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El régimen político y económico cubano, tal como se ha conocido durante décadas, está en crisis terminal y sólo puede esperar una corta sobrevida. La burocracia del Partido Comunista que rige los destinos de la isla es la primera consciente de esta situación y, más allá de las invocaciones rituales a la “profundización” o “renovación” del rumbo “socialista”, apunta a una transformación profunda de la estructura económica y social de Cuba. Esa transformación, que se pretende sancionar formalmente con la adopción de los Lineamientos propuestos por el castrismo para el VI Congreso del PCC, tiene un signo inequívoco: hacia el capitalismo y hacia la gradual pero categórica liquidación de las ya muy deterioradas conquistas de la revolución de 1959. Que todo esto se haga en nombre del socialismo sólo puede engañar a los que desean engañarse, a los que no se atreven a mirar los hechos de frente o, ya en el terreno de las organizaciones e intelectuales de izquierda, a quienes tienen compromisos ideológicos y/o materiales con la burocracia del PCC, no con los trabajadores y el pueblo llano de Cuba.

Sea que la burocracia logre imponer su proyecto, sea que el imperialismo (en particular EE.UU.) aproveche los inevitables dislocamientos sociales que este proceso conllevará para hacer volver al poder a la burguesía gusana cubano-yanqui, sea que la resistencia de las masas cubanas a una u otra variante de disciplinamiento y explotación cambie radicalmente el mapa político, una cosa es segura: la forma de organización social en Cuba que el mundo ha conocido desde los años 60 quedará pronto en el pasado y será reemplazada por otra. El desenlace, naturalmente, dependerá en esencia de la lucha de clases y de las decisiones que adopten los principales actores del drama cubano.

Que la crisis actual está llegando a su punto de no retorno es un diagnóstico formulado con total crudeza por la propia burocracia, cuya máxima figura histórica, Fidel Castro, ha admitido que, lejos de estar en condiciones de incitar a otros a imitarlo, “el modelo cubano ya no funciona ni siquiera para nosotros”.[1]

El sistema imperante se ha caracterizado a lo largo de décadas por una serie de rasgos distintivos, la mayoría de los cuales está hoy en cuestión. Ese cuestionamiento puede venir desde la propia burocracia, del imperialismo o de la por ahora sorda resistencia de los trabajadores y los sectores populares, pero atañe a los pilares del funcionamiento de un orden social que, reiteramos, está en un final de ciclo. Pasemos revista a algunos de ellos.

La estructura de la economía cubana, en verdad, sólo fue subvertida por la revolución en términos de de las relaciones de propiedad, puesto que no puede decirse que cinco décadas de economía planificada burocráticamente hayan dado lugar a una nueva configuración productiva. Sin duda que el impacto negativo del bloqueo yanqui y occidental fue muy significativo, pero es un error (en general interesado) atribuir al bloqueo todos los males y vicios de Cuba.

Hasta 1989, la economía cubana fue altamente dependiente de dos factores: las compras de productos primarios por parte de la URSS y el entorno Comecon, en general a precios relativamente divorciados de los del mercado mundial (en beneficio de Cuba), y las ventas a precios también subsidiados (además de diversas formas de crédito) provenientes de los países del “bloque socialista”. Es sabido que la desaparición de la URSS generó una caída catastrófica del comercio exterior (del orden del 85%), de los ingresos, del PBI y del nivel de vida en la isla, en lo que se conoció como “período especial”, y de resultas del cual asomaron las primeras medidas de “liberalización” o de acercamiento al mercado por parte del PCC.

Desde los años 90, la relación de Cuba con la economía capitalista mundial cambió drásticamente: de un vínculo indirecto, mediado, “acolchonado” por la vía del comercio con los países del Este, se pasó al choque brutal con los criterios y designios del mercado capitalista en su fase de mundialización/globalización. Fue así que, de manera lenta y penosa, empezó a tomar forma una nueva relación a fin de garantizar el ingreso de divisas con las cuales solventar la acuciante necesidad de importaciones. Desaparecido el canal soviético de ingreso de moneda fuerte y de bienes de producción y de consumo subsidiados, la economía cubana debió recurrir a un esquema que, en términos generales, se mantiene hasta hoy.

El vínculo comercial de Cuba con el mundo capitalista, que debe sortear la barrera del bloqueo yanqui, se sostiene sobre tres pilares: la exportación de productos primarios (sobre todo el níquel) y de servicios de salud, los ingresos por turismo y la relación con Venezuela. Ésta incluye dos aspectos: por un lado, la exportación a ese país de servicios sociales (educación y salud, sobre todo); por el otro, la provisión por parte de Venezuela de petróleo a precio subsidiado, en una reedición a mucha menor escala de la relación con la URSS.

Este esquema tiene varias patas flojas y se ve amenazado por más de un flanco; desde la caída de los precios de los bienes de exportación (como ocurrió con el níquel) hasta los vaivenes del flujo turístico y del precio del petróleo, para no hablar de la catástrofe que sería para Cuba la salida de Hugo Chávez del poder.

Las limitaciones de esta configuración en cuanto a la inserción de Cuba en la economía capitalista mundial se hacen patentes no sólo por su intrínseca inestabilidad, sino por el hecho de que a duras penas le ha servido para sobrevivir, sin dejar el menor margen para alguna forma de acumulación que permita salir de este laberinto. La producción industrial y la productividad del trabajo social tienen índices muy lejanos a los de la mayoría de los países de la propia Latinoamérica, para no hablar de los países industrializados. Sin desarrollo de las fuerzas productivas decidido y controlado democráticamente por las masas cubanas, la condición de penuria económica crónica que caracteriza a Cuba no encontrará solución.

La política que propone la burocracia va en la dirección exactamente opuesta: consolidar los nichos generadores de divisas, desentendiéndose de las necesidades de desarrollo industrial; poner decisiones económicas en manos del mercado, con el consiguiente crecimiento de la desigualdad social, y adoptar criterios de “eficiencia” economicista en perjuicio directo del nivel de vida de la mayoría. Más adelante analizaremos esto en detalle.

Precisamente, otro rasgo que había venido siendo distintivo de la sociedad cubana es que, en el marco de una escasez relativa (en ciertos planos, absoluta), se mantenía un piso de nivel de vida y servicios sociales cuyo promedio sí era más elevado que el del conjunto de América Latina e incluso soportaba, en algunos rubros, comparación con países de mayor desarrollo. El pleno empleo, aunque en lo económico era una ficción, funcionaba como contención de estratos que en otros países habrían estado condenados a la indigencia y la marginalidad. Por otra parte, en los años 70 y 80, hubo un desarrollo de formas de relativo ascenso social y aumento del bienestar. He aquí, sin duda, la base material del innegable consenso de que gozó el régimen cubano durante décadas.

Pues bien, son estos rasgos los que hoy están puestos en cuestión. Y junto con ellos, el más distintivo en el orden del régimen político: la dominación que ejerce la burocracia del PCC, indisputada durante décadas, no puede menos que quedar socavada por la acción de todos estos factores.

Las bravatas de la burocracia sobre la supuesta unanimidad en la “defensa del socialismo” deben tomarse con la misma seriedad que las apelaciones a la “construcción del comunismo” de labios de burócratas inmediatamente antes de la caída del Muro de Berlín y luego reciclados como nuevos capitalistas. Tomar las palabras y los discursos como verdaderas intenciones (y, con mayor motivo, como descripción de la realidad) es un error imperdonable. Tanto el régimen político, de tipo stalinista en todo lo esencial, vigente en Cuba, como el orden económico supuestamente “socialista” están bajo asedio de múltiples fuerzas, convergentes y divergentes. De lo que se trata es de identificar y apoyarse en las fuerzas que apuntan hacia el socialismo desde abajo, de los trabajadores y las masas, y de identificar y combatir las que van en el sentido de la restauración capitalista, sea en su variante conducida por la burocracia o en su variante abiertamente imperialista.

 

1. Las bases materiales de la crisis

 

1.1 Cuba y el mercado mundial

 

La economía cubana presenta una serie de problemas estructurales que la burocracia del PCC parece recién ahora terminar de admitir, pero a los que da una denominación y un enfoque que no se distinguen en nada de los de los economistas burgueses.

La cuestión decisiva es, en el fondo, la relación con el mercado mundial, piedra de toque de todos los procesos revolucionarios del siglo XX que dieron lugar a economías no capitalistas, más allá de sus diferencias específicas (fueran socialistas desde el inicio, como la revolución rusa, o anticapitalistas sin socialismo, como la china y la cubana). La presión de la ley del valor sobre economías nacionales no capitalistas dio lugar en el caso de Rusia –la revolución más consciente de sus potencialidades y límites– a un fuerte debate en la década del 20, que se saldó con el triunfo de la burocracia stalinista y su utópico proyecto de “socialismo en un solo país”.

Tal fue el esquema adoptado, sin excepción, por todas las burocracias al frente de los países llamados “socialistas”. Pero, tal como planteaban los sectores más lúcidos del Partido Bolchevique ruso, en la mejor tradición marxista (Trotsky, Rakovsky, en cierto modo Preobrajensky), ninguna economía nacional tiene forma de escapar al influjo de la ley del valor del sistema capitalista internacional mientras éste siga siendo dominante. La manera de enfrentar este problema de manera revolucionaria es tema de otros textos en esta misma edición y fueron también abordados por Roberto Ramírez en “Sobre la naturaleza de las revoluciones de posguerra y los estados ‘socialistas’” (Socialismo o Barbarie 22, noviembre 2008). Lo que nos interesa aquí es la forma en que se manifiesta la presión de la ley de valor en Cuba y la respuesta que ofrece la burocracia castrista.

Salvo que se pretenda instaurar una especie de “autarquía económica” –y, en el fondo, no otra cosa representa el programa del “socialismo en un solo país”–, los valores de los bienes de producción y consumo en el ámbito nacional, en la medida en que opera alguna forma de intercambio internacional, van a tender hacia el promedio mundial de valor. Todas las formas de protección y/o distorsión que se introduzcan vía las decisiones económicas del Estado tienen como punto de referencia ese valor. Y lo que vale para las mercancías individuales vale, con mayor motivo, para la economía considerada como un todo.

Aquí aparece uno de los rasgos distintivos de la economía cubana: su penuria crónica de divisas, esto es, de moneda válida para intercambios internacionales, lo cual no es más que un reflejo de la muy limitada capacidad de creación de valor de una estructura de muy bajo desarrollo de fuerzas productivas y nivel de productividad.

Pongamos esto en cifras. La cuenta de comercio exterior cubana, en términos de mercancías, muestra un desequilibrio pavoroso a favor de las importaciones. Para no tomar un año determinado, digamos que desde 2003 las exportaciones de bienes de consumo han rondado los 3.000 millones de dólares, mientras que las importaciones son de 9.500-10.000 millones de dólares. Semejante déficit se compensa sobre todo con la exportación de servicios, esencialmente médicos, por 7.500-8.000 millones de dólares.

Esto explica que, como veremos luego, los Lineamientos del VI Congreso del PCC hagan tanto énfasis en la necesidad de aumentar las exportaciones y sustituir importaciones, además de la relación privilegiada con Venezuela, principal importador de los “servicios” cubanos.

Naturalmente, esta configuración del comercio exterior no hace más que expresar una estructura productiva donde, según The World FactBook 2006, el Producto Interno Bruto (PIB) de Cuba se descompone en agricultura 5,1%, industria 27,2% y servicios 67,6%.

Otros cálculos dan un peso menor a la industria y aún mayor a los servicios. Según el economista cubano Omar Everleny Pérez Villanueva, del Centro de Estudios de Economía Cubana de la Universidad de La Habana, es preocupante “el desproporcionado peso en la estructura del PIB (76%) del sector de servicios, por lo que se ha generado cierta dependencia de programas como las Misiones de Cooperación o de otro tipo en Venezuela y en otros países. Dado que estos programas están atados a contingencias impredecibles, y este rubro puede sufrir disminuciones futuras, sería prudente desarrollar otros mecanismos para contrarrestar sus posibles efectos decrecientes. Esa exportación carece de encadenamientos y efecto multiplicador en la economía interna”, a diferencia de las exportaciones de origen manufacturero (“Notas recientes sobre la economía en Cuba”, Vitral 98, julio-agosto 2010). En ese estudio, el peso de la industria se reduce al 13% del PBI.

Para el citado trabajo, los “problemas estructurales” que corroen la economía cubana –en un diagnóstico con el mismo tono crudo y a la vez tecnocrático de los Lineamientos– pueden listarse como sigue: “a) expansión de los servicios, mientras que la agricultura y la industria se mantienen rezagadas; b) poca diversidad del comercio exterior, donde el equilibrio de la balanza de pagos recae en la exportación de servicios profesionales, especialmente personal de salud, cuyo efecto de arrastre al resto de la economía es bajo; c) baja productividad en gran parte del sector empresarial estatal (no se han llevado a cabo reformas estructurales suficientes para cambiar tal situación); d) baja eficiencia económica en general, con altos consumos energéticos; e) elevada distorsión en la relación consumo-acumulación e ingresos-consumo. Estos problemas están interrelacionados, y se despliegan en una economía con un mercado interno pequeño, extremadamente abierta y dependiente de las importaciones, que tiene que lidiar con un costoso bloqueo económico, intensificado en el último lustro en la esfera financiera” (ídem).

He aquí el problema: “una economía extremadamente abierta”. Si algo caracterizó a la economía cubana y, por extensión, la de los países “socialistas” era ser relativamente cerradas, con un amplio porcentaje de sus intercambios efectuados en el entorno Comecon.[2] Por supuesto, esta situación sólo podía ser transitoria, y a medida que se extendía la brecha de productividad entre un “bloque” y otro, la presión de la ley del valor se iba haciendo más patente.

Mientras Cuba fue una economía casi sin divisas, pero “cerrada”, la burocracia pudo manejar determinados márgenes, que hoy se han agotado o están agotándose. La apertura al mercado y la economía mundiales tiende a socavar o condicionar decisivamente las áreas socioeconómicas que, sin ser “socialistas”, no se regían cien por ciento por los dictados de la ley del valor. Como veremos más adelante, eso incluye vastas porciones del “salario social”.

En un sentido, la situación es más acuciante que la del “período especial”, y según otro economista, en este caso procapitalista, “la crisis no ha llegado al extremo de 1992-1994 por tres razones: 1) Chávez suministra el 65% del petróleo necesario a precios subsidiados equivalentes a 1.850 millones de euros, 2) paga 4.000 millones de euros por 40.000 profesionales cubanos que trabajan en Venezuela, y 3) el 65% de los cubanos reciben remesas del extranjero” (Carmelo Mesa-Lago, “La paradoja económica cubana”, El País (Madrid), 12-7-09).

La deuda externa, de unos 20.000 millones de dólares, parece relativamente manejable en este contexto, pero los 1.900 dólares de deuda per cápita representan una hipoteca imposible de levantar en una economía cuyo salario promedio es de unos 18 dólares mensuales (el dato oficial son 425 pesos cubanos, al tipo de cambio 25 pesos = 1 CUC o peso convertible = 1 dólar). Si bien la deuda externa parece baja en relación con el PBI (alrededor del 40%), es muy alta respecto de la capacidad de generación de divisas, ya que equivale casi el 400% del valor de las exportaciones de bienes.

