.
Los bloqueos en las principales carreteras hacían pensar que la cosa podía dar lugar a algo mucho más grande. Pero la realidad es que no terminaron de entrar todos los trabajadores a la huelga. No se suspendieron labores en los centros productivos como los mineros, ni siquiera Huanuni, que no se sintieron aludidos por el tema salarial. Y la minería privada no estuvo a la cabeza con el planteamiento de nacionalización de la minería (esto fue parte del debate en el último congreso de la Federación de Mineros, septiembre del 2011, pero todavía las cosas en este sentido vienen muy atrás).
No obstante esta realidad, la huelga tuvo la participación de miles y miles de trabajadores, con fuerte represión de parte de la policía hacia los mineros que intentaron entrar en la Plaza Murillo, o a los del magisterio cuando cortaron una de las rutas principales del país, La Paz-Oruro.
En el caso del magisterio rural de La Paz, aclaremos que es un sector que siempre estuvo de parte del gobierno pero desde el Gasolinazo se vuelca a las calles a luchar, desbordando por izquierda a las direcciones burocráticas.
Aquí se ve cómo sectores que eran afines al gobierno hoy están mirando desde otro punto de vista. Ya el cuento del “proceso de cambio” no suena tan bonito como los primeros años. Así es como, entre idas y vueltas, la huelga crece cada día de marcha, incorporando cada vez más sectores de trabajadores. En el epicentro, que es La Paz, se suman trabajadores de los 9 departamentos. No obstante esto, hay también bloqueos en los departamentos de Cochabamba, Potosí y Santa Cruz.
La huelga pudo haber sido mucho más contundente. Pero las direcciones siempre fueron a limitar la acción de los trabajadores. Esto es costumbre en la burocracia de las entidades sindicales: terminan siempre rebajando lo que le quiere imponer al gobierno.
Al final, la huelga fue abandonada precisamente cuando la población se preparaba para seguir la lucha hasta doblarle el brazo al gobierno. La COB levanta una lucha que estaba para mucho más. Esta movida se hizo simultáneamente entre la dirección de la COB en conjunto con el POR; en sus ojos sólo estaban los intereses particulares de determinados sectores, y no de conjunto lo que estaba ocurriendo en el país.
La huelga se termina levantando con un pésimo acuerdo de aumento de sólo el 1% sobre lo que ya estaba acordado y con la promesa –nunca cumplida– “de discutir otro 1%”. Poco y nada para una lucha que venía creciendo, que no estaba en retroceso ni desgastada. Pero cuando la cosa se podía poner más complicada para el gobierno, la COB, con sus maniobras habituales, levantó las manos y dijo que “era un triunfo para los trabajadores”.
Para colmo, el gobierno, como lo viene haciendo últimamente, en cuanto le dejan un flanco descuidado, arremete, y esta vez no fue la excepción. Entre los puntos que se discutieron con el gobierno no estaba el pago de los días de paro. A los pocos días, cuando los trabajadores recibieron el sueldo, se dieron cuenta de que el gobierno había cumplido con el anuncio del descuento por días de huelga. Pero ya a estas alturas, después de levantada la huelga general, era muy difícil de rearticular el movimiento para luchar por este punto…
Fue un gravísimo error, primero, haber levantado la huelga cuando estaba para muchísimo más, y segundo, no tomar las previsiones del caso cuando desde el Ejecutivo se acusaba a los trabajadores de “agentes del imperialismo”. Un desastre que transformó una huelga que podría haber terminado en un contundente triunfo en casi una derrota. La Caja de Salud, junto con el Magisterio, salieron posteriormente en movilizaciones; pero, con el desgaste sufrido, no pudieron aglutinar a la mayoría de los trabajadores. La traición de la COB tuvo la responsabilidad central sobre este resultado.
Sin embargo, la maniobra de Morales de descontar los días de huelga tuvo su costo político, lo mismo que la acusación de que los que luchaban eran “agentes del imperialismo”. Esto está entre las cosas que más rechazo le traen entre la población. Esta acusación es una maniobra habitual entre los gobiernos de frente popular: buscan aislar a los que luchan. Pero la novedad es que cada vez le está dando menos resultados y generando descontento entre la población.
En definitiva, esta huelga dejó experiencias y mojones importantes para las próximas luchas. Principalmente, reflejó el descontento de la población y de los trabajadores frente a las medidas antipopulares del MAS. Desde estas jornadas de abril, y sumado a las anteriores del Gasolinazo, la ruptura por izquierda al gobierno de una franja (por ahora todavía más social que política) se hace cada vez más evidente.
