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El 19 de febrero de 2012, en una mañana de domingo, una compañera de Praxis y de la juventud del Ja Basta! junto con 11 estudiantes de la Universidad de São Paulo (USP) fueron arrestados por la defender los legítimos derechos de residencia estudiantil. Hubo también entre los arrestados una estudiante embarazada que, después de haber sido agredida por la policía, fue llevada en el autobús militar sin asistencia médica. Estos estudiantes fueron encarcelados arbitrariamente no sólo por defender la residencia de estudiantes, sino también por defender el carácter público de la universidad.

En 2010 más de 800 estudiantes no consiguieron lugar la residencia de la USP y cada año se ha incrementado el número de estudiantes que no encuentra plazas vacantes. Por eso es que los estudiantes decidieron legítimamente hacer lo que la es deber de la universidad antes semejante cifra de cientos de estudiantes necesitados sin hogar. Y para satisfacer esta demanda, con el apoyo de la Asociación de Moradores del Conjunto Residencial de la USP (CRUSP) en asamblea de estudiantes se decidió ocupar parte de un edificio, la planta baja del Bloque G. Esta zona que históricamente ha sido utilizada con fines de alojamiento para estudiantes en el momento estaba siendo usurpada por la burocracia universitaria y el banco SANTANDER. Así correctamente los estudiantes recuperaron este espacio durante casi dos años, al que bautizaron «Moradia Retornada» (vivienda recuperada).

En este período, el espacio albergo a decenas de estudiantes sin recursos quienes sin esta opción de vivienda creado directamente por el movimiento estudiantil, se verían obligados a abandonar sus cursos. La «Moradia Retomada» además de garantizar la vivienda para los estudiantes sirvió para presionar a la Rectoría para entregar dos manzanas más con el propósito de alojamiento para estudiantes.

Cuando una cama es un privilegio, la ocupación no es un crimen, es un derecho.

La detención de estos estudiantes fue un proceso análogo al del período dictatorial, es decir, sin la menor transparencia o justificación. No hubo resistencia y la recuperación se llevó a cabo en presencia de agente judicial. Sin embargo, incluso así, los estudiantes han sido detenidos y actualmente responden ante un proceso penal que puede llevar a perder la “primarity” y ser marginados sólo para ejercer el derecho a luchar en defensa de sus condiciones materiales de permanencia en la universidad para estudiar.

El estatuto de la Dictadura Militar se sigue utilizando en la USP

Los procesamientos y la persecución política contra los estudiantes y empleados de la USP y otras universidades están relacionados al proceso más general de criminalización de la lucha a la que asistimos desde hace décadas por parte del gobierno y la «justicia» Paulista. Esta criminalización tiene un antecedente histórico que fueron los años de plomo (dictadura militar) de nuestro país en el que la USP trabajó de la mano con las fuerzas contrarrevolucionarias del estado y el país. No olvidemos que la represión en la USP, tuvo como objetivo el perpetuar una estructura de poder que no estaba orientada a satisfacer los intereses de los trabajadores y de sus hijos, sino a la apropiación de la producción científica y la fuerza de trabajo producida en su interior en beneficio del capital.

Esta situación tiene como agravante el hecho de que en la USP sigue existiendo en su actual estructura de poder un Estatuto redactado durante la Dictadura Milita. El Decreto de Estado 52.906, de marzo de 1972 prevé la eliminación de los estudiantes y trabajadores que actúan políticamente en oposición a la rectoría y sus políticas. Se considera una infracción «promover cualquier manifestación o propaganda de carácter político partidario, de naturaleza racial o religioso, e incitar, promover o apoyar ausencias colectivas [huelgas] a las tareas escolares.» Este decreto se produjo en plena dictadura militar brasileña.

El trabajo de la rectoría de la universidad esta dirigida a satisfacer los intereses de la clase dominante, ya que su propia estructura expulsa a la gran mayoría de la toma de decisiones. Los estudiantes universitarios y los trabajadores son gigantes desde el punto de vista numérico y de importancia, pero es una pequeña minoría en este poder central, todas las decisiones son tomadas por una casta de profesores titulares, en cargos de confianza que eligen arman una terna de candidatos a rector, que es finalmente designado por el Gobernador del Estado.

El proyecto privatista es: reprimir para gobernar

Defender a los luchadores de la USP es defender la universidad pública y el derecho a luchar por los derechos básicos de la población. La represión promovida por el rector y el gobierno del estado de São Paulo tiene el claro objetivo de silenciar la voz dentro de la USP y de preparar el terreno para la imposición de un proyecto universitario amoldado al proyecto privatizador, tales como el arancelamiento, que recientemente se ha discutido sin pudor.

La propuesta de arancelamiento era considerada por muchos como impensable hace unos años, pero ahora los periódicos e incluso el gobierno lo dice con «naturalidad» (la cobranza ya comenzó en algunos cursos de postgrado).

No criminalizar la lucha y en defensa de los compañeros.

En el momento en que la rectoría desea realizar un recorte nunca visto en las subvenciones a la investigación, la vivienda y la residencia en general del 50%, así como también un recorte en los salarios de los trabajadores, la lucha iniciada por los estudiantes de la «Moradia  Retomada» incrementa aún más su significado y  la defensa de los compañeros es esencial.

A pesar de que los compañeros están siendo acompañados legalmente no tenemos ninguna confianza en la justicia burguesa, que, por ejemplo, hace poco mandó al activista del movimiento estudiantil y  funcionario de la USP, Fábio Hideki, encarcelado durante más de cuarenta días sin ninguna prueba de los delitos imputados a él.

En el momento actual, cuando la población empieza a cuestionar las políticas o la ausencia de ellas, es que los luchadores y la izquierda estamos sufriendo diversas persecuciones. Por esto es que es necesaria la máxima unidad en la lucha en defensa de todos los luchadores perseguidos

Todos los activistas, organizaciones políticas, sindicatos centrales y combativas no pueden dejar de apoyar a los luchadores perseguidos en la USP. Tenemos que poner un pie una campaña política y financiera en defensa de los compañeros de la «Moradia Retomada». Ellos necesitan de toda nuestra solidaridad y apoyo político y económico para pagar los costos legales del proceso.

Por eso es que hay que continuar con la defensa jurídica y presionar a la justicia hasta lograr la absolución de los compañeros.