COSTA RICA: DECLARACIÓN DEL FRENTE DE IZQUIERDA SOCIALISTA

¡Unidad sindical y popular que prepare una movilización contra la corrupción!

28 octubre, 2017

Como lo analizamos en la declaración del Frente de Izquierda Socialista del 27 de setiembre, el cementazo es el caso de corrupción que sobrevuela la cabeza de toda la burguesía.[1] Todas las bancadas en el poder legislativo y el elenco empresarial, están siendo salpicadas al destaparse los tejes y manejes de una amplia red de cuido de políticos empresarios, la cual favoreció al importador Juan Carlos Bolaños. Este empresario logró líneas de crédito por hasta $50 millones en el sistema bancario nacional, con la clara intención de defraudar a la banca sin asumir el pago de dichos préstamos.

Al mismo tiempo, políticos empresarios manipularon reglamentos para acelerar el trámite para la importación y desembarque del cemento chino de baja calidad. Para que todo esto fuera posible, miembros de todos los partidos de empresarios tuvieron intervención en este caso, incluyendo diputados como Víctor Morales Zapata (ungido del presidente Solís), el exministro de economía Welmer Ramos, hoy candidato a diputado por el PAC.

A raíz de esta situación las y los diputados se vieron forzados a analizar el caso en la Comisión Investigadora de Créditos Bancarios en la Asamblea Legislativa. Con este fin, se han realizado varias comparecencias de políticos y burócratas de la burguesía, incluidos el magistrado Gamboa y el Fiscal Jorge Chavarría, que una vez más muestran esconder la verdad. La comisión ha carecido de nivel político y la mayoría de diputados no pretenden ir más allá durante las comparecencias.

Lamentablemente no existe una respuesta desde las grandes organizaciones sindicales (que tienen capacidad de grandes convocatorias). De hecho desde las dirigencias sindicales de APSE, Patria Justa y BUSSCO no hay una convocatoria a luchar contra la corrupción descarada. En los hechos estas dirigencias continúan como instancias de respaldo al gobierno “progresista” de Luis Guillermo Solís en el marco de la concertación política: negociaciones salariales que son burla para las y los trabajadores, destrucción de las convenciones colectivas y mesas de diálogo para aumentar la edad de jubilación. Mientras tanto la burguesía, intenta resolver la crisis dentro de los marcos democráticos de la institucionalidad burguesa.

En todo ese escenario el Frente Amplio continúa con su rol desmovilizador y de no confrontación al gobierno del PAC. Así se convierten en cómplices en la piñata de la corrupción, pues no luchar y confiar en los mecanismos institucionales del régimen burgués para resolver el problema de la corrupción de la burguesía (¡inclusive ensalzando la figura del director del OIJ por su trabajo!), es traicionar a los sectores populares. Es necesario recordar que la votación que colocó a Celso Gamboa como magistrado fue apoyada por varios diputados del Frente Amplio, a pesar de ser reconocido como una ficha de la burguesía tica y con responsabilidad directa en la represión del 8 de noviembre de 2012[2]. Esto confirma los límites del “reformismo progresista de izquierda”.

Hasta el momento se han realizado algunos pequeños movimientos de protesta que, sin restarle importancia a los esfuerzos realizados, no logran ser significativos en presión política y masividad. Desde el Nuevo Partido Socialista y el Partido Socialista de los Trabajadores apostamos por un sólo bloque nacional de lucha. Colocamos al Frente de la Izquierda Socialista como herramienta para la unidad de los sectores populares y trabajadores para definir cómo resolver el caso del cementazo y la corrupción generalizada por medio de la movilización callejera organizado por un espacio unitario democrático e independiente de los empresarios.

Levantamos los siguientes puntos al respecto del cementazo: fuera todos los corruptos del poder, ninguna confianza en las instituciones de la burguesía y en los partidos patronales, cárcel y expropiación para todos los corruptos, control de las instituciones estatales por la clase trabajadora. Consideramos necesaria la nacionalización de las empresas productoras de cemento y  el monopolio de la producción.

Es que se requiere algo más allá de la cabeza de Celso Gamboa. No es un cambio de ficha lo que se necesita. No confiamos en lo que pueda realizar la nueva fiscal suplente porque todo el sistema legal demuestra una y otra vez estar corrompido. Este escándalo es solo la punta del iceberg. Hay que seguir más a fondo para evidenciar, juzgar y castigar a los políticos de la mafia empresarial que entre ellos se apadrinan para hacerse a manos llenas de los recursos estatales. La salida a la crisis capitalista, a la apropiación de la riqueza y los recursos por parte de la burguesía y sus instituciones llenas de corrupción es la salida socialista, un gobierno de los trabajadores.

Es necesario poner sobre la mesa la urgencia de crear un nuevo sistema social en el cual los empresarios explotadores dejen de llevar las riendas y sean la clase trabajadora y los sectores populares quienes se coloquen al frente de los destinos del país. Y es que las intenciones de la clase empresarial son claras: instalar a políticos empresarios en los poderes de la república para profundizar el saqueo de los bienes públicos que son de todas y todos, en especial de quienes trabajan y pagan impuestos. Sólo la fuerza de la lucha y movilización de la clase trabajadora, mujeres, estudiantes y demás movimientos populares pueden lograrlo. Desde el Frente de la Izquierda Socialista nos colocamos en esa disposición.

En el mismo sentido, desde este frente de izquierda apoyaremos las jóvenes candidaturas a diputaciones en la provincia de San José del Nuevo Partido Socialista para las elecciones del próximo año con el interés de representar los intereses del conjunto de sectores explotados y oprimidos como la clase trabajadora, las mujeres y la juventud y al mismo tiempo posicionarnos claramente contra la corrupción desde la Asamblea Legislativa.

 Por la nacionalización de las empresas productoras de cemento

y  el monopolio de la producción

Frente de Izquierda Socialista

28 de octubre, 2017

[1] Incluso, a partir de este caso se ha abierto la posibilidad de reabrir el sonado caso judicial que podría llevar al juzgado al expresidente Oscar Arias (Premio Nobel de la Paz) por tener responsabilidad penal al firmar un decreto que permitió a la empresa minera canadiense Infinito Gold de desarrollar su proyecto en Crucitas de San Carlos.

[2] En esa ocasión durante la administración de Laura Chinchilla, Celso Gamboa dirigió la represión contra una movilización en defensa de la seguridad social que ya estaba finalizando, dejando decenas de arrestos y varias personas golpeadas. A pesar de eso, diputados del FA votaron a favor de su elección como magistrado.