Las movilizaciones que se llevaron a cabo en México, durante el llamado Día de la Indignación, por el primer aniversario de la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, demostraron que aunque Peña Nieto haya encaminado todas sus espurias estrategias en apostar al cansancio de los familiares y la clausura de la causa, el pueblo mexicano no se rinde, no olvida, ni perdona. Es que no hay lugar para la derrota cuando se toma conciencia de que el estado de podredumbre del régimen es tal que a los pobres y trabajadores no les queda mucho que perder. Para los familiares y compañeros de los 43 luchar es la única opción y esa lucha está cada vez más certeramente encaminada a tirar toda su artillería contra el gobierno del PRI y su pacto social con los otros partidos del régimen burgués, el PRD (supuestamente “de izquierda”) y el PAN.

El primer aniversario de la desaparición de los Normalistas encontró a miles de mexicanos organizados, copando las calles y exigiendo justicia. Si el presidente no pudo amedrentarlos en todo este tiempo, menos lo iba a hacer el clima hostil que gobernó la jornada. Una de las movilizaciones, llevada a cabo en la Plaza de El Zócalo, dejó grabada en la retina popular una imagen de un tapiz de paraguas de colores marchando bajo la lluvia que quedará fija en la memoria de la historia de las luchas del continente, la imagen del pueblo luchador colmando la plaza con banderas y pancartas recordando a los 43 compañeros que hace un años les arrancaron. Estas miles de personas le demostraron al gobierno de Peña Nieto, que buscaba con la mentada “verdad histórica” apostar al “carpetazo” de la causa y al olvido, que las cosas se van a empezar a poner realmente jodidas y el “Pacto por México” podría comenzar a resquebrajarse por la presión desde abajo.

El sábado también hubo movilizaciones en varios lugares de México como Acapulco, Ayutla, Tlapa de Comonfort y Ometepec, pero la actividad más masiva (fuera del DF) fue en Chilpancingo, capital del estado de Guerrero. Los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa (a la que asistían los normalistas desaparecidos) convocaron a esta jornada tomando las radioemisoras del lugar para anunciar las actividades. La manifestación, de la que participaron familiares y organizaciones sociales, se llevó a cabo en medio de un fuerte operativo de las fuerzas represivas y aun así se logró marchar y bloquear los cuatro carriles de la Autopista del Sol por cuatro horas para exigir justicia y castigo a los responsables.

La “verdad histórica” ya no se sostiene

Según afirmaban los peritos de la Procuraduría General de la Nación, los estudiantes, luego de secuestrados, habían sido incinerados en un basurero en Cocula, municipio perteneciente al Estado de Jalisco. Este argumento fue sostenido por el gobierno mexicano como la “verdad histórica” que vendría a explicar todo el caso y con la cual creían poder cajonear la causa. Pero esta versión se cayó luego de que el grupo de expertos independientes designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) diera a conocer los primeros resultados de la investigación paralela que llevaron a cabo en el transcurso de los últimos seis meses. Si bien se realizaron peritajes independientes, el “Informe Ayotzinapa. Investigación y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa” se llevó a cabo en base a los expedientes de la investigación oficial y es por esta razón que a los funcionarios del PRI (Partido de la Revolución Institucional), el PAN (Partido de la Acción Nacional) y el PRD (Partido de la Revolución Democrática) no les quedó otra que pedir que se replanteen los resultados de la investigación realizada por la Procuraduría General de la Nación.

En resumen, son tres los cuestionamientos que la investigación de la CIDH sostiene y tienen que ver con: la conjeturada incineración de los cuerpos, los motivos del crimen y el accionar de la policía y las fuerzas armadas en el caso.

Para empezar, según el peritaje realizado por el experto peruano José Torero, la versión oficial que indica que la policía de Iguala habría entregado a los estudiantes a los sicarios de Guerreros Unidos para ser luego incinerados en un basural, es errónea, entre otras cosas por las toneladas de madera y el tiempo de incineración que se hubiera necesitado, el humo generado hubiera llamado la atención de todos los habitantes de la zona.

