En las últimas semanas, se hicieron públicas una serie de denuncias por parte de estudiantes, exestudiantes y egresadas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR) contra el catedrático Mainor Salas. Las denuncias hacen referencia al acoso sexual que el profesor ejerció sobre ellas.  Según expresa una de las denunciantes al SEMANARIO, ella presentó en el 2014 una denuncia ante la Comisión de Hostigamiento de la Universidad de Costa Rica (UCR), por la cual Salas fue sancionado en agosto del 2015 con ocho días de suspensión y luego se reincorporó.

Por otro lado, semanas antes, circuló por medios de comunicación y redes sociales  la noticia con respecto a la existencia de tres denuncias ante la Fiscalía contra el psicólogo Carlos Garita Arce, profesor interino de la Escuela de Psicología de la UCR, por presuntos actos de violación contra pacientes que atendía en el Hospital Psiquiátrico Roberto Chacón Paut. Ante la demanda del estudiantado de retirar a Garita de su cargo como docente, la institución respondió que las denuncias deben ser analizadas por el Ministerio Público y ventiladas en los Tribunales de Justicia y que la UCR puede aplicar su normativa cuando las denuncias hayan ocurrido en el ámbito universitario, por ende el profesor Garita Arce no puede ser sancionado.

Estos hechos evidencian, una vez más,  que la institución aun con su discurso de “cero tolerancia” mantiene su estructura patriarcal en aras de proteger a los abusadores sexuales, porque estas acciones, bajo un discurso de legalidad, fortalecen todas las dinámicas nefastas de violencia de género.

En el caso de las denuncias contra Mainor Salas se señala que los insultos, frases obscenas y proposiciones sexuales eran recurrentes, aquí es importante entender que la violencia que inicia desde las palabras con frecuencia puede converger con manifestaciones físicas, aproximaciones intrusivas y tocamientos.  Por ello, nos parece que sancionar solamente con 8 días de suspensión, como falta grave evidencia un vacío en la normativa contra el hostigamiento sexual, por ello es preciso organizar un movimiento de mujeres universitario que exija al Consejo Universitario la reforma para que este reglamento mejore en muchos aspectos, entre ellos, un aumento en las sanciones, para garantizar que no haya ninguna impunidad de los agresores.

La presencia del acoso y abuso sexual en la institución no es consecuencia de la falta de denuncias legales, al contrario las denuncias no se dan por la falta de confianza a un centro educativo que mantiene y defiende, principalmente catedráticos, a profesores o funcionarios con un perfil de acosador o abusador. Si vemos las estadísticas, en 21 años la UCR sancionó a 68 funcionarios por situaciones de hostigamiento sexual, y solamente 12 casos de despido.[i]Ante una sanción mínima, como lo es 8 días de suspensión, ocasiona preocupación y hasta impedimento de que la persona denunciada pueda continuar en la universidad al sentir temor de que haya represalias contra ella, aun cuando tenga el apoyo psicológico y legal del equipo interdisciplinario.

Este temor es recurrente en las personas para acudir a la denuncia legal, lo cual se denota en el número de denuncias, sin embargo, por medio de campañas y la organización de mujeres en el campus se ha evidenciado que los hechos son más comunes de los  representados en esos números.

En el caso de Garita Arce, es lamentable que la institución y la escuela respectiva se limite a una legalidad que protege al denunciado y le da la espalda a sus víctimas y estudiantes en general, colocándoles como posibles víctimas potenciales.

Desde el NPS, Las Rojas y Ya Basta repudiamos todos hechos de violencia patriarcal que vienen a afectar a la comunidad universitarias, es hora de que los abusadores y acosadores sexuales salgan de nuestras aulas, oficinas y campus en general.

Extendemos toda nuestra solidaridad con las denunciantes de estos casos, recalcamos su valentía de enfrentar a toda una estructura patriarcal. Destacamos a toda la organización feminista que se ha puesto al frente de esta lucha contra el patriarcado.

Es importante una organización de las mujeres universitarias constante para continuar en pie de lucha contra todo este tipo de violencia inmersa en la institución, y exigir justicia para las denunciantes y cárcel para los abusadores sexuales. Además, debemos exigir la atención inmediata a estas denuncias para que se tomen medidas contundentes, en primer lugar, separar de su cargo a todos los funcionarios con un proceso investigativo abierto para no exponer a estudiantes a una posible situación de violencia.

Una organización y lucha de las mujeres universitarias en contra del acoso debe ser también asumida por todo el movimiento estudiantil: FEUCR, asociaciones estudiantiles, CSE y las diferentes organizaciones, para respaldar y sumar acciones de presión. En conjunto, se debe exigir a las autoridades correspondientes que se asuma como emergencia institucional la problemática del acoso sexual y con ello prontas acciones.

Asimismo, es necesario que la UCR y autoridades encargadas, tomando en cuenta la participación del estudiantado, funcionarios y docentes, realicen una reformulación del reglamento sobre el hostigamiento sexual y atender los vacíos y deficiencias que este tiene. Las campañas para fomentar las denuncias son importantes, sin embargo, los recursos no se deben limitar a eso, sino profundizar en la investigación y detección de posibles acosadores y abusadores que mantenga la institución. Además, en las sedes regionales se requiere la descentralización de los procesos de denuncia y atención al estudiantado para estos casos, ya que ante un hecho de acoso o abuso sexual requieren acudir a la sede de Rodrigo Facio para denunciar ante la comisión de hostigamiento y realizar todo el proceso de atención psicológica y legal, esto les demanda más tiempo, recursos económicos y un desgaste mayor emocional.

¡Cero impunidad a los abusadores!

¡Fuera el patriarcado de nuestro campus!

[i]https://semanariouniversidad.com/ultima-hora/ucr-despidio-solo-a-12-de-67-funcionarios-sancionados-por-acoso-sexual-en-21-anos/