EL AÑO COMENZÓ CON AUMENTOS, TARIFAZOS y DESPIDOS

Crece la bronca contra el gobierno

“Reforma previsional. Inflación resistente que forzó un cambio de planes del Gobierno. Aumento de tarifas de transporte. Pronto alcanzarán a la energía y los combustibles. El triunfo en las legislativas de octubre, que disparó las expectativas sociales, quedó en el recuerdo para Mauricio Macri. En sólo dos meses pudo corroborarse una fuerte reversión de la tendencia.” Eduardo van der Kooy, Clarín, 07/01/2018

Si los últimos días de diciembre marcaron el punto de ruptura de una franja de la población con el gobierno nacional, los primeros días de enero son los de la gestación de un estado de bronca creciente. Es que entre el calor, los cortes de luz, y los anuncios de despidos en varios sectores y los aumentos en las tarifas y servicios, no hay ánimo que soporte.

A estas alturas es ya un hecho que hay un cambio en el estado de ánimo de amplias franjas de la población. Todas las encuestas dan cuenta de que Macri y todas las figuras de Cambiemos (incluida María Eugenia Vidal) han salido golpeados, y que su imagen se ha derrumbado entre 8 y 12 puntos en las últimas semanas. Esas mismas encuestas también marcan un deterioro en las expectativas que tiene la gente sobre el desarrollo del país y sobre su propio futuro. Este cambio en el estado de ánimo también se pone de manifiesto en el surgimiento de una serie de luchas, como fue la semi pueblada en Azul contra el cierre de Fabricaciones Militares, Envases del Plata, Cresta Roja, TDA, y los estatales en distintas reparticiones en distintos puntos del país.

Recordemos que diciembre de 2017 se cerró en el marco de las intensas jornadas del 14 y 18 en donde el gobierno nacional, pese a haber conseguido sancionar la reforma previsional y el pacto fiscal, apenas logró un triunfo pírrico que abrió una crisis política que aún continúa extendiendo sus efectos. Es que, como venimos desarrollado en nuestro periódico, las inmensas movilizaciones ocurridas en ambas jornadas en rechazo a las reformas de Macri, en las cuales participaron centenares de miles de personas, parecen haber actuado como catalizador de un descontento popular creciente. A esto hay que sumarle el repudio a la violenta represión desatada por las fuerzas del Estado en el marco de un desproporcionado despliegue de efectivos y recursos; repudio que se puso de manifiesto en los extendidos cacerolazos que se multiplicaron  durante la noche del 18 y madrugada del 19.

Y si bien aún es demasiado pronto para sacar conclusiones definitivas sobre cuál será el rumbo político que marque el gobierno, lo concreto es que los primeros días de 2018 nos dan nuevos elementos que es necesario poner en la balanza.

La primera reacción del gobierno fue hacer como que nada había ocurrido y continuar desarrollando su plan. Parte de esto fue avanzar con la aprobación del presupuesto (el cual fue desmentido en 24 horas por el equipo económico) y afirmar que en febrero se aprobaría la reforma laboral durante las sesiones extraordinarias del Congreso, opción que ya está oficialmente descartada y que nos muestra la profundidad de la crisis política. Luego anunció una serie interminable de aumentos brutales que incluyen los transportes, la luz, el gas, los combustibles, los peajes, las prepagas, los celulares y todo lo que se te ocurra; al mismo tiempo que desarrolla una feroz campaña de criminalización de la protesta social y persecución a la izquierda, que ya se concretó en la detención y procesamiento de dos militantes del Partido Obrero y el pedido de captura de otro compañero del PSTU.

Un brutal zarpazo al bolsillo

Luego de las elecciones legislativas, y del fortalecimiento que obtuvo, el gobierno sintió que podía marcar la agenda política sin mayores complicaciones. Así fue como Macri brindó un discurso en el cual proclamó victoriosamente su agenda de “reformismo permanente”. Con ella pretendía lanzar una batería de contrarreformas (laboral, impositiva y previsional) que tanto le venía exigiendo el “círculo rojo” y de este modo darle una vuelta de tuerca al ajuste “gradualista”.

No hay que perder de vista que las reformas previsional e impositiva tenían como objetivo central el reducir déficit fiscal, y con eso la dependencia al endeudamiento permanente, mediante una reducción del gasto social, el recorte de haberes, pensiones y asignaciones familiares y AUH, que se calculaba en 100.000 millones de pesos anuales. Esto en definitiva implicaba un traslado de recursos desde los sectores más pobres en beneficio de los empresarios a quienes les bajaron varios impuestos.

Por otra parte, el pacto fiscal con los gobernadores, entre otros objetivos, buscaba por parte de las provincias: “a) aceptar una nueva ley de responsabilidad fiscal que ponga estrictos límites al gasto provincial, b) desistir de los juicios de las provincias contra el Estado nacional por temas como coparticipación y el Fondo del Conurbano bonaerense, c) la ‘armonización’ de las jubilaciones provinciales, lo cual, dicho en criollo, significa que van a desfinanciarlas y/o bajarlas, d) aceptar una mayor injerencia del Estado nacional en impuestos provinciales como Ingresos Brutos, Bienes Personales y valuaciones fiscales inmobiliarias, y e) aceptar que el macrismo consiga financiación de alto peso electoral para la provincia de Buenos Aires, resolviendo el conflicto del Fondo del Conurbano con 20.000 millones para Vidal este año, 44.000 el año que viene y 65.000 en 2019”. (Marcelo Yunes, SoB 448)

Las jornadas de diciembre le licuaron gran parte del capital político con el cual contaba para desarrollar su plan de reformas, y esto cuando apenas había avanzado los primeros pasos. Lo concreto es que el gobierno ahora se enfrenta a un escenario económico complejo y con menor margen de maniobra.

