Por Mauricio Cedeño Camacho

Este 2019 trajo como novedad  la inauguración y entrada oficial en funciones de los puertos de APM Terminals, en el Caribe costarricense. Para el gobierno del Partido Acción Ciudadana (PAC), como defensor de la agenda neoliberal en el país, la apertura de funciones de APM Terminal fue celebrada con “bombos y platillos”, y sus figuras neoliberales presentan la concesionaria portuaria como el motor para la eficiencia y modernización en la infraestructura portuaria de Costa Rica.

Sin embargo, la provincia caribeña ve una vez más como se convirtió en la moneda de cambio del PAC. La clase trabajadora limonense fue trasquilada y sentenciada a la miseria una vez más. Década tras década, y administración tras administración, Limón sigue representando la contradicción de ser una zona rica en recursos naturales, con atracción turística y además ser la entrada al país de toda la riqueza de la burguesía costarricense, todo ello en contraste con ser la provincia con menor distribución de esa riqueza que manufactura para el resto de la región, generando una seria crisis laboral, educativa, de seguridad y de acceso a la salud. El “desarrollo” del resto del país entra por Limón, pero pasa lejos de la provincia.

Desde el Nuevo Partido Socialista (NPS) denunciamos que APM Terminals es la cara de la nueva estafa a la clase trabajadora limonense. En este proceso de privatización el gobierno utilizó a los trabajadores como carne de cañón. Para posibilitar la privatización se liquidó a parte de la planilla de JAPDEVA en condiciones “privilegiadas”, según el gobierno.  Es decir, se liquidó a los trabajadores con 20 salarios mínimos, a diferencia de los 13 salarios más indemnización a los que tendría derecho cualquier otro trabajador del Estado[i]. Sin embargo, la medida establecida por el gobierno y ciertamente consensuada por la burocracia sindical, no fue más que un parche para la crisis que APM Terminals desataría en la región. Salir liquidado con más dinero no garantiza la estabilidad de la clase trabajadora en un lugar donde se está condenado al desempleo. El dinero se agota y la posibilidad laboral es escasa. Como si fuera poco, las condiciones laborales de quienes se quedaron trabajando en Japdeva se precarizaron en todo aspecto posible, se aumentaron las jornadas laborales de ocho a doce horas, y esto en detrimento del salario en una baja promedio de la tercera parte de los salarios devengados actualmente. Es decir, se gana la tercera parte de los que se ganaba antes y con jornadas más largas.

Y aunque sea difícil de creer, la crisis de la clase trabajadora en la provincia caribeña no termina ahí. Con la apertura de la concesión portuaria se vino una oleada masiva de despidos que solo engrosará la cifra, ya alarmante, del INEC del 12% de desempleo en la región Huetar Caribe. “Ahora, desde la entrada en operación de la megaterminal, empresas privadas como Dole, Chiquita Brands y Servinave han optado por cerrar departamentos en las sedes del Caribe durante los primeros meses del año, bajo el alegato de que la terminal sustituirá parte de las labores que ellos realizaban”[ii]

Eso se traduce en la pérdida de al menos 470 empleos directos de esas empresas, además de otros tantos empleados indirectos que generaban  esas operaciones en la región. Casi 500 empleos se perdieron en menos de tres meses de operaciones. Y la paliza continua, porque ahora Japdeva enciende las alarmas del cierre técnico porque sufrió cambios considerables como se temía, con nada menos que la pérdida del 70% de la carga comercial que recibía en el pasado.

Ante el ambiente de crisis en la provincia, Carlos Alvarado “alineó” a Andrea Centeno, una limonense, para estar al frente de JAPDEVA. Está demás decir que su discurso es prácticamente resignatario y apela a la adaptación de JAPDEVA a las operaciones de la nueva terminal. También, “durante los últimos meses, representantes de la provincia, líderes sindicales y trabajadores han sostenido encuentros con el Gobierno bajo una iniciativa llamada “Mesa Caribe” integrada por representantes de la sociedad civil, empresa privada, instituciones y organizaciones apuntando a atender los problemas de Limón”[iii] en un ambiente de pesimismo e incertidumbre. Por eso, desde el Nuevo Partido Socialista (NPS) exigimos derogar la concesión de APM Terminals y que se retome la administración real de los puertos por parte del Estado.  

[i] https://www.teletica.com/search/results/?Query=japdeva nota del 19 de abril.

[ii] Cordero P. Monserrat, Valverde Rita. (02 de abril 2019)  Limón: Una olla de presión al límite. Semanario Universidad.

[iii] Ídem.