Por Graciela Mora Padilla

Desde el Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica (SINDEU) se manifiesta el malestar que existe ante el aumento de casos por acoso laboral, sexual y cese injustificado de personas interinas en la Universidad de Costa Rica (UCR).

Uno de los casos recientes, y que viene generando efervescencia en las últimas semanas, es el de los funcionarios Luis Diego Jiménez Campos, Jennifer Bermúdez Guillén y Alexis Granados Brenes, quienes fueron cesados, y cesada, arbitrariamente de sus puestos en la Facultad de Educación.  

Conversamos con la compañera Karla Guzmán Sánchez, parte de la seccional del sindicato de la Facultad de Educación como secretaria organizativa, y en lo sucesivo presentamos una reseña sobre el desarrollo del proceso de lucha por la restitución de la compañera y los compañeros. 

Orígenes del conflicto

Tomando en cuenta sus declaraciones, este conflicto inicia desde que se denuncia ante las autoridades universitarias a la Dra. María Guiselle Garbanzo Vargas por hostigamiento y acoso laboral. Al asumir su decanatura en el 2017, se empiezan a dar muchas situaciones de acoso laboral contra el personal.

Precisamente en el caso de los compañeros y la compañera denunciantes, ante un cambio de jefatura administrativa se dan recortes de nombramientos, anteriormente eran anuales y se pasaron a realizar por tres meses. Con ello, se hacen comentarios como: “usted sabe que su nombramiento ahorita se finaliza” de forma reiterativa. Además, se les da funciones no correspondientes a su puesto, como lo es de chofer o sembrar plantas, mientras se le exige que cumplan con el trabajo propio.

Ante esta situación, la primera persona en denunciar por acoso laboral es el compañero Luis Diego Jiménez, conserje de la facultad, y nombra de testigos a Jennifer Bermúdez, conserje de la facultad, y Alexis Granados, encargado de audiovisuales. La Decana Garbanzo reacciona con mayor acoso laboral y, además, saca los puestos de Jiménez y Bermúdez a concurso a propiedad. El mismo día que sale la publicación del concurso, Jennifer Bermúdez pone la denuncia por acoso laboral, sin saber que su puesto también iba a salir a concurso.

A raíz de estos hechos, se forma la seccional del sindicato de la facultad en el cual los tres demandantes forman parte, esto como evidencia de la necesidad de organizarse para la defensa de los derechos laborales.

Alexis Granados asume en la seccional el puesto de secretario general, y luego de esto, la Sra. Garbanzo Vargas saca a propiedad la plaza de Granados como encargado de audiovisuales. Cabe señalar, que ninguno de los tres se les tomó en cuenta para el concurso, aun cuando tienen más años de trabajar en la universidad.

Otro dato importante a señalar es que, existe una cuarta denuncia de acoso laboral hacia la decanatura por parte del mensajero de la facultad, sin embargo, a diferencia de las otras personas denunciantes, el compañero cuenta con propiedad.

Respuesta institucional

La Junta de Relaciones Laborales, ente encargado de las denuncias sobre acoso laboral, emite una resolución donde indica que se tiene que velar por la estabilidad impropia de los compañeros.

Por otro lado, la comisión instructora institucional emite una serie de medidas, donde se indica claramente que se debe velar por la seguridad de ellos, que no se les puede cortar el nombramiento y que la Sra. Decana se tiene que apartar y no continuar con el acoso. Sin embargo, las medidas no se tomaron en cuenta, ya que llegaron antes de que les cesara el nombramiento, esto se da el 1º de julio, mismo día en que se presentan los denunciantes en la Facultad de Educación alegando que se haga valer la resolución y como respuesta del vicedecano recibieron una notificación sobre el vencimiento del nombramiento.

Por parte del SINDEU, se le exige al rector Dr. Henning Jensen Pennington que tome las medidas del caso, se decide pasar el caso al Vicerrector de Administración, quien atiende el 8 de julio y promete reinstalar a los compañeros y compañera a sus respectivos puestos. Lastimosamente, ha pasado un mes y no hay ninguna acción ni documento.

El martes pasado, 13 de agosto, un grupo trabajadores y estudiantes se hicieron presentes para exigir que se cumpliera la palabra de Don Carlos. El compromiso que asumió el vicerrector fue dar una resolución el día  martes 20 de agosto; sin embargo, aún se está a la espera de que la Oficina Jurídica dé el dictamen, el que se espera tener el próximo viernes 23 de agosto.

Violación al derecho de organizarse

Se considera esencial señalar de forma precisa tres elementos importantes que se están violentando y que repercute de alguna forma en el derecho a organizarse y defender los derechos laborales:

• Primero, se violenta todas las resoluciones que está dando la Junta de Relaciones Laborales, la cual es la figura que cubre cualquier tipo de demanda, tanto por acoso sexual como por acoso laboral, donde las funcionarias y funcionarios tienen que ir. Si no se acoge se le está pasando por encima, eso quiere decir que se le está invalidando totalmente.
• Además, a los compañeros por ser sindicalistas les cubre el fuero sindical, que también le están violentando. El fuero sindical está regulado por la convención colectiva de trabajo de la UCR, donde se le brinda especial protección a cualquier sindicalista, especialmente si son dirigentes. Esto para evitar lo que se le llama la persecución sindical.
• Se violenta el artículo 18 de la convención colectiva de trabajo, donde indica que cuando se va a dar un puesto en propiedad se tiene que considerar a la persona con mayor antigüedad y cuando se eligió a las tres personas que están cubriendo estos puestos, las tres personas son prácticamente nuevas en la universidad, es más ninguna cumple con los años de servicio como lo tienen las personas denunciantes.

Conclusiones de la lucha

Esta lucha se sintetiza en dos sentimientos que la pueden caracterizar, no son opuestos como tal, sino hace que uno fluya por el otro. Primero, es la frustración de ver que las autoridades fomentan la denuncia por acoso laboral o sexual, mientras que no existe una protección a la persona denunciante. Hay una desprotección total hacia la persona trabajadora. Se protege al director, directora o decanaturas, pero el trabajador que ocupa el lugar más bajo en la universidad no se le protege. Si vemos en este caso a quienes despiden son conserjes y una persona de audiovisuales.

Pero a la vez, existe un sentimiento de unirnos como compañeras y compañeros, de organizarnos y de creer que la organización se puede hacer desde un trabajo digno y que podemos defender el derecho que los compañeros y la compañera se han ganado. No es un favor, sino un derecho.

Solidaridad con la lucha

Desde el NPS, ¡Ya Basta! Y Las Rojas extendemos nuestra solidaridad con los compañeros y compañeras que se encuentran en esta lucha en contra del acoso laboral y persecución sindical. Todo esto, evidencia la precariedad a la que está expuesta el personal interino, ya que están sometidos a las arbitrariedades de las autoridades universitarias, desde un puesto muy voluble y, además, es un obstáculo para la organización sindical. Rechazamos todo tipo de abuso de poder por parte de las autoridades y de la falta de interés por parte de la institución de apresurar el proceso perjudicando la vida personal, familiar y social del trabajador. Recalcamos la importancia, tal como lo señala la compañera Karla, de la organización para defender y garantizar nuestros derechos como trabajadoras y trabajadores.