Hacia el 1º de mayo

Irrumpe la crisis social

José Luis Rojo

“La paciencia social es uno de los signos vitales que monitorean en forma constante en el oficialismo y que por ahora no muestra señales demasiado inquietantes para el gobierno. Pero tanto Carrió como el radicalismo temen que se abuse de esa tolerancia (…); el problema es que, si errás el cálculo, podes volcar” (Claudio Jacquelin, La Nación, 16/04/18)

A pesar de la “plancha” que, con la complicidad de la oposición patronal y la burocracia, pretendió imponer el gobierno en las últimas semanas, el descontento popular y el deterioro económico comienzan a colarse en la coyuntura (los incipientes cacerolazos al cierre de esta edición son una muestra de ello).

El asesinato de Leandro Miguel Alcaraz, de sólo 26 años, chofer de la línea 620 de La Matanza, sumado a los aumentos siderales de las tarifas, del transporte, de las naftas, de los precios en general, volvieron a colocar sobre el tapete que más allá de los “globos” oficialistas, las cosas no están bien.

La CGT, Moyano y los k hicieron su parte. Se colocaron como “soldados de la gobernabilidad” cuando en el verano se esbozó una dinámica que podía terminar con Macri eyectado del gobierno: una abierta traición al desarrollo de las luchas en beneficio de la consigna “hay 2019”.

CTERA y SUTEBA descartaron cualquier perspectiva de conflicto real. El conjunto de las direcciones sindicales se avino, sin mucho ruido, a firmar el 15% en cuotas que pretende el gobierno (con la inflación del primer trimestre en la mano, quizás alguno ahora “pelee” un punto más).

Si el gobierno recuperó el control de la coyuntura, el péndulo político no volvió a donde había quedado luego de las elecciones. Antes de las jornadas de diciembre el clima era reaccionario; hoy se encuentra dominado por el debate sobre el derecho al aborto y la crisis social.

Cuando se pinchan los globos

Días atrás el presidente del BCRA, Adolfo Sturzenegger, manifestó que, si la inflación no se moderaba, volvería a subir las tasas de interés (una medida que volvería a tirar para abajo la anémica “recuperación económica”).

En realidad, es el propio gobierno el que con la excusa de “reducir el déficit fiscal”, viene motorizando la inflación vía el aumento de las tarifas. Es mentira la afirmación de Macri de que son “gradualistas” en materia tarifaria[1]. Lo que se busca es una recomposición de las ganancias de los prestadores en detrimento del nivel de vida de los trabajadores.

Como contrapeso al alza inflacionaria el gobierno apuesta a planchar los salarios. De ahí el miserable 15% en cuotas que están firmando los gremios. Mientras se alimenta la inflación vía tarifas y con la devaluación del peso, se intenta contrapesarla con salarios a la baja.

Pero la inflación tiene más causas. Y no sólo económicas sino también políticas: las relaciones de fuerzas imperantes en el país[2]. La derrota del “reformismo permanente” que esbozó Macri luego de las elecciones del año pasado, y que las jornadas de diciembre vinieron a poner en su lugar.

Frustrado en términos “macro” dicho “reformismo” (que, atención, nada excluye que retorne próximamente), el gobierno debe seguir recostado en lo que viene haciendo: financiarse mediante un insostenible endeudamiento externo por 30 o 40 mil millones de dólares anuales (tal cual declaró el propio Caputo, ministro de finanzas del gobierno), la expansión de una base monetaria sideral en pesos (más dinero contra igual o menor cantidad de bienes, es aumento de los precios), etcétera.

En síntesis: un escenario de deterioro económico que fogonea una creciente crisis social.

Un creciente malestar social

El asesinato del chofer de la 620 fue la gota que rebalsó el vaso de la bronca social. Con toda justicia denunciaron a Roberto Fernández como un traidor por negarse a convocar un paro general del gremio; esto más allá que el paro de las líneas del Oeste fue enorme.

El asesinato del compañero fue revelador de las verdaderas condiciones en las que viven los trabajadores en nuestro país. La Matanza y muchas otras zonas del gran Buenos Aires, son un verdadero “far west” donde impera la marginalidad, la pobreza, la falta de condiciones dignas de vida y trabajo.

