Por Graciela Mora Padilla

Actualmente, en Costa Rica el aborto sólo está permitido en caso de peligro para la vida o la salud de la mujer. Este procedimiento se encuentra estipulado en el artículo 121 del Código Penal y es lo que se le llama aborto impune (comúnmente conocido como aborto terapéutico). En el resto de casos está penado entre prisión de 3 a 10 años. Sin embargo, no existe una norma técnica para que el personal de salud pueda otorgar este derecho a quienes así lo requieran. Casos como el de Ana y Aurora hacen resonancia cuando se habla del tema, ya que debieron sufrir una experiencia con mucha violencia física y psicológica, al tener que culminar embarazos cuyos productos eran incompatibles con la vida extrauterina.

Carlos Alvarado, actual presidente de Costa Rica, realizó como promesa electoral firmar la norma técnica que garantice el aborto impune, pero hasta el momento no lo ha realizado y él mismo declaró que no es un asunto de prioridad para su “gobierno del bicentenario”, usando nuestros cuerpos, una vez más, como moneda de cambio con los sectores conservadores y fundamentalistas que se oponen a garantizar los derechos de las mujeres. Carlos Alvarado debe entender que no es la exigencia de un derecho extraordinario, sino que el Estado está en la obligación de garantizar nuestros derechos en todas las dimensiones de nuestra existencia.

Por esto, desde Las Rojas y el Nuevo Partido Socialista recalcamos que el movimiento feminista debe continuar en las calles en lucha contra el gobierno y el fundamentalismo en exigencia por la firma inmediata de la norma técnica que garantice el aborto impune con los más altos estándares médicos y de derechos humanos, así como el derecho al aborto libre, legal, seguro y gratuito.

De esta manera, participamos del movimiento Aborto Legal Costa Rica, también nos sumamos a campañas y luchas para exigir este derecho. También, recientemente, lanzamos la campaña de firmas para exigir al gobierno que deje de postergar la firma de la norma técnica y así, con organización y movilización, velar para que se salde esta deuda histórica del Estado costarricense con las mujeres.

Consideramos que la firma de la norma técnica es una reivindicación democrática progresiva, y por eso desde Las Rojas y el NPS la asumimos a fondo, aunque represente sólo un avance muy restringido. Es necesario que el aborto impune y el aborto legal, seguro y gratuito sea reclamado por el movimiento de mujeres por medio de la lucha en las calles con independencia del gobierno, pues es claro que Alvarado (con la ayuda de Patricia Mora) lo que apuestan es por cooptar y tranquilizar al movimiento de mujeres con la firma de la norma técnica, presentándola como una concesión desde arriba e invisibilizando la presión del movimiento de mujeres desde abajo.

Igualmente, es un error no luchar por la norma técnica para garantizar el aborto impune, alegando que no es aborto legal, seguro y gratuito, pues es una ubicación sectaria y, además, que en los hechos se coloca a la derecha, al lado de la política que sostienen los sectores fundamentalistas. La discusión de la firma de la norma técnica es un debate objetivo, instalado por el mismo movimiento feminista pero usado por el gobierno de Alvarado-Piza para negociar  con los sectores conservadores, y no se puede simplemente no tener política hacia el mismo.

Por lo anterior, llamamos a ser parte de la lucha tanto por la Firma de la Norma Técnica que garantice el Aborto impune, como por el Aborto libre, legal, seguro y gratuito. No como dos exigencias excluyentes sino como dos derechos que deben de ser garantizados, es un compromiso del Estado de salvar las vidas de las mujeres y de garantizar nuestro derecho de decidir sobre nuestros cuerpos.