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El caso de los estudiantes desaparecidos en Iguala se ha convertido en un escándalo mundial que desnuda una crisis nacional casi sin precedentes para el estado mexicano. Así mismo, el gobierno de Peña Nieto se encuentra a las puertas de su primera gran crisis política cuyas consecuencias son aún impredecibles.

Los gobiernos que se han sucedido durante las últimas tres décadas en éste país no han hecho más que profundizar las políticas neoliberales, desde el acuerdo de libre comercio firmado con Estados Unidos y Canadá en 1994 hasta la apertura a las inversiones privadas en la industria del petróleo llevada a cabo a fines del año pasado. La condición para que este brutal giro neoliberal pudiera ser llevado a cabo ha sido el sometimiento del pueblo mexicano a un incesante ajuste económico que ha dado como resultado elevados índices de pobreza y marginalidad. Sumado a esto se encuentra la relación íntima que las estructuras gubernamentales mantienen con los carteles del narcotráfico, cuyos matones colaboran abiertamente con la policía en los casos de represión y tortura como los que se ha vivido en el Estado de Guerrero.

La bancarrota del “tripartidismo” PRI-PAN-PRD exige una alternativa política independiente, socialista y de clase para combatirlos Dicha alternativa no está representada ni López Obrador con su Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) ni el Partido del Trabajo (PT). Hace falta una salida de la clase obrera y los sectores populares independiente de la burguesía y todo sector patronal.

A continuación, un artículo enviado por Karina González, integrante de la organización “Las Libres” y activista estudiantil mexicana.(SoB)

Se cumple ya un mes de que Estudiantes de la Normal de Ayotzinapa (Estado de Guerrero), el pasado 26 de septiembre, tomaran dos camiones para llegar a Iguala. Según testimonios de algunos estudiantes,  iban a realizar una colecta para viajar a la Ciudad de México a la marcha conmemorativa del 2 de octubre[1]. Desde ese día y hasta ahora la pregunta sigue siendo: ¿Dónde están los Normalistas?

Cronología de hechos

El 26 de septiembre el alcalde José Luis Abarca ordenó a la policía municipal de Cocula (municipio de Guerrero) que los detuvieran porque “iban a  boicotear el informe de gobierno de su esposa, María de los Ángeles Pineda”. En este  hecho, murieron seis personas, entre ellas cinco normalistas, 25 resultaron heridos y 43 más desaparecieron.

Hasta el 30 de septiembre, detuvieron a los 22 policías que participaron en el asesinato de las seis personas en Iguala. Fueron trasladados al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Las Cruces, en Acapulco.

Ante estás acciones el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, pidió “licencia a su cargo” por 30 días para “facilitar las investigaciones que involucran a la Policía Municipal”. Está solicitud fue aprobada por unanimidad en sesión de cabildo.Hasta ahora, el funcionario local y su esposa están prófugos.

Este año, la marcha conmemorativa del 2 de octubre en el Distrito Federal apoyó la consigna de “Vivos se los llevaron, vivos los queremos” y se adopto la bandera de: “Todos somos Ayotzinapan”.  La marcha llenó el Zócalo de la Ciudad de México de indignados. Ante esto la procuraduría de Guerrero confirmó el hallazgo de seis fosas clandestinas en las zonas de Pueblo Viejo y Loma de Coyote, en Iguala (a unos 30 minutos de donde ocurrió el ataque a los normalistas); posteriormente se dio a conocer que había 28 cuerpos en ellas, pero no confirmaron a ninguno de los normalistas.

No fue hasta el 5 de octubre que el procurador de Guerrero informó que a partir de la declaración de dos detenidos, presuntos integrantes de Guerreros Unidos (Grupo de narcotraficantes en Guerrero) dijeron que policías de Iguala había entregado a 17 normalistas al grupo delictivo, y estos habían sido asesinados en una zona cercana adonde localizaron las fosas.

Tras está declaración el Consejo Político Nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) determinó por unanimidad expulsar de sus filas a José Luis Abarca, alcalde de Iguala, ahora prófugo.

Después de once días de la desaparición, el presidente Enrique Peña Nieto habló por primera vez sobre el caso: “Al igual que la sociedad mexicana, me encuentro profundamente indignado y consternado ante la información que ha venido dándose a lo largo del fin de semana”.

