Apuntes de caracterización de la situación nacional
Por Víctor Artavia
En los últimos meses los noticieros no paran de brindar cifras alarmantes sobre los despidos, la precarización laboral de la juventud con los trabajos informales (al estilo UBER y similares) y el inminente aumento en el costo de la vida con la entrada en vigencia del impuesto al valor agregado (IVA). Estos son síntomas de la profunda crisis del modelo de desarrollo capitalista en el país, lo cual se combina con una creciente polarización política.
La crisis del modelo de exportaciones
El desempleo y el trabajo informal son un reflejo de la debilidad estructural del capitalismo costarricense para la generación de empleo. Desde hace varias décadas, la burguesía costarricense (acatando los mandatos neoliberales del Consenso de Washington) apostó al modelo de exportaciones, lo cual devino en una reconversión productiva del país donde sectores como la agricultura, comercio y manufactura local se vieron afectados. En contraposición se optó por desarrollar una economía de servicios que tiene muy pocos encadenamientos productivos con la economía local, algo elemental para dinamizar la economía en su conjunto.
Esto es lo que el Informe sobre el Estado de la Nación (IEN) denomina un desacople entre la vieja y la nueva economía, el cual tiene fuertes consecuencias para la clase trabajadora del país, pues el Estado y los gobiernos de turno destinan enormes recursos para promover las empresas ligadas al mercado externo, las cuales generan muy pocos empleos (aunque son mejor pagados al requerir más calificación) y dejan sin perspectiva de mejora a cientos de miles de personas desempleadas.
De un total de 1.172.000 personas con trabajo formal en el país, solamente 160 mil corresponde a empleos generados por el régimen de Zona Franca (de los cuales 54 mil son indirectos). Pero sólo en el comercio (uno de los sectores que más emplea en el país) en los últimos cinco años se perdieron 82 mil empleos, es decir, la mitad de los que generan las Zonas Francas[1].
Esto denota la apuesta absurda de las élites burguesas costarricenses que, en campañas electorales y medios de prensa, no se cansan de repetir que la solución para los problemas económicos del país consiste en atraer inversión extranjera, algo que no se corresponde con la realidad. En casi cuarenta años de neoliberalismo en Costa Rica (si lo datamos desde el gobierno de Monge en 1982) los trabajos de Zona Franca apenas representan el 13,7% de los empleos formales (incluyendo los trabajos indirectos).
Esto, combinado con la crisis económica internacional que arrancó en 2008, explica el aumento del desempleo en el país en los últimos diez años, llegando a niveles históricos en el primer trimestre del 2019, cuando la tasa de desempleo del país fue del 12%, lo que en términos absolutos significa que 276 mil personas no cuentan con un trabajo para sobrevivir.
Pero estos números solo reflejan una parte de la crisis del desempleo en Costa Rica, pues muchas de las personas expulsadas del mercado laboral optan por realizar trabajos informales para sobrevivir. De acuerdo a los datos del Instituto de Estadísticas y Censos (INEC), más de un millón de personas en el país son trabajadores y trabajadoras informales, es decir, el 46% de las personas ocupadas.
¡La crisis fiscal es responsabilidad del gran capital!
Por otra parte, el modelo de exportaciones no tiene viabilidad desde el punto de fiscal, pues su lógica consiste en exonerar de impuestos a los sectores más ricos, lo cual tiene relación directa con el déficit fiscal, como explicaremos a continuación.
El país tiene una estructura tributaria regresiva y antidemocrática, pues alrededor del 70% de los ingresos fiscales corresponden a impuestos indirectos o al consumo (9,1% con respecto al PIB), mientras que solamente un 30% es producto de impuestos directos al capital (4,1% con respecto a PIB). ¡En Costa Rica los que tienen más pagan menos y los que menos tienen pagan más!
Además, de acuerdo a datos del IEN, la evasión y elusión fiscal representa un 8,2% del PIB y, sólo el incumplimiento de las empresas en el pago del impuesto de renta, es del 5,8% del PIB (recordemos que el déficit fiscal fue del 6% del PIB en diciembre del 2018).
Aunado a esto, la administración de Carlos Alvarado no pierde oportunidad para reiterar que gobierna para los de arriba. Para muestra un botón: con el plan fiscal recientemente aprobado, a la vez que aplica impuestos para la clase trabajadora, no tiene reparo en recetar amnistías tributarias por 194 mil millones de colones, siendo que un 90% de ese monto corresponde a 25 grandes empresas[2]. ¡Este monto es equivalente a lo que pretende cobrar el gobierno con el IVA en los próximos seis años!
