El Estado burgués costarricense, manejado por el Partido Acción Ciudadana (PAC), está dando cada vez más pruebas de su carácter represivo y anti obrero con ataques hacia los movimientos sociales, la militancia de izquierda y el activismo.

Son muestra de esto diversos procesos judiciales y condenas llevadas a cabo contra activistas, por ejemplo los del 8 de noviembre que defendían la Seguridad Social, la condena a Paulina Briones por protestar contra la transnacional holandesa APT Terminals, la penalización con cárcel a Orlando Barrantes, dirigente de trabajadores y trabajadoras de las bananeras, y más recientemente la inacción ante el despido de 70 trabajadores de la piñeraAgromonte, quienes son dirigentes de la seccional del sindicato UNT, los cuales llevaron adelante una huelga por la defensa de sus salarios hace unos meses.

Ataques marcados contra el empleo público, el desalojo de las familias campesinas de Palmar Sur, las manifestaciones de la derecha neoliberal por el cierre de instituciones del Estado como RECOPE, la reciente aprobación de salarios sin pluses para los nuevos trabajadores del ICE, los ataques a la autonomía y territorios indígenas como en Salitre, etc.

Hay una polarización cada vez más marcada en el país, entre propietarios y no propietarios, entre políticos/empresarios y trabajadores, dinámica en la cual el gobierno del “progresismo sin progreso” quiere desmarcarse queriendo aparentar que no tiene nada que ver.

Sin embargo, el gobierno tiene todo que ver, pues ha empezado a poner a los sectores explotados y oprimidos contra sí mismos, escondiendo que la crisis fiscal, la corrupción y el desempleo son causados por los empresarios, burgueses y altos jerarcas de este país.

El gobierno del PAC quiere un país sumiso, que no proteste, para poder aplicar todos los proyectos de ajuste contra los salarios, contra las pensiones y otras conquistas que la clase trabajadora ha logrado arrancarle al Estado, justamente en las calles. Por eso es que lleva a cabo una política de amedrentamiento a la militancia de izquierda y activistas, apoyándose en la legalidad burguesa.

Lo de Orlando Barrantes hay que ubicarlo en este contexto, dentro del cual el gobierno del PAC está teniendo un papel de central importancia al ser el gobierno que está aplicando el juste.

Se debe exigir un alto a la represión y a la criminalización de la protesta social, nuestra principal arma para luchar por nuestros derechos. Por eso desde la Corriente Internacional Socialismo o Barbarie planteamos la necesidad de poner en pie una campaña internacional para exigirle al gobierno del PAC que ponga inmediatamente en libertad al compañero Orlando.