La segunda línea de disidencia apunta sobre los autobuses en que los normalistas intentaron tomar para viajar a la Ciudad de México para participar de las protestas en conmemoración del 46° aniversario de la masacre estudiantil del 2 de octubre de 1968. Acá se destapó una olla muy grande y putrefacta que tiene que ver con una red de tráfico de heroína que estaría operando desde Iguala hacia Estados Unidos transportando los cargamentos de droga en autobuses comerciales. Sobre esto el informe afirma que “El negocio que se mueve en la ciudad de Iguala podría explicar la reacción extremadamente violenta y el carácter masivo del ataque. Aquí es donde entra la necesaria participación y conocimiento previo de las fuerzas represivas del Estado mexicano en los hechos. Los testimonios indican que hubo agentes de inteligencia del Ejército en al menos dos de los lugares donde los normalistas fueron detenidos por policías municipales antes de su secuestro y desaparición. Es en base a estas conclusiones que los familiares de las víctimas exigen que se investigue la participación necesaria del ejército en los hechos.”

Comienza a despertar la conciencia

Los padres y compañeros de los normalistas desaparecidos se hartaron de las estrategias del gobierno para disuadirlos. Está cada vez más claro que no los van a poder comprar porque no va a haber indemnización, ni resarcimiento que valga para poder silenciarlos, como quedó demostrado en la última reunión que tuvieron con el primer mandatario del Estado mexicano el pasado 24 se septiembre. Dicho encuentro, que fue calificado por los familiares como “violento e improductivo”, caldeó los ánimos hasta un punto cercano al no retorno. Es que el gobierno, después del escándalo de un año sin mover un dedo para castigar a los responsables, se dio el lujo de hacer oídos sordos a la lista de reclamos que llevaron los familiares y no sólo eso, sino que además los familiares denunciaron haber recibido agresiones al final de la reunión.

Ayotzinapa es una herida abierta de la cual actualmente brota la lucha por la verdad y la justicia  pero también tiene que ser una experiencia capaz de demostrarle a los mexicanos la necesidad de luchar contra el gobierno de Peña Nieto y por una transformación radical del régimen político. En este sentido, Felipe de la Cruz, vocero de los padres, señaló durante el acto llevado a cabo al finalizar la movilización en El Zocálo que la “verdad histórica” -proclamada por el Gobierno- se ha hecho pedazos ante la verdad científica del grupo de expertos (GIEI). “Si el gobierno apostó al cansancio, está perdiendo”, afirmó. Estas palabras demuestran que la tragedia obligó a los padres de las víctimas a abrir los ojos a la realidad de México, caracterizada por la pobreza cotidiana, la explotación laboral, la precarización en las maquilas y la marginalidad, como caldo de cultivo de un vasto ejército de mano de obra joven disponible para los carteles narcotraficantes.

No se puede permanecer inmune cuando se toma conciencia de todo esto, no hay manera de quedarse quieto por mucho tiempo, más cuando la realidad del saqueo que el gobierno del “Pacto por México” en convivencia con el imperialismo yanqui les estalla en la cara y les arranca lo más preciado, como si no valiera nada. Aunque todavía le falte mucho camino al pueblo mexicano por recorrer en este sentido, se está construyendo una conciencia profunda de que la podredumbre del régimen de Peña Nieto es cada vez más evidente y de que hay que luchar por un cambio de raíz. A través del profundo dolor por el que han atravesado en la búsqueda incansable de justicia, pudieron ver bien de cerca la forma del Estado narco represor que por medio de la policía, el ejército y sus secuaces de los grupos de choque de los carteles, tortura, asesina, entierra, desaparece a miles de jóvenes y condena al resto de la población a la pobreza.

Es necesaria una salida revolucionaria

Desde el Nuevo MAS, creemos que la podredumbre del sistema político mexicano es tan profunda y sanguinaria que la única vía de salida es que trabajadores, campesinos y sectores populares tomen en sus manos la tarea de destruir el pacto social burgués y transformar radicalmente las estructuras sociales y políticas. Es hora de que los de abajo tomen en sus manos la lucha para desbancar el pacto tripartidario burgués PRI–PRD–PAN con una alternativa independiente, socialista y de clase. Es importante aclarar, que dicha alternativa no está representada con reformistas como López Obrador con su Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) ni el Partido del Trabajo (PT). Hace falta una salida de la clase obrera y los sectores populares independiente de la burguesía y todo sector patronal. En este sentido, sostenemos que es indispensable levantar el planteo de llevar a cabo una Asamblea Constituyente Nacional en México para transformar el país atendiendo las necesidades de los explotados y oprimidos.