A semanas del ataque reaccionario contra Charlie Hebdo, fortalecido tras haber capitalizado la enorme marcha del domingo 14, el gobierno de Hollande pretende encauzar el repudio popular al atentado bajo las banderas de la Unidad Nacional. Esta “unidad” hoy permite justificar el anuncio hecho el 21 de Enero por el Primer Ministro Manuel Valls, de la creación de 2.680 puestos en tres años en la lucha contra el terrorismo (repartidos entre personal para la inteligencia, policías, funcionarios de las carteras de seguridad, etc), y una inversión de 425 millones de euros en equipamiento.

Rápidamente el gobierno anuncio de dónde saldrá la financiación de tamaño despliegue represivo: “El esfuerzo presupuestario, que incluyendo los gastos en personal supondrá 735 millones de euros en tres años, ‘será compensado por ahorros (…) en el conjunto del gasto público, año tras año’, aseguró Valls. ‘Se trata de un esfuerzo enorme pero indispensable’”[1]. Es decir que este giro represivo por parte del gobierno está llamado a pagarlo el conjunto de los trabajadores y el pueblo francés.

Ahora bien, no sólo la cruzada antiterrorista, sino también el esfuerzo para sobreponerse a los embates de la crisis económica, planean cargarlo sobre las mismas espaldas. En definitiva, tras cerrar filas por la “Unidad Nacional”, no podemos esperar que cesen, sino más bien que se redoblen los ataques contra la clase obrera.

Un gobierno profundamente antiobrero

Decimos que no cesan ya que en los últimos años vemos desplegar lenta pero sostenidamente una serie de medidas que apuntan a retomar la competitividad de la economía, medidas anti-obreras que se encuentran por detrás del resto de Europa. En efecto, Francia se encuentra relativamente retrasada en relación a  sus socios europeos en materia de ajuste sobre los trabajadores. Mientras en Alemania los socialdemócratas hicieron el “trabajo sucio” a partir de los años 2000, y en países como Grecia o España la troika ha obligado a acelerar las reformas, la burguesía francesa ha debido enfrentarse a la resistencia de los trabajadores lo que ha causado ese  “retraso”. Por ello vimos en los últimos años aumentar la edad para acceder a la jubilación (reforma introducida bajo el gobierno de Sarkozy y que fue confirmada por el de Hollande), la reforma del código de trabajo (el Acuerdo Nacional Interprofesional), las subvenciones a empresas (Crédito para la competitividad y el empleo), el Pacto de Responsabilidad de principios de 2014 que implicaba eliminar las cargas familiares para las empresas. En ese entonces, el presidente señaló que para compensar los 30.000 millones de euros que las empresas dejarán de aportar entre 2015 y 2017 a la política familiar del Estado, se harán nuevos ahorros en el Estado.

Como siempre, los que pagan la crisis son los trabajadores y el pueblo. La misma no parece retroceder y la política del gobierno con apoyo de la oposición responde siempre a las necesidades de las patronales, consiste en que el Estado absorba esos costos, lo que se traduce en reducción del gasto en otras áreas, tal como dicta Bruselas, vía recortes en salud, educación y beneficios de los trabajadores. A los únicos a quienes no se les exige es a las patronales. Esto es doblemente cínico ya que mientras se recortan los presupuestos de salud y educación para poder “ayudar” a las patronales francesas, se gastan millones en aumentar la represión instrumentalizando el repudio popular al atentado contra Charlie Hebdo.

Además, estas medidas neoliberales no muestran signos de efectividad a la hora de resolver los problemas más acuciantes de la crisis económica. El gobierno no ha logrado por ejemplo poner freno al desempleo, que se encuentra en su nivel más alto desde 1997 (10.5%); por otra parte, sigue creciendo a la par del empleo precario. Los demás indicadores económicos no son nada favorables: el crecimiento apenas alcanza el 0,3% este año, y alcanzaría el 0,7% en 2015 y el 1,5% en 2016 (según las previsiones de la Comisión Europea); a pesar de los recortes efectuados, el déficit publico alcanzaría el 4,5% en 2015, y el 4,7% en 2016, el peor de la zona euro.[2] Aquí la ley Macron juega un rol que demuestra los intereses a los que responden el gobierno y la oposición.

La Ley Macron, hecha a medida de las necesidades patronales

A fines de 2014 se presentaba la Ley Macron, que lleva el apellido del ministro de economía; desde las propias filas del PS se oyen críticas por el excesivo carácter liberal del esta ley que se inscribe en el marco más general antes mencionado. Al permitir el trabajo en comercios los domingos, sin tramitar permisos con anterioridad, se busca acabar con el límite de 35 horas de trabajo semanales: los comercios instaurados en las “zonas turísticas internacionales” podrán abrir los siete días de la semana y hasta media noche. Es así que la ley que brega por el “crecimiento y la actividad” busca seguir poniéndose en sintonía con los requerimientos hechos al gobierno para liberalizar una economía que no recupera los niveles de crecimiento como debería.

