El domingo anterior “falleció en su hogar, con el amor de su familia, con su conciencia sana” el genocida guatemalteco José Efraín Ríos Montt a los 91 años de edad. Fue presidente de facto del 23 marzo de 1982 al 8 agosto 1983, tras ser derrocado por otro golpe de estado propinado por su ministro de Defensa.

Su gobierno se basó en la mano dura y la ‘tierra arrasada’ por lo que es considerado el más violento de los 36 años de guerra civil (la cual se saldó con 200 mil muertos y desaparecidos).Tras el fin del conflicto se le acusó de genocidio y crímenes contra la humanidad por arrasar aldeas y la muerte 1771 indígenas mayas ixiles.

Por estos hechos fue condenado a 80 años de prisión en 2013 pero en solo 10 días la Corte de Constitucionalidad (máxima instancia judicial) anuló la condena y ordenó un nuevo juicio. El genocida pereció impune, no paso un solo día en la cárcel, tuvo un juicio a puerta cerrada y –como menciona la cita del inicio– murió tranquilo. Esa no es la situación de los familiares de las víctimas. El aparato judicial no les dio respuesta en 10 días, tardó 30 años.

La protección a este tirano se da porque en el Estado guatemalteco aún sobreviven los fantasmas de la dictadura y la influencia del Ejército. Así es que pudo ser diputado entre 1994 y el 2003 y luego del 2008 al 2012. Además a pesar de existir una prohibición a los golpistas de aspirar a la presidencia fue candidato en 2003 (quedando en tercer lugar).

El actual presidente, Jimmy Morales, proviene del partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) que fue fundado por viejos militares. Los representa y los cuida por eso el Ejercito le asigno unos ‘bonos extraordinarios de responsabilidad’ por cerca de $53,300. Es evidente quienes son sus amos. Morales comparte con Ríos el fanatismo religioso y el discurso de mano dura (evidentemente con las distancias del caso) que llevó a este último a acuñar la frase “el buen cristiano es el que se desenvuelve con La Biblia y la metralleta”.

El Estado guatemalteco es el responsable de que Ríos Montt muriera impune y de que las miles de víctimas no obtuvieran justicia a pesar de todos sus esfuerzos para forzar a los tribunales a actuar. Como vemos la ‘justicia’ solo actúa rápido cuando los poderosos mueven los hilos a su favor por eso el actual gobierno también es cómplice.

¡Ni olvido, ni perdón! ¡Ningún genocida impune!