En Bruselas se firmó este viernes el acuerdo de asociación de Ucrania, Moldavia y Georgia con la Unión Europea (UE). El mismo día que terminaba el cese al fuego decretado por el gobierno ucraniano  en su “Operación Antiterrorista” en el oriente del país, que a última hora fue prolongado por tres días más, mientras que miles de personas aceleraban su paso por la frontera hacia Rusia y los trenes partían de la ciudad de Donetsk completamente llenos por temor a una nueva etapa de violencia.

El acuerdo firmado en Bruselas es el mismo cuya firma se suspendió en noviembre pasado y provocó el inicio de las manifestaciones en la Plaza Maidán, que derivó en la caída del presidente ucraniano Víctor Yanukovich, en febrero pasado.

El acuerdo de asociación no significa el ingreso a la UE, sino la liberalización gradual del comercio, dando acceso a estos países al mercado europeo y permitiendo el ingreso de los productos sin impuestos ni tarifas aduaneras. A cambio, los tres países deberán realizar una reforma completa del sistema estatal, desde la educación hasta la justicia y la Constitución, y profundas reformas económicas para adecuarse a las normas de la UE.

El problema es la estrecha integración de la economía ucraniana con la de Rusia y con los miembros de la Comunidad de Estados Independientes (CEI), la organización de los países de la exUnión Soviética. Esta disrupción del sistema económico y comercial que ha existido desde los tiempos de la URSS y que se mantuvo en los últimos 23 años de independencia implicará un remezón económico para los países de la CEI, y es la raíz del conflicto que hoy divide a Ucrania.

Rusia ya advirtió que la asociación a la UE implicará modificaciones en los regímenes aduaneros y de preferencias comerciales que permitirán a productos europeos entrar a la CEI sin impuestos ni aranceles. Pero quien más sufrirá los efectos de esta reestructuración total de su economía será Ucrania misma.

En un informe especial del Comité de Iniciativa Ciudadana dirigido por el exministro ruso Alexei Kudrin, quien ahora se encuentra en oposición al gobierno de Vladimir Putin, se calcula que Ucrania perderá anualmente 33 mil millones de dólares por el empeoramiento de sus relaciones con Moscú: dejará de recibir 15 mil millones de dólares por la caída de las exportaciones a Rusia, además de lo cual pueden caer las remesas enviadas por cerca de un millón de ucranianos que trabajan en Rusia, y que representan entre 11 mil  y 13 mil millones de dólares, equivalente a 7% del Producto Interno Bruto (PIB).

El aumento de los precios del gas implicará entre 2 mil 200 y 3 mil 700 millones de dólares más de gastos; las inversiones rusas caerán en 2 mil millones de dólares, y cerca de mil 500 millones de dólares se perderán en el turismo.

El informe concluye que la política de “Asociación del Este” es “contraproducente para los países que participan en ella, contradice los objetivos mismos de la integración europea, por cuanto destruye la amplia interdependencia regional y crea una zona de inestabilidad en las fronteras con Europa”.

“Sentencia de muerte”

Estos problemas se concentran en estado puro en la región del Donbass, formada por Lugansk y Donetsk, las dos repúblicas que han proclamado su independencia, una región predominantemente industrial y minera que es la más dependiente del comercio con Rusia.

El diputado ucraniano Serguei Terejin señaló que cerca de 60% de la producción que Ucrania exporta a Rusia, y cerca de 80% de las materias primas que Ucrania importa de Rusia, están relacionadas con Lugansk y Donetsk. Más aún, 80% de la producción total de Donetsk va a la exportación. Por eso, la ruptura de relaciones con Rusia es una sentencia de muerte para estas regiones.

El 17 de junio, por ejemplo, el presidente ucraniano Petró Poroshenko ordenó frenar la colaboración del complejo militar industrial con Rusia; es decir, de las fábricas que producen motores para helicópteros y aviones, o partes de cohetes, y que tendrán que adaptarse durante años a las normas de la OTAN para seguir produciendo.

Anton Finko, experto del Centro de Investigaciones Políticas y Conflictología de Kiev, dice a Apro que “hubiera sido mejor si Rusia, Ucrania y la Unión Europea hubieran mantenido negociaciones, como propuso el excanciller alemán Gerhardt Schroeder. Existe el riesgo de que Rusia imponga sanciones y cierre el mercado para los productos ucranianos, porque teme que, una vez que los productos europeos empiecen a entrar a Ucrania sin restricciones, puedan pasar a Rusia”.

Este intento de arrancar a Ucrania de sus raíces para llevarla a la UE está en la base de la división del país. Según una encuesta  realizada en mayo por el Centro Razumkov y el Fondo Iniciativa Democrática, 53% de la población está a favor del ingreso a la UE y 35.5% en contra. Pero si en el occidente y el centro el apoyo es mayoritario, en el Donbass un 68% apoya ingresar a la Unión Aduanera con Rusia, Kazajstán y Bielorrusia, y sólo un 13% apoya el acuerdo con Europa.

Además, en un país donde la salida de capitales en los últimos tres años ha sido de 70 mil millones de dólares, el doble del total de ayuda económica pedida a la Unión Europea, la política de la UE y del FMI puede agravar el conflicto social. El préstamo de 17 mil millones de dólares otorgado por el FMI, que se debe hacer efectivo en dos años, depende del cumplimiento de metas fiscales y monetarias, como el aumento de tarifas de servicios públicos –agua, luz, gas, combustible–, que según los estudios del propio Fondo pueden provocar una caída de 5% del PIB este año.

