Por Antonio Soler, Socialismo o Barbarie nº 342, 30/07/2015

La crisis política en que está Brasil desde el inicio del año, tiende a prolongarse. Es que se trata de una crisis estructural, con una compleja combinación de elementos y de difícil solución.

A diferencia de la destitución del presidente Fernando Collor de Melo en 1992, el “movimiento” pro-juicio político a Dilma Roussef se inclina a la derecha y fortalece los sectores más conservadores. Pero la clase trabajadora y la juventud continúan demostrando su disposición a luchar contra los ataques del gobierno y los patrones. Por eso, la izquierda socialista tiene doble responsabilidad de presentar una salida independiente del gobierno y los capitalistas.

La represión del gobierno fortaleció a los sectores reaccionarios

El fin de las bases económicas en que se apoyaron los gobiernos del PT, alentó desde 2009 una crisis política.

Su primera expresión fueron las luchas de los trabajadores de la construcción civil en 2011, particularmente en las obras del PAC (Programa de Aceleração do Crescimento). Luego, en junio de 2013, explotó la ola de indignación juvenil-popular contra el aumento del trasporte urbano.

Desde 2014, la crisis mundial, al principio mitigada por políticas anticíclicas, vuelve a pegar duro en Brasil. Asimismo, queda atrás la estabilidad política de la década anterior y el escenario se puebla de luchas de los trabajadores.

En los meses que preceden al Mundial de Fútbol, se da un alineamiento reaccionario del gobierno, la oposición patronal y los medios de comunicación. Quedaron en suspenso las críticas a la planificación, el gasto público y las defraudaciones del Mundial. Se lanzó una operación político-represiva contra las manifestaciones y huelgas que surgían en el primer semestre de 2014. Esa operación fue montada por el gobierno y sus bases de apoyo –el PT (Partido dos Trabalhadores) y la CUT (Central Única dos Trabalhadores)–, en alianza con los gobiernos estatales, en particular el de São Paulo dirigido por la derecha más “dura”, el PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira).

Esa alianza reaccionaria gobierno-oposición en torno al Mundial de Fútbol fue un éxito. Estableció una relación de fuerzas muy desfavorable para la lucha de los trabajadores y de la juventud que venía a la ofensiva. El resultado de este choque, fue la derrota de la huelga del metro de São Paulo y la dura represión a los movimientos críticos al Mundial.

La segunda mitad del 2014 fue cruzada por la disputa electoral y el retroceso de los movimientos.

La alianza episódica del gobierno y la oposición patronal se desmoronó. Las elecciones polarizaron la competencia entre Dilma y la oposición burguesa. El marketing de Dilma fue denunciar que sus principales adversarios aplicarían políticas de ajuste que terminarían con las “conquistas sociales” de los gobiernos petistas.

Dilma fue reelecta en ese contexto de polarización, por un margen de sólo el 3,28% de los votos. Además, fue derrotada en São Paulo y en las regiones más industrializadas del país, incluyendo el ABC paulista. Las cifras reflejan la pérdida de apoyo en sectores claves de la sociedad, sobre todo en la gran burguesía, la clase media urbana y la clase obrera industrial.

La ruptura de las clases medias ya se había manifestado directamente en las elecciones. Pero, después, Dilma trató de ganar el apoyo del capital financiero internacional aplicando exactamente la misma política de ajuste que denunciaba en la campaña electoral.

Con eso, tiró por la ventana su capital político, el apoyo que le restaba en la clase obrera industrial e incluso de los segmentos más pobres en el norte y nordeste.

Escenarios de una crisis plenamente instalada

Los ataques del gobierno a los trabajadores no fueron sólo político-económicos, sino directamente policial-represivos. La actual “ola reaccionaria” fue también construida por la política del gobierno del PT, que cerró filas con todos los sectores de la burguesía para contener la onda de indignación abierta en junio de 2013.

La ironía de la historia reciente, es que la coalición represiva –con el gobierno en el centro–, para contener a los estudiantes y al movimiento obrero, finalmente dio como resultado una correlación de fuerzas que ahora amenaza la continuidad de Dilma y el PT en el gobierno federal.

Dentro de la perspectiva conservadora en la que se mueve la coalición política preventiva desde la primera presidencia de Lula en 2002, no hay un cambio del paradigma que aplica ahora Dilma. La principal diferencia entre hoy y el 2002 es que en esa ocasión Lula se encontró con un ciclo de crecimiento económico mundial de los “emergentes” que duró casi una década para países como Brasil.

