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“El Gobierno es el culpable de toda esta situación. Llamamos a todos los estudiantes a ser parte de este movimiento para realizar una huelga nacional que ponga de rodillas al Estado”[1]. Estas fueron las palabras con las que los alumnos del Instituto Politécnico Nacional lanzaron la convocatoria a todos los estudiantes mexicanos a realizar el pasado miércoles una huelga por 48 horas para continuar exigiendo al gobierno de Enrique Peña Nieto el esclarecimiento de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

Los militantes y activistas que integran la comisión interuniversitaria, junto con los familiares de las víctimas,saben que las jornadas de lucha que se avecinan deben estar orientadas denunciar no sólo este crimen de estado aberrante, sino todas las vejaciones que hasufrido el pueblo mexicano durante la última década. Y hasta algunos sectores comienzan a exigir la renuncia de Peña Nieto.

Más de un mes ha pasado desde la noche del 26 de septiembre, cuando los estudiantes normalistas fueron atacados en medio de un operativo en conjunto de la policía y matones de un cartel del narcotráfico. Nada se sabe de su paradero y no ha habido avances significativos en la investigación, lo que hace crecer la indignación desde abajo. La responsabilidad del gobierno en los atroces hechos ocurridos en Iguala, es la consigna que levantan todos los estudiantes y organizaciones que participarán de las jornadas de lucha. La creciente bronca popular materializada en la toma de 16 ayuntamientos del Estado de Guerrero demuestra que para los manifestantes no cabe ninguna duda de que se trata de un crimen de Estado

En las últimas semanas, en el afán de despegarse de las responsabilidades de la causa, funcionarios del gobierno soltaron la infame acusación de que los normalistas estaban relacionados con el cartel Guerreros Unidos, cuyos sicarios actuaron en conjunto con la policía en la ejecución de los estudiantes. Mediante esta siniestra calumnia, intentaron hacer pasar a los hechos que tuvieron lugar en aquella noche como un simple ajuste de cuentas entre elementos del mismo bando.

Mientras el gobierno montaba este circo de falsas acusaciones, el alcalde de Iguala que ordenó la ejecución de los estudiantes por molestarles sus ideas opositoras, permaneció prófugo por casi un mes durante el cual el gobierno hizo como que estaba detrás de sus pasos.

Decimos “hizo como que”, porque en verdad no estaban moviendo un dedo para buscarlos. Si no es así, ¿cómo se explica que finalmenteJosé Luis Abarca y su esposa María de los Ángel Pineda hayan sido arrestados en la capital de México? Por otro lado, el mismo procurador general, Iñaki Blanco,indicó que los estudiantes habrían sido entregados por la policía a Guerreros Unidos para que sus sicarios los masacraran.

Los familiares de las víctimas no depositan ninguna confianza en el Estado mexicano, porque saben que son sus mismas instituciones las que tienen la responsabilidad de que sus hijos estén desaparecidos. Es el mismo Estado burgués asesino, que monta un simulacro de investigación, el que intentó días atrás chantajear a los familiares con 100.000 pesos a cada uno para que se callaran la boca y dejaran de reclamar por la aparición de sus hijos.

Después de semejante acto de cinismo por parte del gobierno,los familiares han fortalecido su postura de no aceptar más “negociaciones” hasta que garantice que habrá respuestas sobre lo que sucedió con sus hijos y que se condenará a los responsables.

Un Estado en putrefacción y cómplice de las organizaciones criminales

Finalmente, se confirmó que los cuerpos quemados y mutilados hallados en fosas clandestinas durante las últimas semanas, no corresponden con los de los estudiantes desaparecidos. Este hecho pone de manifiesto la expansión en México de organizaciones paramilitares de carteles del narcotráfico que colaboran con la policía para sostener, mediante represión y torturas, un régimen de explotación y control político adaptado a los requerimientos del imperialismo yanqui.

En el trascurso de la investigación ya se han destapado más de 38 fosas comunes con cadáveres de personas no identificadas. Esto demuestra que la llamada “Guerra contra el narcotráfico” no ha dado el menor resultado en desarmar al crimen organizado. Es más desde el lanzamiento de dicha política en el año 2006, en los inicios del mandato presidencial de Felipe Calderón, los cárteles de narcotraficantes lejos de debilitarse se fortalecieron.En los últimos ocho años se contabilizan más de 120.000 muertes a manos de organizaciones criminales, según los datos arrojados por Instituto Nacional de Estadística y Geografía mexicano.

Los resultados de la aplicación de los puntos consignados en el Programa Nacional de Derechos Humanos con la que el gobierno de Peña Nieto se comprometió a principios de este año a combatir los crímenes violentos y las desapariciones forzosas,resultaron ser una medida cosmética más del gobierno del PRI para tapar sus relaciones (y de los otros partidos, el PAN y el PRD) con la mafia sicaria.

El “Pacto por México” comienza a mostrar fisuras

Los estudiantes que sobrevivieron a la cacería de 26 de septiembre denuncian ser perseguidos por el gobierno, por ser opositores a las políticas neoliberales y de entrega al imperialismo que se han aplicado en los últimos años con más fuerza que nunca en México. Basta recordar, entre las medidas obsecuentes al imperialismo yanqui del gobierno de Peña Nieto, la “apertura” de la industria del petróleo a inversiones extrajeras a mediados de año pasado. Además, los estudiantes ruralistas, así como el estudiantado mexicano en general, constituyen un movimiento histórico, que se resiste a la privatización de la educación pública y lucha consecuentemente por ello.

La indignación contra las instituciones del Estado por la desaparición de los normalistas crece día a día en el pueblo mexicano, pero sin encontrar aún una chispa, un canal por donde se encienda y pase de la bronca a la acción. Vale la pena recordar que el sistema político de éste país basa su gobernabilidad en un acuerdo denominado “Pacto por México”. Este “Pacto” fue firmado en el 2012 por los dirigentes los tres partidos patronales más importantes: el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobierna, y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), que tiene pretende presentarse como “de izquierda”.

No existe reemplazo para éste acuerdo si llega a entrar en crisis. Es por eso que un levantamiento popular sería la peor pesadilla de la burguesía mexicana, que ya se está empezando a asustar. Entonces, le reclama al gobierno un nuevo pacto que reguarde a sus intereses y mantenga a raya a los sectores populares.

La crisis política en México se está acrecentado aun ritmo lento pero sostenido. Hacia donde evolucione,dependerá de que amplios sectores de trabajadores de la ciudad y el campo se unan a los estudiantes insurgentes para luchar contra del gobierno de coalición PRI–PRD–PAN que es responsable de la debacle social y económica, y de atrocidades como las de Guerrero. Para esto, es necesario poner pie una alternativa de la clase obrera y los sectores populares que sea independiente del gobierno y de las patronales.

[1] Diario sur Acapulco, 01/11/2014