A la falta de divisas a que obliga la marginal inserción de Cuba en la división mundial del trabajo se agregan los efectos del bloqueo yanqui (que es un agravante de la situación, no su esencia, contra toda la prédica de la izquierda filocastrista) y que “el crédito externo (…) le cuesta a Cuba entre un 20 y un 30% más que a otros países; los bancos estatales tienen pocas divisas y corren el riesgo de insolvencia, y 80 empresas estatales han pospuesto pagos a acreedores externos” (C. Mesa-Lago, cit.).

La escasez de moneda fuerte se manifiesta, según Pérez Villanueva, en “un drástico recorte de la capacidad del Banco Central de Cuba en honrar sus compromisos con el sector empresarial en Cuba o con el exterior, lo que se traduce en una elevada permanencia de la falta de divisas o capital de trabajo para la operación corriente de las empresas” (“Notas…”, cit.).

Ante esta disyuntiva, la burocracia “socialista” y “antiimperialista”, que tantas veces ha denostado el mecanismo de la deuda externa como cadena de sujeción y explotación de los pueblos latinoamericanos, ahora quiere evitar, al precio que sea, cualquier forma de cesación de pagos. Así lo demuestra el poner como prioridad financiera absoluta de los Lineamientos del VI Congreso atender el servicio de deuda con los acreedores externos. Lo que no es extraño si se consideran las consecuencias de un default para un aparato productivo completamente dependiente de los insumos externos.

Eso explica también el tono singularmente respetuoso, casi genuflexo, con que Raúl Castro se dirige a los acreedores. Así, se congratula de que “continúan disminuyendo las retenciones de transferencias al exterior, o lo que es lo mismo, las limitaciones que nos vimos obligados a imponer a finales de 2008 en los pagos desde los bancos cubanos a los suministradores extranjeros, las cuales serán suprimidas totalmente el próximo año y, al propio tiempo, se han logrado significativos avances en la renegociación de la deuda con nuestros principales acreedores. Nuevamente deseo agradecer la confianza y comprensión de nuestros socios comerciales y financieros, a quienes ratifico el más firme propósito de honrar puntualmente los compromisos contraídos” (discurso de clausura de sesiones de la Asamblea Nacional, 18-12-10).

Esta situación muestra, irónicamente, una fuerte analogía con la crisis y agotamiento del modelo soviético, que luego de dar sus primeras señales se precipitó con rapidez asombrosa aun para sus críticos. Como veremos luego, no es el único paralelismo entre la crisis cubana y la de la URSS a fines de los 80.

Lo que está en juego, entonces, es la capacidad misma de la economía burocrática (no capitalista, pero ni por asomo socialista) para asegurar su propia reproducción. Es en este sentido que la crisis del “modelo cubano” que hemos conocido es no sólo estructural, sino terminal: debe cambiar o perecer. Raúl Castro lo planteó casi en esos términos en el discurso citado “O rectificamos o ya se terminó el tiempo de andar bordeando el precipicio: nos hundimos” (ídem). No se trata de la aparición de nada nuevo, sino simplemente de que el esquema vigente por décadas dio de sí todo lo que podía dar.

El cuadro crítico es puesto de manifiesto también por Pérez Villanueva: “Este modelo asentado en la exportación de servicios profesionales muestra debilidades estructurales y signos de agotamiento (…) que se han empezado a manifestar en las mayores limitaciones en la disponibilidad de divisas, y en la escasez relativa de recursos para proyectos de inversión. A ello debemos sumar la decisión de cerrar casi la mitad de las fábricas de azúcar del país (en 2010 sólo molieron 44 centrales), cuyo proceso de redimensionamiento se enfrentó a la compleja situación de darles respuesta a los cientos de miles de trabajadores que de inicio quedaron sin empleo” (“Notas…”, cit.).

El desgaste irreversible del “modelo cubano” obliga a la burocracia a aceptar la ruptura del equilibrio anterior, cada vez más inestable. Con las razones económicas convergen otras políticas para que esta ruptura sobrevenga ahora y no en sincronía con la de los otros “países socialistas”. Por lo pronto, la experiencia revolucionaria de 1959 estaba, cuando la caída del Muro de Berlín, relativamente fresca en términos históricos, lo que a su vez tenía un correlato material en las masas cubanas. La brutal crisis del “período especial” fue sorteada, pese a todos los padecimientos, con un relativo consenso mayoritario. Pero la situación actual presenta un doble agotamiento. Por un lado, los 60 años de revolución significan que las generaciones más jóvenes sólo experimentaron de ella las estrecheces y restricciones, mientras que sus conquistas son naturalizadas. Por el otro, las condiciones de deterioro de una economía planificada burocrática e irracionalmente, sin control ni democrático ni tecnocrático, han pegado un salto del que ya difícilmente puedan volver. En ese sentido, se parece al progresivamente acelerado desplome productivo y tecnológico de la economía de la URSS en los años 80, que dieron origen a la perestroika de Gorbachov.

Así, los antiguos criterios establecidos para el funcionamiento de la economía y de la sociedad, que nunca fueron materia de discusión (mucho menos de decisión) para las masas cubanas, ya han dejado de ser válidos. Esos criterios de “socialización de la miseria” incluían, no obstante, un fuerte componente cultural de orgullo por el “camino cubano” a contramano del resto de América Latina (y del curso capitalista de los ex países “socialistas”).

Hoy, más allá de que se mantenga el discurso de la “construcción del socialismo”, el rumbo elegido por la burocracia va en el sentido de las reformas capitalistas y hasta neoliberales clásicas. Más abajo nos referiremos al posible impacto moral de esta decisión entre los cubanos. En lo que queremos detenernos aquí es en las consecuencias económicas que puede tener (y ya está teniendo) la adopción de los nuevos criterios. Que, en lo que hace a la relación con el mercado mundial, son inequívocos: dejar de lado las veleidades “insulares” y abrazar acríticamente la ley del valor como regulador económico y social.

 

1.2 Productividad del trabajo: adiós al “Estado de bienestar”

 

La introducción de parámetros de “eficiencia económica”, esto es, capitalistas, subordinando la planificación económica a la ecuación de costo-beneficio, liquida otro de los pilares que planteaba Trotsky de una verdadera economía en transición al socialismo. Recordemos que el revolucionario ruso postulaba la necesidad de manejar una ecuación con tres factores (planificación, mercado y democracia obrera). Si el régimen cubano, como todos los otros países “socialistas”, no mostraba el menor contrapeso en términos del factor democracia obrera en beneficio abusivo de la planificación, ahora ésta última va camino a la desaparición en la medida en que, como veremos, el plan mismo se pone bajo los auspicios y dictados del mercado y su ley del valor.

Si la baja productividad del trabajo es una rémora estructural de la economía cubana casi desde la revolución misma, es evidente que esto no se debe a una idiosincrática holgazanería de los trabajadores cubanos, sino a “la incapacidad orgánica de la burocracia del PC cubano para desarrollar las fuerzas productivas, organizar eficazmente la economía y, sobre todo, motivar a la gente para que trabaje. Pero la burocracia prefiere echarle la culpa a los trabajadores” (Claudio Testa, “El ‘nuevo modelo’: vuelco acelerado a la restauración capitalista”, periódico SoB 186, 30-9-10).

Si ahora la burocracia “descubre” que los planteles de trabajadores están “inflados”, y que, según un cálculo estrechamente economicista, “sobran” entre un millón y un millón y medio de trabajadores (sobre una población económicamente activa de 4,8 a 5 millones, es decir, entre un 20 y un 30 por ciento de la fuerza laboral), es porque durante años se ufanó del “pleno empleo” y de la tasa de desocupación oficial del 1,7%.

Como señala Roberto Cobas Avivar, “toda la tasa de empleo entre 2000-2009, un millón de trabajadores, que había sido objeto de la propaganda del éxito del pleno empleo, se declara en excedencia laboral y se asume por fin la ‘libertad del autoempleo’ o de la ‘reubicación productiva’ en el cuerpo enfermo de la economía” (“La patria es ara, no pedestal”, Kaos en la Red, 28-9-10).

Un ejemplo patético de cómo un defensor de la burocracia puede quedar descolocado en cuestión de meses por sostener la “vieja línea” es el debate en el sitio Kaos en la Red entre Ernesto Escobar Soto, acérrimo castrista, y un crítico moderado y bienintencionado, Narciso Isa Conde. Cuando éste último se permitió hacer algunas menciones a la crisis del “modelo estatista-burocrático”, Escobar Soto, además de tratarlo poco menos que de enemigo de la revolución y agente del imperialismo (tal es el nivel de “apertura” del PCC), le espetó su desconocimiento de que Cuba enfrenta todos los problemas causados por el bloqueo yanqui, los huracanes, etcétera, “sin que se haya lanzado a la calle a un solo trabajador” (“Carta a Narciso Isa Conde”, Kaos en la Red, 4-8-09). Por supuesto, los plumíferos de la burocracia, con su espalda de goma y su facilidad para la voltereta ideológica, dirán que “lanzar a la calle” a la cuarta parte de los trabajadores es parte de la “profundización del socialismo”…

Vale la pena detenerse en la cuestión de la remuneración de los trabajadores, porque es otro indicador de profundas distorsiones en perjuicio de la supuesta clase dominante en el “Estado socialista” (u “obrero”, para muchas corrientes trotskistas). Obsérvese el resultado de efectuar una comparación entre algunos países latinoamericanos y otro desarrollado (España), por un lado, y Cuba, por el otro, en cuanto a la relación entre A) PBI per cápita, ajustado por paridad de poder de compra real (PPP) y B) el salario promedio anual de la economía, en dólares:

 

A = PBI per cápita PPP         B = Salario promedio                        A/B

Uruguay          13.208                                    7.000                                      1,88

España                        32.545                                    29.000                                    1,12

Argentina        14.559                                    11.000                                    1,32

Brasil               10.427                                    10.800                                    0,97

Fuente PBI PPP: Banco Mundial, 2009. Fuente salario promedio: organismos oficiales y prensa escrita.

 

Cuba no figura en esa lista del BM, de modo que sólo podemos estimar el PBI per cápita bruto, sin ajuste alguno. La mayoría de las entidades internacionales calcula el PBI cubano en 45.000-50.000 millones de dólares, en el rango de países como Túnez o República Dominicana, ambos con una población similar a la de la isla (entre 10 y 11 millones de habitantes), lo que no nos parece descabellado. Aceptando como PBI cubano 50.000 millones de dólares, el cuadro anterior da estos resultados:

 

A = PBI per cápita                 B = Salario promedio                        A/B

Cuba               4.385                                      250                                         17,54

 

Se constata que la relación entre PBI per cápita (ajustado por poder de compra) y el salario anual promedio ronda el valor 1, salvo en Cuba. La distancia es sideral, incluso si tomamos las cifras brutas del PBI; el coeficiente para los demás países puede variar en un rango aproximado de 1 a 2, pero el parámetro cubano está fuera de toda proporción.

La distorsión es aún mayor si tomamos las cifras del PBI que da la burocracia. Si aquí hemos considerado válida la estimación de unos 50.000 millones de dólares, para el PCC, el PBI cubano araña los 110.000 millones de dólares, puesto que computa de manera copiosa (e incomprobable) el peso de la producción de servicios. Dando por bueno ese criterio (que, como no es internacional, impide o dificulta la comparación), la razón entre PBI per cápita y salario promedio sería de más de 38. Queda en manos de la burocracia explicar por qué la distancia entre lo producido y lo percibido en salario es entre 10 y 30 veces mayor que en otros países (y 250 dólares anuales es una estimación más bien generosa del salario promedio en Cuba).

Sin duda, estas cifras son sólo aproximativas, dado que en el último lustro se observan variaciones tanto en el PBI como en el salario promedio. Tampoco pretendemos establecer ninguna ley de que ambos indicadores deban tender a determinado valor; es simplemente el resultado que hemos obtenido. Pero la tendencia general queda suficientemente ilustrada: o los cubanos son mucho más productivos que el resto –opción unánimemente descartada, en primer lugar por la burocracia– o reciben una remuneración muy inferior al promedio internacional en función de su aporte al conjunto de la economía.

En otras palabras, el nivel de explotación del trabajo y de apropiación de excedente por parte de la burocracia (para no hablar del derroche y desgaste de fuerzas productivas) debe igualar o superar los peores índices de los ex “países socialistas”. Economistas liberales (pero ex funcionarios del PCC hasta hace pocos años, como Espinosa Chepe) calculan que el salario real en Cuba no representa hoy más del 30% de lo percibido en los 80.

Si recordamos la famosa distinción de Trotsky en La revolución traicionada entre las dos partes del (hipotético) ingreso del trabajador en un estado obrero, la parte a (la “acción” o alícuota de los ingresos generales del estado) y la parte b (el salario tal como lo podría recibir en un país capitalista, sujeto a criterios de productividad y valor en general), no cabe duda de que Cuba representa uno de los puntos más bajos que pueden concebirse para una sociedad que se llama a sí misma “socialista”. ¿Cómo se explica que Cuba produce 50.000 millones de dólares al año (PBI, que según la burocracia es incluso el doble), pero sus 5 millones de trabajadores (¡no hay capitalistas!) reciben un ingreso total de sólo 1.250 millones de dólares? Es evidente que una fracción de la sociedad se queda, subrepticiamente o no tanto, con la parte del león.

Ahora bien, como se dicho, para la burocracia castrista la razón de la baja remuneración es la baja productividad, no del trabajo social –que incluye infraestructura tecnológica y energética, calificación de la fuerza laboral y otros rubros–, sino de los trabajadores individual y colectivamente. El PCC señala con el dedo acusador a la cultura de la haraganería que se ha instalado, nadie sabe cómo, en las relaciones laborales.

No hay exageración alguna, ya que la burocracia se ha encargado de decirlo en todos los tonos y oportunidades posibles. Como cita aprobatoriamente la publicación decana del capitalismo mundial, “con frecuencia, Raúl Castro expresó su enojo por la aguda falta de eficiencia de Cuba. ‘Tenemos que borrar para siempre la idea’, dijo a la Asamblea Nacional en agosto, ‘de que Cuba es el único país del mundo donde no es necesario trabajar’. El país ya no puede permitirse esto: el precio del níquel, que es lo que más se exporta, ha bajado (…) el país importa el 80 por ciento de los alimentos que consume. Asimismo, ha luchado por hacer pagos en moneda fuerte” (The Economist, “La reforma económica va en serio”, 16-9-10). Por supuesto, lo de que “no es necesario trabajar”, tomado literalmente, es un disparate: el porcentaje de población económicamente activa (y casi todos son asalariados) es en Cuba, si cabe, más alto que en la mayoría de los países de la región. El “no trabajo” hay que tomarlo más bien como una queja por la baja productividad. Las draconianas medidas que propone al respecto el PCC en sus Lineamientos serán objeto de crítica más adelante.

