Semanas atrás, poco antes de fin de año, los titulares de la prensa y los noticieros de TV en esta capital mexicana no se referían sólo a Papá Noel ni a los Reyes Magos. Informaban también de diferentes movimientos armados –“autodefensas” y “policías comunitarias”– que en varios estados venían creciendo y sostenían enfrentamientos con poderosas organizaciones criminales, que viven a la sombra protectora de los gobiernos estaduales y, también, de sectores del Estado federal.

El caso más resonante de esta rebelión es el del Estado de Michoacán, situado al oeste del Estado de México, que rodea al Distrito Federal, capital del país. Pero no es un caso único. Según el diario “progresista” La Jornada –que viene cubriendo los acontecimientos con un notable trabajo periodístico–, situaciones similares ocurren ya en otros diez de los 31 estados que componen los “Estados Unidos Mexicanos”, principalmente en los de Guerrero, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

En diciembre pasado, todo esto comenzó a trascender en la prensa mundial. Sin embargo, hacía ya un año, concretamente desde enero/febrero de 2013, que el movimiento de autodefensas había dado sus primeros pasos en Michoacán. Paralelamente, algunas “policías comunitarias” –que son organizaciones mucho más antiguas de pueblos indígenas– comenzaron también adquirir notoriedad por acciones similares a las de las autodefensas en un estado vecino a Michoacán, el de Guerrero.

El primer año del gobierno de Enrique Peña Nieto (del PRI, Partido Revolucionario Institucional), que asumió el 1º de diciembre de 2012, fue así cruzado por dos importantes acontecimientos: 1) el de estas luchas, que implican el armamento de sectores de la población principalmente agrarios; 2) grandes movilizaciones de protesta en las ciudades, en especial en la capital, en oposición a las (contra)reformas impulsadas por el PRI y otros partidos patronales (supuestamente) “opositores”. Veremos aquí el primer tema.

Las razones de un estallido popular

En los últimos años, las mega-organizaciones criminales que existen en varios estados de México, cobraron fama internacional con la “guerra contra el narcotráfico” declarada por el anterior presidente Felipe Calderón al iniciarse su mandato en diciembre de 2006.

Esta “guerra”, que habría costado 120.000 muertos,[[1]] no logró acabar con el crimen organizado. Pero dejó en el resto del mundo la falsa idea de que las organizaciones criminales mexicanas se dedican exclusivamente a la producción y exportación de narcóticos al gran drogadicto mundial, los Estados Unidos. En verdad, como en el caso de Michoacán y otros estados, se han “diversificado” hacia otros rubros menos peligrosos que los envíos de drogas a Yanquilandia.

Así, “Los Caballeros Templarios” –la organización criminal que imperaba en Michoacán– imponía a la población los más diversos tributos, desde rescates por secuestros hasta el pago de distintos “impuestos”.

Ese estado es un importante productor y exportador de aguacate, limón y fresa, que se cultivan principalmente en pequeñas fincas. Sobre la producción agrícola y también la de carne, los Templarios imponían diversos pagos. Los peones que levantaban las cosechas tampoco se salvaban: debían pagarles $20 por día de trabajo. Asimismo, todos los comercios y negocios, desde la pobre campesina que vende algo sobre una manta en la acera, hasta los que tienen locales de primer orden, como la cadena de maxikioskos Oxxo (de la Coca-Cola), también debían tributarles.

Esta “protección” mafiosa –que no es propia de un capitalismo ”normal”– se extendía incluso a otros grandes negocios, como la exportación a China de mineral de hierro desde los yacimientos de Michoacán.

Pero si el gran capital veía afectado en algo sus bolsillos, a los sectores populares les cuesta muchísimo más que dinero. Las atrocidades cometidas por los Templarios no tenían límites, porque un clima de terror mediante asesinatos y violaciones es imprescindible para imponer medidas que no se reducían sólo a recaudar tributos. Los Templarios también se apoderaban, por ejemplo, de fincas de pequeños y medianos campesinos. Comenzaban a asesinar a miembros de la familia hasta que el resto se fuera. (Ver artículo con testimonios recogidos por el diario La Jornada.)

Es por eso que una de los acciones de más resonancia popular de las autodefensas en los municipios que tomaban, fue organizar actos de devolución de tierras a la familias campesinas despojadas.

Autodefensas y policías comunitarias

Las autodefensas, por todo lo que fue sucediendo en Michoacán, ocuparon el centro de la escena política mexicana en los dos o tres últimos meses. Pero los procesos de organización y armamento de sectores de la población principalmente campesina y/o de pequeños municipios que se dan en algunos estados, son mucho más amplios y complejos. Hay diferentes variantes y combinaciones. En primer lugar, hay que distinguir entre autodefensas y policías comunitarias. Un columnista de La Jornada las define así:

“Aunque las causas del surgimiento público de ambas [autodefensas y policías comunitarias] coincide y en su accionar se parecen bastante, no son lo mismo. Las policías comunitarias forman parte de las estructuras de gobierno de los pueblos [indígenas] y obedecen a ellos, quienes son los responsables de su funcionamiento. Su existencia y funcionamiento forman parte de los derechos de esos pueblos indígenas.