En ocasión de su tratamiento en la Asamblea Nacional (el parlamento) un exministro de Sarkozy, François Fillon, señalaba que preveía participar muy activamente en la discusión, apostando a contribuir al fin de las 35 horas, llevar al doble los “seuils sociaux”(la cantidad de trabajadores a partir de los cuales las empresas tienen ciertos compromisos, como permitir las elecciones de delegados), la disminución de los seguros por desempleos, la suspensión de la “cuenta penibildad” (que permite a los trabajadores que realizan trabajos insalubres tener una jubilación anticipada) o la instauración de un contrato de trabajo único. « Tomo esta ley como una ocasión para instaurar un momento de unidad nacional en torno de un verdadero proyecto de enderezamiento de la economia », explicaba el diputado de Paris en una nota de LeMonde[3].

A estos ataques en regla contra las condiciones de empleo y de vida de los trabajadores, se suman otros retrocesos fundamentales. Estos incluyen las privatizaciones de Aeropuertos queriendo deshacerse de activos de entre 5.000 y 10.000 millones. Más escandaloso aun es lo que se pretende en torno a los tribunales laborales: se prevé que los mismos agilicen sus veredictos en caso de despidos o conflictos laborales; está claro a quién favorece dicha cláusula. Incluso da vía libre para la creación de líneas de transporte privadas, logrando que el Estado también pierda terreno en esta área.

Luchar por una salida independiente desde la clase trabajadora

Declaraba Valls en los medios, en relación al atentado contra Charlie Hebdo: “A esto, hay que añadir todas las fracturas”, unas “tensiones que llevan tiempo incubándose” como “la relegación en la periferia urbana, los guetos… lo que evocaba ya en 2005, un apartheid territorial, social y étnico que se ha impuesto en nuestro país”. A esta “miseria social, se suman las discriminaciones diarias por no tener el nombre adecuado, el buen color de piel o ser mujer”. Cuanto descaro al hablar de miseria social y segregación, la misma que desde el gobierno y la burguesía generan y perpetúan, ¿cuán eficaz será la represión en nombre de la democracia de los ricos para resolver dichos problemas? Mientras tanto las políticas que implementan lejos de satisfacer las necesidades del pueblo apuntan a la persecución y no a una adecuada respuesta a las situaciones de precariedad y exclusión que son el caldo de cultivo para la simpatía frente a las corrientes extremistas. En efecto, el gobierno continúa una política anti-social que reforzará las desigualdades y la miseria que están en la base del crecimiento de las corrientes extremistas y reaccionarias. En vez de resolver el problema de raíz, Hollande y Valls se disponen a acrecentar  un arsenal represivo que solo empeorará la situación. Este arsenal podría dirigirse contra cualquiera que ose levantar su voz contra la Union Nacional, incluyendo cualquier huelga o lucha obrera que se desarrolle en los próximos meses.

Por ello se vuelve necesario levantar una política independiente y de clase para la superación revolucionaria de la fragmentación y división que es producto de la explotación y opresión capitalista. Hacer de nuestra bandera la más intransigente pelea desde la unidad de clase contra los ataques a los trabajadores y el pueblo, para superar el clima islamofobo y represivo con el que se quiere legitimar el avance del ataque a nuestras condiciones de vida. La pelea contra los ataques anti-obreros debe ser el puntapié para desarrollar una amplia campaña que demuestre que los verdaderos enemigos de los trabajadores, sea cual sea su origen nacional, étnico o sus creencias, son los patrones y los gobiernos a su servicio.  Para derrotar las leyes antiobreras, la persecución y la estigmatización, hay que construir la verdadera unidad entre los trabajadores y la juventud, oponiéndonos a nuestros enemigos que quieren adormecernos con la trampa policlasista de la “Unidad Nacional”, pretendiendo hacer colaborar a los trabajadores y a sus explotadores. Solo de esta manera podrá construirse un polo independiente obrero, socialista y revolucionario, que de la pelea por dar una salida estructural a los problemas desde los intereses de los trabajadores y el pueblo.

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[1] http://internacional.elpais.com/internacional/2015/01/21/actualidad/1421839471_971629.html

[2] http://www.lesechos.fr/monde/europe/0203911734471-deficit-public-la-france-plus-mauvais-eleve-de-lunion-europeenne-1060757.php

[3] http://www.lemonde.fr/politique/article/2015/01/07/pour-fillon-la-loi-macron-comporte-des-aspects-positifs_4550486_823448.html (traducciones nuestras)