Los regaños y reconvenciones a los trabajadores son una constante en los discursos de Raúl Castro. Veamos esta arenga de diciembre de 2009: “Precisamente el tema del empleo constituirá una de las prioridades el próximo año, considerando el bajo nivel de productividad existente. Al respecto (…), la dirección del gobierno aprobó un sistema incrementado de estimulación a los constructores de las obras en que era posible introducir dos turnos de trabajo. Algo que es común en todo el mundo, e incluso tres turnos en algunos países. (…) A pesar de mayores estímulos e ingresos salariales, se mantuvo la perniciosa práctica de pases masivos de los constructores en fechas significativas como el fin de año, el Día de las Madres, 26 de Julio y los carnavales, provocando la paralización de las obras por varias semanas, especialmente en el caso de trabajadores procedentes de otras provincias. Cuba es quizá hoy el único país del planeta en que estas cosas suceden y tenemos que preguntarnos por qué, si aquí siempre se ha cortado y molido caña en esas fechas, han funcionado ininterrumpidamente otras actividades industriales y de servicios, para no hablar de la defensa y el orden interior” (discurso ante la Asamblea Nacional, 21-12-09).

La burocracia está desesperada por aumentar la productividad, y se enfrenta, tal como sucedía en la URSS y los países del Este europeo, a formas sordas y desorganizadas, pero en cierto modo institucionalizadas por la costumbre, de descontento y resistencia en los lugares de trabajo. Manifestación de esto es el ausentismo al que hace referencia Raúl Castro, pero también el trabajo a desgano, el desinterés, la desidia por la propiedad del Estado a la que no se considera propia y hasta los famosos “inventos”, es decir, el robo hormiga o el usufructo ilegal de bienes y/o instalaciones estatales.

Tal es el desarrollo de estas prácticas que a la burocracia no se le ocurre mejor idea para combatirlas que dos medidas típicamente capitalistas. Una, disciplinar por el mercado reintroduciendo el desempleo; la otra, volver al pago a destajo, es decir, la forma más primitiva (e individualista) de estimular la productividad. Claro que esta última opción tiene sus inconvenientes: “El plan de pago por resultados (destajo), pilar de las reformas de Raúl Castro (…), sólo se aplica al 18% de la fuerza laboral; los administradores lo rechazan porque los técnicos pueden ganar mucho menos que los obreros con alta productividad” (C. Mesa Lago, “La paradoja…”, cit.).

La incapacidad y la improvisación de la burocracia la llevaron a impulsar la productividad de los trabajadores rasos descuidando la situación de la burocracia intermedia, que se ha convertido en otro blanco habitual de los dardos de Raúl Castro: “Los resultados han estado lejos de la expectativa que teníamos, en primer lugar, por factores subjetivos, entre ellos desorganización y la resistencia pasiva de los cuadros intermedios a cambiar la mentalidad (…) Estoy convencido de que no hay malos colectivos, en todo caso jefes no convencidos ni comprometidos con el papel que les corresponde jugar. (…) No nos llamemos al autoengaño, es necesario romper la barrera psicológica que nos impide avanzar en ésta y en otras tantas áreas de nuestro quehacer cotidiano y en ello tienen importancia decisiva los jefes a todos los niveles y los cuadros del Partido y del Sindicato” (discurso ante la Asamblea Nacional, 21-12-09).

Si el aumento de la productividad es un imperativo, el ahorro de divisas gastadas en alimentos es un criterio aún más acuciante, como lo demuestra el programa de “agricultura urbana”, que consiste sencillamente en diseminar huertas y pequeñas unidades productivas en la periferia de las ciudades y pueblos. Aquí, naturalmente, la productividad en base a cualquier medida internacional no tiene ninguna importancia: como se parte de cero, cualquier medio de producción es bueno, aunque sea del siglo XVIII. Puesto que la producción de alimentos es un tema “de seguridad nacional”, la consigna es “sumar el ‘mayor número posible de personas, mediante todas las formas de propiedad existentes y con el orden requerido’. La esencia de este nuevo tipo de cultivos está en acercar los alimentos producidos a las zonas urbanas (…) La base es una agricultura diversificada, ecológica, con empleo de tracción animal y gasto mínimo de combustible (…) El núcleo del programa descansa en pequeñas fincas organizadas en su mayoría en cooperativas, principalmente de Créditos y Servicios (CCS) o granjas estatales. El finquero trabajará la tierra con familiares, pero está autorizado a contratar personal en caso de ser necesario (…) Economistas consideran que el ‘gran salto’ agrícola requiere ‘liberar las fuerzas productivas’ agropecuarias, donde conviven la propiedad privada, la cooperativa y la estatal, para que el productor decida qué produce, a quién le vende y a qué precio, y tenga también la posibilidad de comprar sus medios de labranza directamente” (Patricia Grogg, “Agricultura sostenible desde los suburbios”, Inter Press Service, abril 2010).

Digamos que esto adelantaba al milímetro lo que se propondría luego en los Lineamientos del VI Congreso: “Ejecutar el programa de agricultura suburbana aprovechando eficientemente las tierras que rodean las ciudades y pueblos, con el menor gasto posible de combustible e insumos importados, empleando los propios recursos locales y con amplio uso de la tracción animal” (lineamiento 190).

La referencia al “gran salto” es involuntariamente irónica, ya que remite al “Gran Salto Adelante” de la China maoísta, con similar desprecio por los criterios más elementales de productividad y, es de esperar, con similares resultados. Un plan para “liberar las fuerzas productivas” que virtualmente prohíbe el uso de combustible y alienta los arados tirados por bueyes sólo puede ser calificado de “socialista” por gente sin la menor idea del marxismo. Claro que, a tono con los tiempos, hasta se presenta esto como “agricultura sustentable”, a fin de intentar darle al proyecto un barniz de algo que parezca “moderno”.

Durante décadas la burocracia pasó por alto el problema de la productividad con argumentos “de izquierda”; la cuestión que obsesionaba a los dirigentes bolcheviques tras la revolución, esto es, cómo acortar la enorme distancia entre la Rusia atrasada y los países capitalistas avanzados sin sucumbir a la ley del valor, era resuelta por la burocracia con apelaciones morales y bravatas ideológicas.

Claro que, expulsada por la puerta, la ley del valor entraba por las ventanas y rendijas de la frágil economía. Así, lo que primero se manifestó como mercado negro ahora adopta, además, formas ya totalmente reñidas con cualquier pretensión de “socialismo”. Cualquier visitante a la isla que tenga los ojos abiertos no puede menos que sentirse desagradablemente sorprendido por el en general discreto pero ya indisimulado acoso comercial a turistas, para no hablar de la extensión del fenómeno de la prostitución.

No puede sorprender: por un lado, con un salario derrumbado en términos internacionales, cualquier chuchería o servicio pagado por los turistas en dólares o euros equivale a uno, o varios, sueldos mensuales. Y por el otro, que ciertas actividades comerciales sean ilegales no representa el menor disuasivo para una sociedad acostumbrada a que todo –el salario, los precios, los discursos del PCC, la información pública, el acceso a bienes y servicios– tiene una doble vida y un doble circuito: el oficial y el real.

Tal fue el resultado de la primera oleada de “liberalización” de la economía, que incluyó precisamente a los servicios turísticos, bajo el imperio de la necesidad de divisas. La dualidad monetaria no es más que un reflejo de que la economía cubana entera es “mixta”, en el sentido de que una parte se rige directamente por el mercado y otra, de manera cada vez más distorsionada, por una planificación que hace agua por todos lados.

Ahora bien, el proyecto del PCC es abrir la puerta a las relaciones de mercado no ya sólo para el turismo, sino para el mercado laboral y los bienes de consumo, es decir, para aquello que atañe en forma directa a la cotidianeidad de casi todos los cubanos. Aceptar las reglas de juego del mercado en esos ámbitos implica validar precios (expresión del valor en dinero) que antes estaban divorciados del valor internacional. La decisión de levantar formas “proteccionistas” y distorsivas del precio de mercado representa una verdadera devastación en el nivel de vida de quienes siguen recibiendo salarios “artificiales”, que respondían a un esquema de precios también artificial, pero que eran a su vez expresión, hasta cierto punto, del bajo nivel de productividad del trabajo.

La burocracia propone que la oferta de cada vez más bienes y servicios pase a regirse por la esfera del mercado, eliminando las “distorsiones” que implicaba el plan. Y no sólo eso: formas de hecho parasalariales como la libreta de racionamiento, otra herencia histórica de la época “100% plan-0% mercado”, también van a ser eliminadas. Así lo expresó con toda crudeza Raúl Castro ya en 2008: “Es sabido que la gran mayoría de las personas no aprecia justamente una gratuidad o un elevado subsidio generalizado, como parte de la retribución que recibe, en la que sólo considera el salario (…) [Esto] tiene otras muchas facetas, las cuales seguiremos discutiendo, y lo advertimos sin que nos tiemble la voz, que deben ser analizadas para paulatinamente irlas eliminando, junto con el proceso de darle el verdadero valor al salario. No hay otra solución” (Segundo Período de Sesiones de la VII Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Palacio de Convenciones, La Habana, 27 de diciembre de 2008).

Ahora bien, si esto ocurre desde el lado de la oferta de consumo, ¿cuál es la situación desde el lado del ingreso para ese consumo, es decir, el salario? La brutal propuesta de la burocracia consiste, en el fondo, en desmantelar lo que queda de “igualitarismo” en esa esfera (veremos más abajo la obscena argumentación “ideológica” para justificar esto) para introducir o profundizar circuitos de ingresos claramente diferenciados.

Si la situación anterior (heredada, una vez más, de prácticas de décadas) era que prácticamente la totalidad de la población vivía de un salario (y otros beneficios) provistos por el Estado, el esquema que adelanta el PCC, implícita y explícitamente, destruye esa uniformidad desde varios lugares. Como luego trataremos esto en más detalle, aquí sólo adelantamos las categorías principales.

En primer lugar, el Estado se desentiende sin más trámite de casi un cuarto de la fuerza laboral. Las patéticas promesas de la Central de Trabajadores de Cuba (entidad que irónica y significativamente estuvo a cargo del anuncio de los despidos en masa), de que “nadie quedará desamparado”, son imposibles de creer. Entre otras razones, porque no se menciona ninguna medida concreta de contención, más allá de vagas invocaciones a las “redes sociales”, de esa masa de desempleados. Los cuales, por otra parte, y si hemos de creer a los “estrictos criterios” de la CTC, encargada de la “depuración”, serán justamente los menos productivos. De hecho, el único anuncio específico respecto de los nuevos desocupados es que prácticamente no tendrán subsidio de desempleo. Porque pagar el 60% de un sueldo ya ridículamente depreciado, durante sólo 5 meses, y eso sólo para aquellos que acrediten 30 años de antigüedad, equivale a la eliminación del beneficio.

En segundo lugar, los “eficientes” que queden en sus puestos (siempre acorde con la “objetiva” evaluación de idoneidad de la CTC) parece que recibirán, según Raúl Castro, “el verdadero valor” del salario. Más allá de la impúdica admisión de la burocracia de que los trabajadores recibían antes un valor “falso” por su trabajo, ya vimos cuál es el principal rasero de medida: el simple pago a destajo. En el terreno de la remuneración de los trabajadores, la “profundización del socialismo” se parece a un retorno al capitalismo del siglo XIX como dos gotas de agua…

En tercer lugar, aparece toda una nueva, ancha y heterogénea franja de cuentapropistas, pequeños “propietarios” rurales y otros sectores sociales no asalariados, que cumplirían una doble función. Por un lado, absorber la masa de ex asalariados estatales –algo completamente quimérico, como ya veremos–; por el otro, oficiar de impulso “eficientista”, protocapitalista, en el terreno de la producción (sobre todo agrícola) y también como influencia cultural más difusa pero importante a las bondades de la “iniciativa privada individual” frente a un Estado que ya no da abasto.

En suma, ante el estallido del problema de la productividad, la burocracia abraza sin reservas el mercado, librando a su suerte a una ingente masa de trabajadores y preocupándose sólo de mantener el control político (sobre el conjunto de la población) y económico (sobre la gran propiedad). Algo que no será nada fácil, porque la fuga hacia la ley del valor irá acompañada de inevitables tensiones sociales.

 

1.3 Una penuria crónica de bienes de consumo agravada por la creciente desigualdad

 

Cuando salimos del mundo de fábula de los apologistas del régimen, nos encontramos con que la amplísima mayoría de los habitantes padece de escasez y dificultad de acceso, o directamente carencia, de algunos de los bienes de consumo más elementales, algo incompatible con el supuesto orden social superador de la “isla socialista”.

Un ejemplo arquetípico de los panegiristas del castrismo es el citado Escobar Soto, que ofrece un compendio de sus lugares comunes: “En Cuba se han solucionado los grandes problemas que aquejan a la inmensa mayoría de los pueblos del mundo: la educación hasta el nivel universitario y la atención médica para todos y de carácter gratuito; la seguridad y la asistencia social, la cultura y el deporte asequibles para todo el pueblo; el desarrollo científico; la seguridad ciudadana. Y no debo olvidar la dignidad, la libertad, la independencia y la soberanía alcanzadas por nuestro país. Pero todavía no hemos logrado alcanzar el desarrollo económico que necesitamos, y en mucho se debe al Imperio que nos ataca continua y sistemáticamente” (“Carta a Narciso Isa Conde”, cit.).

Para la burocracia y sus plumíferos, a sueldo o vocacionales, los “grandes problemas que aquejan a la inmensa mayoría” no incluyen el principio mismo de la vida y reproducción humanas: la alimentación. Claro, eso depende del “desarrollo económico que todavía no hemos logrado alcanzar”, por supuesto por única y exclusiva culpa del imperialismo. Compárese esa fraseología hueca con el crudo diagnóstico de un economista oficial: “El salario medio nominal (…) no ha logrado superar el deterioro ocasionado por el incremento del índice de precios del consumidor (IPC), lo que pone en dificultad a la mayoría de las personas que cuentan con el salario como la más importante fuente de ingresos. Aun los ingresos personales resultan insuficientes para dar cobertura a los gastos necesarios de una familia cubana, debido a los elevados precios de los alimentos en los diferentes mercados, lo que lleva a que cierta parte de la población mantenga insatisfechas un conjunto de necesidades básicas, en especial alimenticias” (O. Pérez Villanueva, “Notas…”, cit.).

Enseguida nos referiremos a esa dualidad de ingresos y a la situación de esa “cierta parte de la población”. En todo caso, esta incontestable realidad pone en su lugar a quienes ponen los ojos en blanco citando logros genuinos de la revolución, como la erradicación del analfabetismo, el relativamente alto nivel cultural de la población y la amplia cobertura de salud. Pero, en cambio, se muestran mucho menos proclives a explicar por qué la preocupación central de las familias cubanas es garantizar dos comidas diarias con un nivel aceptable de variedad de nutrientes.