Así, más allá de las idas y vueltas, las movilizaciones contra el gasolinazo, las jornadas de abril y las que vendrían por el TIPNIS configuraron un verdadero ciclo de luchas: el más grande por la izquierda bajo el gobierno del MAS, lo que termina abriendo un período político distinto en el que puede llegar a emerger una verdadera alternativa política por la izquierda al oficialismo.

La marcha en defensa del Tipnis (Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Securé): el gobierno “originario” contra de los indígenas

Luego de las jornadas de abril, llegó la pelea del TIPNIS, quizás, la movilización más política de masas que le tocó sufrir al gobierno de Morales hasta el momento. Se dice que la concentración en La Paz en honor a la llegada de los marchistas fue una de las más grandes de la última década: un millón de personas.
Se trata de un conflicto social que ya venía dando indicios desde 2010. Los pueblos de tierras bajas empezaron a organizarse para que se frene la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos. Esta carretera pasaría por el medio del TIPNIS, perjudicando a los pobladores, sus costumbres y su hábitat. El centro de la cuestión era (y es, porque el conflicto no está cerrado) el problema del avasallamiento por parte de los cocaleros, que cada vez se introducen más al parque por tierras para cultivar hoja de coca.
Se trata de un escenario complicado para el gobierno. Porque éste tiene como objetivo satisfacer los reclamos de su base social, los cocaleros del Chapare. Pero para hacer esto tiene que dejar de lado su pose de gobierno “representativo” de todos los pueblos originarios, enfrentándose a parte de su base social no cocalera.
Aquí, el MAS termina de sacarse la máscara y revela su forma de gestionar: desconoció no sólo a los pueblos originarios, sino que en esta dinámica se puso de espaldas a su propia Constitución Política del Estado Plurinacional, que planteaba, entre otras cosas, un proceso de consultas previas. Además de satisfacer a los cocaleros, tuvo en el centro de sus preocupaciones, los intereses de las trasnacionales petroleras y de empresas extranjeras como la OAS, que es la que estaba destinada a la construcción y financiamiento del proyecto carretero. La determinación del gobierno vino por cuenta de una definición de Evo Morales: “Quieran o no quieran, vamos a construir la carretera”.
De esta forma, terminó reprimiendo a los pueblos indígenas y desató una enorme ola de descontento en todo el país. El gobierno se encuentra ante un importante desprestigio: la aprobación del presidente Evo Morales se hunde en el transcurso del conflicto, llegando a apenas el 33%.
Volviendo un poco para atrás, digamos que no se puede tocar el tema del TIPNIS sin referirse al Gasolinazo. Estos dos conflictos (sumados a las jornadas de abril) que socavaron las bases del apoyo del gobierno, vienen unidos. La población en el conflicto del TIPNIS se sintió nuevamente defraudada, y es así como apoyó desde un principio la defensa de este territorio.
El gobierno demostró con su orientación cuáles son los intereses que defiende. Y las palabras de “proceso de cambio” o “revolución cultural” dejaron en gran medida de tener sentido. El MAS mintió y jugó sucio para dividir el movimiento; más allá de que fue la represión lo que terminó inclinando la balanza de la solidaridad y la comprensión en amplios sectores de que éste no es un gobierno ni de los trabajadores ni de los pueblos indígenas. Porque el “modelo de desarrollo” que el MAS pretende para Bolivia en gran medida deja de lado mejorar las condiciones de vida del pueblo trabajador mediante cualquier otra cosa que no sean meros paliativos.
El gobierno favorece a las empresas trasnacionales y deja de lado a la población: éste es el aspecto más importante de la lucha por al defensa del TIPNIS. Y es donde se termina de romper el llamado “Pacto de Unidad” que se tenía con los campesinos y los pueblos indígenas.
Es muy elocuente escuchar a dirigentes de la CIDOB diciendo “Evo ya no es nuestro hermano”. El propio Morales se muestra frustrado al decir que es “una pérdida de tiempo consultar cualquier actividad de desarrollo a las comunidades que viven en el lugar”. Acá es donde el gobierno ve las consecuencias no queridas de su pregonada “democratización de las decisiones”. Hoy este discurso le juega en contra, cuando el MAS quiere favorecer a cualquier costo a las empresas trasnacionales que explotan los recursos naturales como uno de los puntos de apoyo principales para su gestión.