A ello se agregan los problemas de extrema desigualdad, tras 23 años de enriquecimiento de una elite de oligarcas y el empobrecimiento masivo de la población. Por ejemplo, de los 3 mil 200 millones de dólares del FMI recibidos en mayo que fueron dirigidos a los grandes bancos para evitar su quiebra, el mayor beneficiario fue Privatbank, el banco más grande del país, que recibió entre 36%  y 40% de esa ayuda, según reportó Business Insider el pasado 25 de junio.

No es una casualidad: el banco es propiedad de Igor Kolomoiski, gobernador de Dnipropetrovsk, que financia los batallones privados Dniepr y Donbass para combatir en las regiones pro-rusas del oriente.

El plan de Poroshenko

A contramano de los acuerdos firmados en Bruselas, el cese al fuego de diez días decretado por Poroshenko, que debía terminar el viernes 27, fue prolongado hasta el lunes 30,  con el temor de que se inicie una etapa más sangrienta en este conflicto que ya ha costado 423 vidas del 15 de abril al 20 de junio, y la huida de 110 mil0 personas a Rusia, según Naciones Unidas.

El ministro del Interior, Arsen Avakov, dijo que habrá una “dura y adecuada” respuesta a quienes no entregaron sus armas antes del viernes 27 a las diez de la noche.

Las negociaciones de paz iniciadas el 23 de junio entre el gobierno de Poroshenko y los rebeldes separatistas del oriente del país parecieron abrir una esperanza de solución, pues por primera vez se reunieron representantes de las autoproclamadas repúblicas populares de Lugansk y Donetsk con el expresidente Leonid Kuchma en representación de Kiev; Víctor Medvedchuk, el hombre más cercano al presidente ruso Vladimir Putin en Ucrania, y representantes de la Organización para la Seguridad y Cooperación Europea (OSCE).

Los 15 puntos del plan de paz anunciado por Poroshenko incluyen una descentralización del poder, elecciones locales anticipadas, amnistía, un corredor para todos los que se han levantado en armas y quieran pasar a Rusia y la creación de una franja de 10 kilómetros en la frontera con Rusia.

Para tal efecto Poroshenko presentó el 26 de junio a la Rada el proyecto de reformas a la Constitución donde se establece la descentralización del poder en las regiones, la elección popular de gobernadores, el ruso como segunda lengua regional, el recorte de los poderes presidenciales y el aumento de los poderes del Parlamento.

Como señal de buena voluntad, los rebeldes liberaron a cuatro observadores retenidos desde hace 31 días, pero los dirigentes de Lugansk y Donetsk exigen la retirada de las tropas de Kiev, y continuaron adelante con su plan de unificar las dos repúblicas en una sola entidad estatal. En Lugansk se creó el Consejo de la Unión de las Repúblicas Populares, para resolver los problemas relacionados con finanzas, bancos, impuestos y aduanas, y se formó un Parlamento conjunto con 30 diputados de cada región, que eligió al exdiputado Oleg Tsariev como su jefe.

El analista ucraniano Mijail Pogrebinsky señaló el 25 de junio al diario Izvestia de Moscú que el plan de Poroshenko es un “ultimátum”, pero que, a pesar de todo, es una “señal de su disposición a negociar con los representantes de las regiones rebeldes”.

Decidirse a tal plan fue difícil, porque “todas las fuerzas políticas que apoyan a Poroshenko y todos los medios de comunicación están por la guerra hasta eliminar al último separatista” y “en contra de negociar con los líderes de las autoproclamadas repúblicas, a quienes consideran terroristas y bandidos”. Poroshenko decidió avanzar en contra de las opiniones del “partido de la guerra”.

La perspectiva es preocupante. “Ucrania recuerda a Afganistán o Angola en los años setenta, cuando el territorio de estos países se convirtió en el campo de juego de los intereses extranjeros”, dice a Apro Anton Finko. “La situación es alarmante porque existe un gran riesgo de que Ucrania caiga en una guerra civil, pero hay factores que trabajan a favor de un acuerdo de paz”, agrega. “La Unión Europea y Rusia no están interesadas en este enfrentamiento y esto da esperanzas de que los jugadores externos logren cierto acuerdo, porque no es posible resolver el conflicto interno sin un acuerdo entre Rusia, la Unión Europea y Estados  Unidos”, concluye.

En un gesto de buena voluntad, el Consejo de la Federación ruso anuló la autorización que había dado en marzo al presidente Vladimir Putin para enviar tropas a Ucrania, con el fin de apoyar las negociaciones de paz iniciadas por Poroshenko y evitar una nueva ronda de sanciones económicas por parte de Estados Unidos y de la Unión Europea.

Pero los líderes europeos reunidos en Bruselas el viernes 27 consideran que Putin tiene la responsabilidad y el poder de resolver la situación en el oriente de Ucrania, y le dieron como plazo hasta el lunes 30 de junio para obligar a los rebeldes a acordar un mecanismo de verificación del alto al fuego y del control de las fronteras bajo el monitoreo de la OSCE, devolver al gobierno ucraniano el control de tres puntos de frontera, liberar a los rehenes y comenzar negociaciones sobre el “plan de paz” presentado por Poroshenko.

De lo contrario, impondrán nuevas sanciones contra Rusia.