Por Mer García y Ale Kur

Mientras escribimos esta nota, transcurre el cierre gubernamental (shutdown) de la administración pública yanqui de mayor longitud en la historia del país: ya van 25 días, comenzando desde el 22 de diciembre de 2018. Se trata de un período durante el cual el gobierno suspende todos los servicios públicos a excepción de los considerados esenciales. Los principales perjudicados son los empleados del gobierno federal: 800 mil trabajadores que dejaron de cobrar su sueldo en todo ese período.

El cierre administrativo acontece cuando el presidente veta el presupuesto aprobado por la Cámara de Representantes y la de Senadores. En ese caso, el presupuesto vuelve a las Cámaras, pero si no hay acuerdo posible, se va al cese de todas las actividades estatales. En el caso del cierre del 2018-2019, lo que sucedió es que los representantes demócratas se negaron a votar un presupuesto que incluía grandes sumas de dinero (nada menos que 5700 millones de dólares) destinadas a la construcción del muro que separaría EEUU de México, el cual había sido centro de la campaña electoral xenófoba y racista de Trump.

Hasta hace no mucho tiempo atrás, Trump insistía con la bravuconada de que sería el propio Estado mexicano quien tendría que pagar por el muro. Pero esta ridiculez no resistió la prueba de los hechos, y el mandatario quedó en una encrucijada: o renunciar a su “propuesta estrella”, o descargar sobre los contribuyentes norteamericanos todo el peso del financiamiento. A solo un año de tener que encarar su reelección (en 2020 habrá elecciones presidenciales), con una popularidad en caída y habiendo sufrido una derrota en las “midterms” (elecciones parlamentarias de medio término), el gobierno yanqui parece decidido a tirar toda la carne al asador. Esto significa tensar hasta el final la cuerda política para obtener algún “triunfo” político que pueda mostrarle a su base electoral reaccionaria, inclusive al riesgo de hacer estallar el país.

El shutdown gubernamental se trata de un ataque doblemente criminal contra los trabajadores y los sectores populares. Por un lado, porque deja en una situación desesperada a casi un millón de empleados estatales, que a diferencia de los millonarios como Trump, viven día a día con lo justo, con escasos o nulos ahorros. Gran parte de su salario se ve devorado mensualmente por el pago de alquileres o hipotecas, por los costos del seguro de salud, del acceso a la educación, etc.

Por otra parte, el shutdown es criminal porque su objetivo es profundizar el carácter de EEUU como una fortaleza que excluye, persigue y deporta a miles y miles de personas que migran al país buscando una salida a la situación de miseria económica en la que están sumidas. Miseria que, por otra parte, no deja de ser consecuencia (en gran parte) de la propia política imperialista de los EEUU sobre América Latina, que durante siglos hizo todo lo posible para bloquear cualquier atisbo de desarrollo independiente de la región –considerada por el imperialismo yanqui como su patio trasero.

Más allá de todo lo anterior, a partir de la segunda semana del cierre, éste ha comenzado a traer consecuencias catastróficas inclusive para la propia economía norteamericana: por cada semana de cierre, se pierden 1,2 mil de millones de dólares de PBI.

Las consecuencias de todo este capricho van más allá de eso: hay 40 mil audiencias de inmigración puestas en pausa. Además, el gobierno de los EEUU mantiene una gran parte de sus trabajadores precarizados en la forma de contratistas. Estos contratistas no recibirán recompensa económica alguna cuando termine el cierre e incluso muchos están aplicando para recibir el seguro de desempleo del gobierno.

Es hora de que los distintos sectores de afectados por este cierre tomen acción para acabar con la política anti migratoria, fascista y ajustadora de Trump. Es necesario que los trabajadores estatales, los inmigrantes y todos los sectores populares se unan y tomen las calles con fuerza para poner fin a esta crisis de magnitudes nunca antes vista. Sólo la unidad de los trabajadores y oprimidos puede poner fin a las nefastas políticas de Trump.

Los docentes de Los Ángeles marcan el camino

En otro acontecimiento separado (pero parte de una misma coyuntura política), 30 mil docentes de la ciudad de Los Ángeles se lanzaron a la huelga por primera vez en tres décadas, y miles de ellos se encuentran participando en enormes movilizaciones. La medida se impuso luego de meses de negociaciones fallidas en las que los docentes exigían una recomposición salarial, así como mejores condiciones de trabajo (una mejor proporción entre cantidad de docentes y de alumnos, permitiendo clases más pequeñas).

La huelga de Los Ángeles es la culminación de un proceso iniciado el año pasado, por la cual se desataron importantísimas luchas docentes en Virginia Occidental, Arizona, Oklahoma y otros estados. Este tipo de movimientos huelguísticos y de protestas multitudinarias de trabajadores no son nada habituales en los EEUU: por el contrario, su irrupción en la escena política es toda una novedad. Se trata de un proceso de un enorme potencial político: el ingreso a la palestra de sectores orgánicos de la clase trabajadora puede ser decisivo para inclinar la balanza contra el gobierno de Trump y hacer girar la situación hacia la izquierda.

En particular, Los Ángeles se trata de la segunda ciudad más poblada de los EEUU, y es uno de sus principales centros en importancia política y económica. Es parte del estado de California, en el que se concentran industrias muy estratégicas de alta tecnología, así como una juventud muy dinámica y de fuerte sensibilidad progresista. Si se desarrollara un proceso de radicalización política de las ciudades californianas, esto sería un factor enormemente revulsivo, que podría cambiarlo todo en la principal potencia del planeta. A esta perspectiva (y a su imitación en el resto del país) hay que apostar hasta el final.