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A casi un año de haber asumido funciones como presidente de la República, Luis Guillermo Solís deja cada vez más en claro que su gobierno representa los intereses de los grandes empresarios nacionales y transnacionales. Más allá de sus poses como una administración del “cambio” o “progresista”, en los hechos su mandato se caracteriza por darle continuidad a la agenda neoliberal en el país.

La derrota de Liberación Nacional (PLN) en las pasadas elecciones, levantó expectativas entre amplios sectores de las clases medias, las dirigencias sindicales y el activismo social, quienes pensaron que la administración Solís iba a detener y/o retroceder con respecto a la agenda neoliberal implementada en las últimas tres décadas por los gobiernos del PLN y la Unidad Social Cristiana (PUSC). Pero diez meses de experiencia con el gobierno PAC dejan en claro que esto no es así, pues su administración está llevando a cabo algunas de sus principales políticas.

Por ejemplo, en las últimas semanas el gobierno hizo públicas sus intenciones de impulsar un proyecto de reforma fiscal (de forma fraccionada y no en “combo”) que sostiene todos los aspectos regresivos al defendido por Laura Chinchilla, en particular la aprobación de un “Impuesto al Valor Agregado” (IVA) que abre portillos para el encarecimiento del costo de la vida, al tasar más productos y servicios de consumo (ver artículo en página 3). Esto afectará particularmente a los bolsillos de los trabajadores y trabajadoras, quienes ya de por sí hacen malabares para afrontar los gastos cotidianos y “llegar a fin de mes”.

A lo anterior hay que sumarle la continuidad de las concesiones de obra pública, en lo cual el gobierno avanzó en dos proyectos claves para los sectores de la burguesía vinculados a las exportaciones: la concesión en monopolio del muelle de contenedores a la empresa holandesa APM Terminals y la ampliación de la carretera 32 mediante un préstamo del gobierno de China. En ambos casos la tónica es la misma: negocios turbios alrededor de las concesiones y una mayor intromisión del capital transnacional en la economía nacional, al cual Solís recurre para desarrollar obras públicas de magnitud. Esto elimina cualquier “ilusión” sobre el carácter progresista del presidente, quien años atrás fuera parte del “NO al TLC” con los Estados Unidos, pero que ahora en su calidad de jefe de Estado no duda en plegarse al capital imperialista y transnacional para que invierta en el país.

Un gobierno anti-obrero y provocador

También la administración Solís sostiene una política de ataque directo a los derechos adquiridos por los trabajadores y trabajadoras del sector público. En este rubro, el gobierno del “cambio” (que el diputado del Frente Amplio, Gerardo Vargas, calificó como de transición hacia la izquierda) se muestra mucho más agresivo que sus antecesores del PLN y el PUSC, lo cual el mismo presidente destaca. Por ejemplo, en el sitio web de Casa Presidencial, Solís aduce que durante sus meses de mandato “Se han denunciado –como nunca se hizo antes– las convenciones colectivas de bancos e instituciones públicas para renegociar sus términos de referencia cuando sean abusivos”.[1]

Según el diario La Nación, el gobierno desarrolla su política de “revisión” del empleo público (eufemismo patronal para esconder que preparan un ataque) en tres frentes, con la instalación de comisiones que están elaborando propuestas para modificar los incentivos salariales en los bancos estatales, las convenciones colectivas y otra que engloba todo lo referente al empleo público. Como se puede apreciar, es un “modus operandi” muy similar al de su política fiscal por tractos, lo cual denota un aprendizaje de lo sucedido en gobiernos anteriores que no aprobaron ninguno de sus proyectos fiscales y de empleo público mediante un solo paquete de reformas.

Todo lo anterior da cuentas de la política anti-obrera del actual gobierno, la cual se expresa en su orientación de enfrentamiento (en algunas ocasiones con represión incluida) contra las huelgas. A lo largo de su mandato, Solís hizo frente a dos huelgas de importancia, la protagonizada por el Magisterio nacional en abril-mayo del 2014 y la de trabajadores portuarios en Limón en octubre del mismo año. En ambas ocasiones el gobierno salió victorioso al optar por la confrontación directa, amenazando con declarar ilegal la huelga docente y, en el caso de los puertos, militarizando los muelles y deteniendo a varios trabajadores.

