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Dic - 13 - 2018

Cuba

Privatización de los ferrocarriles

Por Laui Roja

El 22 de agosto pasado salió a la luz, a través de la Gaceta Oficial No. 42 Extraordinaria, una profunda reforma del sistema ferroviario. Esto se da en el marco de la transición capitalista de la isla, la sucesión tutelada de Raúl Castro y la reforma de la Constitución Cubana.

El asesor del Ministro de Transporte (Mitrans), Edmundo Ronquillo, salió a afirmar en el periódico oficial Granma[[1]] que se trata de un reordenamiento jurídico y legislativo que “puede ser explotado en todo o en parte, por uno o varios operadores ferroviarios, a quienes se les pueden asignar, conforme al modelo de gestión económica, las vías férreas, instalaciones y material rodante; y que puede tratarse de una persona natural o jurídica, nacional o extranjera”.

El Decreto de Ley número 348 contempla que “ARTÍCULO 9. Explotación del ferrocarril. En interés de su mejor y más racional explotación, un ferrocarril puede ser explotado u operado por uno o varios operadores ferroviarios.” (Artículo 9, Gaceta Oficial No. 42 Extraordinaria)

Por primera vez en 60 años, la isla le abrirá la entrada a capitales extranjeros para poder explotar del recurso ferroviario. Esto afirma cada vez más el curso que votaron en el Congreso del Partido Comunista del año 2011: un curso hacia la restauración capitalista en la isla.

Teniendo en cuenta que si bien coexistían empresas mixtas, sobre todo destinadas al turismo, el ferrocarril estaba plenamente en manos del Estado. En materia de transporte, sólo permitía al servicio de taxi como privado/cuentapropista.

El actual régimen busca cambiar estas coordenadas apostando a una apertura económica privatizadora y simultáneamente a tender lazos con los capitales extranjeros.

La importancia del ferrocarril

Cuba fue el octavo país en poseer ferrocarril con locomotoras de vapor. España tuvo el control de las vías hasta 1898 pasando a ser del capital yanqui. Tras el triunfo de la Revolución Cubana en 1959 fueron nacionalizadas.

Los sectores castristas afirman que ante el colapso económico sufrido por la isla en 1990 –debido al derrumbe de la Unión Soviética– la reforma plantea una “revitalización del sector”, solucionando el mal estado de las vías y la obsolescencia tecnológica de los equipos.

Además, destacan lo importante de resolver la crisis del transporte, ya que en general los cubanos prefieren usar autobuses para viajar medias y largas distancias.

Según el Granma, en la actualidad, la isla posee más de 4.000 kilómetros de vías públicas del ferrocarril (donde transitan en su gran mayoría locomotoras diesel).

Restan además unos 7.000 kilómetros dedicados al transporte de la azúcar, aunque gran parte quedó en desuso tras el desmantelamiento de una gran cantidad de fábricas durante la década pasada.

¿Privatización o “reforma”?

Hace más de un año que el decreto que salió en agosto pasado estaba aprobado por unanimidad en el Consejo de Estado. Pero el presidente de ese entonces, Raúl Castro, prefirió esperar un contexto más apropiado para anunciar esta reforma… que en verdad es un curso privatizador.

Como ya nos tiene acostumbrados, la prensa oficial tampoco dijo nada sobre el tema, a pesar de que el gobierno cubano tenía reuniones con capitales franceses.

A finales de julio, el periódico oficial del PCC centró sus notas en la compra de los equipos que realizaría gracias a un crédito del gobierno ruso y anunció la firma de un “ambicioso proyecto” entre la Sociedad Nacional de Ferrocarriles de Francia y la estatal Unión de Ferrocarriles de Cuba, contando con una inversión de unos 40 millones de euros para “modernizar talleres y recuperar vagones”.

En un contexto de reforma de la Constitución Cubana, que reconoce y legaliza la propiedad privada de los medios de producción bajo distintos nombres donde aparece más o menos maquillada: por ejemplo, “propiedad cooperativa”, “mixta”, “de organizaciones políticas, de masas y sociales”, “personal”… y también en algunos casos “propiedad privada a secas, sin adjetivos que la disimulen”…

Respecto a los ferrocarriles, a partir del mes que viene los capitales extranjeros podrán explotar éstos sin volver a reinvertir en los recursos ferroviales.

Hasta ahora, los emprendimientos extranjeros se encontraban sujetos al principio del “49 por 51”. Es decir, el gobierno cubano se reservaba la mayoría en los paquetes accionarios de las empresas con capital mixto. Pero este reciente decreto, exonera de ese requisito a los capitales extranjeros del sistema ferroviario. La burocracia castrista apuesta a una apertura económica al capital extranjero cualitativamente más amplia, ya que desde ahora podrían ser los propietarios mayoritarios.

El Decreto de Ley número 348 afirma que ARTÍCULO 10.1. “Tercerización en la explotación ferroviaria. Determinadas vías férreas, accesos ferroviarios, material rodante e instalaciones, previa autorización del Ministerio del Transporte o del órgano competente, según corresponda, pueden ser administradas, gestionadas o concesionadas por otras personas jurídicas o naturales no pertenecientes al Sistema Ferroviario Nacional.” (Artículo 10, Gaceta Oficial No. 42 Extraordinaria)

Estas disposiciones permitirán el acceso de capital extranjero a los proyectos de transporte ferroviario en la isla. Para poder lograrlo, se creará un Comité Nacional de Gestión de la Seguridad Ferroviaria, encargado del “control y seguimiento de la gestión”, y el “análisis de las causas directas e indirectas que provocan las afectaciones a la seguridad ferroviaria”.

El castrismo lo anunció con bombos y platillos como un “Proyecto de modernización de los ferrocarriles hasta 2030” con una gran ayuda de los capitales extranjeros.

Estas medidas están en sintonía con el proceso que quiere impulsar el gobierno en la isla: avances mayores en el curso ya iniciado de retorno al capitalismo.


[1] http://www.granma.cu/cuba/2018-08-21/futuro-sobre-rieles-21-08-2018-19-08-32

Por Laui Roja. SoB 498, 13/12/18

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