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Madrid.- Imperturbable ante la masiva manifestación que anteayer desbordó las calles de Barcelona, el gobierno de Mariano Rajoy insistió ayer en que impedirá un referéndum independentista en Cataluña, y advirtió al líder regional Artur Mas que se arriesga a cometer un delito si decide celebrar la votación el 9 de noviembre.

«Los ciudadanos tienen derecho a manifestarse, pero los gobernantes estamos obligados a cumplir la ley. Ahora y en el futuro, aquí y en Cataluña. No podemos cambiar nuestra posición», dijo la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, al ratificar que la Moncloa impugnará ante el Tribunal Constitucional (TC) la convocatoria a la consulta popular si Mas ejecuta su promesa.

Casi en simultáneo, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, anunció que la institución a su cargo «actuará de inmediato» si las autoridades de la comunidad autónoma «cometen alguna acción reñida con el Código Penal».

La movilización por el Día Nacional de Cataluña, a la que asistieron cientos de miles de personas para defender el plan separatista, abrió la etapa decisiva del desafío que Mas y sus aliados plantean al gobierno de España. El presidente regional buscó mostrarse reforzado por el impulso de la calle. «El conflicto se resolverá votando y lo de ayer ayuda muchísimo. Votaremos seguro. Otra cosa serán las condiciones, que no dependen sólo de nosotros», dijo en una entrevista en la radio RAC1.

Fue deliberadamente ambiguo. Los manifestantes le exigieron que saque las urnas a la calle el 9 de noviembre sin acatar una eventual orden de suspensión dictada por el TC. Pero Mas no quiere dar ese paso. No sólo por el riesgo de quebrar la ley, como le advierte el gobierno español, sino porque los resultados de una consulta sin respaldo constitucional serían desconocidos por la comunidad internacional.

«Si no hacemos bien la consulta, será como un bumerán que caerá sobre nosotros -admitió ayer Mas-. Debemos ser capaces de tener una respuesta [a la pregunta sobre la independencia] y que no se pueda poner en cuestión el resultado. Que haya garantías para que participen los del sí y los del no.»

El espejo obvio en el que quiere mirarse es Escocia, donde el jueves próximo la población podrá decidir si se separa o no de Gran Bretaña en un referéndum que fue pactado en 2012 entre Londres y Edimburgo.

El desenlace de esa disputa -impredecible aún- influirá de manera decisiva en el destino del proyecto nacionalista catalán, admiten tanto en Barcelona como en Madrid.

Mas confirmó que el Parlamento local votará el próximo viernes una ley que lo autorizará a convocar la consulta. Y «pocos días después» firmará el decreto para organizar la elección del 9 de noviembre con la doble pregunta «¿Quiere que Cataluña sea un Estado? Y, en caso afirmativo, ¿quiere que sea un Estado independiente?» Sáenz de Santamaría anticipó que la Moncloa impugnará de inmediato la ley de consultas.

Mas deberá entonces enfrentar las presiones de sus socios de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que exigen cumplir sin excusas con el desafío del 9-N. Después de oír las justificaciones de Mas, la vocera del bloque de ERC en el Parlamento, Marta Rovira, se quejó: «Prometimos celebrar la consulta, no solamente convocarla».

La falta de diálogo alarma a la oposición de Rajoy, que advierte sobre la gravedad del conflicto que se está gestando en Cataluña. «No podemos continuar así. Hay que sentarse a negociar», urgió ayer el líder del socialismo, Pedro Sánchez, que aboga por una reforma constitucional para ampliar el autogobierno catalán dentro de España. Una opción que muchos analistas creen mayoritaria en la opinión pública, pero que no entusiasma para nada ni a Rajoy ni a Mas.