Como se viene viendo en los gobiernos “progresistas” en Latinoamérica, lo que dicen va para un lado y lo que hacen, muchas veces, para el otro. El caso de Bolivia no es la excepción. Primero pregonan una lucha “antiimperialista” y en “defensa de la Madre Tierra”, y luego hacen cualquier cosa por obtener ganancias.
Y es acá donde la lucha por la defensa del TIPNIS trae aparejadas una serie de implicancias, más que la defensa del territorio en sí. Se trata de la supuesta política “desarrollista” que quiere implementar el gobierno. Porque esta política no es para el que vive dentro del país, sino para los intereses de las transnacionales beneficiadas por más rápidos caminos de acceso a los puertos de Chile y estar más cerca del Pacifico desde Brasil.
¿Pero cómo se logra esto? Conformando un nuevo sector de pequeños (y no tanto) propietarios, que sea predominante y con poder de decisión: éste es el sector social específico al que apunta realmente el MAS y sobre el cual ha teorizado Linera cuando dice que en Bolivia por los próximos 100 años “seguirá imperando la pequeña y mediana propiedad privada”. Por supuesto que esto está adosado a una burocracia de Estado que sólo pretende mantenerse eternamente en sus cargos y ayudar a los designios del gobierno.

Crónica de una lucha histórica

Pero veamos algunos detalles de cómo fue sucediendo esta separación del partido de gobierno con las bases que hasta ayer lo venían apoyando.
El 19 de octubre la VIII marcha indígena en defensa del TIPNIS llegó a La Paz. El 15 de agosto habían salido de Trinidad, y tuvo que pasar la represión del gobierno, una marcha de más de 500 kilómetros y la altura y el frío de La Paz. La población en su conjunto dio un recibimiento nunca visto a los indígenas que habían puesto en jaque al oficialismo.
Desde temprano, el día 19 la marcha se puso en movimiento desde las puertas de la ciudad; la gente se iba sumando, los niños de los colegios salían a saludar, los obreros de las fábricas hacían lo mismo. La población entera salió a recibir y darle su bienvenida a una marcha que desanudaba los hilos del poder político y ponía las cosas en claro, desenmascarando a un gobierno que se decía “popular”.
Previamente, el gobierno había intentado la salida represiva, pero no le funcionó. El MAS buscó por todos los medios que la marcha no llegara a la Plaza Murillo, el centro político de La Paz. Pero la represión fue realizada de tal manera, que trajo enorme descontento en la población y la solidaridad creció de manera impresionante: en todo el país hubo marchas de solidaridad. Esto no es común en un país donde se pelea día a día por el pan.
Ya antes del 25 de septiembre, día de la represión, las cosas se habían puesto tensas. Cuando la policía impedía el paso de agua y alimentos, eso traía descontento nacionalmente. Entonces, se sucede la represión con métodos pocas veces antes vistos bajo el MAS. El operativo realizado conjuntamente por la policía y las fuerzas armadas, fue desbaratado por la población de San Borja, que impidió que la policía pasara por su poblado para conducirlos a Trinidad. En la localidad de Rurrenabaque se organizó y rescató a los marchistas que estaban siendo introducidos en un Hércules (avión de carga) para trasladarlos hacia Trinidad nuevamente.
Morales negó rotundamente responsabilidad por esto. Pero nadie creyó que no hubiera sido parte de semejante operativo. El gobierno le echó la culpa a cuanto se le cruzaba por el camino para salir del paso de semejante desprestigio.
Ahí es cuando renuncian tres ministros, algo sin antecedentes en su gestión: la ministra de Defensa, Cecilia Chacón; el viceministro de Gobierno, Marcos Farfán, y el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti (ya acusado de anteriores represiones). Y después serán sacados del cargo los jefes de la policía que propiciaron la represión.
A todo esto, las noticias y las imágenes de la represión daban vuelta el país y llegaban las noticias del exterior que “el gobierno originario reprimía a indígenas”. Ni los niños ni las mujeres se salvaban de semejante represión.
Esto hizo que la población empezara a pronunciarse cada vez más contundentemente contra el gobierno de Morales. Las organizaciones sociales se pronunciaban a favor de la VIII marcha indígena. La marcha se retomó en cuanto las familias pudieron unirse nuevamente; había niños en una ciudad y las madres en otra. La marcha continuó: el recibimiento en las demás poblaciones ya era de fiesta. Se anunciaban nuevos bloqueos en Caranavi, pero la población desconoció a las direcciones masistas y recibió a la marcha con música, alimentos y dinero.
