En la revista Socialismo o Barbarie Nº 29, de próxima aparición, un polémico artículo de Antonio Soler explica el pasado y el presente de la crítica situación política de Brasil. Aquí adelantamos algunas partes, a saber, del capítulo inicial de “Presentación” y del capítulo final, “Políticas de la izquierda”. Texto completo en portugués en http://www.socialismo-o-barbarie.org o http://praxisbr.blogspot.com )

Presentación

La expectativa de que un gobierno del Partido dos Trabalhadores (PT) podría combatir las profundas desigualdades sociales, hacer reformas estructurales favorables a los trabajadores, fue frustrada en estos doce años. Sin embargo, estos gobiernos no eran una pura y simple continuación de los gobiernos neoliberales de Fernando Henrique Cardoso (FHC). A pesar de mantener los lineamientos neoliberales, el PT amplió las políticas de “compensación social”, de asistencialismo, que aliviaron la miseria de millones. De otra forma, no se podría entender por qué el país se hundió en la estabilidad política más profunda.

Sin embargo, los beneficios obtenidos por el capital fueron muchísimo mayores que las políticas de compensación social. Sólo el pago de intereses al capital financiero consume el 40% del presupuesto federal, mientras lo invertido en asistencialismo no pasa del 1%.

Pero, gracias a eso, durante una década la política salió de la calles y se trasladó a las oficinas y gabinetes en que los operadores políticos del lulismo fueron los protagonistas. Incluso en momentos de crisis políticas que cuestionaban la legitimidad del gobierno –como en 2004/2005 el escándalo del “mensalão” [soborno mensual para comprar votos a parlamentarios]– las masas se resignaron a seguir los hechos políticos por televisión.

Vivimos así diez años en una situación política con elementos reaccionarios. Este escenario va a cambiar por completo con las intensas movilizaciones en junio de 2013 (Jornadas de Junho). La represión a los jóvenes que exigían pase libre en el transporte provocó una ola de indignación popular que fue capaz de cambiar el equilibrio de poder entre las clases, dar paso a la radicalización de otros sectores sociales con otras banderas, y en las elecciones de 2014, establecer una polarización política como no se veía desde la década de los 90.

Hasta la explosión de indignación popular de junio de 2013, el juego político fue extremadamente eficiente para enfriar la disposición de lucha de los trabajadores, y sobre todo consumar el proceso de degeneración de los aparatos sindicales y populares construidos en la década de 1980. Esto sacó de la escena política a la clase obrera (y a sus métodos de lucha), y también la perspectiva de que sólo enfrentando los intereses de la clase dominante, se puede cambiar la sociedad.

Es decir, el lulismo, el PT, la CUT y sus congéneres cumplieron un papel decisivo en el retroceso de la conciencia de clase, que había sido ampliamente construida en las décadas anteriores.

En este trabajo, vamos a polemizar con los que caracterizan al lulismo como un gobierno de frente popular o como alguna forma de revolución pasiva  [concepto desarrollado por Gramsci]. Estas miradas que impregnan a diversas corrientes –dentro y fuera de la academia– han llevado a una gran variedad de equívocos políticos que han perjudicado mucho a la izquierda.

También polemizaremos con la caracterización de “partido y gobierno en disputa”, debatida internamente en el PT y la CUT. Inicialmente, fue sostener la posibilidad de disputar la dirección del PT a las corrientes mayoritarias. Luego, desde el 2002, se aplicó a los gobiernos petistas, al decir que son también “gobiernos en disputa”… O sea, que se podría cambiar su orientación luchando desde adentro.

A diferencia de países como Bolivia o Venezuela –que a principios del siglo XXI pasaron por grandes oleadas de luchas contra el neoliberalismo y con gobiernos a los que sí podemos considerar como de frente popular(o similares a revoluciones pasivas)– en Brasil hubo un acuerdo político entre el PT y un sector de la burguesía. Es decir, se construyó un pacto político que serviría como maniobra preventiva de un posible proceso de levantamiento popular, como sucedía en otros países latinoamericanos.

Por eso, nuestra hipótesis es que estamos frente a un gobierno de coalición preventivo. Un gobierno burgués que tenía en su núcleo principal a un sector de la burguesía nacional, con la burocracia lulista, sus aparatos partidarios, sindicales y populares, junto con el apoyo electoral de las masas más pauperizadas.

Esta coalición conforma un gobierno preventivo porque se anticipa a la posibilidad cierta de un estallido de indignación popular como los ocurridos en países vecinos. Para eso, articula las políticas neoliberales con políticas de compensación social. Esto le hace ganar una enorme popularidad y asegura un largo periodo de estabilidad política.

Esa alianza del gobierno con la burguesía nacional pasa progresivamente a tener el apoyo de otros sectores de esa clase, de la clase trabajadora industrial y, desde el 2006, el apoyo explícito del subproletariado (el sector más empobrecido) que antes votaba por los partidos burgueses tradicionales.

Ahora estamos en un momento en que ese pacto social construido a partir de 2002,ha entrado en crisis orgánica. Con la crisis económica mundial iniciada el 2008, y luego el fin del ciclo internacional de alza de precios de las materias primas, y finalmente la reaparición del movimiento de masas desde junio de 2013, el pacto lulista entró en crisis terminal.