Esto explica que, en la actual coyuntura, impere un clima más reaccionario a nivel nacional sustentado sobre dos importantes derrotas del movimiento sindical costarricense, además del gran favor realizado por las dirigencias sindicales y de otros movimiento sociales que acuerpan la política de “diálogo” y confianza en el gobierno, fungiendo en los hechos como un “dique de contención” a las luchas que fueron recurrentes en años anteriores. Apoyándose en este ambiente el gobierno incluso revirtió las vacaciones de Semana Santa en el sector público (las cuales ya eran un “beneficio de hecho” instalado en el país desde hace ya muchos años), decretando que las instituciones públicas debían laborar de lunes a miércoles…mientras él se iba de vacaciones TODA la semana a Miami.

¡Hay que luchar contra la política de ajuste del gobierno!

Resulta claro que los objetivos trazados por la actual administración apuntan directamente contra las condiciones de vida de la clase trabajadora y asalariados del país. Solís impulsa un plan de ajuste abiertamente neoliberal, combinando una política fiscal regresiva con ataques contra las conquistas salariales del sector público. Además de garantizar la continuidad del modelo de concesión de obra pública a favor de las empresas de capital transnacional, entregando segmentos de la economía nacional al control de consorcios capitalistas (como los muelles o las carreteras).

Esto no exime que presente enfrentamientos coyunturales con las cámaras, medios de prensa y partidos empresariales, los cuales en ocasiones le achacan tener acuerdos con las dirigencias sindicales y el Frente Amplio. Esto hace parte del comportamiento de un gobierno que arbitra entre las clases y procura imponer su agenda desde el Ejecutivo, dado los problemas para alcanzar acuerdos a lo interno de la Asamblea Legislativa (sobre esto ver editorial de Prensa Socialista nº 140). Pero más allá de ciertos intercambios de palabras con los empresarios, el gobierno coincide con estos sectores en profundizar las medidas neoliberales en el país y atacar a la clase trabajadora y asalariados en general.

Frente a esto, la gran mayoría de las dirigencias sindicales tradicionales, profundamente burocráticas y conservadoras, no dan muestras de preocupación ni preparan a sus bases para defender sus derechos. Por el contrario, le hacen favores al gobierno al no impulsar ninguna lucha y limpiarle la cancha para que avance con sus provocaciones y plan de ajuste, además de no plantear ninguna reivindicación para organizar a los sectores trabajadores más precarizado en el país, como los interinos del sector público y la totalidad de trabajadores del sector privado. Algo similar podemos decir del FA, partido que desde un inicio se posicionó como la “pata izquierda” del gobierno, primero alimentando las expectativas de cambio y, más recientemente, aduciendo que para una mejor gobernabilidad no hay que hacerle “sancadillas”.

Visto lo anterior, es de suma importancia hacer vale la votación asumida por la asamblea de presidentes de base de la APSE, donde sectores independientes de la dirigencia del sindicato (incluido un docente militante del NPS) propusieron un paro para finales de abril, en la perspectiva de impulsar un plan de lucha escalonado contra los ataques del gobierno. De llevarse a cabo este paro (que desde ya la dirigencia de APSE no da señales de querer garantizar) representaría una nota discordante en la actual coyuntura nacional, algo que podría acumular para reimpulsar un ciclo de nuevas luchas, sobre todo por el creciente descontento social que hay entre sectores trabajadores y asalariados.

Desde el Nuevo Partido Socialista (NPS) continuaremos insistiendo en todos los sectores donde intervenimos en no depositar ninguna confianza en los discursos de “cambio” de la administración de Solís y su gabinete. Es preciso que la clase trabajadora se movilice de forma unificada para enfrentar los ataques en sus condiciones laborales y salariales. Aunado a esto, nuestro partido proseguirá desarrollando la campaña por la organización de la clase obrera en el sector privado, así como levantando la bandera de lucha por los derechos de las mujeres en Costa Rica.

