Por Redacción

El 8 de agosto de 2018 cientos de personas de organizaciones feministas, partidos de izquierda, activistas y mujeres en general se agruparon frente a Casa Presidencial para exigirle al presidente Carlos Alvarado la firma de la norma técnica que asegure el cumplimiento de la ley y permita los abortos impunes.

Esta reglamentación es una deuda del Estado costarricense con las mujeres y fue una de las promesas de campaña del PAC para las elecciones presidenciales de 2018. Heidy Valencia, vocera del movimiento y dirigente de la agrupación Las Rojas, expresa que “la norma técnica es necesaria porque sin ella no se está aplicando la legislación, se sigue torturando a mujeres que tienen un producto que es incompatible con la vida extrauterina. Además debe estar amparada en los más altos estándares de derechos humanos para que el personal de salud pueda aplicarla”.

La ola verde que ha recorrido el continente tiene su expresión en el país con un movimiento que se ha logrado posicionar a nivel nacional denunciando la desidia del gobierno al utilizar los derechos de las mujeres como moneda de cambio con los sectores conservadores y religiosos para llevar adelante una agenda política y económica neoliberal que golpea a los sectores más empobrecidos y explotados. A pesar de esto, Alvarado utiliza un discurso “progre” sobre derechos democráticos que no encuentra sustento real en las decisiones gubernamentales.

En este sentido, incluso, el presidente ha expresado que la eventual aprobación de la norma seria cuando él lo considere oportuno, posicionándose de espaldas al movimiento de mujeres que en las calles exige la firma ya. A este respecto Valencia indica que “es una deuda histórica del Estado costarricense con las mujeres, nos siguen negando el acceso al aborto impune, lo cual es una violación a nuestro derecho a la salud y atenta contra la vida de las mujeres. Además, sus declaraciones [de Carlos Alvarado] fueron totalmente machistas y hasta el momento no lo ha aprobado y sigue utilizando nuestros derechos como moneda de cambio mientras lleva adelante una agenda neoliberal”.

Estas posiciones fomentan el crecimiento del conservadurismo y el fundamentalismo religioso que en el último periodo se ha fortalecido a raíz del abandono del Estado a los sectores populares producto de la aplicación de las recetas de ajuste de los organismos financieros internacionales y el sometimiento del gobierno a las presiones de grupos religiosos evangélicos y la Iglesia católica.

Así, Valencia agrega que “desde el movimiento nos planteamos retomar las calles, ante un año de silencio, porque es la única manera de que las mujeres le paremos la mano al gobierno y al fundamentalismo religioso que viene en crecimiento. Es la única manera de que se logre la firma de la norma técnica y de una forma que nos satisfaga, con estándares de derechos humanos y médicos del más alto calibre”.

En este sentido, están programadas dos actividades en los meses venideros. El 8 de agosto, en el aniversario de la primera manifestación, se está convocando en Casa Presidencial “una protesta para que el gobierno sepa que no vamos a permitir que siga postergando nuestros derechos, que no vamos a dar tregua y que, además, vamos a seguir por el aborto libre, legal, seguro y gratuito”, señaló Valencia.

Además, el 28 de septiembre, Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, la convocatoria es en las afueras de la Asamblea Legislativa para exigirle a los diputados y diputadas avanzar en ese sentido.