Si los grandes empresarios fueran obligados a pagar los impuestos de ley (que evitan con la evasión y la elusión fiscal) no habría déficit fiscal; además suprimiendo los privilegios fiscales se recaudaría otra enorme cantidad de dinero. Pero los gobiernos de turno no se molestan en hacer esto, sino que apuestan por ajustar al pueblo trabajador y endeudar al país con préstamos internacionales, para seguir justificando más medidas de ajuste fiscal.
Polarización y reactivación de las luchas
En este contexto de crisis, el país experimenta una polarización política que no se veía hacía mucho tiempo. La campaña electoral reflejó esto con el ascenso de la derecha reaccionaria/conservadora de los partidos evangélicos; pero también la huelga contra el plan fiscal expresó esta polarización, pero en esta ocasión con una lucha desde abajo contra el ajuste del gobierno del PAC.
Nuestra perspectiva es que la situación de polarización va persistir a lo largo del actual gobierno, pues la administración Alvarado tiene un perfil anti-obrero y provocador, necesario para recargar el costo del ajuste fiscal sobre los hombros de la clase trabajadora mediante impuestos indirectos, supresión de conquistas laborales y recortes a las instituciones estatales (como ya se anuncian con la regla fiscal).
Por eso, aunque en los últimos meses hubo un retroceso de los movimientos de lucha producto de la derrota en la huelga contra el Combo Fiscal, en semanas recientes se desarrollaron luchas en diversas partes del país, cuyo primer síntoma fueron las huelgas de estudiantes de secundaria, así como otras protestas en la Universidad de Costa Rica (UCR). A todo esto se suma la huelga en curso de la APSE en defensa del derecho a huelga y otros proyectos ajustadores que están en corriente legislativa.
Por lo anterior, caracterizamos que hay una transición hacia una coyuntura con reactivación de las luchas, pues hay un hartazgo generalizado con las políticas de ajuste del gobierno, el desempleo y el trabajo informal, el aumento en el costo de la vida (más con la entrada en vigencia del IVA) y los recurrentes casos de corrupción en la Asamblea Legislativa y Casa Presidencial, entre otras cosas.
La Costa Rica del bicentenario: más neoliberal y menos “social”
El ajuste del gobierno y las cámaras patronales implica modificar hacia la derecha las relaciones de fuerzas entre las clases sociales en el país, impulsando contrarreformas contra muchas conquistas sociales y laborales. El proyecto del bicentenario de la administración Alvarado consiste en rediseñar el marco jurídico del país en clave neoliberal, vaciando de contenido el llamado “estado social de derecho” para dejarlo en un simple “estado de derecho” más afín a los intereses del gran capital.
En este proyecto entra la reforma fiscal (que no terminó con el Combo Fiscal), la anunciada contrarreforma a las pensiones, el ataque al financiamiento de las universidades públicas, el desmantelamiento de instituciones estatales (como JAPDEVA o el ICE), etc.
Para esto cuenta con toda la maquinaria del Estado burgués, empezando por la Asamblea Legislativa, la cual es una verdadera cueva de corruptos, misóginos y conservadores desde donde salen los ataques más reaccionarios contra las universidades públicas, los derechos laborales y de las mujeres. Pero también hay que sumar el Poder Judicial y, en especial, la Sala Constitucional, órgano que juega un papel fundamental para legitimar los proyectos centrales de la agenda burguesa y neoliberal (años atrás hizo lo mismo con la reelección y el TLC); por ejemplo, recientemente fue pieza clave para avalar el plan fiscal y actualmente está declarando inconstitucionales gran cantidad de convenciones colectivas denunciados por el ex-diputado Otto Guevara.
El giro a la derecha de Villalta y el Frente Amplio
En este marco, las corrientes de izquierda tenemos que impulsar la profundización y politización de los procesos de lucha, apostando a la unidad de los de abajo contra los ataques de los de arriba, algo determinante dado la inercial fragmentación de las luchas por sectores y el papel divisionista que juegan las dirigencias sindicales burocráticas, las cuales anteponen sus disputas de aparato a los intereses generales de la clase trabajadora. Nuestro objetivo es cuestionar la gobernabilidad de Carlos Alvarado como representante del gran capital, la cual ejerce al lado de figuras burguesas como Rodolfo Piza, Edna Camacho, Rocío Aguilar y André Garnier; los partidos de izquierda tenemos que aportar para que los sectores explotados y oprimidos identifiquen al gobierno como el enemigo contra el cual hay que luchar de forma unificada.