Lo curioso de su indignación es que nunca se comprometió con garantizar justicia para los normalista, ni la aplicación de la ley para los responsables. Ni siquiera hablo de un  compromiso concreto de encontrarlos y entregarlos a sus familiares. Su apoyo al caso se tradujo en el nombramiento de Jesús Murillo Karam (Procurador General de la República, PGR) como encargado de la investigación, mientras que el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, anunciaba el auto de formal prisión a los 22 policías municipales detenidos en Iguala.

El 7 de octubre, Normalistas de Ayotzinapa protestaron al interior de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en Chilpancingo, capital de Guerrero. Allí tapizaron paredes con los retratos de sus compañeros  desaparecidos.

Tras está acción de movilización, el 8 de octubre se realizó la Primera Jornada de Acción Nacional e Internacional por Ayotzinapa: “¡Ya no podemos permitir ni un muerto más!”. Miles de personas marcharon en México y el mundo por los normalistas desaparecidos. Las consignas: “Renuncia del gobernador Ángel Aguirre, la aparición con vida de los estudiantes, la atención del caso por parte del presidente Enrique Peña Nieto y sanción para todos los responsables”.

Tras la presión social, Murillo Karam, da un informe de sólo cifras el 10 de octubre: 34 personas detenidas (26 policías de Iguala, cuatro miembros del grupo delincuencial Guerreros Unidos y nueve fosas clandestinas localizadas en el municipio guerrerense). Con referencia a José Luis Abarca, su esposa y el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Felipe Flores, dijo: “Se siguen buscando”.

Al escuchar el informe y no obtener respuesta con referencia a la ubicación de los desaparecidos, normalistas de Ayotzinapa incendian varias oficinas en el interior del Palacio de Gobierno de Guerrero, así como las instalaciones del Ayuntamiento de Chilpancingo,

Colectivos de la Universidad Autónoma de México (UNAM) aparecen a la escena el 13 de octubre y convocan a un paro de 48 horas para demandar la aparición con vida de los 43.

El 14 de octubre, Murillo Karam confirma que los 28 cuerpos hallados en las primeras fosas de Iguala no son de normalistas. Está declaración no contesta la pregunta: ¿Dónde están los normalistas? Y sin embargo aumenta una pregunta más… ¿De quiénes son esos cuerpos…?

Sin respuesta a las dudas, crece la movilización estudiantil. Las principales universidades públicas del DF amanecen el 15 de octubre en paro de labores de 48 horas aprobado por las asambleas estudiantiles de 30 escuelas y facultades de la UNAM, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Pedagógica Nacional y la Universidad Autónoma de Chapingo en “solidaridad” con los estudiantes de Ayotzinapa. La respuesta de Peña Nieto a este paro fue un comunicado que decía: “Localizarlos es la prioridad para el Estado”.

Sidronio Casarrubias Salgado, señalado como líder de la organización Guerreros Unidos, es arrestado el 17 de octubre  junto con uno de sus operadores más cercanos. Murillo Karam continúa actualizando cifras: detenidos 36 policías de Iguala y Colula, y 17 integrantes del crimen organizado y hallazgo de tres fosas clandestinas más en Iguala.

Tras está información el sacerdote, activista y defensor de los Derechos de los Migrantes, Alejandro Solalinde, pide declarar ante la PGR, tras haber obtenido información valiosa sobre los normalistas. La PGR le niega su derecho a  declarar. Tras dos intentos de aportar a la investigación, declara a los medios: “Dos testigos me confirman que estaban heridos, y así como estaban, los quemaron vivos, les pusieron diésel. Eso se va a saber. Dicen que hasta les pusieron madera, algunos de ellos estaban vivos, otros muertos“, dijo el sacerdote de 69 años.

La PGR (Procuraduría General de la República) se niega a atender la declaración de Solalinde y ofrece una recompensa de un millón 500 mil pesos a quien o quienes proporcionen información veraz y útil que ayude a la localización de cada uno de los 43 estudiantes desaparecidos.

El 22 de octubre, se unen a paro nacional universidades de todo el país, Facultades de las principales universidades públicas y privadas de México hacen paro, exigiendo la renuncia del gobernador Ángel Aguirre y del presidente Enrique Peña Nieto y la aparición de los 43.

