Por Johan Madriz

Hace unas horas la Asamblea Legislativa aprobó en segundo debate el proyecto de ley remitido por el gobierno para la colocación de deuda externa por $1.500 millones en eurobonos. Aunque el monto solicitado por el Ministerio de Hacienda originalmente ascendía a $6.000 millones por cuatro años, durante el trámite legislativo, se redujo el monto y se estableció solo para un año.

A pesar de que la burguesía presenta los salarios como la causa de la crisis fiscal, lo cierto es que el servicio de la deuda es el real causante de la asfixia financiera, pues consume dos quintas partes del presupuesto. A abril de este año la deuda pública es de ¢19.65 billones y $32.9 mil millones y solo el pago de los intereses representa un 1.31%  del PIB (era de 0.71% en 2012).

Según el gobierno esta colocación no representaría un sobreendeudamiento ya que los dineros serían utilizados para reestructurar la deuda vieja aliviando los requerimientos de recursos a corto plazo. También se pretende impactar las tasas de interés y el tipo de cambio ya que ambas podrían experimentar bajas. Sin embargo, esto no es seguro ya que los recursos entrarían a la caja chica del Estado por lo que es imposible determinar su destino específico…

Y la historia no es halagüeña. Durante la administración Chinchilla se aprobaron $4.000 millones de deuda externa en estos mismos instrumentos (una parte fue colocada durante el gobierno Solís). Estos recursos simplemente consistieron en nueva deuda, ya que no fueron utilizados ni en reestructurar la ya existente ni en infraestructura. Por el contario, del 2006 durante el gobierno de Arias hasta el 2016 durante Solís se triplico la deuda pública pasando de ¢3.9 billones a ¢13.4 billones.

La deuda pública, en los términos del mercado capitalista, es una estafa, es un mecanismo de control del imperialismo y los empresarios para mantener sometido y bajo control a los gobiernos. Es uno de los canales de dominio sobre los países semicoloniales como el nuestro. Estos recursos son manejados por los gobiernos de los empresarios en beneficio de sus intereses y no del conjunto de la clase trabajadora.

A pesar de esto, el Frente Amplio (FA), a través de su diputado José María Villalta respaldó la iniciativa, votándola a favor. Así, nuevamente, el FA se coloca del lado del gobierno facilitándole que continúe su labor ajustadora mientras las ganancias empresariales siguen intactas y el peso de la crisis recae sobre la clase trabajadora.

Esta postura, que no se diferencia en nada al oficialismo, evidencia la adaptación del FA al régimen político burgués del Estado costarricense asegurando la gobernabilidad, la institucionalidad y, en fin, defendiendo el régimen de explotación actual. Con esto mal educa en la confianza en el gobierno a los sectores que aún lo consideran un referente de izquierda. Solo le hace un  favor a los sectores que, por derecha, llevan adelante una verdadera oposición al gobierno, fortaleciendo opciones conservadoras como las de los partidos evangélicos.

El FA, actualmente, no es un punto de apoyo para resistir esta puesta a tono con las políticas mundiales y por el contrario con su dirección vacilante, timorata y cada vez más adaptada a la institucionalidad solo está abonando el camino a la desorientación política de los sectores que confían en él.

Por eso desde el Nuevo Partido Socialista planteamos una alternativa socialista y anticapitalista que proponga el no pago de la deuda para garantizar la atención de la pobreza, el desempleo y el desarrollo de infraestructura. Están son las preocupaciones de las y los trabajadores en la calle y que el gobierno coloca en un segundo plano como lo indica expresamente la regla fiscal que empezará a aplicarse el próximo año conduciendo a recortes automáticos de recursos en programas sociales, salarios y pensiones.