Por Graciela Mora Padilla

El próximo 01 de julio entra en vigencia la nueva Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, conocido como Plan Fiscal. El cambio más significativo de esta nueva Ley es la sustitución del Impuesto de Venta por el nuevo Impuesto de Valor Agregado (IVA), que mantiene en 13% la tarifa más alta para gravar el consumo de todo tipo de bienes y servicios (con algunas excepciones).

Dentro de los servicios que fueron exonerados se encuentra el consumo mínimo de energía y agua, sin embargo, dentro de la redacción no se incluye los rubros fijos relacionados a los servicios residenciales, como la tarifa hídrica, alcantarillado sanitario, hidrantes y alumbrado público. Esto significa que, a pesar de que no se aplicara el IVA al consumo, en los hogares se pagará por los otros servicios, lo que ocasionará un aumento significativo en los recibos de agua y luz. 

Según datos de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), un usuario que consuma el máximo de agua exonerada (30 m³) tendrá un aumento de ₡1.402 en su recibo debido a la aplicación del impuesto en esos otros rubros fijos. En el caso de la electricidad el aumento rondaría los ₡861 para una residencia que consuma 280 kWh.^[1]

Todo esto genera un ajuste a costa del bolsillo de la clase trabajadora, dado que estas medidas afectan las familias con menores recursos y siguen en función de proteger los intereses empresariales. Mantener la idea de que para resolver el déficit fiscal, crisis ocasionada por el empresariado, toda la población debe “colaborar”, es continuar en función de los intereses de las grandes patronales para la acumulación de su capital.

La política neoliberal del gobierno del bicentenario está por seguir ajustando el bolsillo de la clase trabajadora y proteger las ganancias e inversiones de los empresarios, banqueros y exportadores. El efecto de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas no es lineal, al profundizar en su integralidad se entiende que será un golpe a las familias y personas en condiciones de mayor vulnerabilidad.

Desde el Nuevo Partido Socialista consideramos que la salida debe ser anticapitalista desde la unidad de luchas, principalmente la unidad de la clases trabajadora del sector público y privado, para enfrentar de manera unificada cada uno de estos ataques y exigir que la crisis fiscal la pague el gran capital.

^[1] http://www.monumental.co.cr/2019/06/10/iva-exonero-consumos-minimos-de-agua-y-energia-sin-tomar-en-cuenta-costos-asociados-esas-facturaciones/