El 23 de octubre el gobernador Ángel Aguirre decide “renunciar con dignidad” y solicita “licencia a su cargo”. El Congreso de Guerrero la aprueba…

Los estudiantes mexicanos despiertan

Con la consigna “Todos somos Ayotzinapan”, México vive el movimiento estudiantil más importante después del 2 de octubre de 1968.Los 31 estados y el DF realizaron el pasado 22 de octubre el paro estudiantil más grande en la historia.

Durante 48 horas, 70 universidades del país, y 64 ciudades en México y el mundo se solidarizaron con los normalistas, pusieron en crisis al Gobierno Federal y obligaron a Ángel Aguirre a “pedir licencia”.

La organización de los estudiantes en México, comenzó con una campaña en redes sociales el 22 de octubre en donde a las 8:00 pm se convocaba a subir las fotografías y nombres de cada uno de los desaparecidos, con el hashtag #‎RegrésalosEPN #LosQueremosVivos.

El 23 de octubre se convocó a marcha nacional. Unas 350 mil personas participaron en la marcha que fue del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino, en el DF, mientras que en las otras ciudades, miles de jóvenes salían a las calles, haciendo público su  repudio en contra del gobierno de Guerrero y tomaban sus universidades.

En la enorme marcha al Zócalo también se exigió la renuncia del presidente Peña Nieto.

La marcha del D.F fue encabezada por los familiares de los desaparecidos quienes durante el mitín declararon: “Con balas, así le pagan a estudiantes de familias campesinas, mientras los gobiernos se echan la responsabilidad”, “¡Ya no podemos permitir ni un muerto más, ni un normalista muerto más!”

El Zócalo de la capital mexicana colmado por los manifestantes

En un comunicado de prensa repartido durante la marcha, estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” exigieron cinco puntos:

*Presentación con vida de los 43 compañeros desaparecidos.
*Castigo a los responsables intelectuales y materiales de la muerte extrajudicial de nuestros tres compañeros caídos.
*Juicio político y destitución del alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez.
*Renuncia, juicio político y castigo al gobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero.
*Castigo al secretario de Seguridad Pública de la ciudad de Iguala, Felipe Flores Velázquez.

Los participantes de la marcha también denunciaron que hasta el día de hoy ninguna de las familias de los desaparecidos han recibido algún tipo de apoyo: “Somos las familias vecinas y la comunidad estudiantil quienes hemos apoyado con lo poco que tenemos para que los padres y madres de familia sigamos en la lucha por la justicia”.

Ciudadanos de Alemania, España, Bolivia, Estados Unidos e Inglaterra  también se manifestaron a favor de los estudiantes.

Ahora, estudiantes de 80 escuelas de México, que conforman la reciente “Asamblea Interuniversitaria”, convocan a la Tercera Jornada de Acción Nacional e Internacional y llaman a unirse al paro y movilización a nivel nacional el próximo 5 de noviembre para exigir la aparición con vida de los 43.

Ayotzinapan, viene desde el 2011

Detrás de los 43 desaparecidos de Guerrero se encuentra una historia de represión, asesinatos y escándalos. El pasado 12 de diciembre del 2011 murieron dos estudiantes normalistas durante un desalojo violento en el que participaron elementos de la Policía Investigadora Ministerial (PIM), así como de la Policía Federal y antimotines de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.

Por este suceso cayó el entonces Procurador de Justicia, Alberto López Rosas, premiado posteriormente por Aguirre Rivero como titular de la Secretaría del Trabajo del Gobierno Estatal.

Desde entonces, los estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa (43 de ellos ahora desaparecidos) no han parado de realizar movilizaciones y protestas exigiendo la renuncia de Ángel Aguirre, sanción para los asesinos del 12 de diciembre y la erradicación de la inseguridad y la criminalización de la lucha social.

Organismos no gubernamentales (ONGs) de Derechos Humanos, así como Organizaciones Civiles y Populares, han documentado tan sólo en el 2013 la muerte de al menos 13 luchadores sociales. Violación de Derechos Humanos, crímenes, nepotismo y desapariciones forzadas, acompañaron a Ángel Aguirre Rivero en su trabajo como Gobernador.

Aguirre, “el progresista de izquierda”

La salida de Ángel Aguirre ocurre a casi un mes del asesinato de seis personas y la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” conocida como Normal de Ayotzinapa.

La aprobación a la solicitud de licencia de Aguirre Rivero, es la segunda en casi dos años de gobierno de Enrique Peña Nieto. Apenas el pasado 19 de junio, el ahora ex gobernador de Michoacán Fausto Vallejo Figueroa renunció de manera definitiva a su cargo.

