Roma.- En un informe sin precedente, el Comité para los Derechos del Niño de Naciones Unidas (ONU) denunció ayer el «código del silencio» que promovió la Iglesia Católica, durante décadas, para encubrir miles de casos de abusos de menores por parte del clero y exigió «remover de inmediato» y entregar a la policía a todos aquellos curas culpables de pedofilia.

El documento representa una bomba para un Vaticano que, bajo la conducción de Jorge Bergoglio, busca dejar atrás sus manchas y que ayer reaccionó con fastidio, y advirtió que la ONU había ignorado las explicaciones de la Santa Sede.

El devastador documento de 16 páginas incluyó las conclusiones y recomendaciones del organismo luego de que representantes del Vaticano comparecieran en un largo interrogatorio el 16 de enero pasado.

En él, la ONU volvió a acusar a la Santa Sede de violar la Convención sobre los Derechos del Niño. Además, criticó duramente sus posiciones sobre homosexualidad, contracepción y aborto. Y advirtió que la Iglesia debería cambiar sus leyes de derecho canónico para poder asegurar el respeto de los derechos de los niños.

Al fustigar el «código de silencio» que se adoptó para callar a las víctimas, el informe dijo que la Santa Sede «sistemáticamente privilegió la preservación de la reputación de la Iglesia y el presunto ofensor sobre la protección de los niños». Pidió a la jerarquía católica que compense a las víctimas y llame a rendir cuentas no sólo a quienes abusaron sino también a quienes los encubrieron.

La respuesta del Vaticano, que no ocultó su perplejidad y su sorpresa ante el tono del documento, no tardó en llegar. Si bien prometió «examinar minuciosamente» la condena de la ONU, en un comunicado rechazó como una «injerencia» algunos puntos del informe.

«La Santa Sede toma nota de las observaciones del informe, las cuales serán minuciosamente examinadas y estudiadas», indicó.

Advirtió, sin embargo, que veía «en algunos puntos un intento de interferir en la enseñanza de la Iglesia Católica sobre la dignidad de la persona humana y en el ejercicio de la libertad religiosa», al aludir a las críticas a sus posturas sobre aborto, contracepción y homosexualidad.

El Vaticano reiteró, de todos modos, «el compromiso de la Santa Sede con la defensa y protección del derecho de los niños, en el respeto de los principios promovidos por la Convención de Derechos del Niño y según los valores morales y religiosos de la doctrina católica».

En su informe, la ONU expresó su gran preocupación porque la Santa Sede «no reconoció el alcance de los crímenes cometidos, no tomó las medidas necesarias para atender los casos de violaciones contra niños y proteger a los menores, y adoptó políticas y prácticas que llevaron a la continuación del abuso y la impunidad de quienes lo perpetraron».

El comité puso varios ejemplos concretos, entre ellos, el caso del cardenal colombiano Darío Castrillón Hoyos, que en una carta fechada en 2001 felicitaba al obispo francés Pierre Pican por no haber denunciado a un cura pedófilo que posteriormente fue condenado a 18 años de prisión por violar a un niño y abusar de otros diez. Recordó, por otra parte, el caso de las lavanderías de las Hermanas de la Magdalena, en Irlanda, donde las chicas eran obligadas a realizar trabajos forzados, sin que la Iglesia tomara medidas para prevenir que se repitieran los abusos.

El informe pidió, por otra parte, que la comisión para investigar los abusos que el papa Francisco anunció en diciembre pasado realice una investigación independiente de todos los casos de abuso cometidos por sacerdotes y de la forma en que la Iglesia respondió. Además, llamó al Vaticano a establecer reglas claras para denunciar esos casos en forma obligatoria ante la policía.

Ningún obispo fue sancionado hasta ahora por proteger a sacerdotes que cometieron violaciones y recién en 2010, durante el pontificado de Benedicto XVI, la Iglesia les ordenó denunciarlos ante la policía.

El comité emitió sus recomendaciones tras someter a una delegación del Vaticano a un interrogatorio que duró un día entero el 16 de enero pasado, en el marco de la revisión a la forma en que la Santa Sede cumple con lo establecido en la Convención sobre los Derechos de los Niños de la ONU, el tratado que protege las garantías de los menores.

Entrevistado por Radio Vaticana, monseñor Silvano Tomasi, observador ante la ONU en Ginebra, no ocultó su sorpresa ante el demoledor informe. Tanto es así que denunció que éste probablemente fue realizado bajo la influencia de lobbies «que tienen intereses sobre la homosexualidad, el matrimonio gay y otras cuestiones».

«El aspecto negativo del documento es que parece que hubiera ya sido preparado antes del encuentro del comité con la delegación de la Santa Sede, que dio en detalle respuestas precisas sobre varios puntos, que no fueron reportadas en este documento o al menos no parecen haber sido tomadas en consideración. De hecho, el documento parece no haber sido aggiornado , teniendo en cuenta lo que en los últimos años se hizo a nivel de la Santa Sede, con las medidas tomadas directamente por las autoridades en la ciudad del Vaticano y luego en varios países por parte de las conferencias episcopales», agregó.

Tomasi recordó que se estima que hay 40 millones de casos de abusos de niños en el mundo: «Lamentablemente algunos de estos casos, aunque en proporciones muy reducidas en comparación a lo que sucede en el mundo, tienen que ver con personas de Iglesia», admitió..

Las principales demandas

* La ONU sostiene que la Iglesia no reconoció la magnitud de los crímenes cometidos y no tomó las medidas necesarias para proteger a los menores.

* Señala que el Vaticano priorizó mantener la reputación de la Iglesia y la protección de los perpetradores por encima de los intereses de los niños.

* Le atribuye a la Iglesia haber adoptado prácticas y políticas que llevaron a la continuación del abuso y de la impunidad de los perpetradores.

* Exige la remoción de su cargo de quienes hayan cometido o sean sospechosos de haber cometido prácticas de pedofilia.

* Reclama también que se denuncien los casos a la policía y demás autoridades competentes para que los investiguen y procesen en la justicia penal.

* Exhorta a revisar la postura de la Iglesia sobre el aborto cuando están en riesgo la vida y la salud de las mujeres embarazadas.

* Manifiesta «seria preocupación» por las consecuencias negativas de la postura de la Santa Sede sobre el acceso de los adolescentes a la anticoncepción.

El informe no revela nada nuevo, pero pone presión sobre el Vaticano para que acelere sus tiempos y refuerce sus medidas para sancionar los abusos.