Hasta los escribas del régimen, en su exceso de celo, presentan como virtudes las pruebas palmarias de la insuficiencia del ingreso habitual. El citado Escobar Soto pondera el trabajo a destajo y el stajanovismo de la autoexplotación al decir que “no habrá límites en lo que puede ganar un trabajador que se esfuerce por lograr una elevada productividad y eficiencia”. Aún peor es cuando, con candorosa ingenuidad, recuerda que ahora “se permite el pluriempleo. O sea, todo aquel que tenga un trabajo fijo y estable (la inmensa mayoría de los trabajadores de Cuba) puede ser contratado para realizar un segundo trabajo y cobrar el salario que corresponda”. ¡Vaya logro: resulta que “la inmensa mayoría de los trabajadores de Cuba” necesita un segundo empleo para vivir, lo cual, felizmente, ahora “se permite”! Y eso no es todo: en este paraíso de la libertad laboral que es Cuba bajo la nueva orientación, la burocracia no duda en “permitir la reincorporación al trabajo de los jubilados con salario completo” (“Carta…”, cit.). ¿Hace falta admisión más elocuente de que los jubilados no pueden vivir del monto de su pensión y se ven obligados a volver a trabajar, con “permiso”, eso sí? Desde ya, esta situación es bastante común en los países capitalistas, pero exhibirlo como “avance del socialismo” es una burla siniestra.

La dependencia de la importación es pavorosa, y ronda el 80% de la canasta básica y de las proteínas consumidas por cada cubano, además de representar una muy onerosa carga para la economía. La dieta habitual de los cubanos se compone de arroz y frijoles, con escasa carne de cerdo y aviar. La carne de res es directamente un lujo, y la leche, salvo para los menores de 7 años y ancianos, es carísima. El café mismo es un artículo suntuario. Y conseguir los alimentos no es cosa sencilla tampoco. Las tiendas estatales recuerdan a las soviéticas, con estantes vacíos salvo el stock de unos pocos productos. Las frutas frescas, salvo la banana, son casi desconocidas, y los jugos tienen precios prohibitivos, al igual que la leche en polvo. Lo mismo ocurre con la mayoría de los alimentos enlatados y conservas que no son de origen cubano.

La libreta alimentaria, aunque con una capacidad degradada de cubrir los requerimientos de las familias, sigue aportando alrededor del 30% de las necesidades alimentarias (Eric Toussaint, “Los desafíos de Cuba”, CADTM, 22-6-10). Por eso resulta tan aterradora la perspectiva de su eliminación, especialmente para aquellas familias cuya cabeza pierda, además, el trabajo.

La penuria alcanza a bienes de consumo inesperados, como el detergente, el champú, el papel higiénico y el dentífrico. La ropa y los zapatos, salvo cuando se venden usados o si se trata de uniformes escolares, son casi inaccesibles para el cubano medio. La ropa nueva prácticamente sólo se consigue en CUC-dólares, no en pesos cubanos, que son los que cobra cualquier asalariado.

La situación cotidiana sólo puede compararse favorablemente con los peores años del “período especial”. El transporte público es una pesadilla, con vehículos viejos y atestados, y frecuencias tan largas que son una invitación a hacer la mayoría de los trayectos a pie. Una importación de 500 buses chinos fue un paliativo, pero la flota total es de menos de la mitad de la existente en 1990, diezmada por la falta de mantenimiento, repuestos y neumáticos. El transporte interurbano es malo, caro y requiere sacar pasaje con semanas o meses de anticipación. Pero ya están apareciendo, al influjo del aliento a la “iniciativa privada” que viene desde arriba, formas de transporte privado, por supuesto en divisas, para turistas y cubanos con CUCs, así como flotas de buses con servicio más aceptable pero también en CUCs. Hay taxis legales e ilegales, que deben penar con el 75% de las calles de La Habana que necesitan reparación.

La vivienda es un problema endémico. Los huracanes han agravado la situación, pero no la han creado, como tiende a sugerir la burocracia y su prensa servicial. En La Habana empezaron a aparecer mendigos y personas sin techo, y en los “solares” o casas de vecindad se hacinan familias que no tienen medios, o vínculos con la burocracia, para acceder a las viviendas que se construyen, sin que eso reduzca el déficit habitacional.

Como la infraestructura energética nunca ha logrado desarrollarse, la penuria de suministro eléctrico es constante. Aun con el clima tropical, el aire acondicionado sólo se permite por unas horas diarias y en determinadas instituciones solamente. A iniciativa de Fidel Castro se instalaron grandes grupos electrógenos para paliar los cortes de energía, pero necesitan combustible, otro insumo vital. En 2009, “el gobierno ordenó un corte del 12% en el consumo eléctrico y ha multado a cientos de empresas incumplidoras; no hay aire refrigerado en tiendas y cines, ni se pueden usar ventiladores en las casas, y han retornado los apagones que habían terminado con la ‘revolución energética’ de Fidel. Cuatro posibles causas del corte son: Chávez puede haber reducido el suministro de 150.000 barriles diarios por la caída del precio mundial del petróleo y de sus ingresos; según el Ministerio de Comercio Exterior se ha exportado crudo nacional por 650 millones de euros, pero el petróleo cubano tiene alto contenido de azufre, por lo que posiblemente se reexporta el venezolano (como se hizo antes con el soviético); la producción interna, estancada en 2008, puede haber caído este año, o los electrógenos instalados por Fidel no resolvieron de raíz el déficit energético” (C. Mesa-Lago, “La paradoja…”, cit.).

Una cuestión que habitualmente no recibe tratamiento en la prensa adicta al régimen es la situación de los negros y mulatos, cuyo nivel de vida y representación en las altas esferas están por debajo del promedio. Aunque cueste creerlo, hay formas de racismo y sexismo en Cuba, y así lo ha admitido el propio Raúl Castro, por ejemplo, en el discurso ante la Asamblea Nacional del Poder Popular del 21-12-09: “Personalmente considero que es una vergüenza el insuficiente avance en esta materia en 50 años de Revolución, a pesar de que el 65 por ciento de la fuerza laboral técnica se compone de mujeres y que la ciudadanía forma un hermoso arco iris racial sin privilegios formales de tipo alguno, pero subsisten en la práctica (…). Fidel la calificó como discriminación objetiva, un fenómeno asociado a la pobreza y a un monopolio histórico de los conocimientos. Por mi parte, ejerceré toda mi influencia para que estos nocivos prejuicios sigan cediendo espacio hasta ser finalmente suprimidos y se promuevan a cargos de dirección a todos los niveles, por sus méritos y preparación profesional, a las mujeres y los negros” (cit.). Claro que ese alerta de Fidel era de 2003. ¡La burocracia se toma su tiempo!

La sociedad cubana en general se ha vuelto más desigual, lo que hace menos soportable la penuria crónica. Como señala Claudio Testa, la crisis del “período especial”, aun siendo muy dura, “se daba en una sociedad más igualitaria, que conservaba cierta acumulación de la ‘prosperidad’ anterior y donde el núcleo dirigente, especialmente la figura de Fidel Castro, mantenía una legitimidad indiscutible” (“Un salto al vacío sin red”, SoB 186, 30-9-10).

Estas condiciones ya no se mantienen. La salida del “período especial”, con su economía reorientada al turismo, el apoyo de la Venezuela de Chávez y, en particular, la extensión de las remesas de divisas de familiares en el extranjero, han creado profundas divisiones de ingresos económicos que rápidamente se hacen sociales. Los hogares que reciben dólares de sus familiares en el exterior, o pueden proveer servicios de vivienda o comida a turistas, logran un nivel de ingresos, acceso a bienes de consumo y estándar de vida muy superior al del resto de la población. Eso incluye desde equipos de música, computadoras y contratar empleadas domésticas hasta la simple posibilidad de comprar camisa o zapatos nuevos, comer en una pizzería, pedir una cerveza o tomar café que no esté mezclado con chícharo.

Vientos inéditos de desigualdad social recorren la isla. Donde había penuria compartida, la solidaridad brotaba de manera casi espontánea. En cambio, las diferencias en la posibilidad de acceder a bienes suntuarios (o que pueden considerarse tales en el contexto de Cuba) empiezan a corroer las relaciones sociales. Y el Estado se pone abiertamente de parte de los “emprendedores”, a los que alienta y favorece, a la vez que no deja de amenazar a los “holgazanes improductivos” con perder los pocos beneficios que les quedan. El resultado no es difícil de prever: mayores presiones consumistas de parte de aquellos sectores que pudieron cruzar el umbral de acceso a las divisas, mayor descontento en el resto. Como observa Cobas Avivar, “ante la insolvencia crítica de la economía cubana, se ocupará la atención de amplios sectores de la población económicamente activa en la disputa individualista de espacios económicos” (“La patria…”, cit., 28-9-10).

Hasta los mayores logros de la revolución están bajo el lento asedio de la lógica social implacable que establece la dualidad de moneda, con su consiguiente dualidad de capacidad de consumo y nivel de vida. El sistema de salud cubano ha sido ejemplar por su calidad y la universalidad de su acceso. Pero hay fuertes indicios de que la presión material está socavando esas conquistas. Un estudiante de medicina en La Habana sabe que puede ganar mucho más llevando turistas en bicitaxi que como médico. En tanto, los ya recibidos tienen como horizonte más tentador no ejercer en un hospital de la isla, sino formar parte de las Misiones en el extranjero. Y no ya por la mística solidaria e internacionalista, sino porque dan acceso a moneda fuerte y bienes de consumo inconseguibles en Cuba. Para no hablar de la perspectiva de la emigración, que ocupa un lugar creciente (y crecientemente peligroso) en el imaginario social y cultural, como luego veremos.

La protección a los ancianos se vuelve letra muerta cuando el ingreso jubilatorio mensual, obviamente en pesos cubanos, es inferior al cubierto de una cena en un “paladar” (pequeño restarante) sencillo para turistas. Muchos “eligen” seguir trabajando para al menos tener el 100 por ciento del salario, acceder al comedor de los trabajadores a precios subsidiados y otras ventajas (aunque la burocracia propone ahora reducir o eliminar esos beneficios). Otros jubilados buscan un empleo informal, preferentemente en áreas que permitan acceder al nuevo becerro de oro, el turista con divisas. ¿Qué tiene de sorprendente, si un taxista autónomo e informal gana en un solo viaje el equivalente a un mes de salario oficial?

Lo más doloroso –y amargamente irónico– quizá sea la extensión del fenómeno de la prostitución (las “jineteras” y también “jineteros”). Uno de los grandes y justificados motivos de orgullo de la revolución era haber devuelto la dignidad a una isla conocida bajo el régimen de Batista como “el burdel de Estados Unidos”. Pues bien, aunque no es posible cuantificación alguna (la burocracia hace un silencio de muerte sobre el tema), no hay testimonio de viajero atento que no haya percibido la creciente oferta de sexo por dinero (en dólares, euros o CUCs, claro está) a los turistas. En referencia a la reaparición del fenómeno en la URSS en los años 30, Trotsky decía: “Nadie pensará en reprochar personalmente al régimen soviético esta plaga tan vieja como la civilización. Pero es imperdonable hablar de triunfo del socialismo mientras la prostitución subsista” (La revolución traicionada, VII). La burocracia no sólo habla de socialismo, sino que su rumbo contribuye a perpetuar y ampliar esta triste situación. Entre la lista de 178 oficios que el PCC anunció como abiertos a la “iniciativa individual” (en la mayoría de los casos se trata simplemente del blanqueo de prácticas preexistentes), es pura hipocresía del régimen no haber incluido la prostitución.

Frente a este panorama, la política de los Castro y el PCC es avanzar aún más en el camino de ampliar las brechas sociales entre los cubanos. Porque, naturalmente, todos saben que “las reformas profundizarán las ya evidentes desigualdades en los ingresos en Cuba” (The Economist, 16-9-10). A esas “reformas”, su contenido y sus eventuales consecuencias dedicaremos el análisis que sigue.

 

 

2. El giro del PCC hacia la restauración capitalista

 

2.1 Del voluntarismo “socialista” al objetivismo pro mercado: los Lineamientos del VI Congreso

 

En 60 años de vida posrevolucionaria, el PCC ha realizado cinco congresos, el último en 1997, pese a que la norma establecida por el propio partido es de un congreso cada cinco años. El VI Congreso se vino pospusiendo desde hace tiempo ante la gravedad de los problemas planteados y la evidente disputa interna, como siempre sorda y de espaldas al conjunto de la población. Pero cuando incluso amigos del castrismo parecían seguros de que “con Fidel vivo no habrá VI Congreso”, la burocracia decidió que ya no había tiempo para seguir postergando las “reformas”. Probablemente porque, como reconoció Fidel, “el modelo cubano ya no funciona ni siquiera para nosotros”.

El conjunto de la reorganización de la economía y la sociedad que propone la burocracia se concentra en el documento oficial del VI Congreso, el “Proyecto de Lineamientos de la política económica y social del PCC” (en adelante, Lineamientos), editado masivamente en forma de folleto para que sea “discutido por todos los cubanos”.

Estos Lineamientos han sido objeto de crítica y comentario en toda la prensa de izquierda mundial. Los “amigos de Cuba”, es decir, de la burocracia castrista, se han apresurado a poner los ojos en blanco con expresiones como “la revolución se mueve críticamente sobre sí misma” (Frei Betto) o “reformas socialistas que potencian el control social, es decir, el control popular” (Atilio Borón). La prensa latinoamericana más pro Castro, por lo general, evita dar precisiones y se contenta con afirmaciones generales del tipo “profundización del socialismo” o “abandonar el dogmatismo del modelo estatista”. La propia burocracia advierte la necesidad de alimentar la credulidad de sus fieles y llega a resumir, ya faltando abiertamente a la verdad, que “la permanente preservación de las conquistas de la revolución cubana sobresale entre los lineamientos generales de la política social comprendida en el Proyecto” (Orbe, suplemento de Prensa Latina en La Jornada).

Frente a estas mentiras o vaguedades deliberadamente confusas, es el mismo Raúl Castro quien se ocupa de poner las cosas en su lugar, diciendo en voz estentórea lo que los amigos del castrismo disimulan con susurros: “El corazón de estos Lineamientos que ustedes tienen (…) es producir lo que se pueda exportar, ahorrar importaciones, invertir en las obras que se recuperen más rápido y, además, elevar la eficiencia de la economía. Ahorrar recursos, reducir gastos no esenciales (…), aumentar las exportaciones y crear en cada ciudadano una conciencia económica” (Discurso a la Asamblea Nacional, 18-12-10)

Hay mucha más verdad en esta síntesis de Raúl Castro que en los ríos de tinta que derraman los serviciales castristas. Justamente, lo primero que llama la atención al leer los 291 puntos de los Lineamientos es su tono: frío, economicista, casi tecnocrático. Por páginas y páginas se tiene la impresión de estar ante un recetario de la más rígida ortodoxia neoliberal escrito por gurúes del management capitalista. Las consideraciones políticas son escasas y rituales; no queda ninguna duda de que la burocracia cubana quiere, como dijo Raúl Castro, que el VI Congreso se concentre en “resolver los problemas de la economía”.

Como era de esperar, falta completamente hasta la mera mención de cómo fue que la economía cubana llegó a esta situación. Por supuesto, en la presentación de los Lineamientos en Cuba, sobre todo para consumo externo, hubo sobradas referencias al bloqueo yanqui, las catástrofes naturales y la baja del precio de los productos de exportación de Cuba. Pero a cualquiera que pretenda discutir seriamente la crisis cubana se le hace evidente que falta lo principal: el esquema económico seguido por la isla es inseparable de la orientación y el régimen político que le imprimió por décadas la dirección del PCC.