Por esto es nefasta la política colaboracionista del Frente Amplio (FA) con el gobierno, reflejado en la participación de Patricia Mora como ministra, o la posición de José María Villalta alegando que no había que oponerse a todo lo que planteaba el gobierno[3]. Antes que posicionarse como un partido de izquierda que cuestiona al gobierno más neoliberal y autoritario de los últimos años, el FA optó por ser un punto de apoyo “crítico” al mismo, diferenciándose ocasionalmente de algunas políticas de Alvarado y el PAC, pero nunca apostando a desestabilizarlo a fondo.
Agreguemos que Villalta cruzó una frontera de clase cuando votó a favor de que los comedores escolares fueran declarados como servicios esenciales donde es prohibido realizar huelgas, impulsando además que se incorpora a los del sector privado. De esta forma, el diputado de “izquierda” votó a favor de prohibir la huelga para un sector de la clase trabajadora, junto con las bancadas más reaccionarias y pro-patronales de la Asamblea Legislativa, las mismas que impulsan la agenda anti-sindical. Además, en su intervención en el programa “7 Días” sobre el proyecto 21.049 que pretende prohibir las huelgas, Villalta alegó que había que regular estos movimientos y no se diferenció de la noción de “servicios esenciales” de la OIT (una categoría hecha con el objetivo explícito de restringir el derecho a huelga[4]).
El FA dejó en claro que no es una alternativa de izquierda que plantee una salida radical y desde abajo ante la crisis del país, pues terminó plegándose a los gobiernos Luis Guillermo Solís y Carlos Alvarado (es la “sombra” izquierda del PAC).
¡Hay que darle vuelta a todo!
Todo lo anterior es parte de la cruda situación que atraviesa el país, la cual golpea con más fuerza a la clase trabajadora, las mujeres y la juventud. El mito de la Costa Rica “igualitaria” de antaño (la llamada “Suiza Centroamericana”) no guarda correspondencia con el país que las nuevas generaciones transitan en el siglo XXI, donde el modelo de desarrollo entró en crisis y no depara ninguna perspectiva de mejora en las condiciones de vida de las grandes mayorías.
El gobierno de Carlos Alvarado, su gabinete de tecnócratas neoliberales, la Asamblea Legislativa, la Sala Constitucional y las patronales explotadoras, están arrasando con todas las conquistas y derechos obtenidos en décadas de lucha.
En este contexto de crisis profunda del modelo de desarrollo capitalista y los ataques de los de arriba, la salida tiene que venir desde abajo y por la izquierda, con el objetivo de darle vuelta a todo. Por eso nos posicionamos por una Asamblea Constituyente libre, soberana y democrática para refundar el país desde abajo, colocando la riqueza y producción nacional para mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora, las mujeres y la juventud.
Además es indispensable impulsar
la construcción de una alternativa de izquierda en todo el país, que se
convierta en un espacio para la organización y politización de lo mejor del
activismo sindical, estudiantil, feminista, ecologista, etc. Para eso
construimos el Nuevo Partido Socialista
(NPS), la juventud del Ya Basta
y Las Rojas: queremos poner en pie
un partido de izquierda anticapitalista
para exigir que los ricos paguen la crisis fiscal; feminista para luchar contra todas las formas opresión patriarcal y
por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito; ecologista porque nuestro medio ambiente vale más que las ganancias
del gran capital que destruye la naturaleza para enriquecer a unos pocos. Invitamos
a quienes coincidan con esta tarea a sumarse a nuestra organización.
[1] Comercio perdió 82000 empleos en cinco años», en https://www.nacion.com/el-pais/trabajo/comercio-perdio-82000-empleos-en-cinco-anos-es/JLXDTOSJOVEJVCQUAIHMRERUUQ/story/ (consultado el 14 de junio de 2019)
[2] Luis Manuel Madrigal, «14 mil contribuyentes tuvieron perdón de ₡194 mil millones en intereses y multas por amnistía», en https://delfino.cr/2019/05/14-mil-contribuyentes-tuvieron-perdon-de-₡194-mil-millones-en-intereses-y-multas-por-amnistia/ (consultado el 14 de junio de 2019)
[3] Johan Madriz, «Villalta y cómo educar en la confianza con el gobierno», en http://www.socialismo-o-barbarie.org/?p=12406 (consultado el 15 de junio de 2019). Al momento de escribir este editorial, se anunció la posible alianza entre el FA y el PAC en las elecciones municipales del cantón de Cartago, lo cual denota el curso a la derecha del FA y su fracaso como una alternativa de izquierda.
[4] Víctor Artavia, «Asamblea Legislativa prohíbe derecho a huelga en los comedores escolares al declararlos como “servicios esenciales”», en http://www.socialismo-o-barbarie.org/?p=12328 (consultado el 16 de junio de 2019).
