Por Johan Madriz
El gobierno y los diputados han insistido múltiples veces en que la entrada en vigencia del IVA no representaría un gran golpe a los bolsillos de la mayoría ya que solo incorporarían los servicios al pago del impuesto debido a que la mayoría de bienes ya estaban afectados por el impuesto de ventas. Esto no es cierto. Para ser los grandes adalides del impuesto o no lo conocen realmente o mienten descaradamente. Estas expresiones son simplemente falsas.
La aplicación del IVA no representa solo un cambio de nomenclatura y esto se ha demostrado desde su entrada en vigencia el 1 de julio. Por su naturaleza contable aunque un determinado bien o servicio se encuentre exento o con tarifa reducida la cadena productiva no lo está. Esto provoca que todos los bienes y servicios aumenten su precio, ya sea de forma directa con la sumatoria del impuesto en el consumo final o mediante el aumento del costo de producción que es transferido al precio final.
El primer caso es el más evidente y tiene que ver con la incorporación del impuesto a los servicios que anteriormente no lo pagaban, por ejemplo, a los servicios de abogacía, gimnasios, Netflix, etc. Pero el segundo escenario es el que el gobierno ha tratado de ocultar y ahí entra el caso de la gasolina. La ley establece que los combustibles se encuentran exentos del IVA ya que están afectados por un impuesto único con un destino específico. Pero, como aclaró esta semana el Ministerio de Hacienda, el impuesto si aplica para el transporte y el margen de comercialización de las gasolineras.
Es decir, la cadena de valor si está gravada. Actualmente esos dos rubros representan unos ¢58 (¢10 por transporte y ¢48 por margen de comercialización) a los que si se les tiene que aplicar el 13%, es decir ¢7.54. Este monto, como parte del costo, debe ser reconocido en la definición de las tarifas por parte de Aresep, lo cual provocará su trasladado al precio del consumidor.
Esta misma situación se da con la electricidad y el agua. Aunque ambos servicios fueron exonerados (según consumos máximos) los rubros de tarifa hídrica, alcantarillado sanitario, hidrantes y alumbrado público si están gravados por lo que, igualmente, generará un aumento en los respectivos recibos.
Esto viene a demostrar, una vez más, que el Plan Fiscal lo que viene a realizar es una confiscación a los sectores populares para que sea en ellos donde sobre caiga el peso del déficit fiscal. Es una ley para que pague la clase trabajadora y así las ganancias empresariales no se vean afectadas. El gobierno no tiene ningún reparo en atacar los salarios al tiempo que promulga multimillonarias amnistías fiscales para los grandes evasores.
Es a la clase trabajadora a la que más golpea este plan de ajuste neoliberal basado en impuestos regresivos que desmejoran aún más su calidad de vida, a lo que se le suma el estancamiento de los salarios y los altos índices de desempleo. La salida de la crisis no es por esta vía, es cobrándole a los evasores, aumentando la carga tributaria de los empresarios y banqueros y estableciendo una moratoria al pago de la deuda que consume un tercio del presupuesto gubernamental.
