Por Johan Madriz

El Ministerio de Hacienda ya se encuentra en la elaboración del presupuesto de la Republica para el próximo año. En este se incorporaran varias variables contenidas en el Plan Fiscal, aprobado en diciembre anterior, entre ellas, la regla fiscal y la flexibilidad para cumplir con los destinos específicos señalados en diversas leyes con objetivos determinados.

Desde ya la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar (adalid de esta reforma tributaria y autora intelectual de gran parte del plan de ajuste del gobierno), ha dejado entrever algunas de las medidas de contención incluidas en la formulación del presupuesto, que como era de esperar continúa las políticas de ajuste.

El presupuesto del 2020 será el primero marcado por la guillotina de la regla fiscal. Esta es una norma que impone límites al crecimiento del gasto corriente (intereses, remuneraciones y transferencias) del sector público no financiero, es decir que afecta a los ministerios, Asamblea Legislativa (y sus dependencias), Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, municipalidades, instituciones autónomas, empresas estatales no financieras, etc.

Ese límite está determinado por la proporción del promedio del crecimiento de la producción nominal y la relación de la deuda del gobierno central (la que está contenida en el presupuesto nacional) respecto de la producción (PIB). Según una tabla, se determina el porcentaje de crecimiento, en la actualidad la relación deuda-producción se ubica en el rango 45%-60% por lo que el crecimiento permitido es de un 75% del promedio del crecimiento de la producción de los últimos cuatro años.

Según el cálculo realizado por Hacienda ese tope de crecimiento para el presupuesto del próximo año sería de 4.67%, es decir, no puede crecer más que en ese monto. Pero hay que tener en cuenta varios factores que restringen su evolución: la inflación se proyecta en un 3%, las instituciones públicas deben incorporar en sus presupuestos el pago del IVA y el aumento en el pago de los intereses de la deuda, que por sí solos consumen casi la totalidad del incremento.

Entonces, a pesar de que se proyecta un aumento del presupuesto en términos nominales si se analiza en valores reales se producirá un decrecimiento. Este es justamente el objetivo de la regla fiscal y la ministra de Hacienda ha sido clara y tajante: “la regla se cumple porque se tiene que cumplir”[i]. Como la prioridad del gobierno es cumplir con el pago religioso de la deuda, para que ningún capitalista se quede sin sus ganancias, el ajuste viene por el lado de las remuneraciones y las transferencias.

En cuanto a los salarios ya se vienen aplicando las reglas establecidas en el Plan Fiscal que modificaron el cálculo de los componentes salariales al convertirlos de montos porcentuales a nominales reduciéndolos drásticamente. Pero, además, se preanuncia que los ajustes salariales del próximo año posiblemente ni siquiera cubran el aumento en el costo de la vida, lo que en los hechos implica una rebaja del poder adquisitivo vía inflación.

La ministra Aguilar lo expresa claramente: “a las instituciones se les habló de un monto fijo igual [a la inflación] y lo que estamos revisando es si eventualmente ese monto fijo puede ser diferenciado, pero no es posible pensar en reconocimiento del costo de vida para todo el nivel salarial, porque haría realmente imposible cumplir la regla fiscal”[ii]. A esto se le suma la contracción en la creación de nuevas plazas: el histórico de crecimiento anual es de entre dos y tres mil puestos pero para el próximo año se estiman solo 400.

Es decir, no hay ningún reparo en sacrificar los salarios de las trabajadoras y trabajadores con tal de cumplir las restricciones presupuestarias. Pero, por ejemplo, sí es posible saltarse toda la legalidad para pagarle ¢600 mil millones a los acreedores sin tener la autorización de la Asamblea Legislativa, como sucedió el año anterior. Como quien dice la ley está para cumplirse… pero dependiendo de qué clase social seas.

Otro aspecto que será afectado es el de las transferencias que incluye programas sociales, becas, bonos, etc. y donde muchos de esos rubros son financiados mediante asignaciones establecidas legalmente. Al respecto Aguilar expresa que “lo otro que la ley también tocó son los destinos específicos, ¿en qué sentido? en que si legalmente yo estaba obligada a hacer una transferencia de un monto tal (…), si se requiere para cumplir con la regla fiscal reducir esa transferencia, se puede hacer (…)”[iii]. Se está hablando del desfinanciamiento de programas que alivian la precaria situación de cientos de familias que ante los alarmantes números de desempleo recuren a estas ayudas para mantenerse.

Por otro lado la educación no se escapa de la contención. El Plan Fiscal implantó una interpretación según la cual la norma constitucional que establece que se destine el equivalente a un 8% del PIB a este rubro debe entenderse no solo como el financiamiento al Ministerio de Educación y las universidades públicas –a través del FEES– sino que se debe incluir el presupuesto del INA y de la red de cuido a la infancia. Con esto ya se cumpliría el mandato constitucional (y se supera) por lo que no existiría obligación legal de aumentar el presupuesto para educación. “Podemos por lo menos mantener sin crecimiento el presupuesto del MEP”[iv].

A pesar de esto el endeudamiento externo continua a manos llenas. Ya firmado hay $500 millones con la Corporación Andina de Fomento (CAF) y $350 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En negociación: $500 millones del CAF, $150 millones con la Agencia Francesa de Desarrollo/BID, $300 millones del BCIE y $500 millones el Banco Mundial/BID. A esto se le suman los $1.500 millones en eurobonos recientemente aprobados.

Como queda patente de las declaraciones de la ministra Aguilar el presupuesto del próximo año estará marcado por los recortes y el congelamiento, pero solo de los componentes que atañen a los salarios y los programas sociales, la prioridad es el pago de la deuda que consume un tercio del gasto público. Esto no es una sorpresa, es parte del plan de ajuste que el gobierno de Carlos Alvarado viene implementando desde que asumió y tiene como objetivo que sean los de abajo los que se “soquen la faja” para pagar la crisis.

Por eso es necesario plantear una reforma tributaria donde sean los de arriba los que paguen. Que se les cobre a los evasores que adeudan el 8.2% del PIB y a los grandes empresarios, banqueros y exportadores que gozan de beneficios fiscales, exoneraciones y amnistías tributarias, mientras a la clase trabajadora se le confisca una mayor parte de su salario con los impuestos indirectos. También hay que exigir la cesación de pagos de la deuda que es la verdadera razón de los problemas fiscales para dedicar esos recursos al desarrollo productivo del país y así paliar el desempleo crónico.

Por eso hay que oponerse rotundamente a la aplicación de la regla fiscal, que solo es un mecanismo ajustador y rechazar el presupuesto 2020 en los términos que está planteando Hacienda. Asimismo es imperativo posicionarse contra la regla fiscal constitucional que se tramita en la Asamblea Legislativa que elevaría este mecanismo al máximo nivel jurídico.

[i] Extraído de https://www.nacion.com/economia/politica-economica/rocio-aguilar-se-va-a-cumplir-la-regla-fiscal/IP3RQOQK7FEQDKPKXZSYDJ4HJQ/story/

[ii] Ídem

[iii] Ídem

[iv] Ídem