“Las autodefensas, en cambio, son grupos de ciudadanos que se organizan y arman para procurarse seguridad, y cuando lo logran desaparecen. Pero esto último no es fácil, porque nada asegura que la causa que los llevó a armarse desaparezca del todo; además, no tienen más control que el que sus miembros se procuren. Y si no desaparecen pueden convertirse en un problema para el gobierno. O ser utilizados por el gobierno para controlar el descontento social. Por eso es necesario distinguirlas.”[[2]]

Entre la represión y la cooptación

Esas diferencias entre autodefensas y comunitarios, así como las cambiantes relaciones de fuerza y otros factores, explican las idas y vueltas del gobierno federal, especialmente ante los dos casos sobresalientes: el de Michoacán para las autodefensas y el del limítrofe Estado de Guerrero para las policías comunitarias. Podemos decir que el gobierno federal enfrenta todo esto con un arma de doble filo: por un lado la represión; por el otro, la cooptación.

En el caso de las policías comunitarias de Guerrero, que le estalló a mediados del año pasado, el gobierno de Peña Nieto logró “imponer el orden” mediante la represión de fuerzas federales del Ejército y la Marina. Y hoy continúa injustamente presa su jefa, la famosa Comandanta Nestora y otros comunitarios.

El gobierno federal pudo hacer esto (con la plena colaboración del gobernador del PRD, un partido que presume de “progresista”) porque las policías comunitarias de Guerrero no llegaron a ser un movimiento agrario-popular de las dimensiones de las autodefensas de Michoacán. Además, su relativa afinidad con sectores opositores de izquierda y del movimiento sindical combativo (como la CNTE – Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación), lo hacía difícil de manejar por el gobierno vía cooptación.

Al estallar meses después el avance de las autodefensas de Michoacán, el gobierno federal insinuó inicialmente otra respuesta dura. No sólo envió fuerzas federales sino que también, de hecho, intervino al Estado (gobernado por el PRI), instalando al lado del gobernador un “delegado para la seguridad pública” que es quien hace, deshace… y gobierna…

Sin embargo, los primeros intentos de “mano dura” resultaron un tiro por la culata. El ametrallamiento de un grupo de civiles y autodefensas en Antunes, el 14 de enero, con tres muertos, provocó una ola de repudio nacional… y otra ola aun mayor de organización de más y más autodefensas. Una población tras otra iba siendo tomada por las autodefensas, mientras los mafiosos templarios huían sin atreverse a dar batalla. Esta situación dio paso al otro aspecto: la política de cooptación, que también se había insinuado inicialmente, aunque muy en segundo plano.

Así, de un día para el otro, después de haber lanzado rayos y centellas, Peña Nieto, desde el Foro Mundial de Davos, debió dedicar parte de su discurso a las autodefensas para dorarles la píldora de la cooptación. Finalmente, días atrás se firmó un acuerdo entre los principales jefes de las autodefensas (no todos) y el gobierno.[[3]] A las autodefensas se las consideraría “Cuerpos de Defensa Rurales” y por ahora no serían desarmadas. Pero el objetivo final sería integrarlas individualmente a la policía michoacana, un organismo absolutamente corrupto…

Pero, al día después, un comunicado de otras autodefensas –el CAM (Consejo de Autodefensas de Michoacán), con sede en Yurécuaro– rechazó todo esto. Sus argumentos son sólidos: dicen que hay «cientos de testimonios y hechos probados de que las autoridades están vinculadas al crimen organizado (Caballeros Templarios)».[[4]] No es posible, entonces, confiar en ellas y su policía, ni menos desarmarse.

El gobierno federal ha logrado indiscutiblemente un giro a la cooptación, por lo menos de un sector importante de las autodefensas. Pero esto apenas se inicia, y en un terreno plagado de contradicciones. Entre ellas un hecho indiscutible que cuestiona la legitimidad de todo el aparato del estado, tanto el de Michoacán como el federal. Después de años de (supuesta) “guerra contra el narco”… que no logró gran cosa, lo único realmente efectivo fue producto de la movilización popular armada. En pocas semanas, una de las organizaciones criminales más fuertes de México perdió gran parte de sus dominios. Y los principales jefes templarios, que ningún Sherlock Holmes estadual o federal lograba encontrar aunque todo el mundo sabía sus nombres, domicilios y teléfonos, están presos… por ahora.

Sin embargo, como advierte el sector de las autodefensas que se niega a desarmarse, todavía es muy pronto para cantar victoria.

En el mismo sentido, alerta buena parte del periodismo independiente: “No es desconocido, mucho menos para los ciudadanos de Tierra Caliente que de manera genuina decidieron autodefenderse, que los cuerpos oficiales a los que ahora servirían están penetrados a nivel nacional y regional por los intereses de la delincuencia organizada. Tal vez no sean los mismos que hoy están siendo combatidos en Michoacán, pero cuando menos otros que serán aceptados para que siga el negocio…”[[5]]

Es que, en el fondo, además, esta lucha se da en un contexto político social que trasciende a Michoacán. Tendrá porvenir, si se hace parte de las luchas de conjunto de los trabajadores de la ciudad y el campo, contra una patronal, un estado y unos gobernantes que entre, otras salvajadas, han tolerado y alentado el imperio de organizaciones criminales como la desbaratada (parcialmente) en Michoacán.