La Justicia impugna la candidatura de Lula para imponer un fraude electoral

Hay que enfrentar en las calles este ataque a los derechos democráticos

Antonio Soler, 2 de septiembre

En la madrugada de ayer, el Tribunal Superior Electoral (TSE) impugnó la candidatura de LuizInácio Lula da Silva por 7 votos contra 1. Esta decisión, que no tiene nada de técnica, ratifica la prisión de Lula sin pruebas y el ataque a los derechos democráticos de la mayoría del pueblo a decidir. Por esta razón, debe ser ampliamente combatida por todos los que defienden los derechos democráticos, por la izquierda en general y, particularmente, por el PSOL y todas sus candidaturas.

La mayoría de los votos contrarios al registro de la candidatura del expresidente, impidiendo su presentación electoral, se basan en la ley de “Ficha Limpia”[1]. El único voto a favor de la elegibilidad de Lula se hizo recurriendo al argumento de que la posicióndel Comité de Derechos Humanos de la ONU favorable a Lula tendría efecto vinculante y, por lo tanto, debería ser acatada por la justicia brasileña.

Pero más allá de las cuestiones técnico- jurídicas, la condena a Lula, su prisión, y ahora la impugnación están al servicio de la ofensiva reaccionaria contra la clase trabajadora. La decisión del TSE deja en claro de qué lado están los tribunales de Justicia en Brasil. Ciertamente que no lo es del lado de la amplia mayoría del pueblo.

A pesar de ser esperada, la decisión del TSE de impugnar a Lula tiene un impacto profundo sobre los derechos democráticos y sobre el proceso electoral en curso. Ésta decisión ratifica el fraude electoral que se avecina, pues impide la inscripción electoral de un candidato condenado sin pruebas que tiene una amplia mayoría en la intención de voto (39% según las últimas encuestas), y que su votación traduzca electoralmente parte importante del amplio rechazo popular a las contrarreformas de Temer. Y además, por más que parte de los votos de Lula (cerca del 30%) se trasladen al candidato del PT (Haddad) y a un sector de la izquierda, con Lula fuera del comicio, la extrema derecha (Bolsonaro) se pone al frente de la carrera electoral y aumentan sus chances de ir a la segunda vuelta de las elecciones y hasta de ganar las elecciones.

No podemos dejar de apuntar la corresponsabilidad de Lula, el PT y de toda la burocracia política y sindical sobre esta impugnación electoral y sobre el conjunto del avance de las fuerzas reaccionarias. Las decisiones políticas de gobernar con la clase dominante, de desmovilizar a la clase trabajadora y de no hacer reformas democráticas, permitieron la ofensiva reaccionaria en curso. De este modo, no podemos dejar de denunciar que las decisiones de Lula y de la burocracia contribuyeron de forma decisiva para que los tribunales ataquen el derecho democrático e inalienable de la mayoría del pueblo a decidir quién gobernará el país[2].

Pero tampoco podemos perder de vista las proporciones y las diferentes escalas de responsabilidad sobre este proceso. A pesar de que la burocracia es corresponsable por la actual situación política al apostar sistemáticamente a la conciliación en detrimento de las luchas y de los intereses de los trabajadores, el gran capital, los partidos tradicionales de la clase dominante y los altos extractos del estado burgués son los responsables directos por el proceso de «bonapartismo»del régimen, que tiene en la impugnación de la candidatura de Lula un capitulo muy importante. 

Exigir a la burocracia que movilice y presentar una alternativa política

Por las razones expuestas, a diferencia de la perspectiva sectaria de una parte de la izquierda socialista, dentro y fuera del PSOL, hay que denunciar con todas las fuerzas que la impugnación de la candidatura de Lula es un ataque al derecho democrático del pueblo a decidir, con el objetivo de crear las mejores condiciones políticas para descargar nuevos ataques contra la clase trabajadora. Pero, más allá de la izquierda sectaria, que no ve un palmo delante de la nariz, también necesitamos precisar la línea política en nuestro partido, el PSOL.

Como la impugnación de la candidatura de Lula es un enorme ataque a la soberanía popular, no podemos restringirnos a la «solidaridad» con el ex presidente, como ha hecho la dirección del partido, Boulos e incluso un importante sector de la izquierda del partido. ¡Hay que ir mucho más allá!

Estamos ante un ataque reaccionario al derecho democrático de decidir tan grave o peor que el Impeachment a Dilma. Por eso, no podemos tener una postura formal ante esto, seguir con la vida y las elecciones como si nada hubiera pasado, como pretende el PT, Lula y sus aliados. En las encuestas de intención de voto, en el diálogo y en las luchas cotidianas se manifiesta que la amplia mayoría del pueblo repudia la ofensiva reaccionaria y no quiere elegir un gobierno que sea la continuidad de Temer, o algo peor. No podemos esperar el final de las elecciones para tener una política de movilización en las calles contra los ataques.

Sólo a partir de la exigencia de que el PT movilice contra la decisión del TSE, que ratifica el fraude electoral y que tiene como principal beneficiario al neofascista Jair Bolsonaro, y demostrando disposición práctica a la lucha en las calles, el PSOL puede surgir como una fuerza coherente ante las masas y una alternativa política estratégica. Así, el PSOL, el PCB, el MTST y sus candidatos, empezando por Guillermo Boulos, tienen que superar la postura contemplativa ante el ataque a la soberanía popular y la inercia política del lulismo, que siempre apuesta por la desmovilización de las masas. A diferencia del lulismo, necesitamos apostar por la capacidad de movilización de la amplia mayoría de las masas y exigir que el PT, sus candidaturas y la CUT llamen ya a la lucha concreta a través de actos, días de movilización y huelgas generales contra este y los demás ataques a los derechos democráticos de los trabajadores.

[1]Esa ley impide que los condenados en segunda instancia puedan registrarse ante la justicia electoral.

[2]Incluso después de desalojados del poder, optaron por la desmovilización de los trabajadores tras una poderosa huelga general en abril del año pasado, no lucharon contra la reforma laboral y contra la tercerización, no movilizaron contra la ejecución política de Marielle Franco, contra la intervención militar en Río de Janeiro y un largo etc. Aun más, como último acto de «confianza» en la justicia y en la institucionalidad burguesas, no resistieron efectivamente a la prisión de Lula en abril de este año. Un conjunto de elecciones políticas que permitieron que la clase dominante y sus tribunales llevaran adelante este terrible golpe en la soberanía popular.