Así la marcha se abrió paso hacia La Paz. Mientras tanto, el gobierno seguía amenazando con la represión en sus discursos. El propio presidente acusaba a los indígenas de querer “boicotear las elecciones judiciales del 16 de octubre”, cuando la marcha estaba esperando que pasasen esas elecciones para luego proseguir.
También se preparó una “contramarcha” (ahora está en curso otra) defendiendo que la carretera “tiene que pasar sí o sí por el TIPNIS”. Lo que evidencia que desde un principio el gobierno firmó el contrato sin consultar a nadie. Precisamente, una de las demandas era la consulta previa, pero el MAS nunca respetó la decisión de los pueblos afectados.
La marcha sumaba apoyo y el gobierno se desprestigiaba. Los diputados indígenas del MAS anunciaban su separación de la bancadas oficialistas para formar un bloque independiente. A esto se le suman las declaraciones de ex funcionarios en contra del propio gobierno, como los casos de Alex Contreras y el viceministro de Tierras, Almaraz.
El gobierno seguía tratando de mirar para otro lado. El presidente había dicho que esperaría a los indígenas para dialogar en la Plaza Murrillo, pero no sale a recibirlos. Pero los indígenas no venían para irse con las manos vacías.
Y ahí es cuando después de realizar un mitin en la plaza San Francisco, entra un grupo de 100 personas a la Plaza Murillo para instalar una vigilia y presionar al gobierno a que se siente a dialogar de igual a igual. El gobierno no quería sentarse a discutir. Sólo la presión de los indígenas pudo establecer el diálogo; lo que pedían era que los demás indígenas pudieran entrar a la Plaza para poder empezar la negociación. El cerco a la Plaza Murillo se hacia sentir y sumó presión para la apertura del diálogo.
Pero el gobierno tenía algunas jugadas sucias. Decía que “el Palacio de Gobierno estaba en reparaciones” y que sólo podían entrar “veinte representantes”. Esto tensionó los ánimos hasta que se decidió que los indígenas que habían quedado por fuera del cerco podían entrar y así se inició el diálogo. Ante esto, Evo Morales se adelantó diciendo que la carretera no pasaría “por el TIPNIS”. Se prohíbe el tramo II de al carretera San Ignacio de Moxos-Villa Tunari.
Por otro lado, los indígenas tenían un petitorio de 16 puntos que querían discutir con el Ejecutivo. Mientras tanto, el presidente envía al Congreso la revisión de la Ley Corta que descartaba los puntos de la Consulta y proponía a la Asamblea Plurinacional que ninguna carretera pasara por el TIPNIS.
El segundo punto de importancia era que no se siguiera explotando sin consulta el Parque Aguaragüe y la indemnización por la contaminación que hicieron las empresas petroleras en la zona. Esto es común hoy en Bolivia: pueblos afectados por las empresas trasnacionales en la explotación de gas o petróleo.
El lunes 24 de octubre, la Asamblea Legislativa Plurinacional termina aprobando la Ley Corta que había remendado el presidente. La discusión estuvo trabada por una palabra, “intangible”; el gobierno quiere imponer que en el TIPNIS no se toque nada de nada y así matar de hambre a los pobladores y doblegarlos con todo el aparato del Estado.
“El Movimiento Al Socialismo, en la Asamblea Legislativa Plurinacional, defiende que el carácter de intangibilidad del TIPNIS implica que está protegido de cualquier tipo de actividades, incluso de la pesca y caza indígena. La intangibilidad significa no cazar, no sacar madera, no sembrar y no tocar la tierra” afirmó el senador masista Isaac Ávalos. Así es como el MAS busca tomarse revancha de lo que tuvo que conceder o, en todo caso, ir nuevamente a una renegociación. Después de aprobada la ley, el presidente la firmó con los indígenas presentes. Pero allí mismo hizo un discurso muy duro contra los indígenas. Afirmó que tenía 100 solicitudes de una carretera que “una los departamentos de Cochabamba y Beni”. Y acusó a los indígenas de ser los culpables de que en el país no pudieran desarrollarse los pueblos.
Pero esto no quedó ahí. Los sindicatos cocaleros de Cochabamba y los “Interculturales” (antes llamados Colonizadores) reaccionaron contra la no construcción de la carretera, poniendo en marcha una movilización que se está desarrollando en estos momentos y pretende llegar en febrero de este año a la ciudad de La Paz para forzar una nueva renegociación. Y aprovechando esto, el MAS pretende llevar la cuestión a su Cumbre Social. (2)

Las elecciones judiciales evidencian una derrota política

Aunque el gobierno no quiera reconocerlo, 2011 fue el año con más conflictos sociales del último período, y donde terminó perdiendo popularidad. Desde el Gasolinazo, la dinámica política vino cambiando y en las elecciones judiciales paso lo que todo el mundo esperaba: una derrota política del oficialismo.
