Resistir a los ataques del gobierno y de los patrones para dar vuelta al juego

Por Antonio Soler

La lucha contra Temer tuvo su pico en 2017, en el primer semestre, con la poderosa huelga general del 28 de abril que movilizó nacionalmente a la clase trabajadora y la juventud, enfrentando las contrarreformas de Temer y reabriendo la perspectiva del impeachment y un cambio en la correlación de fuerzas. Pero, después de ese momento de reacción de la clase trabajadora, que colocó al gobierno contra la pared, la burocracia sindical trató de desarticular el movimiento, posibilitando que el gobierno, incluso con bajísima popularidad y acorralado por denuncias de corrupción y asociación ilícita, se mantuviese a la ofensiva.

La reforma política pretende aplastar a la izquierda socialista

En esa coyuntura post huelga general, la ofensiva reaccionaria camina a través de una multitud de ataques a los derechos de los trabajadores.

Hemos tenido en estos últimos meses eventos reaccionarios que van desde la aprobación de la contrarreforma laboral a la liminar de un Juez de Brasilia que autoriza la investigación y terapias de reversión de la homosexualidad, la llamada «cura gay», sin dejar de pasar por la Medida Provisional que permitiría actividades mineras en la Reserva Nacional de Cobre y Asociados -ante la presión el gobierno fue obligado a retroceder momentáneamente- y por la declaración de un General del Ejército de que una intervención militar puede ser usada para solucionar el problema de corrupción en Brasil.[1]

Sin embargo, la ofensiva reaccionaria no para ahí, el más reciente ataque al conjunto de la izquierda socialista ocurre por la aprobación de la mini «reforma política» por el Congreso y sancionada por Temer. La reforma aprobada establece: 1) el fin de la coalición en las elecciones proporcionadas, 2) la financiación a través de un fondo público (2 mil millones) y 3) la cláusula de barrera para que los partidos tengan acceso a ese fondo y tiempo libre de radio y TV.

A partir de 2020 las coaliciones entre partidos para la elección proporcional (concejales, diputados estatales y diputados federales) estarán prohibidas. Con esta medida sólo las candidaturas proporcionales (alcalde, gobernador y presidente) podrán contar con coaliciones partidistas.

Con la prohibición del STF de que las elecciones sean financiadas por empresas privadas en 2015, se creó la necesidad de hacer un cambio en la financiación del sistema electoral. Así se extendió el fondo partidista que pasó de algo en torno a un billón de Reales a dos millones de Reales.

Las donaciones de terceros podrán ser realizadas hasta el monto del 10% de la renta bruta del donante -de acuerdo con los ingresos del año anterior de la elección-, no se estipulan límites del autofinanciamiento de la campaña y el techo de gastos para la campaña de diputado federal será de dos millones y medio de Reales; en la última elección el promedio de gastos de los 501 diputados elegidos fue de un millón cuatrocientos Reales.

Con la justificación de combatir la fragmentación en la representación política, hoy tenemos 39 listas partidistas en Brasil, la cláusula de barrera exigirá para que los partidos tengan tiempo de TV y acceso al fondo partidista como mínimo 1,5% de votos en 9 estados a partir de la elección de 2018, número que llegará al 3% en 2030.

En cuanto a las coaliciones, si estuviéramos tratando de una propuesta que garantizara la alineación nacional de las coaliciones, si las coaliciones partidistas hechas para las candidaturas presidenciales fueran extendidas a todos los cargos mayoritarios y proporcionaran alguna coherencia político-ideológica, podría ser dada a las elecciones. Pero el sentido de esa «reforma» no es ideologizar las elecciones y el sistema político, siendo en realidad principalmente fortalecer la posición de los partidos burgueses -y las fracciones de la clase dominante- que ya monopolizan el poder político.