Esto se manifestó el año pasado en la apretadísima reelección de Dilmapor un estrecho margen de votos. Allí también perdió parte importante de su base electoral: los trabajadores de las regiones proletarias del país.

La profunda crisis del pacto lulista se manifiesta no sólo electoralmente. Hay una polarización social creciente en la que la burguesía quiere construir otro nivel o dispositivo de gobernabilidad, que le permita recuperar los márgenes de lucro alcanzados en lo mejor del último periodo.

Pero, por otra parte, la clase trabajadora y los sectores medios no quieren perder conquistas como la baja tasa de desempleo, o los ingresos por salarios y las políticas públicas de asistencia social.

Por eso, hemos entrado en una fase en la que se va haciendo patente la polarización de clases. Eso indican las recientes huelgas contra despidos en las principales montadoras como Volkswagen y General Motors.

Políticas de la izquierda

[…] El resultado de las elecciones del 2014 inicia una nueva coyuntura: el pacto lulista de Lula entra en una crisis estructural.

No se trata de cualquier coyuntura, ya que constituye una combinación superior entre los problemas políticos y económicos ya existentes antes de las elecciones presidenciales.

La crisis política antes de la elección de Dilma podía ser camuflada y tener efectos diluidos,  porque hasta el momento los elementos de crisis (como el creciente desempleo y los ataques a conquistas logradas) no se mostraban tan explosivos como ahora.

Además, Dilma ganó las elecciones con el argumento de que la oposición aplicaría políticas neoliberales, recorte de derechos y fin de las políticas sociales. Pero el primer paso de Dilma fue nombrar ministro de Economía a un neoliberal extremo. Se elevó la tasa de interés y, para asegurar un superávit primario de 1,5% en 2015, anunció restricciones a los derechos laborales como el acceso al seguro de desempleo y otros. Para coronar la línea abiertamente neoliberal, dispuso a fin de año un enorme recorte del presupuesto federal.

[…] Desde el 2013 se han sucedido situaciones de ascenso del movimiento y de las luchas, y otras circunstancias de fortalecimiento del gobierno. Ahora hay una nueva fase dentro de este proceso que está marcado por la crisis orgánica del lulismo. Pero ahora se despliega como una polarización política que hasta el momento está capitaneando la derecha.

Además de las huelgas radicalizadas y victoriosas de los trabajadores de Volkswagen y GM contra los despidos masivos –procesos que ponen a la clase obrera industrial en la escena política nacional después de más de una década de apatía total–, los despidos en las obras y empresas contratadas por Petrobras desde el escándalo de corrupción se producen en un escenario donde hay una explosiva combinación de factores políticos y económicos.

Todo esto pone al gobierno de Dilma contra las cuerdas. Esta mayor agitación sindical, si se maneja correctamente, puede convertirse en una importante lucha política contra las medidas del gobierno y al mismo tiempos presentarse como una alternativa a la polarización con el gobierno instrumentada por la derecha.

Esos sectoresse están movilizando contra la corrupción en Petrobras y por el juicio político a Dilma (impeachment) a partir de  una plataforma política claramente reaccionaria.

[…] Para que la izquierda independiente pueda intervenir en la disputa por la orientación política de los trabajadores contra las direcciones burocráticas afines al gobierno y también contra la burguesía opositora, es necesario romper con el sectarismo. O sea, dar pasos concretos en la unificación de la izquierda independiente.

Es necesario que la CSP-Conlutas y la Intersindical convoquen de inmediato a la unidad contra los ataques del gobierno y las patronales, impulsando plenarios de bases para discutir una plataforma mínima ante la crisis política y un calendario de movilización a partir de las luchas que ya están en curso. Sólo así serán efectivas las exigencias a la CUT (Central Única dos Trabalhadores) de que movilice contra los ataques del gobierno y los patrones.

Frente a la crisis, la clase dominante presenta alternativas políticas “totalizadoras”, como la de“reforma política”, reducción de la mayoría de edad penal, la generalización de la tercerización, etc. En este escenario, la izquierda socialista tiene que romper con el economicismo y presentar una propuesta política. En nuestra opinión, debemos construir una propuesta de Constituyente Independiente y Soberana, que se imponga mediante la movilización directa de los trabajadores. Es decir, una respuesta política a una situación de creciente polarización.

Por último, dada la gravedad de la crisis estructural, es necesario reanudar el debate sobre la necesidad de unificar la izquierda revolucionaria en una sola organización.

La experiencia de la lucha de clases muestra que ninguna de las partes o agrupamientos aislados puede dar las respuestas políticas y organizativas necesarias para que la clase obrera enfrente los desafíos inmediatos e históricos que plantea la lucha contra el capitalismo.

En ese sentido, pensamos que el proceso inicial de unificación de la izquierda revolucionaria debe garantizar a todas las corrientes el derecho de tendencia, ya que  la centralización definitiva sólo puede darse a partir de la discusión, la experiencia y la reflexión en común.