Además de esos elementos más estructurales que aíslan el gobierno este año, Dilma cometió un error político casi infantil: disputar a su principal aliado, el PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro), la presidencia de la Cámara de Diputados. Así, el partido más grande de la Cámara, y que fue parte de la fórmula presidencial, pasó a actuar en oposición.

A partir de este cuadro y de las manifestaciones masivas “contra la corrupción” de sectores de derecha de la clase media, se construye una “tormenta perfecta”. Estos factores hacen que los acuerdos políticos, ya deshilachados, entren en crisis.

Después de la declaración de Eduardo Cunha –presidente de la Cámara de Diputados (PMDB)-­ de que está rompiendo con el gobierno, la situación se hizo más dramática. Es que el presidente de esa Cámara puede iniciar el impeachment (juicio de destitución) a Dilma.

Sin embargo, su declaración de ruptura no fue más allá, al revelarse que se había metido al bolsillo una “propina” de 5 millones. Esa denuncia lo aisló y Cunha está en peligro de perder su propio mandato.

A partir de ese incidente, la amenaza contra Dilma se debilitó pero no desapareció. Por otros mecanismos también puede ser destituida, por ejemplo, a través de un juicio de casación (anulación) de toda la fórmula presidencial ganadora Dilma (PT)-Temer (PMDB). En ese caso, habría que llamar a nuevas elecciones presidenciales en tres meses.

Con la apertura de un proceso de impeachment o de casación, habría mayor resistencia de la presidente, del PT y de una parte significativa del movimiento social y sindical. Se abriría probablemente un período convulsionado.

La crisis es profunda y no tendrá un desenlace fácil para la presidente y su partido. La pura y simple substitución de Dilma se enfrenta a la dificultad de encontrar líderes en condiciones de reemplazarla. Pero, al mismo tiempo, la situación tiende a desplazar en mayor o menor medida la coalición política PT-PMDB reelecta en octubre pasado, ya sea por la vía “destitutiva” o mediante una “concertación nacional” en que el PT y el PMDB cedan un importante espacio político para seguir en el gobierno.

Hoy el péndulo se inclina hacia la derecha. Sin embargo, la suerte del gobierno aún no está sellada.

Si las manifestaciones programadas en agosto por la derecha repiten la masividad de las de marzo y ponen a millones en las calles, se fortalecería la alternativa de la salida de Dilma o de toda la fórmula Dilma-Temer. De lo contrario, la alternativa más probable sería una “concertación nacional”, que es lo que está intentando negociar Lula.

La clase dominante y sus instituciones centrales, dadas las contradicciones del proceso y la ausencia de liderazgo político a la altura de estos desafíos, parecen preferir una salida que implique menos riesgos institucionales y que permita retomar con más tranquilidad las medidas de ajuste que les interesa.

Un proceso de impeachment contra Dilma, se parece muy poco al caso contra Collor de Melo en 1992. En ese momento, el protagonista de la lucha contra el gobierno fue un movimiento estudiantil contra la corrupción con una inclinación izquierdista difusa. Se movilizaba, además, contra un gobierno que daba los primeros pasos de políticas neoliberales en Brasil.

Actualmente el movimiento que en la calle cuestiona a Dilma, está dirigido por sectores y partidos archi-reaccionarios. Levantan la bandera de la “lucha contra la corrupción”, para fortalecer las políticas neoliberales y al Estado capitalista.

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Por una alternativa de izquierda e independiente frente
al gobierno y la oposición de derecha

En la actualidad, hay ofensivas en varios frentes contra la clase trabajadora y la juventud:

* En primer lugar, hay una ofensiva del gobierno para mantener el “superávit primario”. Para eso impone un brutal ajuste con medidas restrictivas de los derechos de los trabajadores, y recortes presupuestarios que tendrán gran impacto negativo en la dinámica de la economía, el empleo, la salud y la educación pública.

* Asimismo, el Congreso vota una medida reaccionaria tras otra: la generalización de la tercerización, una “reforma política” que prácticamente ilegaliza a la izquierda revolucionaria, leyes contra los jóvenes y las mujeres, como la reducción de la mayoría de edad penal, y la restricción aún mayor del derecho al aborto.

* Y por último pero no menos importante, en medio de una  recesión la acción de los patrones para imponer la ruptura de los contratos de trabajo. Esto ha generado un rápido crecimiento del desempleo y aplastamiento de los salarios.

Para resistir esto, es necesario luchar por un programa anti-capitalista ante la crisis y presentar una salida política. De allí que sea imprescindible construir un movimiento independiente de los patrones y el gobierno. A pesar de sus encarnizadas disputas palaciegas, son parte de la misma fuerza enemiga de los trabajadores.