En estas elecciones, realizadas el 16 de octubre, el gobierno pretendió legitimar una reforma del Poder Judicial que, si de manera inédita parecía hacer depender a los magistrados del voto popular, en realidad esta medida quedaba muy socavada dado que, finalmente, era la Asamblea Plurinacional la que definía a dedo quiénes podían ser candidatos y quiénes no. Esto quitó todo contenido a la votación.
Mientras la marcha por el TIPNIS ponía las cosas claras, el gobierno se jugaba a unas elecciones de resultado incierto. En la noche del 16 pareció morder el polvo de una derrota catastrófica, aunque después se cambiaron algunos números y la cosa no fue tan grave como parecía al finalizar la elección.
En un comienzo, gobierno pensaba obtener una victoria aplastante, pero fue todo lo contrario. Los medios mostraron que el voto nulo ganaba por un margen del 60 ó 70 %. Por eso después quedó en la población la sensación de que hubo fraude. Y si bien luego del recuento final los votos válidos y nulos quedaron más parejos, a esto había que sumarle los blancos, que alcanzaron un 15%. Los votos nulos y en blanco fueron una muestra gráfica del gran descontento.
Las elecciones judiciales vinieron mal encaminadas desde un principio. El MAS había dispuesto sus candidatos haciendo la selección en el Congreso: eso fue reconocido y sabido por todos. Con este método antidemocrático, unas elecciones que podrían haber traído un respiro para el gobierno fueron todo lo contrario. Su manejo prebendario de los cargos, disimulado en una supuesta “elección democrática”, le dio más de un dolor de cabeza y una crisis política que ya desbordaba por varios flancos.
En definitiva, los resultados no dieron ningún respiro: sólo la evidencia que todo se había hecho mal y que la población en su mayoría rechazaba rotundamente las elecciones. Por una parte, había un total desconocimiento de quiénes eran los candidatos (en esto se excusó el gobierno echando la culpa a los organismos que llevaron a cabo las elecciones). Y por otro lado, hubo un rechazo contundente de la población a las políticas del MAS.
Profundicemos en los resultados. Aclaremos que se eligieron 56 candidatos, ninguno de los cuales pudo superar los votos nulos. El promedio a nivel nacional de los votos nulos rondó el 42 % en el caso del Tribunal Agroambiental y en el Consejo de la Magistratura, llegando al 43,9% en el Tribunal Constitucional (1.784.491 votos nulos). A esto hay que sumar el porcentaje de votos en blanco, llegando al 15% (619.351 votos). Mientras tanto, los válidos fueron sólo el 42%, unos 1.759.657. Y también hubo un gran ausentismo, evidenciando el rechazo a las elecciones.
La victoria del voto nulo se dio en los departamentos de Santa Cruz, Beni y Tarija. Sigue manteniéndose la división marcada en el país. Y en La Paz, al parecer el voto válido habría vencido… pero con una gran sospecha de fraude. También se mantiene la marcada diferencia del campo con las ciudades. En todo caso, estos resultados distaron muchísimo del 60 % que el oficialismo pretendía lograr, y mostraron un gran error de cálculo por parte del MAS, al que le cuesta ver el descontento de la gente.
Estas elecciones determinaron que los elegidos tuvieran muy poco apoyo de la población. Los candidatos apenas alcanzaron el 10 o 15% de los votos válidos emitidos. Esto dio lugar a que muchos alzaran la voz señalando que los candidatos elegidos “carecían de legitimidad”.
Ante esto, el gobierno salió a defender la elección (dando mil y una excusas) como “un triunfo para la democracia”. El propio Evo Morales salió a dar un discurso el domingo 16 de octubre, sorprendentemente escueto: sólo felicitó a la población por haber ido a votar.
Ante tanto descontento, y como pasó en el Gasolinazo, la oposición patronal quiso salir a capitalizar y apoderarse de los votos nulos y blancos. Unidad Nacional de Doria Medina y el Movimiento Sin Miedo de Juan del Granado salieron hablar como si el alto voto nulo y blanco hubiera sido producto de su campaña. Pero la realidad es otra: mostró el movimiento de desborde al gobierno evidenciado en el Gasolinazo, las jornadas de abril y la lucha del TIPNIS, más allá de que, de momento, este descontento no tenga ningún canal político independiente donde expresarse.