Desde el punto de vista marxista, es impensable discutir los problemas de una economía “socialista”, o “de transición”, o, como opinamos nosotros, no capitalista pero sin transición al socialismo, bloqueada por la gestión burocrática, sin considerar la orientación política. ¿O acaso en un régimen supuestamente “socialista” la economía funciona separada de la gestión política? ¿La situación de la economía cubana se debe exclusiva o esencialmente al bloqueo, los huracanes y el bajo precio del níquel?

La respuesta de la burocracia del PCC es categórica: los grandes culpables son los trabajadores cubanos. Leyendo los Lineamientos, la conclusión que se desprende es que los trabajadores cubanos son a) ineficientes y poco productivos, b) holgazanes o poco esforzados, y c) dispuestos a aprovechar de manera individualista y artera los cuantiosos beneficios que les provee el generoso Estado cubano (con el cual la burocracia se identifica y del cual deja afuera a los trabajadores, contradiciendo cualquier principio socialista).

Como señala aprobatoriamente un “amigo de Cuba”, “(Raúl Castro) denunció que en Cuba ‘los que mejor viven son los que menos trabajan’. En otra comparecencia suya en julio de 2008 ante la Asamblea Nacional del Poder Popular, el mandatario cubano llamó a combatir la explotación ‘del buen trabajador por el que no lo es’, lo que sería el objetivo pivotal de lo que llamó la necesaria y urgente ‘actualización del modelo de gestión de la economía cubana’. El cambio persigue como objetivo inmediato un reordenamiento laboral y tributario que suprima ‘los enfoques paternalistas que desestimulan la necesidad de trabajar para vivir y con ello reducir los gastos improductivos’. Para ello hace falta apelar a la clase obrera cubana para que comprenda que sin el aumento de la eficiencia y productividad es imposible elevar salarios, incrementar las exportaciones y sustituir importaciones, crecer en la producción de alimentos y en definitiva sostener los enormes gastos sociales propios de nuestro sistema socialista” (Carlos Rivera Lugo, “El modelo cubano”, en periódico portorriqueño Claridad).

A tal diagnóstico, tal tratamiento: los obreros haraganes deben despedirse del “paternalismo” estatal y “comprender” que, como dicen los economistas liberales, no existen los almuerzos gratis: la “actualización del modelo” se pagará con sudor de los trabajadores.

Las referencias a la necesidad del “incremento de la productividad y la eficiencia”, la “generación de divisas”, el “aumento de las exportaciones y sustitución de importaciones”, la “reducción de gastos y subsidios innecesarios” se cuentan por farragosas decenas, abrumando al texto y al lector. Pero, sobre todo, el sentido de los Lineamientos es insuflar nueva vida a la alicaída economía cubana con recetas perfectamente capitalistas y hasta neoliberales. A saber, disciplinar al trabajador a fin de volverlo carne más susceptible de explotación, separando al “buen trabajador” (esforzado y obediente) del que no lo es.

Las medidas económicas que proponen los Lineamientos para la “discusión” –en realidad, son decisión tomada por la burocracia– harían las delicias de Margaret Thatcher en el pasado o de los patriarcas del ajuste neoliberal en la Europa de hoy, y muestran que la burocracia, en su camino hacia la “vía vietnamita” o china, ha tirado por la borda todo escrúpulo.

Por empezar, y aunque no figure así en los Lineamientos, la medida más dura ya está resuelta sin apelación ni discusión: eliminar hasta un millón de empleos en el sector “presupuestado y estatal” (es decir, bajo planificación burocrática), empezando por 500.000 puestos de trabajo en 2011. Se trata de la primera viga maestra del giro restauracionista de la burocracia: la reconstrucción de un mercado de trabajo bajo normas capitalistas. Es decir: sin subsidios ni otras formas de protección “paternalistas” que “desestimulen la necesidad de trabajar para vivir”. Y el primer “estímulo”, como todo trabajador conoce, es evitar caer en el desempleo. De allí que no sólo se dice adiós al virtual pleno empleo anterior, sino que se liquida el seguro social, forzando a los trabajadores a conseguir un empleo para poder subsistir. Y en lo posible, un empleo fuera del Estado, es decir, “autogenerado”.

Un economista oficial muestra, acaso inadvertidamente, cuán “abierto a debate” está este imperativo de la burocracia: “En el discurso de clausura del congreso de la UJC el 4 de abril de 2010, (todavía no estaba confirmada la convocatoria al VI Congreso. MY) el máximo líder cubano Raúl Castro expresaba: ‘Sabemos (!) que sobran cientos de miles de trabajadores en los sectores presupuestado y empresarial, algunos analistas calculan que el exceso de plazas sobrepasa el millón de personas, y éste es un asunto muy sensible que estamos en el deber de enfrentar con firmeza y sentido político’ (…) Además, una situación algo crítica que aún subyace en el fondo de muchos problemas es la desmotivación laboral, que radica en el tiempo y los recursos que es preciso dedicar para satisfacer las necesidades básicas de cada individuo, lo cual subsume gran parte de la energía creadora de la fuerza laboral en condiciones normales”. La misma cantilena de los Lineamientos: roductividad, productividad`y más productividad…

Como para darnos una idea de la capacidad de decisión de la “participación masiva” que ensalzan los amigos de la burocracia, la brutal decisión de los despidos en masa, que marca un antes y un después en la historia del régimen, cayó de la noche a la mañana para el conjunto de la población, y no fue anunciada por Raúl Castro ni por el PCC, sino por… la Central de Trabajadores de Cuba.

Veamos cómo defienden a sus representados estos “sindicalistas socialistas”.

Reza el Pronunciamiento de la CTC del 14 de septiembre de 2010: “Cuba enfrenta la urgencia de avanzar económicamente, organizar mejor la producción, potenciar las reservas de productividad y elevarla, mejorar la disciplina y la eficiencia, y ello sólo será posible mediante el trabajo digno y consagrado de nuestro pueblo. Hoy, el deber de los cubanos es trabajar y hacerlo bien”. Repetimos para los distraídos: no habla el patrón ni el representante del Estado, sino el de los trabajadores. Claro que la fusión de Estado, partido y sindicatos hace que los puestos y funciones públicas sean, en el fondo, intercambiables.

Continúa el texto: “Es conocido que el exceso de plazas sobrepasa el millón de personas en los sectores presupuestado y empresarial”. ¿Ese exceso es “conocido” por quién? ¡No por los millones de cubanos que se desayunaron con la cifra y las medidas, sino por Raúl Castro, que había adelantado el número cinco meses antes!

Sigue la “central obrera”: “Nuestro Estado (¿de quién? MY) no puede ni debe continuar manteniendo empresas, entidades productivas, de servicios y presupuestadas con plantillas infladas y pérdidas que lastran la economía, resultan contraproducentes, generan malos hábitos y deforman la conducta de los trabajadores. Es necesario elevar la producción y la calidad de los servicios, reducir los abultados gastos sociales y eliminar gratuidades indebidas, subsidios excesivos, el estudio como fuente de empleo y la jubilación anticipada (…) Los sistemas de pago por resultado, aplicados en centros con plantillas mejor ajustadas, continuarán siendo la vía para elevar la productividad y, como consecuencia de ello, el ingreso de los trabajadores”. Uno creyera estar leyendo el borrador de los Lineamientos… o del reglamento laboral de una empresa yanqui sin sindicalización, con el agregado de pago a destajo. En cuanto a las “gratuidades indebidas y subsidios excesivos”, juzgue el lector su pertinencia en una sociedad donde, según reconoce la propia burocracia, el ingreso salarial regular no alcanza para satisfacer las necesidades básicas de alimentación.

El broche de oro es el anuncio de que se acabó el subsidio a los desempleados, que quedan librados a la buena de Dios: “Se modificará el actual tratamiento laboral y salarial para los disponibles e interruptos, pues ya no será posible aplicar la fórmula de proteger o subsidiar salarialmente de forma indefinida a los trabajadores”. Un apologista de los Castro presenta la nueva “fórmula” de desprotección con un candor que asombra, o da vergüenza ajena: “500.000 trabajadores (…), en una primera etapa, serán cesanteados como parte de un proceso necesario de sana depuración de la clase trabajadora cubana con estrictos criterios de ‘idoneidad’, es decir, necesidad y productividad. La idoneidad será determinada por una comisión de expertos, con participación de representación sindical, de la administración y los trabajadores del centro laboral. Se estima que en etapas sucesivas de la reestructuración laboral planteada, la cantidad de cesanteados y reubicados podrá llegar a 1,3 millones. Dichas cifras le ponen los pelos de punta a cualquiera, sobre todo por los efectos sociales y económicos devastadores que procesos similares de despidos masivos han tenido en otros contextos y la incapacidad real de la esfera privada para absorber los desplazados. Pero, según el presidente cubano, nadie debe quedar abandonado a su suerte como resultado de las transformaciones laborales. Los cesanteados podrán seguir contando con el seguro por desempleo, aunque éste ha sufrido unas revisiones. En vez de la cobertura por tiempo indefinido que ha existido hasta el momento, en las nuevas circunstancias el cesanteado recibirá durante cinco meses una compensación máxima de 60 por ciento del salario si llevase más de 30 años de servicio. La compensación será menos para los de menor antigüedad” (C. Mesa Lago, cit.).

¡“Unas revisiones” que desmantelan por completo la red de seguridad social! Por suerte, la selección de los trabajadores “buenos”, “idóneos” y “productivos” quedará a cargo de una “comisión de expertos”, de cuyo buen criterio nadie puede dudar…

El colmo es que “si el cesanteado rechaza cualquier oferta empresarial de reubicación, se entiende concluida de inmediato la relación laboral, así como la cobertura del seguro por desempleo” (ídem), medida similar a uno de los modelos internacionales más feroces de disciplinamiento de la fuerza de trabajo, el del Reino Unido post Thatcher. Incluso el breve y miserable subsidio exige condiciones. Como advirtió el secretario general de la CTC de La Habana, Luis Castanedo, “se debe rectificar la práctica de reenviar a los trabajadores para sus hogares bajo garantía salarial. Debe mantenerse el principio de la protección, pero a partir de que las personas desarrollen actividades útiles y necesarias, y que sean viables económicamente”. Esto se parece hasta en el vocabulario a las reformas pro capitalistas del PC de Vietnam en los 90.

A tono con lo que podría llamarse “empoderamiento del desocupado”, el Pronunciamiento de la CTC aclara que “en la identificación, traslado y ubicación hacia otras labores tendrá un papel muy importante la gestión y disposición personal del interesado. La definición de quiénes cubrirán las plazas disponibles en cada colectivo laboral se aplicará tomando en consideración el principio de la idoneidad demostrada”.

No hay que dudar que poner en manos de la CTC la decisión de quiénes sobrevivirán a la “sana depuración de la clase trabajadora” y quiénes irán a parar al limbo social sin red (el justo castigo por “explotar a los buenos trabajadores”, recordemos) no hará más que fortalecer la “democracia directa y participativa, raigalmente socialista”, como la llama otro amigo de la burocracia (Ángel Guerra, “Cuba: cambios y más democracia”, La Jornada, México DF).

De esta manera, cualquier trabajador que se atreva a hacer la más mínima objeción o crítica a los Lineamientos del VI Congreso, bajo el ojo vigilante de los sátrapas de la CTC, sabe que está poco menos que sacando un certificado de despido.

Un viejo conocedor del régimen cubano y sus vaivenes resume así la errática política de empleo de la burocracia: “El voluntarismo del mando provocó despilfarros sin fin y llevó a la simulación del pleno empleo, cubriendo una vasta capa de trabajadores improductivos, y a la desvalorización del salario real, de la mercancía fuerza de trabajo. Ahora, cuando hay que enfrentar por fuerza la realidad de la economía, los mismos responsables del desastre no sólo no hacen una autocrítica sino que se aferran el timón y dejan que los náufragos se arreglen por su cuenta” (Guillermo Almeyra, “Un documento peligroso y contradictorio”, La Jornada).

Pero, según los plumíferos del régimen y el propio Raúl Castro, “nadie quedará abandonado a su suerte”. La burocracia tiene un plan para absorber esa masa ingente de ex asalariados. ¿En qué consiste? Pues en que se hagan cuentapropistas, que para eso se autorizaron 178 oficios para trabajar de manera independiente, o agricultores arrendatarios. De los 500.000 despidos previstos para 2011, según el PCC, 250.000 recibirían licencias para trabajar por su cuenta, y otros 200.000 pasarían a trabajos fuera de la órbita estatal, como pequeñas cooperativas agrarias o urbanas (de los otros 50.000, ni noticias).

No es ésta la primera vez que la burocracia improvisa un esquema de “reabsorción laboral”, y vale la pena recordar qué sucedió con la anterior, obligada por la reconversión de los trabajadores del azúcar. Para Samuel Farber, conocido historiador muy informado respecto de Cuba, “después de que la industria del azúcar se fue a pique dejando tras de sí grandes extensiones de tierra baldía, el gobierno empezó a alquilar la tierra –con contratos renovables cada 10 años– a gente interesada en trabajarla. El propósito era convertir a esta gente en agricultores privados que trabajaran la tierra bajo su propia iniciativa. Pero estos agricultores no son propietarios de la tierra. Le pagan alquiler al estado por usar tierras baldías y están obligados a venderle al estado la mayor parte de lo que producen a precios fijados por el estado. (…) La mayoría de la gente a la que le alquilaron la tierra no tenía experiencia alguna en ese tipo de trabajo. Era gente de la ciudad que desesperadamente se agarró de esa oportunidad para tratar de mejorar su situación económica. Pero a esas personas les ha sido muy difícil conseguir las herramientas que necesitan. Y no me refiero a equipos de alta tecnología, ni tractores ni cosas por el estilo. Sólo me refiero a las herramientas más básicas que se necesitan para trabajar la tierra. El estado ha hecho muy poco por ayudar a esta gente aun con las cosas más fundamentales. Por eso, hasta la fecha no se habla de ningún resultado que valga la pena con respecto a ese cambio. (…) Creo que esta experiencia con la agricultura nos da una idea de los tremendos problemas que se avecinan y que ponen en duda que el desplazamiento de medio millón de empleados del estado al trabajo por cuenta propia y en cooperativas vaya a funcionar. (…) Creo que los negocios privados enfrentarán problemas muy parecidos. Por ejemplo, una de las ocupaciones que están por transferir al trabajo por cuenta propia o a las cooperativas es la reparación de automóviles. Digamos que una persona que trabajaba para el estado se convierte en mecánico de automóviles: ¿dónde va a conseguir los repuestos que necesita para su trabajo? ¿Dónde va a conseguir las herramientas que necesita, si no del estado mismo? Y es aquí por donde entra el problema de la corrupción. (…) Dado que robar del estado se ha convertido en una norma general para poder sobrevivir, sospecho que el ex empleado de estado recién convertido en mecánico de automóviles tendrá que robar aun más para que su negocito también pueda sobrevivir. La otra posibilidad es que los cuentapropistas reciban la ayuda del capital cubano del exterior, particularmente del Sur de la Florida. Aunque sea ilegal desde el punto de vista de los Estados Unidos, es probable que no lo sea para Cuba porque ahí quieren que el capital entre a la isla. Pero al permitir la entrada del capital cubano foráneo, ya sea en gran o pequeña escala, Cuba se está adentrando en terreno desconocido” (¿Adónde va Cuba?, Socialist Worker, 20-6-10).