Un movimiento que luche por un programa anticapitalista contra el desempleo, mediante la reducción de la jornada de trabajo sin reducción salarial. Esta es una propuesta opuesta al Programa de Protección al Empleo de Dilma.[¹] A su vez, la inflación galopante requiere el ajuste mensual de salarios de acuerdo a la inflación.

El actual movimiento contra el gobierno, a pesar de movilizar sectores de masas, tiene un carácter opuesto a los intereses de los trabajadores. La izquierda socialista no puede posicionarse a su favor.

De lo que se trata es de construir un movimiento independiente de los trabajadores, a partir de nuestras  necesidades más apremiantes. Luchar por una salida en interés de la clase trabajadora y no de los sectores más reaccionarios de la clase dominante.

Por eso, estamos en desacuerdo con los sectores de izquierda que no diferencian estos procesos. Que hasta piensan que la caída del gobierno por el camino actual sería progresiva. Este es el caso del PSTU. Dice que “necesitamos ayudar a impulsar y organizar la lucha de nuestra clase para echar cuanto antes a este gobierno, buscando en la lucha construir una alternativa clasista y socialista (contra el PT y contra la derecha) para sustituirlo.”[2]

Por supuesto, los trabajadores tienen el derecho y el deber de poner de pie un movimiento para derribar a un gobierno que está al servicio de la clase dominante.

Pero es una inmensa ceguera no delimitar que este movimiento de los trabajadores debe ser construido sobre bases absolutamente distintas y contrarias al proceso en curso dirigido por los sectores más reaccionarios de la burguesía. Es una inmensa ceguera no alertar que si triunfase, inclinaría la situación aún más a la derecha.

El PSTU no comprende que, en el escenario actual, la caída de Dilma fortalecería a los sectores más conservadores de la clase dominante, allanaría el camino directo a un gobierno de neoliberalismo puro y duro a nivel nacional, que actuaría en alianza con los sectores políticos más reaccionarios.

En ese mismo artículo que criticamos, el PSTU dice que “ha defendido y realizado frentes únicos y unidad de acción con cualquier organización, siempre que sea posible y necesario”. Pero el PSTU, en medio de una crisis que puede desembocar a corto plazo en una solución política desfavorable a los trabajadores, no hace ningún llamado concreto a la unidad de las organizaciones de izquierda para luchar por una salida independiente.

En esa perspectiva, el llamado a “huelga general” no pasa de ser una formalidad, un propagandismo estéril.

Hoy es imperioso que los trabajadores se movilicen contra los ataques del gobierno, del Congreso y de los patrones, pero con una línea de clase, defendiendo las medidas anticapitalistas y una propuesta concreta, alternativa, de poder. Por eso, una política frentista es más necesaria que nunca.

Pero las principales organizaciones socialistas de izquierda –como el PSTU y las corrientes de izquierda del PSoL, no sostienen iniciativas para una unidad más permanente, para crear un punto de apoyo que intervenga con una perspectiva clasista en la crisis actual.

La izquierda socialista debe romper con el corporativismo y presentar una salida anticapitalista en oposición frontal a la estrategia patronal de hacer pagar la crisis a los trabajadores y de fortalecer aún más su dominio político.

Es necesaria la construcción de un programa de los trabajadores que presente salidas anticapitalistas a partir de las necesidades más apremiantes de la clase obrera y la juventud (desempleo, contracción del salario, reducción de derechos, criminalización de la juventud negra, etc.).

Pero frente a una crisis política como la actual, la izquierda socialista no puede limitarse a levantar banderas puntuales. Es necesario luchar por una salida global desde el punto de vista de los trabajadores.

Para contraponer con alternativas contrarias a las de la clase dominante, la izquierda socialista debe romper con el economicismo, que se ha vuelto típico, y presentar una alternativa socialista a la situación.

Esta alternativa sólo puede construirse de manera revolucionaria, por la lucha directa de los trabajadores y la juventud contra el gobierno y los patrones para construir una forma de poder político que va más allá de las actuales instituciones del Estado patronal. Esto requiere, en primer lugar, luchar por una Asamblea Constituyente revolucionaria y soberana.

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1.- Analizado en el artículo “Dilma lança MP de proteção ao lucro e arrocho salarial”, del Boletín Electrónico Praxis: http://www.praxisbrasil.org

2.- Zé Maria,“A crise do Governo Dilma e a alternativa que os trabalhadores precisam construir”, http://www.pstu.org.br