Para llevar a cabo esta tareas construirnos el NPS e invitamos a nuestros lectores y lectoras a realizar una experiencia militante con nuestro partido, colaborando desde ya en todas estas tareas y en la campaña de inscripción electoral  que iniciaremos a partir del próximo 1º de mayo de cara a las elecciones del 2018.

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[1].- Ver “Cuando no se quiere reconocer la verdad” en http://presidencia.go.cr/blog-presidencia/cuando-no-se-quiere-reconocer-la-verdad/

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Primero de Mayo 2015: ¡Todos contra la política de ajuste de Solís!

¡Son necesarios nuevos dirigentes sindicales!
¡Es necesario un nuevo modelo sindical que organice a toda la clase trabajadora!

Por Esteban Fernández, Prensa Socialista nº 141, abril 2015

El primero de Mayo, como día internacional de la clase trabajadora, se celebra en Costa Rica desde el año 1913. Así como ha estado organizada la clase obrera del país, así ha sido fuerte o débil la asistencia al desfile. Pero también en un plano político, el desfile ha sido un día en que los intereses de la clase trabajadora se discuten nacionalmente.

Que el desfile se haya convertido en una tradición centenaria es sólo comprensible por la importancia trascendental que la clase trabajadora, pues es la clase trabajadora la verdadera productora de toda la riqueza.

Por más que la burguesía quiera siempre atacar, en sus periódicos, radios y televisión, los intereses de la clase trabajadora, lo cierto del caso es que es una clase que no desaparece, ni mucho menos. Si bien es cierto ahora está más desorganizada que antes de la Caída del Muro, también es más compleja que antes, más numerosa, más heterogénea, lo que hace que su desarrollo histórico abra muchas perspectivas, entre la que se encuentra la necesidad de organizarse sindical y políticamente, todo un reto para la militancia revolucionaria consciente. Esta es la perspectiva que asumimos en el Nuevo Partido Socialista.

Para organizar a toda la clase: luchar contra el gobierno de Luis Guillermo Solís

Este primero de mayo es necesario movilizarse contra un gobierno que, a pesar de toda la pose, ha sido un gobierno claramente pro-patronal en su política hacia la clase trabajadora del país. Si en un primer momento (2014) concedió un aumento salarial del 4%, al mismo tiempo permitió el funcionamiento de Integra2 para cubrir el pago a los docentes, política que convirtió los problemas salariales en algo recurrente todas las quincenas para muchos docentes. Además la significativa derrota que dio en SINTRAJAP, donde militarizó el puerto a la velocidad que ningún gobierno liberacionista hizo anteriormente.

La construcción del muelle en la playa Jairo Mora es solo la demostración, la provocación, de la manera en que el gobierno de Solís pretende implementar las políticas trasnochadas de un neoliberalismo en crisis mundial.

De hecho, si el gobierno Solís realiza bien sus orientaciones, tendríamos que decir que habríamos estado frente al gobierno más entreguista al capital transnacional desde hace años. La manera en que entrega la concesión a la Ruta 32 (la principal de Costa Rica) al capital chino es sólo comparable con la entrega que realiza del puerto de Limón (el principal del país) al capital holandés.

Pero en la medida en que todavía no hay nada real en los dos proyectos, no han sido realizados, entonces queda la duda de si el gobierno de Solís terminará siendo el más grande fraude político desde el helicóptero de Miguel Ángel o la avioneta narco de Chinchilla.

Si esta entrega proyectada no se realiza, entonces en Costa Rica tendríamos un periodo de unos 40 años sin que haya desarrollo significativo de las fuerzas productivas. La burguesía de Costa Rica es tan miserable que no puede ella misma realizar grandes desarrollos tecnológicos o científicos, la clase empresarial del país no tiene la capacidad de llevar adelante la refundación política o social que el país requiere y por tanto decide entregarlo al mejor postor.