A una conclusión similar llega Cobas Avivar: “No existe posibilidad de que esa masa de trabajadores pueda reconvertir sus potencialidades productoras fuera de un programa integral técnico-tecnológico-financiero asumido directamente por el Estado. Ésa es ya la experiencia real del proceso burocrático-voluntarista de entrega de tierras baldías en usufructo para el cultivo agrícola” (“La patria…”, cit.).

La privación de trabajo y seguridad social a una parte sustancial de la población es un indicador infalible del carácter procapitalista del giro de la burocracia. Si de lo que se trata es de ir en ese sentido para desmontar el esquema burocrático, improductivo e ineficiente, pero al fin de cuentas no capitalista, de la economía cubana, es imprescindible reintroducir los criterios de mercado y el imperio de la ley del valor en la contratación de la fuerza de trabajo. Algo similar sostiene el historiador marxista brasileño Mário Maestri: “El movimiento de desmantelamiento del orden socialista, iniciado hace ya 15 años, se prepara para un salto cualitativo (…) Como se ha visto en la ex URSS, Polonia, la ex Yugoslavia, etc., no hay restauración capitalista sin la reconstrucción del ejército de desempleados (…) el acceso a la salud, educación y vivienda ha impedido la formación del ejército de trabajadores obligados a vender su fuerza de trabajo bajo el peso de la necesidad económica. Para que la producción capitalista reorganice la isla, es imprescindible la reconstrucción del reino de la necesidad. De allí la terrible propuesta de lanzar al desempleo a 500.000 trabajadores: ¡un verdadero enclosure tropical!” (“Cuba: bajo el signo de la restauración capitalista”, 11-12-10, traducción MY).

Recordemos que el enclosure había sido en Inglaterra el proceso secular de cercamiento de tierras comunales que privó de medios de subsistencia a millones de campesinos, obligándolos a emigrar a las ciudades y a convertirse en la mano de obra fabril de la posterior revolución industrial. Pues bien, esa “reconstrucción del reino de la necesidad”, que deviene de la “eliminación de las gratuidades indebidas y subsidios innecesarios”, como cínicamente señalan la burocracia y sus cómplices ideológicos, cumple exactamente la misma función. Es cierto que el PCC aún no se atreve a autorizar la concentración de propiedad de unidades productivas grandes. Pero el camino ya está trazado; sólo falta que se den las condiciones para empezar a recorrerlo.

Para cuantificar el proceso, digamos que en Cuba había hasta el anuncio oficial de los despidos un total de 591.000 personas empleadas en el sector privado, de los cuales 143.000 son cuentapropistas urbanos, y el resto productores agrícolas individuales o en cooperativas. La burocracia asume que esa cifra puede llegar a más del triple (si completa su esquema de desprenderse de 1,3 millones de asalariados estatales).

Esto significa que del total de la fuerza laboral cubana, casi 2 millones, es decir, alrededor del 40 por ciento, quedaría por fuera de la órbita estatal, en todos los casos en unidades productivas privadas de mínima escala.

La salida individual alentada por la burocracia vía los negocios por cuenta propia puede parecer a algunos una versión a otra escala del “¡Háganse ricos!” de Bujarin a los campesinos acomodados rusos en los años 20. Pero si se trata de una reedición de eso, es en clave de farsa. Bujarin y Stalin incitaban a los kulaks a acumular de manera capitalista, creyendo, sobre la base del esquema de “socialismo en un solo país”, que esa acumulación iba a redundar a la larga (“a paso de tortuga”) en acumulación para el “Estado socialista” que controlaba los demás resortes de la economía.

La medida del PCC es mucho menos pretensiosa: en el fondo, entienden muy bien que tales “microemprendimientos” están condenados en su inmensa mayoría a fracasar, y el objetivo de la medida no es aportar a acumulación alguna, capitalista o “socialista”, sino fungir como un recurso para sacarse de encima un porcentaje sustancial de “trabajadores sobrantes”. Si a algo se parece este cinismo es más bien al cuento para incautos del “capitalismo popular” o, más bien, una reedición de lo que vimos en muchos países latinoamericanos que en los 90 privatizaron compañías estatales, pagando indemnizaciones a veces importantes a sus trabajadores. Los “nuevos cuentapropistas” o comerciantes duraban lo que tardaba en agotarse el capital inicial de su indemnización. Huelga decir que los ex asalariados cubanos no contarán siquiera con ese punto de partida.

En verdad, como señalara Claudio Testa, “al igual que en el resto del mundo, y en especial en América Latina, el ‘cuentapropismo’ en Cuba será sólo otro nombre del subempleo y la miseria” (“Un salto…”, cit.). Porque de ninguna manera existe un plan serio para hacer viables a esos micronegocios urbanos o rurales, para no hablar de lo problemático que resulta imaginar que haya un mercado para todos esos “emprendedores”. Tampoco está prevista ningún tipo de asistencia bajo la forma de capacitación, provisión de herramientas e insumos básicos o instrumentos financieros. La improvisación, de la que Raúl Castro abomina en los discursos, es el sello distintivo de esta “reforma” que atañe a millones de personas. Y, como vimos, la “indemnización” se parece menos al estilo del “estado de bienestar” europeo, o incluso latinoamericano, que a la modalidad yanqui: “Está despedido”… y váyase con lo puesto.

No puede caber duda de que el destino de la amplia mayoría de esos despedidos será la calle, bajo la forma de empleo informal, prostitución (que no para de crecer) o, en el mejor de los casos, ser mantenidos por familiares (criterio explícitamente defendido en los Lineamientos), cuando no la mendicidad. En suma, una “latinoamericanización” de la vida laboral cubana.

Los Lineamientos son inequívocos. Ya en la introducción se habla de “eliminar las planillas infladas (…) y producir una reestructuración del empleo, incluidas fórmulas no estatales, aplicando un tratamiento laboral y salarial a los trabajadores interruptos que elimine los procedimientos paternalistas”. ¿Está claro? Si usted es un “trabajador interrupto” (¡vaya eufemismo por “despedido”!), no espere nada del Estado, porque se acabó el “paternalismo”. Esto se relaciona con la sorprendente “actualización” del concepto de socialismo al uso burocrático, al que luego nos referiremos.

Si el primer gran eje de las “reformas” (pensar que tanto admirador “izquierdista” del castrismo las llama “reactualización del socialismo”…) es la reconstrucción del “ejército industrial de reserva”, como lo llamaba Marx, el segundo es el deliberado y paulatino desmantelamiento de la planificación económica estatal y de todo criterio económico ajeno al valor y el mercado.

Al respecto, los Lineamientos son categóricos (citamos el número de lineamiento entre paréntesis): “Las empresas estatales que muestren sostenidamente en sus balances financieros pérdidas, capital de trabajo insuficiente (…) serán sometidas a un proceso de liquidación” (16). ¡Empresa que da pérdida, empresa que cierra! Y las “unidades presupuestadas” (las que brindan servicios y no producen bienes) serán reducidas “hasta el número mínimo que garantice el cumplimiento de sus funciones asignadas, donde prime el criterio de máximo ahorro de personal y Presupuesto” (31). Cualquier parecido con los conocidos planes latinoamericanos de ajuste y redimensionamiento del Estado no es mera coincidencia.

Como se eliminan los subsidios por pérdidas (21), el número de empresas estatales que serán consideradas económicamente inviables crecerá exponencialmente… salvo que sus administradores burocráticos se las ingenien para “convencer” a sus trabajadores de que no queda otro camino que trabajar más y mejor. Camino que se facilita para los gerentes dado que se establece que “los ingresos de los trabajadores de las empresas estatales estarán vinculados a los resultados finales que se obtengan” (19). Es innecesario aclarar el shock que significa para la masa laboral cubana atar el salario al rendimiento.

Los brutales criterios de austeridad en los gastos del Estado cuando de los trabajadores y la población en general se trata recorren cada uno de los capítulos de los Lineamientos. Ya en la Introducción se postula como uno de los objetivos centrales “incrementar la productividad del trabajo, elevar la disciplina y el nivel de motivación del salario y los estímulos, eliminando el igualitarismo en los mecanismos de distribución y redistribución del ingreso. Como parte de este proceso, será necesario suprimir gratuidades indebidas y subsidios personales excesivos”.

La lista de medidas en esta dirección es interminable, y sólo citaremos algunas, a riesgo de aburrir por la reiteración de uno y el mismo concepto: “Resulta imprescindible reducir o eliminar gastos excesivos en la esfera social” (132); “las condiciones que se creen para que los trabajadores puedan estudiar son bajo el principio de que debe ser a cuenta del tiempo libre del trabajador y a partir de su esfuerzo personal” (142; esto significa adiós becas); “eliminar subsidios y gratuidades indebidas” (61, referido a los precios); “reducir gratuidades indebidas y subsidios personales excesivos” (161, referido ahora a los salarios; por supuesto no se sabe quién decide cuáles son los subsidios “debidos” o “indebidos”); “garantizar que la protección de la asistencia social la reciban personas que realmente la necesitan (…) por no contar con familiares que brinden apoyo, y eliminar prestaciones que puedan ser asumidas por las personas o sus familiares” (165); “eliminar tratamientos paternalistas” y “estimular la necesidad de trabajar y reducir los gastos del estado” (159); “disminuir la participación relativa del Presupuesto del Estado en el financiamiento de la seguridad social” (154); “mantener los comedores obreros donde resulten imprescindibles, asegurando el cobro de sus servicios a precios sin subsidios” (164); “la construcción de nuevas viviendas deberá organizarse bajo la adopción de modalidades que incluyan una significativa proporción del esfuerzo propio, así como otras vías no estatales” (276); los materiales de construcción se venderán a la población sin subsidios (277); se propone un aumento de tarifas para el agua y una reducción del subsidio (282), y así, ad infinitum y ad nauseam.

Particularmente indignante resulta el concepto totalmente liberal y antisocialista de que las prestaciones de asistencia deban quedar a cargo de los propios interesados o sus familiares. Representa la abdicación total del concepto y el rol de solidaridad social que asumen en parte hasta los mismos estados capitalistas, y no puede más que contribuir a aumentar la desigualdad, en la medida en que las prestaciones serán acordes con la capacidad económica de los individuos “o sus familiares”.

Esto último es una referencia apenas velada a las familias que reciben remesas de divisas del exterior y que están, por lo tanto, en condiciones de acceder a la creciente masa de bienes y servicios que sólo se conseguirán en moneda fuerte o a precio de mercado. Así lo sugiere la idea de “estructurar las ofertas de bienes y servicios a la población, en correspondencia con la demanda solvente de los consumidores” (290). Los cubanos que disponen de divisas y ostentan por ende una “demanda solvente”, accederán a un cierto nivel de “oferta de bienes y servicios”; los “insolventes”, que sólo reciben pesos cubanos, a ajustarse el cinturón y a aplastar la nariz contra el vidrio, del lado de la calle…

Hasta la tradición cubana de solidaridad internacionalista empieza a estar tarifada: “Considerar, en la medida que sea posible, en la colaboración solidaria que brinda Cuba, la compensación, al menos, de los costos” (104).

Los llamados a incrementar la productividad y eficiencia, en todos los casos, apuntan a reducir gasto estatal y tienen como objetivo casi confeso una ampliación de la desigualdad social (claro, porque el “igualitarismo” ya no es socialista). El punto de partida es conseguir “un crecimiento de la productividad del trabajo que supere el crecimiento del ingreso medio de los trabajadores” (42), a fin de “garantizar el mantenimiento de una adecuada relación entre la acumulación y el consumo, y definir la tasa de acumulación necesaria, tomando en cuenta el proceso de recapitalización que requiere la economía. Además, es imprescindible establecer una relación más efectiva entre el consumo realizado a partir de los ingresos provenientes del trabajo y los fondos sociales de consumo” (41).

Dicho en lenguaje marxista, más explotación y limitar el consumo, pero no en pos de una “acumulación originaria socialista” que en la isla jamás tuvo lugar, sino como fuga hacia formas económicas cada vez más emparentadas con el capitalismo.

Parte decisiva del plan de austeridad y antiigualitarismo es la eliminación de la famosa libreta de racionamiento, que si bien era notoriamente insuficiente al menos proveía una canasta de alimentos y ayudaba a complementar el igualmente insuficiente ingreso medio. Y esto en el marco de que cada vez más productos sólo se conseguirán con moneda convertible o a precios no subsidiados. En efecto, “la formación del precio de la mayoría de los productos (agrícolas. MY) responderá a la oferta y la demanda y, como norma, no habrá subsidios” (177), y los Lineamientos buscan “reestructurar las ofertas de bienes y servicios, revisando los precios minoristas de los productos que formen parte de la canasta básica y que se defina puedan ir transfiriéndose a la venta liberada sin subsidios en pesos cubanos” (289).

¿Por qué se elimina esta tradicional herramienta social? Según la burocracia, porque los cubanos son unos aprovechadores y ventajeros, dado que esta “forma de distribución normada, igualitaria y a precios subsidiados, que favorece tanto al ciudadano necesitado como al no necesitado, induce a las personas a prácticas de trueque y reventa, y propicia un mercado subterráneo” (162)

¡Es el colmo! La ineficiencia pavorosa de la burocracia para organizar la economía, para no hablar de sus privilegios, obligan a todos los “ciudadanos” a caer en la condición de “necesitados” (los únicos “no necesitados” son justamente los burócratas). Y las prácticas a las que deben acudir, que son de mera supervivencia en una economía de penuria y escasez crónicas, son denunciadas como inmorales por los mismos burócratas corruptos que administran el saqueo al Estado y el mercado negro. En el nuevo catecismo burocrático, como desarrollaremos más abajo, igualitarismo y socialismo no sólo ya no coinciden, sino que son casi antónimos.

En la primera parte señalamos la penuria crónica de divisas de la economía cubana. En el altar de la productividad no sólo se incineran los viejos elementos de protección social, sino que se venera ahora la responsabilidad con los acreedores, la generación de exportaciones y la sustitución de importaciones. La clave para lograr tales objetivos es dar creciente autonomía a las unidades económicas, sustraerlas a las regulaciones generales y dejar que el mercado ponga orden y eficiencia.

El carácter sacrosanto de los pagos de deuda es explícito, ya que se propone “trabajar con el máximo rigor para aumentar la credibilidad del país en sus relaciones económicas internacionales, mediante el estricto cumplimiento de los compromisos contraídos” (65). Y por supuesto, hay que “continuar propiciando la participación del capital extranjero, como complemento del esfuerzo inversionista nacional” (89).

Si las menciones a la productividad y eficiencia son más de 20 en todos los Lineamientos, y otras tantas son las referencias a la reducción de gastos y austeridad, la palma se la lleva la generación y ahorro de divisas, con más de 30 menciones en el documento (más abajo veremos el sentido que se les da a las escasísimas apariciones de la palabra “socialismo” o “socialista”).