Desde hace tiempo la oposición patronal está a la pesca de los errores del MAS, pero sin poder terminar de capitalizar un sector de la sociedad. La población está haciendo su experiencia por otros carriles, y ve que todos son lo mismo, con discurso más o menos oportunista.
Sin embargo, la carencia de alternativa política independiente sigue ahí: en la medida en que avance la experiencia con el gobierno y su desenmascaramiento, como ha ocurrido en 2011, más agudamente se va a plantear la necesidad de un Instrumento Político de los Trabajadores, so pena de que, inevitablemente, la que termine capitalizando la crisis del MAS sea la oposición de derecha.

Cumbre Social en Cochabamba: el gobierno no logra hacer asistir a la COB, la CIDOB y la CONAMQ
Ante el negativo escenario político en que terminaba el año, el gobierno del MAS lanza una contraofensiva denominada “Cumbre Social”. Se trata del denominado “Primer Encuentro Plurinacional para Fortalecer el Cambio”, un encuentro de organizaciones afines al MAS, realizado en Cochabamba los días 12, 13 y 14 de diciembre, con continuidad en enero de 2012. Tuvo la función de darle algún respaldo a un gobierno que venía debilitado por los conflictos que trascurrieron en todo este año. Como dijo Carlos Romero, ministro de la Presidencia, “el Encuentro tiene que ser plural, tiene que cobijar una gran cantidad de representaciones nacionales”.
Solamente prestar atención a los que asistieron a esta supuesta “cumbre social” (mejor llamada “cumbre masista”) da cuenta de su verdadera naturaleza y de las intenciones del gobierno de rearticular las relaciones con los movimientos sociales.
La cuestión es que esta relación sigue estando tensa y no hay vías de recomposición. En su limitado formato, se trató de una cumbre a la que no asistieron las dos entidades indígenas más importantes de Bolivia: la CIDOB y la CONAMQ, lo que no dejó de representar un quiebre significativo en las filas del MAS.
La COB tampoco asistió, decisión tomada después de dos días de asamblea donde se debatieron temas pendientes como la reactivación productiva y la agenda de Octubre. De este encuentro salió un rotundo rechazo a la cumbre propiciada por el MAS.
Desde hace tiempo el gobierno viene sintiendo la presión creciente de los movimientos sociales, que en varios casos terminan rompiendo con el oficialismo. Ésta fue una de las cuestiones a resolver en el encuentro: cómo recomponer la relación con los movimientos que estaban distanciados con el partido de gobierno. Y se terminó evidenciando que las rupturas son más profundas de lo que el MAS pensaba. La no asistencia de los indígenas a la cumbre reveló concretamente que fue del masismo puro.
Sin embargo, quienes sí asistieron fueron los empresarios, desnudando también el carácter de conciliación de clases o de “pacto social”: “El sector empresarial tiene una representación muy significativa en la Cumbre” dijo el ministro de Gobierno, Romero.
Estos sectores empresariales son la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), delegados de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo (Cainco), la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), y, por último, la Confederación Agropecuaria nacional (Confeagro); es decir, lo más granado de la burguesía de Bolivia, que hoy respalda a un gobierno del MAS que le promete “seguridad jurídica” para sus propiedades e inversiones.
La alianza con el empresariado revela el carácter del gobierno. Es por esto que está tan molesto de no poder, “por ahora y sólo por ahora”, construir la carretera que sería una vía de comunicación para sacar las exportaciones que generan los productores del Oriente, más allá de que también los intereses de Brasil vienen a presionar al país para que esta carretera se construya “por las buenas o por las malas”. Pero al gobierno no le quedan muchas salidas, al no tener las bases sociales que contaba en los primeros años de gestión. El gobierno usó a los movimientos sociales e indígenas con fraseología demagógica; ahora se le dieron vuelta y no tiene mucho margen para recomponer la situación.
Para colmo, el vicepresidente García Linera, como siempre, mete más leña al fuego diciendo lo siguiente: “Se reunirán (la CIDOB) en su legitimo derecho, para ratificar la alianza entre la extrema derecha, los gobernadores de Beni y Pando, con algunos dirigentes en Santa Cruz; tienen derecho a hacerlo, pero es importante que la población sepa que esos encuentros no son casuales ni circunstanciales. Hay una vieja práctica de articulación entre esos sectores con miras a cálculos políticos electorales; por eso no estoy muy sorprendido”. Y luego agrega: “Han hecho una alianza entre peones y patrones en contra del MAS. Ahí hubo una primera fisura y en agosto y septiembre es la continuación de una estrategia, en la que los de la CIDOB y los aliados han optado por andar juntos con la extrema derecha”.