Como se puede observar, también, muy lejos de combatir el abuso del poder económico, esa es una «reforma» construida para asegurar y fortalecer la hipertrofia del poder económico sobre el proceso político. Así, los candidatos apoyados por el gran capital y los dueños de las grandes fortunas serán aún más beneficiados, pues los grandes partidos burgueses tendrán casi acceso exclusivo al fondo partidista constituido por fondos públicos, serán beneficiados por la donación de los grandes empresarios y los candidatos burgueses podrán invertir pesadamente en su propia elección sin restricción de gastos.

El fondo público de campaña, que podría ser una medida progresiva que ampliaría la representación de los de abajo en el parlamento o cargos mayoritarios, en la mano de una legislatura de clara orientación reaccionaria acabó transformándose en su opuesto. Es decir, en un mecanismo que sumado a la cláusula de barrera tiene el objetivo fortalecer el monopolio de los partidos burgueses sobre la representación política en el legislativo y en el ejecutivo y dejar en una especie de exilio político a los partidos que de hecho representan los intereses inmediatos e históricos de los trabajadores, como es el caso del PSOL, del PSTU y del PCB.

Con esta contrarreforma política impuesta por la ofensiva reaccionaria se impone para los partidos de izquierda, si no quieren caer en la total marginalidad, un proceso de construcción programática y organizativa, que les permita alianzas político-electorales, que les permitan mantener y ampliar el diálogo con sectores de masas antes, durante y después de las elecciones parlamentarias.

Las organizaciones -por ejemplo el PSTU y otras- que se han negado a desarrollar frentes políticos de izquierda, frentes únicos para luchar y hacer unidad de acción, tendrán que revisar profundamente su análisis de situación política y sus tácticas. De lo contrario, además de sufrir con la propia marginación, dificultarán que las demás organizaciones de la izquierda socialista accedan a sectores de masas para iniciar el difícil proceso de superación del lulismo en esa situación de ofensiva burguesa reaccionaria.

Superar la correlación de fuerzas coyunturales

Temer tiene índices históricos de impopularidad, pero ha logrado una correlación de fuerzas que, a pesar de la resistencia, ha logrado imponer ataques a los trabajadores y al conjunto de los oprimidos.

A pesar de que la burguesía se ha dividido en su viabilidad frente al gobierno a partir de las denuncias de corrupción de la operación Lava Jato, Temer ha logrado avanzar en las contrarreformas para profundizar en el grado de explotación, opresión y devastación ambiental, y no podemos dejar de considerar en el cálculo de la correlación de fuerzas de la actual coyuntura que con relación a las contrarreformas existe unanimidad total en el interior de la clase dominante.

Tampoco podemos engañar en ese cálculo que el impeachment y la ofensiva reaccionaria del impeachment contra Dilma, contradictoriamente, fortaleció con la burocracia lulista, reforzando su dominio sobre las principales organizaciones de masas de los trabajadores y de la juventud.

Las huelgas generales convocadas en el primer semestre demuestran este hecho, cuando la burocracia se vio obligada a llamar la huelga general el 28 de abril, debido a la presión de abajo, evidentemente, tuvimos un significativo proceso de movilización. Después, cuando parte de la burocracia (Fuerza Sindical y UGT, principalmente) traicionó abiertamente la convocatoria de la huelga general del 30 de junio y la otra (CUT y CTB) hizo una serie de maniobras, no menos traidoras, para desmovilizar la lucha, quedando claro el peso que aún la burocracia ejerce sobre la lucha de los trabajadores.

Hecho que no significa que no exista un profundo desgaste, una pérdida de representación y espacio para construir alternativas políticas al lulismo. O que los trabajadores hayan sido derrotados estructuralmente y no resistirán a los próximos ataques. Por el contrario, pensamos que los embates fundamentales contra Temer, que tiene en la lucha contra la reforma de la seguridad social uno de los más importantes, todavía están por venir.