Las actividades que aumenten exportaciones o sustituyan importaciones son prioridad absoluta y definen el criterio de las inversiones generales (110), las agroindustriales (184 y 194), el crédito (49), el sistema de precios (61), los incrementos salariales (157), las inversiones extranjeras (90), la política agraria (166 y 174) y la política hacia el turismo (235-240 y 243). En cuanto a ésta última actividad, por su carácter de generador de divisas, los Lineamientos se permiten por una vez una mención al lujo… para otros: es el caso de las inversiones previstas para “campos de golf, delfinarios, marinas, Spas, parques temáticos y acuáticos, que están estrechamente vinculadas a la infraestructura del turismo” (270).

Los Lineamientos reconocen e impulsan la apertura hacia las formas desreguladas (estatales o privadas) de gestión económica. Las empresas estatales, una vez rendidas sus cuentas al Estado, podrán disponer de sus utilidades creando sus propios fondos para “desarrollo, inversión y estimulación a los trabajadores” (18), lo que ineluctablemente generará competencia entre empresas y diferencias salariales.

Las “unidades presupuestadas”, esto es, que no producen bienes sino servicios como salud o educación, sufrirán restricciones presupuestarias pero, en compensación, las que “puedan financiar sus gastos y generar un excedente pasarán a ser unidades autofinanciadas (…) o se convertirán en empresas” (32). Todo lo que pueda ser transformado de ente estatal costoso a unidad económica “autosustentable” es música para los oídos del PCC.

Esto conduce, como señala Maestri, a “un desgajamiento de la planificación (…) implementado a través de la concesión de amplia autonomía administrativa, financiera, de precios y de salarios a las empresas mercantiles y públicas. La planificación se transforma en un simple plan orientativo general que ni siquiera privilegia a la propiedad y la producción estatales, descalificadas en relación con las ‘empresas de capital mixto’ público-privado o privado-privado, las ‘empresas privadas’ nacionales e internacionales, las ‘cooperativas’ los usufructuarios de tierras’, ‘arrendadores de establecimientos’ públicos y trabajadores privados” (cit.).

Una de las llaves maestras de la orientación pro mercado es la política agraria, definida como “adoptar un nuevo modelo de gestión, a tenor con la mayor presencia de formas productivas no estatales, que deberá sustentarse en una utilización más efectiva de las relaciones monetario-mercantiles, delimitando las funciones estatales y las empresariales, a fin de promover una mayor autonomía de los productores, incrementar la eficiencia, así como posibilitar una gradual descentralización hacia los gobiernos locales” (167).

Como se busca “independizar las distintas formas de cooperativas de la intermediación de las empresas estatales” (169), se propone “adecuar la producción agroalimentaria a la demanda y la transformación de la comercialización (…) limitando la circulación centralizada para aquellos renglones vinculados a los balances nacionales; otorgando un papel más activo a los mecanismos de libre concurrencia para el resto de las producciones” (170).

El impulso a la economía privada y al mercado en el campo (los Lineamientos no hacen referencia a los contratos de arrendamiento por 99 años, pero ya están en marcha) y las medidas desesperadas como la “agricultura suburbana” no son más que el reconocimiento del fracaso total de la planificación agrícola. Un analista liberal hace una descripción que no debe estar lejos de la realidad: “Las granjas estatales, tipo koljoz soviético, están desapareciendo bajo el peso de su propia ineficiencia. Después de 50 años de infructuosos intentos, las autoridades parecen reconocer (…) que el pequeño campesino es el más productivo. Aportan el 60% de los alimentos que se producen en el país, a pesar de que sólo contaban con el 20% de las tierras cultivables (…) Gaspar Palermo, presidente de una cooperativa, afirma que ahora ‘el Estado da más facilidades para producir, salda a tiempo las deudas con la cooperativa y en septiembre aumentó sustancialmente el precio pagado al campesino por los productos. Nos pagan también una parte en CUC (pesos convertibles a dólar)’” (Fernando Ravsberg, “Cuba: reforma agraria y burocracia”, BBC World, 23-9-09). Es innecesario aclarar que esos mejores precios, incluso en divisas, para los productores de cooperativas significan menos acceso para la población asalariada en pesos cubanos no convertibles.

En todo caso, la lógica de la actual política del PCC es invariable: una vez cumplidos los requerimientos del plan, impuestos y demás obligaciones con el Estado, vía libre a “los mecanismos de libre concurrencia”. Esto incluye la explícita autorización a las actividades cuentapropistas en toda una gama de ámbitos, a los que se reconoce como “complementarios” a la producción o prestación de servicios por parte del Estado.

Ya hemos visto que las nuevas actividades autorizadas tienen no tanto el objetivo de hacer más eficiente el circuito comercial como de improvisar una salida laboral para la masa de desocupados. Es por eso que no se prevé ningún esquema de créditos o capacitación para los nuevos autónomos. Más bien, se blanquean o legalizan actividades preexistentes (muchas hasta ahora en el mercado negro) y se confía en que “los cuentapropistas reciban la ayuda del capital cubano en el exterior” para constituir o expandir estos emprendimientos (Sam Farber, cit.). Lo propio sostiene Cobas Avivar: “El Gobierno y el Partido están conscientes de que la medida ha sido tomada considerando la capitalización privada de los flujos de remesas familiares” (cit.).

La única garantía que reciben esos cuentapropistas no es económica, ya que el Estado se desentiende, sino política: el PCC y la burocracia se encargarán de legitimar a los ojos de la población una actividad y, sobre todo, una mentalidad que era anatema hasta hace menos de dos años. Con su acostumbrada claridad, Raúl Castro razona que “si hemos arribado a la conclusión de que el ejercicio del trabajo por cuenta propia constituye una alternativa más de empleo para los ciudadanos en edad laboral, con el fin de elevar la oferta de bienes y servicios a la población y liberar al Estado de esas actividades para concentrarse en lo verdaderamente decisivo, lo que corresponde hacer al Partido y al Gobierno en primer lugar es facilitar su gestión y no generar estigmas ni prejuicios hacia ellos, ni mucho menos demonizarlos, y para eso es fundamental modificar la apreciación negativa existente en no pocos de nosotros hacia esta forma de trabajo privado” (discurso a la Asamblea Nacional, 18-12-10). De más está aclarar que esa “apreciación negativa” tiene su origen en la propia política de la burocracia antes del bandazo.

Por supuesto, se buscará controlar a este nuevo sector con las instituciones burocráticas: “La Central de Trabajadores de Cuba y los respectivos sindicatos nacionales se encuentran estudiando las formas y métodos para organizar la atención a esta fuerza laboral”, pero guay de los que con exceso de celo se atengan a la “vieja línea”, porque la nueva es que “debemos defender los intereses de los trabajadores por cuenta propia igual que hacemos con cualquier otro ciudadano” (ídem).

En suma, nada de discriminar a los emprendedores, que cumplirán la muy útil función social de “liberar al Estado” de tareas “no esenciales”, como por ejemplo, los servicios funerarios, que durante décadas fueron una prestación gratuita y hoy se concesionan a cooperativas. Para Farber, el resumen de esta política es que “el gobierno está creando una pequeña burguesía legal en Cuba; menciono el término ‘legal’ porque hay mucha gente que ya lleva tiempo trabajando en su pequeño negocio pero ilegalmente” (cit.).

Claro que sólo algunos de esos pequeños burgueses se consolidarán como tales; es sabido que en los negocios no todos pueden triunfar. Aquellos que tengan “más iniciativa” (según la ideología liberal), o mejores contactos con la burocracia, o mayores ingresos en divisas vía parientes en Miami, Nueva York, Madrid o Toronto, se arraigarán, crecerán y prosperarán. El resto, es decir, la mayoría de los nuevos desocupados, tendrán suerte si logran engrosar “un sector de buhoneros y asalariados por propietarios privados o cuentapropistas deprimidos social y moralmente (…) un sector económico privado precario de nula potencialidad socio-productiva” (Cobas Avivar, cit.).

Raúl Castro resume de esta manera la “nueva filosofía” de los Lineamientos: “El Estado regula sus relaciones con el individuo, pero el Estado no se tiene que meter en nada que sea pretender regular las relaciones entre dos individuos, y que si yo tengo un carrito, un cacharrito o lo que sea, un almendrón, como le llaman ahora, y es mío, tengo derecho a vendérselo al que me dé la gana” (discurso del 18-12-10, cit.).

Si yo tengo algo que es “mío” (pero ¿cuántos cubanos pueden decir eso de algún bien que exceda el menaje más elemental?), lo puedo vender, y a quien se me dé la gana, y lo que regula el precio de la transacción no es el Estado (que “no se tiene que meter”) sino la libre voluntad de los particulares.

No hay duda: en Cuba ha sonado la hora de la libertad… de mercado. En cuanto a la libertad del pueblo cubano de discutir un camino alternativo a éste, las cosas son muy distintas, como veremos ahora.

 

2.2 El régimen político: censura, purgas y concentración burocrática de las decisiones

 

Las inmensas transformaciones en curso en la isla son objeto de atención y análisis en toda la izquierda mundial. Lo que está en juego es el destino de lo que aparece ante los ojos de las masas como “la experiencia socialista de América Latina”. Y esto no sucede en cualquier momento, sino en pleno desarrollo de una crisis pavorosa del capitalismo mundial que pone en cuestión el bienestar y el nivel de vida de los trabajadores incluso allí donde parecían más estables y garantizados, en Europa. El interés de la juventud por una alternativa al desastre capitalista no puede menos que tener en cuenta las críticas de la izquierda. Sin embargo, así como la caída del Muro de Berlín abrió un período de más de una década de desprestigio y deslegitimación de todo lo que se presentara como “socialista”, asistir en Cuba a “la remake de la película ‘El fracaso del socialismo’ (…) sería un golpe muy duro en la cabeza de millones de trabajadores, que empiezan a pensar en ‘otra cosa’ frente la realidad cada vez más insoportable del capitalismo. ¡Y hay que decir que el desastre económico, social y político de la burocracia cubana está contribuyendo a que este peligro pueda hacerse realidad!” (“La muerte de Zapata Tamayo y la situación de Cuba”, C. Testa, 15-4-10).

El giro hacia el capitalismo que se sanciona con los Lineamientos del VI Congreso, hasta hoy, no está generando la reacción que cabría esperar de la enormidad de los planteos de los Castro. Es cierto que un sector importante de las organizaciones e intelectuales de la izquierda independiente de los aparatos de Estado cubano (y venezolano) llama a las cosas por su nombre y denuncia, en diversos tonos, la política de la burocracia. Pero una parte sustancial de la izquierda chavista y castrista, incluso la que esquiva el panegírico más grosero, no va más allá de una crítica tímida y parcial a una orientación política que ven como bienintencionada. Entre ellos hay quienes son intelectualmente honestos pero están cegados por el prestigio y el aura casi mítico de los dirigentes cubanos, y también quienes no están ciegos sino con los ojos bien abiertos a las prebendas burocráticas. Los segundos no nos interesan, pero es hora de que los demás rompan con el culto a la personalidad y el mito de la infalibilidad del líder, a riesgo de llevarse una segunda decepción tan o más amarga que en 1989.

Ahora bien, la burocracia no oculta lo trascendental de esta discusión. Es por eso que la convocatoria al VI Congreso y al “debate” de los Lineamientos tuvo un contenido menos formal que en ocasiones anteriores, y una repercusión dentro y fuera de la isla mucho mayor a, por ejemplo, el V Congreso (1997). El interés de la población cubana por conocer, leer y debatir los Lineamientos es innegable, aunque más no fuera “porque la gente siempre quiere saber con cuál salsa la cocinarán” (Guillermo Almeyra). Se ha instalado un clima de debate que recorre a toda la sociedad, más allá de lo limitado de los canales de expresión formal. Pero de allí a creer la letanía burocrática de que “será un Congreso de toda la militancia y de todo el pueblo, quienes participarán activamente en la adopción de las decisiones fundamentales de la Revolución”, que “el debate que iniciamos es la quintaesencia del principio de nuestra Revolución: el pueblo es el que decide” (editorial de Granma, 1-12-10), y demás afirmaciones rituales hay una distancia muy grande.

Por supuesto, los intelectuales y figurones adictos al régimen no hacen más que cantar loas al nivel de democracia y participación masiva en el VI Congreso. Inclusive, como para guardar las formas, ha habido una cierta mayor apertura en las invitaciones a personalidades extranjeras y en las páginas web que habitualmente ofician de foros de discusión de los “amigos de Cuba” (Juventud Rebelde, Rebelión, Kaos en la Red y otros). Sin embargo, en cuanto miramos más en profundidad, el control burocrático de los canales de discusión reales no se ha aflojado un ápice. Los resortes del aparato de control ideológico, desde los organismos del PCC y la CTC hasta los Comités de Defensa de la Revolución, pasando por la monotonía de los medios de prensa (Granma y Juventud Rebelde) están funcionando a pleno. Y la burocracia se cuida de que las opiniones verdaderamente críticas a la línea del VI Congreso, con mucho mayor motivo si se hacen desde una perspectiva de defensa de la revolución y del socialismo, lleguen a la vista y los oídos de las masas cubanas.

El misterio de lo que pueda resultar del proceso de discusión y del VI Congreso mismo ya ha sido develado por Raúl Castro, que informó a los incautos en noviembre pasado que “el VI Congreso se concentrará en la solución de los problemas de la economía y en las decisiones fundamentales de la actualización del modelo económico cubano y adoptará los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución” (discurso en el Palacio de las Convenciones de La Habana con motivo del 10º aniversario del convenio de cooperación Cuba-Venezuela, 8-11-10, en presencia de Hugo Chávez, a quien le hicieron entrega del segundo ejemplar –el primero fue para Fidel– de los Lineamientos).

De esta manera, Castro anotició a los cubanos con cinco meses de anticipación del final de la película del congreso de abril de 2011. Lo que no puede sorprender, dado que algunas de las medidas que se “proponen” en los Lineamientos ya se están adoptando, “colocando a todos ante hechos consumados y al Congreso mismo en el triste papel de simple aprobador-legitimizador de resoluciones adoptadas por pocos en el aparato estatal. La desgraciada fusión entre el Partido Comunista y el Estado subordina el primero al segundo y le hace adoptar como propias la lógica y las necesidades estatales” (G. Almeyra, “Un documento…”, cit.).

En efecto, las decisiones se toman con anterioridad porque a la burocracia no se le ocurre que la “discusión” vaya a modificar en una coma nada de lo fundamental, de modo que ¿para qué perder tiempo?

Por otra parte, ya hemos observado que mal puede llamarse “plena libertad de discusión” a un proceso estrechamente vigilado por organismos que, como la CTC, van a tener a su cargo la decisión de quién continúa trabajando y quién va a parar a la calle. En el “Pronunciamiento” donde la “central obrera” anunciaba los despidos masivos, se advertía a todos los cubanos que “la CTC y los sindicatos estamos comprometidos y velaremos por la más estricta observancia y aplicación del principio de idoneidad demostrada al determinar el mejor derecho para ocupar una plaza, así como por la transparencia en lo que debe ejecutarse”. Semejante recordatorio es también una evidente presión de disciplinamiento político sobre el conjunto de los trabajadores, que, muy justificadamente, temen las consecuencias de tomar demasiado al pie de la letra la máxima de Granma de que “nadie debe quedarse con una opinión por expresar, y mucho menos que le sea impedido expresarla” (ídem).

