Por Graciela Mora Padilla
En el marco del desarrollo capitalista, se pone en cuestión reivindicar un desarrollo social donde la acumulación del capital queda en manos de unas cuantas personas. Ante ello, se puede decir que Costa Rica navega por la historia de la desigualdad y exclusión social. La desigualdad social se interrelaciona con las brechas existentes en la distribución del ingreso de personas y grupos, así como con las brechas en el acceso a bienes y servicios por clase, etnia, género y condición laboral; como los es: la falta de alimento, acceso a una vivienda digna, la baja o nula escolaridad y el no acceso a la salud, entre otras.
Ante el panorama de Costa Rica con el ajuste fiscal que implementa el actual gobierno, estas inequidades y heterogeneidades sociales pueden aumentar y perjudicar, mayormente, a poblaciones que se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión social.
Para fines de este artículo, se puntualiza en el acceso de la vivienda digna, este como un derecho universal. Según registros de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), en Costa Rica de 1 540 029 viviendas, el 62% son viviendas propias totalmente pagadas, mientras que 9% son viviendas propias pagando a plazos, el 18,5% son viviendas alquiladas y un 2% se encuentran en asentamientos informales (INEC, 2018). En los últimos años se experimentó una caída en la cantidad de viviendas construidas. Por otro lado, la cantidad de bonos familiares de vivienda también se redujeron. [1]
En el 2018 se estimó que el país requería construir aproximadamente 32 000 viviendas nuevas para lograr que cada familia cuente con una vivienda individual, a esto se le llama un déficit cuantitativo. Asimismo, 281 000 casas se encuentran en estado regular, las cuales requieren de alguna reparación o acceso a servicios públicos, a lo que se le llama déficit cualitativo.[2]
El Estado sostiene políticas violentas para trabajar el acceso de vivienda, especialmente en cuanto a erradicar los asentamientos informales (conocidos coloquialmente como “tugurios”). El pasado 22 de julio, el gobierno de Alvarado y las autoridades correspondientes, ingresaron al asentamiento Triángulo de la Solidaridad para desalojar alrededor de 150 familias.[3] El gobierno se limita a una atención de forma asistencialista, tramita alquileres para las familias y garantiza una vivienda permanente solo a 28 familias que cumplen ciertas condiciones.[4] Con los recortes en curso y políticas de ajuste, las limitaciones para acceder a una vivienda permanente para estas familias son mayores.
El Estado se caracteriza por implementar acciones bajo
un régimen asistencialista, lo cual no genera solución de raíz a los
conflictos, sino funciona como un parche cubierto de beneficios
políticos-electorales y corruptos, lo que responde a los intereses del sistema
capitalista. Desde el Nuevo Partido
Socialista (NPS) sostenemos que existe la necesidad de un programa masivo
de construcción para resolver este déficit de viviendas. Además, es necesario
que se gestione iniciativas de vivienda en conjunto con las comunidades
organizadas, acompañadas de la asesoría técnica de manera inclusiva.
[1]FUPROVI. Situación de la Vivienda y Desarrollo Urbano en Costa Rica. 2017.
[2]Ver: https://www.nacion.com/economia/politica-economica/estudio-del-incae-estima-deficit-de-3200/X3MWO3CM5RBRVIP6PCZS2USRVI/story/
[3]Ver: https://www.elmundo.cr/costa-rica/gobierno-vuelve-a-desalojar-triangulo-de-la-solidaridad/
[4]Ver: https://semanariouniversidad.com/pais/imas-invirtio-%C2%A264-millones-en-alquileres-a-desalojados-del-triangulo-de-la-solidaridad/