Poco importa ahora la política anti-TLC del PAC; llegado al poder acepta cheques en blanco, golpea a las organizaciones de la clase trabajadora y además empieza a tener un modo provocador que recuerda al gobierno de Chinchilla, por ejemplo exigiendo trabajar la Semana Santa. Todo mientras intenta –por enésima vez desde un gobierno burgués– hacer pasar un plan de ajuste fiscal que presumiblemente será enfrentado en las calles, hasta derrotarlo en la Asamblea Legislativa… de nuevo.

Todavía más difícil será para el gobierno lograr realizar su programa para reducir la pobreza más extrema de la sociedad. Sin embargo, poco puede hacer si no se afecta el problema de raíz de esta pobreza. Esta raíz es el producto del desempleo que ronda el 10% y el subempleo que ronda otro tanto.

Como decíamos en un número anterior, la pobreza extrema no es un “estado” sino que es más bien una transición entre una familia donde todos sus miembros tienen trabajo o no. Si uno o dos miembros de una familia pierden el trabajo, inmediatamente la familia cae en la categoría de pobreza extrema, creando un mercado de trabajo donde más gente está dispuesta a trabajar por menos paga, llevando el valor del salario hacia abajo.

Frente al desempleo el gobierno no hace nada. No mueve un dedo cada vez que alguna empresa se va del país, dejando a cientos o miles de trabajadores desempleados y menos obligar a los patronos a pagar el salario mínimo. Para los trabajadores más impuestos, pero menos trabajo para algunos y mayor explotación para los activos e invariablemente menos salario.

La necesidad de nuevas direcciones sindicales

Esta conducta aclara que no estamos en presencia de un gobierno “progre”, sino un gobierno anti-obrero y neoliberal, entreguista. Un gobierno que debe ser combatido por la clase trabajadora del país. Desafortunadamente las direcciones sindicales piensan que si el gobierno no es de Liberación entonces no puede ser anti-obrero y así esperan pacientemente que el gobierno los convierta a ellos en sus agentes, para evitar cualquier movilización que responda el ataque del PAC.

Por supuesto son dirigentes que llevan décadas de no sentir la presión del patrón, ni los problemas de pago, ni ningún problema concreto, pues, sentados en su oficina con buenos salarios dejan de ser parte de la clase trabajadora.

Tal y como justificábamos en la pasada edición de Prensa Socialista es necesario un nuevo modelo sindical que permita la defensa de los intereses de la clase obrera de conjunto, públicos o privados. Un modelo de dirigentes combativos, salidos verdaderamente de las entrañas de la clase, dirigentes con formación política y capacidad de entender los asuntos desde el punto de vista estratégico. Dirigentes que basen su apoyo en modelos democráticos de funcionamiento. No queremos asambleas de cientos, queremos asambleas de miles de trabajadores decidiendo sobre sus intereses de manera directa.

Por eso desde el NPS llamamos a marchar este Primero de Mayo por la organización de toda la clase trabajadora, por la construcción de nuevas direcciones democráticas y combativas en los sindicatos y por la lucha contra el ajuste del gobierno del PAC.

Un ejemplo de un nuevo modelo sindical: una política feminista

Las mujeres constituyen las trabajadoras más explotadas; se les paga menos y se les violenta más. El acoso sexual es sólo la primera forma de dominación sobre las compañeras. La última forma, la forma esencial de dominación, es la violencia física y sexual que enfrentan las mujeres materialmente hablando. Sindicatos que luchen contra la violencia a las mujeres serían un gigantesco paso adelante para la organización de oprimidos y explotados en el país, para esto es necesario que los sindicatos cuenten con una política feminista, acompañada de un ala feminista organizada que se encargue de organizar a las mujeres en general contra la violencia patriarcal. Ante la violencia del agresor patriarcal y la no defensión que hace el estado de las mujeres, es necesaria una organización feminista por abajo, que impida de hecho la agresión en el barrio, el centro de trabajo, la casa o el bus.