Frente a esa situación, los globos de colores de los millonarios que gobiernan la Argentina, que viven de espaldas al país real, estallan cual pompas de jabón. Esta situación es también un evidente alegato contra los k, que gobernaron el país durante 12 años y no impusieron un solo cambio de fondo; solo cuestiones cosméticas.

Rápidamente el gobierno trató de llevar las cosas para el lado de la seguridad, además de hacer responsable a Verónica Magario, intendenta k de La Matanza. Pero si Magario es evidentemente responsable, la cadena de responsabilidades comienza por los propios Macri y Vidal.

Vivimos bajo un gobierno empresarial y caradura que administra el país para los grandes negocios en detrimento de los trabajadores; que no les importa nada las condiciones de vida de los explotados y oprimidos; que viven mintiendo para imponer sus políticas.

En vastas zonas del gran Buenos Aires impera la marginalidad. Asesinar un chofer porque exigió que le paguen el boleto, es algo imperdonable. Pero el problema de fondo es el “crisol social” en el cual se generan estas prácticas, estas conductas: la desocupación de masas, la precariedad laboral, la marginalidad que impera en muchos barrios (con su correlato en el comportamiento de las personas), etcétera: todas lacras de la Argentina capitalista.

Para el gobierno es fácil ir para el lado del punitivismo: se evita así cualquier reflexión y tratamiento de las causas de lo sucedido. Los choferes, lógicamente, exigen seguridad. Pero esta problemática hay muchas maneras de abordarla y resolverla.

Estratégicamente, lo que está planteado es lo opuesto al plan económico del gobierno, es dar vuelta la tortilla, es un plan económico al servicio de los trabajadores donde la crisis la paguen los empresarios: planes de obras públicas, aumento de los salarios reales, prohibición de despidos y suspensiones, estatizar toda empresa que pretenda cerrar o despedir masivamente (caso Carrefour hoy), etcétera.

En lo específico, la alternativa no es ni más policía, ni poner cámaras en las unidades (¡que servirán para vigilar a los propios choferes!). La solución para un régimen laboral de los choferes menos explotador y más seguro, es colocar un segundo trabajador en cada unidad.

En Brasil desde hace décadas impera el régimen de doble personal por unidad. Cualquiera que haya viajado a ese país sabe que el chofer solo se ocupa de manejar y abrir las puertas, y el segundo trabajador de cobrar el boleto.

Demás está decir que, de haber dos trabajadores por cada unidad, el trabajo sería más seguro: se cuidarían la espalda mutuamente.

Pero claro, el gobierno y el empresariado no quiere oír ni hablar de una solución de este tipo: “encarecería los costos” afirman. Lo suyo es chuparle la sangre a los choferes y los usuarios para llenar sus bolsillos.

Macron, Temer y Macri

Respecto de las perspectivas, es interesante hacer un análisis comparado de la situación de estos tres gobiernos. Francia es un país con mucha tradición de lucha donde no se ha vivido ninguna derrota histórica en décadas. El neoliberalismo ha venido avanzando, sí, y ha habido coyunturas muy reaccionarias, pero la tradición de lucha subsiste.

Sin embargo, ahora Macron, que cuenta con una abrumadora mayoría en ambas cámaras, ha salido a atacar al núcleo central de los trabajadores franceses: los ferroviarios. Esto en nombre de una política de shock: de que “lo que no se hace hoy, no se hará mañana”. Una pelea que está en curso y se verá como se salda.

Por su parte Temer expresa el giro a la derecha logrado con el “golpe parlamentario” que echó a Dilma Rousseff. Tiene cero legitimidad; es un caso típico de gobierno de excepción. Sin embargo, cuenta con una amplia mayoría parlamentaria, además de haber logrado encarcelar a Lula (seguramente desmoralizando a una parte de sus partidarios). Su orientación, evidentemente, es de shock.  

¿Cuál es la situación de Macri? A pesar de sus rasgos reaccionarios, es el gobierno más normal de los tres (más democrático-burgués normal). Ensayó un curso más reaccionario y de excepción en el verano. Pero hasta ahora le ha fracasado ese camino.