Una manifestación de esto fue la conferencia de prensa que salió a dar el “equipo económico” con Marcos Peña, Dujovne, Caputo y Sturzenegger. Apenas 24 horas después de que el Congreso votara el presupuesto 2018 en el cual el gobierno había previsto una inflación anual del 10%, el “equipo económico” modificó las previsiones de inflación al 15%. Es decir, el presupuesto está oficialmente dibujado en alrededor del 50%. De todas formas, no hay que fiarse demasiado de este número, que no es más que un nuevo “piso”. Recordemos que el presupuesto 2017 auguraba una inflación máxima del 17% y la inflación oficial 2017 está rondando el 25%.

Ese anuncio, junto con las promesa de una baja de las tasas de interés del Banco Central, fueron la campana de largada de una devaluación del dólar que en 10 días ya acumula el 8% y clavó al billete verde por encima de los 19 pesos. Está claro, y a nadie se le pierde de vista que esta devaluación veraniega va a trasladarse más temprano que tarde a los precios y será un nuevo acicate para la inflación.

A esto debemos sumarles los aumentos que el gobierno anunció en los últimos días a los servicios públicos y al transporte. Una vez más el argumento fue la de bajar el déficit fiscal mediante la quita de subsidios y la necesidad de recomponer las tarifas para que mejore la calidad de los mismos. Entre los más irritantes están: el incremento en el trasporte que alcanza el 66,7 % y que de acá a junio llevará el boleto mínimo del colectivo a 10 pesos, el del tren a 3,25 y 6,50 pesos dependiendo del ramal y el subte a 12,50; un aumento del 43% en la luz; un 57% en el gas y en la provincia de Buenos Aires un incremento que variará entre el 30% y el 60% sobre el ABL. A esto se le agregan: un aumento del 18% en los taxis, del 25% en los parquímetros, un incremento que oscila entre el 33% y el 66% en los peajes, un nuevo incremento del 4% en la medicina prepaga (que ya había aumento de un 35% durante 2017) y un aumento en los combustibles que se calcula que será del 5% o más (dependiendo de cuánto se devalúe el peso frente al dólar).

Persecución a la izquierda y polarización social

Está claro que el gobierno está tratando de mantener lo más posible sus objetivos políticos. Que haya postergado el tratamiento de la reforma laboral es un retroceso a la espera de mejores condiciones políticas para avanzar con sus contrarreformas. Es que las relaciones de fuerzas entre las clases en la Argentina no permiten que se aplique semejante plan de ajuste sin que surja una fuerte resistencia desde los sectores populares y los trabajadores. Esto es un escollo tanto para el gobierno como para el resto de las fuerzas patronales, como el PJ y la burocracia sindical.

Es en este marco en donde se introduce el brutal ataque contra la izquierda que estamos presenciando las últimas semanas. Si en un comienzo los principales medios de la burguesía, como La Nación y Clarín, quisieron hacer una amalgama entre el kirchnerismo y la izquierda, acusando al primero de quedar como un outsider de la política (burguesa), luego recalibraron su estrategia y apuntaron a aislar a la izquierda del movimiento de masas que se manifestó durante diciembre. Era de esperar que algo así ocurriese. La consigna de la burguesía siempre es “divide y reinarás”, y está claro que el sentimiento popular que se manifestó durante esas jornadas estaba instintivamente más a la izquierda que lo que expresan las organizaciones y dirigentes kirchneristas.

Es ante el temor a que el actual sentimiento de bronca cristalice por la izquierda que el gobierno, la justicia y los grandes medios han desatado una antidemocrática campaña de demonización y persecución contra la izquierda. La misma ha sido tan desembozada que ha tenido momentos verdaderamente grotescos como ser la supuesta bomba colocada frente al Departamento Central de Policía, junto con la pretensión de adjudicarle su autoría al Partido Obrero. Una provocación tan absurda como peligrosa montada por los servicios de Inteligencia del Estado.

Junto con esto, la justicia ha avanzado en la detención e imputación de dos militantes de dicha organización: Dimas Fernando Ponce y César Arakaki, al cual encerraron en la cárcel de Marcos Paz entre los presos comunes. Desde el Nuevo MAS denunciamos esta escandalosa detención, reivindicamos su condición de presos políticos y exigimos su inmediata libertad.

Es un verdadero escándalo que muestra el carácter patronal de la justicia argentina, que en la misma semana que detienen a los compañeros, se les haya otorgado el beneficio de la prisión domiciliaria a reconocidos genocidas como Echecolatz, que cuenta con varias condenas a cadena perpetua en su contra. Las medidas de ajuste a la población y endurecimiento del régimen político son las responsables del malestar social y la creciente polarización política.

Frente a esta situación se impone intervenir en todos los conflictos en curso para que triunfen y en defensa de las conquistas de los trabajadores y contra el plan de ajuste de Macri. Al mismo tiempo que denunciar la campaña antidemocrática y macartista del gobierno y la persecución a la izquierda.

En ese marco, es una tarea de primer orden el apostar al desarrollo por izquierda de la actual crisis política mediante la construcción de nuestro partido. En ese sentido continuamos avanzando en nuestra campaña de legalidad que estamos desarrollando en cuatro provincias para seguir fortaleciendo una organización política socialista y de clase.