Estas afirmaciones de Linera tienen por objetivo desprestigiar a los movimientos sociales que se independizan del gobierno. Muestran cómo el gobierno sangra por la herida ante la imposibilidad de dar marcha atrás luego de la represión llevada adelante en Yacumo. García Linera termina diciendo “¿Qué ha llevado a los compañeros indígenas maltratados a aliarse con los que los escupían, pegaban, azotaban y sacaban a patadas de las plazas? ¿Por qué están aliados con ellos? No tengo idea”.
Nos preguntamos nosotros: ¿acaso el vicepresidente no tiene memoria de cómo el MAS difamaba a los indígenas mientras marchaban en defensa del TIPNIS? ¿O de la represión ordenada por el gobierno? Que sepamos, nadie en el oficialismo se molestó en disculparse siquiera.
Estas acusaciones son producto de cómo le molesta al gobierno esta situación, porque si bien las entidades indígenas no agrupan sectores de mucha población, sí son importantes en una visión simbólica, por lo que representan. Que un gobierno que se dice “originario” realice una “Cumbre Plurinacional” a la que no asisten ni indígenas del Oriente ni del Occidente es un elemento de crisis.
El tema de la subvención de las gasolinas también fue central en la cumbre. En este terreno es obvio que también busca pasar a una contraofensiva, más allá de que se la enmascare: “El presidente decía que la resolución de este problema se lo transfería al pueblo, a los movimientos sociales, para que decidan qué, cómo y cuándo hacer la resolución de este tema. Si en este diálogo se toca el tema y se define en esos niveles, nosotros vamos a acatar lo que el pueblo decida, está en manos de las organizaciones sociales, del pueblo, la decisión (de levantar la subvención), y el gobierno lo va acatar” (Luis Arce, ministro de Economía). Así, esta tramposa “cumbre social” alcanzaría para que el gobierno sienta que ya tiene la legitimidad suficiente para avanzar en una espinosa cuestión que fue rechazada por el pueblo en las calles.
La base material del problema es que los millones que se van por año en este rubro (4) hacen esperar que en los próximos años se convierta realmente en insostenible para un gobierno que no invirtió un centavo en el aparato productivo del país: cada vez se exporta menos y se importa mayor cantidad de productos.
De ahí que no sea casual que se haya discutido la redistribución del dinero del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (así otros ítems como la creación de un Consejo para controlar el contenido de los medios de comunicación). La mesa de Hidrocarburos estaba destinada a discutir si se siguen subvencionando como hasta ahora.
La Cumbre tuvo diez mesas sobre ejes como “desarrollo económico”, “seguridad y soberanía alimentaria”, “territorio”, “empleo y salario”, “lucha contra la corrupción” y “política internacional”. Pero, en definitiva, ni el propio gobierno sabe cómo resolver estos inconvenientes. La cantidad de proyectos de ley que salieron después de tres días de la Cumbre (son 51) anuncia un año muy conflictivo.
El gobierno trató de encontrar consenso en dos grandes temas: primero, la subvención a las gasolinas, y el otro, la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos.
A estos dos grandes temas se les suma el querer cambiar la Ley de Imprenta (la búsqueda de homogeneizar la información a favor del gobierno el MAS) y otros, aunque no se sabe bien cómo estas propuestas tendrán carácter legal. Se habla de que algunas se llevarán a referéndum y otras se resolverán por consenso simple.
Hay otro aspecto a destacar de la autodenominada “cumbre social”. Una de sus premisas es que el gobierno pretende imponer el cierre de la agenda de Octubre, creando una “nueva agenda” mediante la cual el gobierno busca sacarse de encima los “fantasmas” de 2003 (las mentiras sobre la nacionalización de los hidrocarburos van a tener que ser pagadas en algún momento). Una de las medidas es la derogación del 21060, algo que sería muy progresivo si fuera cierto, o si se canalizara realmente con medidas contra el capitalismo. Pero no hay que esperar eso de un gobierno timoratamente reformista como el del MAS.
Ahora el gobierno habla de que pondrá en pié un “equipo multisectorial” para “sugerir las modificaciones, derogaciones, abrogaciones y redacciones de las ocho leyes que se requieren para enterrar el 21060”. Esas normas legales serían las siguientes: Ley de Minería, Ley Forestal, Ley General del Trabajo, Ley de Bancos, Ley de Inversiones, Ley de Electricidad, Ley de Exportaciones y Ley Ambiental.