Argentina, como Francia, tiene enorme tradición de lucha. Y más allá de la derrota histórica de la dictadura militar, de ahí a esta parte, con idas y venidas, bajones pronunciados en los años ’90, y recuperación a partir del 2001, no ha habido otra derrota general.

Macri no cuenta con mayorías parlamentarias y viene de una derrota –un triunfo pírrico- en las jornadas de diciembre. Nada de esto significa que no ensaye duras ofensivas; que no sea un gobierno agente directo del empresariado embarcado en un proyecto de racionalización neoliberal del país.

Parte de esta dureza es su política para conflictos como el del Posadas, donde la orientación oficial en complicidad con la burocracia verde, es la persecución ideológica del activismo independiente.

En todo caso, la comparación sirve para colocar la medida de las cosas. Macron y Temer tienen una orientación de shock. Macri se aferra al “gradualismo” no porque lo quiera, sino porque se escaldó en diciembre cuando intentó ensayar su “reformismo permanente”.

El péndulo de la lucha de clases va y viene. La orientación de esperar al 2019, como pregonan los k, es una trampa. El ajuste hay que derrotarlo ahora.

¡El 1ª de Mayo todos al Congreso!

La tregua eterna de las direcciones sindicales implica dejar aislados a los trabajadores y trabajadoras de Rio Turbio, del INTI, del Posadas, de Cresta Roja, etcétera: el gobierno los deja en el limbo, no los atiende, no da respuesta, apuesta al desgaste y que pase el ajuste.

Junto con los despidos hay un elemento específico que caracteriza a estos conflictos, como acabamos de señalar: la caza de brujas del activismo.

Esto es lo que está ocurriendo en el Posadas cuando se acaba de anunciar que todos los integrantes de la lista opositora “Unidad de los que luchan”, así como del STS, se les “vence el contrato” a finales de junio…

Se trata de una acción escandalosa propia de una dictadura militar: ¡la persecución ideológica de toda la oposición antiburocrática!

Esto no se puede dejar pasar. El próximo Primero de Mayo debemos levantar un palco de privilegio para el Posadas, para los mineros de Turbio, para los luchadores del Inti, para las agrupaciones combativas del movimiento de mujeres como Las Rojas, para defender una perspectiva internacionalista que arranca hoy por la pelea por libertad a Lula y por la independencia política de los trabajadores.

Todas estas batallas planteaban la necesidad de levantar una tribuna unitaria el martes 1º. Pero una vez más el FIT se ha negado a hacer un acto en común. Esto incluso cuando este año no hay elecciones; lo cual debería ser un factor que facilite las cosas.

Pero no: el FIT ya está en la campaña para el 2019, sigue siendo una cooperativa electoral. Y no tiene ninguna intención de ir más allá. Mientras tanto, las peleas cotidianas de los trabajadores, las mujeres y la juventud, siguen dispersas. Y cuando es necesario ofrecer una alternativa unificada a la tregua eterna de las direcciones, el FIT solo se mira su pequeño ombligo.

Izquierda al Frente por el Socialismo ha salido ya a instalar con todo nuestro acto en Plaza Congreso. El mismo se realizará a partir de las 15 horas. Al mismo tiempo, por la mañana en el hotel Bauen, realizaremos el plenario de fundación de nuestra “Corriente sindical 18 de diciembre”, en el que esperamos una importante asistencia de trabajadores clasistas de todo el país.

Con estas dos tareas en mente, y cuando se vuelve a dinamizar la coyuntura, nuestra militancia con todo sale a militar ambos eventos; a dar un nuevo salto en la construcción de nuestro partido al calor de estas batallas.

[1] Se abrió una crisis con Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza y presidente de la UCR, que, reflejando el aumento de los costos de los productores de su provincia, salió a diferenciarse del “shock tarifario” del gobierno.

[2] Sobre la base material de la baja productividad de la economía nacional las relaciones de fuerzas como factor político pesan en la medida que el gobierno no puede llevar el ajuste tan lejos como quisiera.