Las dos salidas de los ex gobernadores, se han generado en medio de escándalos de inseguridad y relaciones con grupos de la delincuencia organizada. Peña Nieto ha evitado pronunciarse, ha esquivado los cuestionamientos al respecto.

Paradójicamente, Aguirre ya había sido gobernador de Guerrero en los años noventa, cuando llegó al poder en sustitución de Rubén Figueroa Alcocer, luego de que el 28 de junio de 1995, policías estatales dispararon contra un grupo de campesinos, dando muerte a 17 en el vado de Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez en Guerrero.

Los señalamientos de numerosas organizaciones sociales contra el entonces gobernador Figueroa (como ocurrió esta vez con Aguirre, por los hechos de Iguala) motivaron su renuncia en marzo de 1996. En su lugar fue designado Ángel Aguirre Rivero, para concluir su período.

Aguirre, siempre fue un político que se manejó con bandera de “izquierda” pues su Partido de la Revolución Democrática (PRD) así lo vendió desde que fue interino.

Aguirre fue el mismo que mantuvo en la cárcel a Adriana Manzanares, indígena tlapaneca, acusada por homicidio en razón de parentesco, cuando en realidad sufrió un aborto espontáneo y quien fue liberada apenas el 22 de enero de este año tras haber estado 7 años con 9 meses y 3 días en prisión.

Aguirre sabía del ataque militar que se convirtió en la “Masacre de El Charco”. Dicha operación militar provocó la muerte de 10 indígenas mixtecos y un estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) el 7 de junio de 1998 en la comunidad de El Charco, municipio de Ayutla de los Libres, en Guerrero, y no hizo nada al respecto.

Aguirre fue el mismo que lanzó la iniciativa para la legalización del aborto en Guerrero. Y después, tras la presión de los grupos religiosos, se lavó las manos dejando toda la responsabilidad en los diputados en curso. Ahora es cómplice de la desaparición de los 43 normalistas.

¿Qué viene para “la izquierda” mexicana? ¿Cuál va ser la postura del PRD a nivel nacional, ya que hasta ahora sólo se han dicho “indignados”? Y la pregunta del millón: ¿cuál será la cara de los partidos políticos en general, ahora que están alistando campañas para el 2015 en diferentes entidades.

La realidad es que México vive una guerra contra el pueblo, en donde el PAN (Partido Acción Nacional) con su “guerra contra el narcotráfico” durante el sexenio de Calderón, dejó 70 mil muertos y más de 20 mil desaparecidos. El PRI, con Peña Nieto, ha sido represor con quienes lo critican y se oponen a su gobierno, dejando a integrantes del #YoSoy132 desaparecidos, en la cárcel o heridos, además de lanzar una serie de reformas para censurar y limitar el acceso de la población a las decisiones políticas. Una de ellas es la regulación de reuniones y manifestaciones en lugares públicos. ¿Y que decir del PRD, en donde atropellos a derechos humanos como la desaparición de los 43 y la aprehensión de los #YoSoy132 se llevaron en estados gobernados por ellos?

México es un país que se desangra y que está “hasta la madre de violencia”. Oficialmente México es un país sin guerra. Pero paradójicamente es el más peligroso para vivir. En el mundo entero resuena la indignación y es por eso que la resistencia se empieza a organizar.

Cervantino de Luto

En pleno Festival Internacional Cervantino (considerado uno de los festivales culturales más importantes del mundo) el pasado 18 de octubre Ricardo de Jesús Esparza Villegas, estudiante de la Universidad de Guadalajara y asistente al festival, fue encontrado sin vida después de haber sido detenido por las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE).

La declaración oficial de la Procuraduría de Guanajuato fue: “Nunca fue detenido, su muerte se debió a una caída.El ahora occiso, saltó la azotea de la casa y cayó perdiendo la vida”.

Un estudiante más levantado por la policía y además encontrado muerto horas después, en pleno movimiento por los 43, parecía irreal. Sin embargo, este hecho provocó la movilización más grande de la historia en Guanajuato.

Por primera vez la Universidad de Guanajuato (UG) fue tomada. Y ya no sólo pedía respuesta a “¿dónde están los 43 normalistas?”. Si no que agregaba una pregunta más: “¿Porqué nos asesinan, si somos la esperanza de América Latina?”, y afirmaban: “No se murió, lo mataron”.