En definitiva, el MAS organizó esta cumbre para querer convencer a la población que “había sellado una etapa” y que de ahora en más “se abren nuevas perspectivas”. Pero esto es totalmente irreal, que la Cumbre esté signada por la ausencia de varios actores sociales fundamentales significa que el operativo “Cumbre Social” está lejos de tener éxito.
La gran mayoría de los trabajadores sigue defendiendo la agenda de Octubre de 2003. Ante esto, la COB convocó a un Encuentro Nacional con gran participación de las entidades adheridas. El resultado de la deliberación de los días 5 y 6 de diciembre fue un rotundo rechazo a la cumbre masista y como documento se presentó uno redactado por la Federación de Mineros. Se reflejó la importancia que tiene ser totalmente independiente frente al gobierno de turno. Por otro lado, también se definió que la agenda de Octubre no está saldada.
Lo primordial que se rescata de este encuentro es que fue antesala del XV Congreso de la Central Obrera Boliviana, en Tarija, el 16 de enero. En este Congreso se discutiría, por fin, la construcción de un Instrumento Político de los Trabajadores.
Por su parte, los indígenas del Oriente y el Occidente que no asistieron a la cumbre llamada por el gobierno convocaron a una cumbre paralela en Santa Cruz, donde votaron importantes resoluciones: “La posición de la CONAMAQ, que aglutina a 16 naciones y pueblos indígenas, es no permitir el incremento de los combustibles, porque la subvención favorece al transporte de indígenas. Debe levantarse la subvención a los agroindustriales y las transnacionales. Con respecto a la Cumbre Social, seguro van a convocar a asociaciones afines al gobierno” (Rafael Quispe).
En todo caso, la emergencia de organizaciones sociales del peso de la COB, la CIDOB y la CONOMAQ en la oposición al gobierno están mostrando que madura el desborde por izquierda y las posibilidades de vertebrar una oposición política de los explotados y oprimidos.

Hay condiciones para poner en pie un Instrumento Político de los Trabajadores

Como hemos visto, el 2011 fue trascendental para desenmascarar ante amplios sectores la trampa reformista de este gobierno. En las condiciones del agravamiento de la crisis mundial, el 2012 seguirá con más conflictos. Lo nuevo y específico es que el MAS comienza a pagar por la izquierda su carácter de gobierno en definitiva defensor del capitalismo.
Por primera vez en su gestión, la oposición social a Morales parece adquirir un carácter más orgánico: que varias organizaciones de masas comiencen a cuestionarlo por izquierda no es un elemento menor.
El Congreso de la COB tendrá un desafío que no ha logrado cumplir hasta ahora: la puesta en pie de un Instrumento Político de los Trabajadores que se juegue a capitalizar el desprestigio del MAS y evitar que sea explotado por la oposición patronal. Para esto hoy hay más condiciones (y presiones) que años atrás.
Un IPT no podrá ser solamente el resultado de un acuerdo por la cúpula (de ser así, sólo llevaría a un nuevo fracaso), sino que puede y debe darse organismos de funcionamiento por la base.
Socialismo o Barbarie Bolivia, que hace años viene planteando esta necesidad, se jugará entero en el caso que el Congreso vote darse este instrumento, así como en el apoyo a las medidas de lucha que en él se puedan votar, en la perspectiva de superar la experiencia reformista del MAS hacia una Bolivia socialista, obrera, campesina, originaria y popular que acabe con la miseria del raquítico capitalismo boliviano.
1. El gobierno masista ha conservado la estructura extractiva del país, afectando solamente parte de las rentas gasíferas, mineras y agrarias que en el período neoliberal iban enteramente a las multinacionales. Pero en lo que hace a la industrialización del país que lo saque de su raquitisimo histórico, del extremo atraso en el que está, no ha dado un solo paso. Ocurre que la industrialización requeriría un curso anticapitalista que el MAS no sólo no está dispuesto a encarar, sino que García Linera ha “teorizado” ampliamente por qué no habría condiciones para hacerlo.
2. El supuesto compromiso de no construir la carretera por el TIPNIS no suspendió sin embargo el contrato con la OAS (empresa que financiaría la carretera). Además, todavía queda por ver por dónde pasara la carretera, si se unirán el tramo I y III que ya están construyéndose, etcétera, todos reclamos que vienen haciéndose desde el gobierno de Brasil que pugna por garantizar una salida hacia el Pacífico.
3. El Estado boliviano pagó en 2011 663 millones de dólares por la subvención a los hidrocarburos, y proyecta en 2012 una erogación de 755 millones de dólares.