Pero no podemos desconsiderar -como hace el PSTU en todos sus análisis- que el proceso de impeachment, incluso debido a la política del PT y de la CUT, impuso una correlación de fuerzas de alcance coyuntural desfavorable para los trabajadores. Afirmar eso no significa que actúe una derrota histórica o algo que lo valga, hay mucha disposición de lucha y resistencia, eso puede verificarse en una serie de huelgas, ocupaciones y demás acciones por salario, vivienda y derechos. No podemos perder la brújula de la coyuntura política que evidentemente ha girado de forma desfavorable. Obviamente no podemos hacer política sólo a partir de elementos circunstanciales, desconsiderando el ciclo de luchas progresivas abierto en 2013, pero no podemos hacer política concreta sin considerar la coyuntura concreta, como hacen los compañeros citados.

Obviamente que las derrotas circunstanciales no pueden alterar una situación política más de fondo, pero no se gana una guerra sólo perdiendo las batallas, es necesario una combinación y balance favorable de derrotas y victorias, que sí afectan coyunturalmente el ánimo de los trabajadores. Lo que en el momento no está ocurriendo para nuestra clase, pero podemos y tenemos condiciones para revertir el juego desde el punto de vista político, evidentemente.

Para ello, no podemos perder la brújula política coyuntural que permite ver que el gobierno y la burguesía han impuesto ataques profundos, que la burocracia lulista, y no lulista, tiene un peso central sobre la organización y resistencia de la clase obrera, del movimiento social como un todo y que por eso son necesarias tácticas adecuadas para armar la resistencia para poder girar el juego y salir de la defensiva.

Tríptico necesario: unidad, frente de luchas y frente de izquierda

En las batallas localizadas y en las generales contra el gobierno es fundamental la total atención. Será una batalla decisiva contra la contrarreforma de la previsión, la reina de las contrarreformas, prevista para el mes de noviembre, tras el juicio en la Cámara de Diputados de la segunda denuncia de la Procuraduría General de la República contra Temer por corrupción. Por eso es necesario convocar una jornada nacional de lucha y paro general, el 11 de noviembre, en el espíritu de la más amplia unidad de acción con todas las centrales y movimientos.

Además de la unidad total contra Temer, incluso en actos unificados en que la izquierda socialista debe presentarse de forma independiente, con programa, discurso y columnas propias en total diferenciación con la burocracia, hay que construir frentes de lucha con todos los que quieran combatir al gobierno. Es un error total, en este sentido, no participar de otros frentes de lucha, con una política independiente del gobierno y de la burocracia. Una táctica para disputar sectores que están luchando, semi independientes, el caso del Frente Pueblo Sin Miedo, por ejemplo, que son todavía polarizados por el PT y la CUT.

Otro error que puede ser mortal, es no participar o impulsar inmediatamente un Frente de Izquierda Socialista entre el PSOL, PSTU, PCB, MTST y otros para construir una alternativa política al lulismo. Un frente que sirva para fortalecer la posición de la izquierda socialista en las luchas inmediatas, en las disputas con la burocracia del proceso de reorganización de la clase trabajadora y en los procesos electorales. Incluso despreciar este último es un error mortal, pues a pesar de que las elecciones se dan en el campo de la institucionalidad burguesa, ganar espacio en ellas, disputar el voto con la burguesía y con la burocracia, es fundamental para el fortalecimiento político y organizativo de la izquierda socialista. No es porque la lucha de clases directa es nuestro campo privilegiado que debemos secundar este aspecto de la lucha política y las tácticas necesarias para ello. De lo contrario, las posibilidades de superar la marginalidad de la izquierda socialista y, consecuentemente, la construcción de una alternativa socialista viable, estará cada vez más pospuesta.

[1] Antônio Hamilton Mourão, General del Ejército, propuso recientemente en un evento la intervención militar en Brasil para solucionar el problema de la corrupción sin que ningún castigo fuera dado por el alto mando de las fuerzas armadas.