Una marcha a mitad de semana del cierre del festival colocó a Guanajuato en el ojo público de México y el mundo. La historia se repetía. Nadie sabía qué había pasado con Ricardo- Sólo se sabía que lo habían levantado en una plaza y horas después había aparecido sin vida en un callejón.

El jueves 23 de octubre, en plena marcha nacional por los 43 convocada por UNAM, llegaron a Guanajuato alrededor de siete camiones, llenos de estudiantes procedentes de Guadalajara.Cerca de las 3:00 pm cruzaron la caseta de Guanajuato y fueron recibidos por una comitiva de la UG y pactaron la agenda a seguir.

Los estudiantes de la Universidad de Guadalajara (UdeG) llegaban a la capital cervantina para decirle de frente al gobernador y procurador de Guanajuato: “Dejen de ser cínicos, responsabilicen por la muerte de nuestro compañero Ricardo. Estamos exigiendo justicia para un compañero caído de la Universidad de Guadalajara, para un estudiante más muerto en este país, en este país de muertos… Venimos a exigir al gobierno que deje de criminalizar a nuestro compañero. Nuestro compañero no murió, a nuestro compañero lo mataron”, señaló Alberto Galarza, dirigente de la Federación de Estudiantes de la UdeG.

El contingente de estudiantes de la UdeG, custodiados y acompañados por estudiantes de la UG, depositaron dos ofrendas florales: una en la puerta de la casa del callejón Peña Grande número 28, lugar en el que fue encontrado su cuerpo la mañana del domingo 19, y otra en la plazuela del Ropero, donde fue interceptado por elementos policiacos, identificados por sus informes y el logo que portan en la gorra y espalda con las iniciales FSPE.

Posterior a los actos en memoria de Ricardo, la marcha encabezada por la UdeG siguió hacia las escalinatas de la Universidad de Guanajuato, lugar en donde se había centralizado la toma de universidad. Ahí, se pasó lista a los 43 normalistas y a Ricardo, se cantaron consignas: “Hay que estudiar, hay que estudiar, el que no estudie como policía va acabar”, “El que no salte no pide justicia”, “Pueblo, pueblo, dime que se siente que maten a tu gente y seas indiferente”.

Guanajuato tenía en sus calles a cerca de 2000 estudiantes organizados y exigiendo justicia, la sociedad se escandalizó, juzgo como radical al movimiento estudiantil, negocios por miedo a los manifestantes cerro sus puertas, y muchos rumores se escucharon sobre posibles destrozos en la ciudad. Nada de eso pasó, el objetivo era muy claro y se logró, poner en el reflector público que el sistema judicial no protege a la ciudadanía si no que la asesina y que el blanco principal eran los estudiantes.

Hasta el día de hoy, el Gobierno y la justicia Guanajuatense niegan que Ricardo haya sido detenido y más aun que en su muerte esté involucrada la FSPE, sin duda alguna el movimiento estudiantil sigue en la lucha, uniendo a dos Universidades UG y UdeG, quienes no piensan quitar el dedo del renglón y se preparan para la  Tercera Jornada de Acción Nacional e Internacional convocada para el próximo 5 de noviembre.

Estudiantes una esperanza para México

México carece de movimientos estudiantes, está es la posibilidad de crear uno que se totalmente independiente, apartidario y que esté en constante vigilancia al gobierno para que le exija que cumpla con su trabajo. La unificación de una misma consigna a nivel nacional, ampara la posibilidad de que los jóvenes mexicanos terminen creando una agrupación civil con líderes capaces de enfrentarse y discutir de frente con el gobierno sus fallas.

La esperanza de que el sistema sea el que tenga miedo y no la sociedad, se vuelve una posibilidad con este movimiento de jóvenes el cual además tiene la aceptación y el respaldo de la mayoría ciudadana.

Una“Asamblea Interuniversitaria”, es el primer paso para que se coloque en la escena pública una agrupación organizada, surgida desde la sociedad y para la sociedad, la cual no ha existido en nuestro país.

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[1].- El 2 de octubre de 1968 de produjo la Masacre de Tlatelolco. Ese día se realizaba en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, barrio de la capital de México, una gran manifestación estudiantil y popular. Centenares de jóvenes fueron asesinados por las tropas enviadas por el gobierno. Desde entonces, todos los años se realizan actos y movilizaciones de conmemoración.