Esta mordaza indirecta es para el pueblo llano; a aquellos dirigentes o intelectuales que se muestren críticos, los esperan éstos y otros métodos menos sutiles, como la censura directa y las habituales campañas de desprestigio y calumnias al mejor estilo stalinista clásico. A esto se agrega el condimento del control por parte de la burocracia del uso de Internet. Vemos algunos ejemplos que han tomado estado público.

Un honesto pero crítico “amigo de Cuba”, Narciso Isa Conde, replicó a un brulote de Ernesto Escobar Soto contra un texto suyo anterior. “La disyuntiva cubana”, recordándole ciertas manchas en el accionar impolutamente democrático del PCC: “Conozco el caso de Miguel Arencibia, cuyos escritos nadie en justicia puede calificar de contrarrevolucionarios y antisocialistas, sino todo lo contrario. Sin embargo, fue cancelado de su empleo y sancionado en el partido por el simple hecho de usar la computadora de su trabajo para publicar sus artículos y participar en los debates por las redes digitales, dado lo prohibitivo económicamente que resulta operar desde los centros públicos de Internet y las restricciones que en ese orden afectan a los(as) ciudadanos(as) cubanos” (“Respuesta a Ernesto Escobar”, Kaos en la Red, 6-8-09).

La cuestión de Internet en Cuba es altamente aleccionadora, porque representaría una herramienta tecnológica que a priori permitiría burlar el asfixiante control burocrático en las instituciones estatales, incluidos (en primer lugar, más bien) los sindicatos. Es sabido que esa capacidad de Internet no está siempre en obra; allí está el caso de lo que hace el Partido Comunista Chino y otros regímenes. Pero a esos actos de censura brutal se agregan en Cuba las restricciones de uso y acceso.[3]

Isa Conde señala otros casos: “Arencibia, militante comunista de varias décadas, coronel retirado, revolucionario con muchos méritos, está sobreviviendo de parqueador de vehículos por haberse expresado a favor de un socialismo diferente (…) no es un caso único en vista de la manera como el Estado aborda esta vertiente de la tecnología de la comunicación… De Sautié, cristiano socialista, revolucionario de toda una vida, he leído consistentes críticas a ese afán persecutorio y represor. De Cobas Avivar, la denuncia de una marcada tendencia a calificar como ‘enemigos del pueblo’ a quienes desde la izquierda no comparten el discurso único oficial, caricaturizado además por apasionados subalternos” (ídem).

No hace falta decir que una de las víctimas de esos “apasionados subalternos” (la analogía en ese punto con el régimen de Stalin es irresistible) fue el propio Isa Conde, acusado por el servicial Escobar de “revolucionario de laboratorio” (un clásico), “no hace una crítica, sino un ataque contra la Revolución” (es decir, es un contrarrevolucionario), “no a las exigencias de quienes se dicen amigos y usan esa supuesta amistad para dañar a la revolución cubana”, y así por el estilo (“Respuesta…”, cit.). ¿Cuál fue el crimen de Isa Conde? Dudar de la infalibilidad de la dirección castrista y preocuparse sinceramente por el futuro de la revolución bajo la actual orientación. Pues bien, la respuesta de Escobar Soto es modélica en cuanto a lo que puede esperar un crítico parcial pero honesto de la burocracia… si está bien protegido, porque sus años de militancia no le impidieron a Arencibia terminar, como vimos, cuidando automóviles en un estacionamiento.

A este panorama se suman las peleas intestinas en la burocracia, incluida la misteriosa relación entre Raúl y Fidel. Cuenta José Manuel Martín, vinculado a sectores del PCC aglutinados en el Centro de Estudios sobre América (CEA), experiencia bloqueada por sospechosa de “crítica”, que en la edición digital de Juventud Rebelde del 18 de octubre de 2010 “se pudo leer durante unas horas un artículo de José Alejandro Rodríguez titulado ‘Contra los demonios de la información secuestrada’, en el que decía que sin información y participación es imposible cimentar un socialismo más democrático. Estuve preguntando y me contaron que alguien cercano al que gobierna autorizó la publicación y alguien cercano al que manda decidió sacarlo de la pantalla. José Antonio Rodríguez decía en ese artículo que para los cubanos la información permanece ‘cautiva entre silencios y controles desmedidos’, que se ha orientado desde arriba a Juventud Rebelde para no informar ni sobre los debates de preparación del Congreso del PCC, ni sobre la entrega de tierras en usufructo” (“Cuba paralizada”, Hika 218, Bilbao, 2010).

Cualquier dirigente que se atreve a formular una crítica seria y pública recibe la inmediata excomunión del aparato. En julio de 2010, un militante de toda la vida del PCC, el académico y economista Esteban Morales, de 67 años, doctor en Ciencias, tuvo la mala idea de cuestionar la corrupción en una carta abierta llamada justamente “Corrupción: ¿la verdadera contrarrevolución?”. Nadie puede decir que el tema es ajeno a la realidad cubana; por el contrario, se trata de un hecho palpable y cotidiano, que Morales abordaba con sincera preocupación. ¿El resultado? Fue inmediatamente expulsado del Partido Comunista, que al respecto exhibe unos reflejos que no le envidian nada a los del viejo PCUS soviético.

Cuba exhibe otro rasgo clásico del régimen stalinista en la URSS: la inestabilidad de las capas media e inferior de la burocracia, permanentemente sometida a purgas y expulsiones ante cada súbito viraje que deja desacomodados a quienes eran ayer los mejores soldados de la línea oficial. De hecho, así como en la URSS el único “intocable” era el propio Stalin, en Cuba sólo está libre de sospecha el duunvirato de los Castro. Inclusive se habla entre los “cubanólogos” de la “maldición de los número 3”, es decir, el personaje de la burocracia que viene inmediatamente detrás de Fidel y Raúl Castro. Las caídas en desgracia de Carlos Aldana en 1992, del ex canciller y niño mimado de Fidel Roberto Robaina en 1999, y de Carlos Lage (secretario del Consejo de Ministros) y el canciller Felipe Pérez Roque en 2009 son muestra harto elocuente de que el sillón que sigue al de los Castro suele calentar demasiado. Para no hablar del general y héroe de la revolución Arnaldo Ochoa, fusilado en 1989 “con mucho pesar” tras haber admitido cargos tan disímiles (e inverosímiles) como beneficiarse de las misiones militares a Angola, tener vínculo con el narco Pablo Escobar y haber traficado cocaína, marfil y diamantes.

La política de los Castro a la hora de establecer una “sucesión” burocrática más o menos ordenada y legitimada pareciera ser la de Luis XIV: “Después de nosotros, el diluvio”. Si no, es inexplicable cómo ante el inevitable recambio biológico (y Raúl Castro ha dejado claro que el VI Congreso sería “el último para los de la Generación Histórica”) no ha quedado perfilada una segunda línea en el PCC. Será que en el seno del partido reina un clima como el que describía con asombro una visitante a la isla: “Un cuadro del Partido Comunista nos explicaba la razón por la que practicaba la palería, una religión semejante al vudú haitiano: ‘Cada dirigente del partido tiene su muerto que lo protege, porque hay una guerra de todos contra todos en las cúpulas’” (Carmen R., “El héroe es el pueblo”, www.socialismo-o-barbarie.org). Justamente, un ex hombre del grupo CEA, Haroldo Dilla, solía reconocer la desconfianza y la poca permeabilidad de la cúpula del PCC a las generaciones más jóvenes.

Tal como ocurría con las purgas del PCUS, ante las súbitas revelaciones de que altísimos dirigentes resultaban ser corruptos, arribistas o narcotraficantes, quedaban desubicados no sólo sectores del aparato oficial sino los “amigos” oficiosos, todos a merced de la lluvia de rumores, trascendidos y semisecretos. Fue lo que sucedió con el último crujido del aparato del PCC, la destitución de Pérez Roque y Lage: “La izquierda fidelista internacional quedó tan descolocada que o eligió balbucear una serie de frases tan generales como evasivas o prefirió, en contados casos, tomar el toro por las astas y admitir –como el editor del site Rebelión, Pascual Serrano– que ‘los amigos de Cuba nos encontramos sin fuerzas ni información para explicar la institucionalidad cubana’. Las destituciones fueron un baldazo de agua fría (…) La tesis que más circuló en la prensa internacional es que las destituciones de Lage y Pérez Roque y una decena de altos funcionarios claves es una victoria del ala aperturista de Raúl frente al ala conservadora de los ‘talibanes’ pro Fidel” (Pablo Stefanoni, “¿Reformistas versus talibanes?”, Pulso, Bolivia, 15-3-09).

Conocer las reales motivaciones de la burocracia es tarea casi de adivinos. Por ejemplo, en el revulsivo “caso” Lage-Pérez Roque, las interpretaciones iban de la ceca a La Meca: “Lage parece estar lejos de ser un talibán comunista con urticaria al mercado y a la propiedad privada (…) un participante de una reunión en los años 90 entre Lage y senadores mexicanos del PAN recuerda al entonces responsable de las políticas económicas del período especial posterior a la caída de la URSS como un ‘Chicago boy’ por su ‘vehemente defensa de la apertura comercial’ cubana, que moderó de inmediato su discurso ante una visita sorpresiva de Fidel. En la misma línea, el anticastrista Carlos Alberto Montaner dice haber escuchado decir al entonces presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari y a otra media docena de cancilleres y jefes de Estado que ‘Lage es el futuro’. Y agrega que ‘Lage, en privado, cuando conversaba con los políticos extranjeros, coqueteaba con las ideas democráticas y se vendía como el Adolfo Suárez caribeño’. Tampoco el ahora ex canciller Pérez Roque parecía ser el ‘talibán’ de la época de asistente de máxima confianza de Fidel y ‘a los ojos de muchos políticos y diplomáticos extranjeros, incluido el canciller español Ángel Moratinos, se había transformado en un reformista’. ¿Por eso fueron acusados de haber ilusionado al enemigo? Pero estos datos tampoco avalan la tesis contrapuesta de parte de la derecha de Miami – obnubilada por su odio a los Castro– de un golpe de los conservadores contra los aperturistas. La simpatía de Raúl Castro por el Doi Moi (renovación vietnamita), que considera al mercado una conquista de la humanidad y no del capitalismo, y propicia una suerte de capitalismo de Estado con control monolítico del poder por el Partido Comunista y las Fuerzas Armadas, no es ninguna novedad” (P. Stefanoni, ídem)..

Como se ve, las corrientes bajo la superficie encierran todo tipo de sorpresas, y es difícil hasta para los propios miembros del aparato discernir quién es “leal” y quién “traidor”… y a qué. Una vez más, ésta es una característica que se fue acentuando en los partidos comunistas de la URSS y el Este europeo que mostraba una descomposición ideológica, política y moral incluso entre los más encumbrados dirigentes. En el ex “bloque socialista”, la podredumbre estaba tan avanzada que ante el colapso de esos regímenes era imposible saber quiénes de entre los dirigentes se pegarían un tiro por ver arruinados los ideales de toda su vida (los menos) y quiénes se reconvertirían en perfectos liberales capitalistas casi sin transición ni trauma alguno.[4]

Hoy, los analistas se devanan los sesos tratando de “leer” en las movidas de las altas esferas del PCC signos de lo que ocurre en su seno (esta “semiótica política” para iniciados es la que dio origen a los “cubanólogos”, a semejanza de los “sovietólogos” y por las mismas razones). Y uno de los grandes secretos es la relación entre los hermanos Castro, en primer plano luego de la enfermedad de Fidel que lo obligó a retirarse de los máximos puestos. Según el citado Stefanoni, “desde su llegada al poder, después de la renuncia del líder máximo en 2006, Raúl fue desarmando la institucionalidad paralela del Grupo de Apoyo al Comandante en Jefe y su ‘Batalla de las Ideas’, un proyecto que además de duplicar instituciones y mostrar una dudosa eficiencia, conllevaba una dosis de voluntarismo –financiado con préstamos blandos venezolanos– con el que los militares cercanos a Raúl no simpatizan (…) Pérez Roque y Lage construyeron un vínculo con Hugo Chávez que los llevó a llamarlo ‘Presidente de Cuba’ y a proponer una utópica federación cubano-venezolana, que habría chocado con la escasa simpatía de los altos militares cubanos por el socio rico venezolano” (ídem).

Justamente, la fracción ligada a las Fuerzas Armadas que representa Raúl Castro es la abanderada de la gestión de las empresas más importantes de Cuba que “combina la organización socialista con los principios socialistas” (entendidos à la Castro, desde ya), esto es, con eficiencia, rentabilidad y austeridad.

Como describe con tino Guillermo Almeyra a propósito del “affaire Lage-Pérez Roque”, el desenlace es que “ha triunfado la tendencia que quiere centralizar el poder mediante un Estado fuerte apoyado en las fuerzas armadas, que controla el partido asfixiándolo y sometiéndolo a sus necesidades, y anula la vida democrática de base. Esta tendencia, como en Vietnam o en China, quiere una apertura al mercado, pero con la mano estatal en el freno y encauzando el proceso (…) Vamos, por tanto, a una ‘institucionalización’ mayor, como dice Raúl Castro, y no a una democratización; a un reforzamiento, a la vez, del mercado y de los controles para capear la crisis” (“¿Adónde va Cuba?”, La Jornada, 15-3-09).

Por otra parte, el mismo análisis reconoce que “con una economía de comando de tipo soviético completamente agotada (…) la apertura económica está de uno u otro modo en la agenda de todas las fracciones. El problema parece radicar en que la alianza entre los militares capitaneados por Raúl Castro y los burócratas del PCC comandados por el vicepresidente José Ramón Machado Ventura (políticamente conservadora y económicamente aperturista, con su ritmo y su estilo) no confiaba en los dirigentes defenestrados. ‘No voy a permitir que gente como tú jodan esta revolución tres meses después de que desaparezcamos los más viejos’, le habría dicho Raúl a Robaina al momento de su destitución” (ídem).

Tal es el clima de las cúpulas del PCC y tal es el régimen de hipocresía, duplicidad y silencio deliberado o a la fuerza en el que se van a “discutir” decisiones trascendentales para el futuro de la isla y de los cubanos. En este contexto, los llamados de Raúl Castro a “conformar un clima de transparencia y diálogo donde prime la información oportuna y diáfana a los trabajadores” (citado por Iroel Sánchez, “Estado de derecho y democracia a propósito de los cambios en Cuba”) suenan a una broma macabra.

Ya en el colmo del cinismo, Raúl Castro dice con toda solemnidad que “las diferencias de opiniones, expresadas preferiblemente en lugar, tiempo y forma, o sea, en el lugar adecuado, en el momento oportuno y de forma correcta, siempre serán más deseables a la falsa unanimidad basada en la simulación y el oportunismo” (discurso a la Asamblea Nacional del 18-12-10). ¡Durante décadas, el PCC no ha conocido otro régimen que esa “falsa unanimidad basada en la simulación y el oportunismo”, propia de todos los aparatos burocráticos y en particular los stalinistas! Sería interesante ver en abril, cuando se aprueben los Lineamientos (algo que Castro da por sentado, como hemos visto, desde noviembre de 2010), cuántos votos en contra reciben, o si asistiremos otra vez al espectáculo de la “monolítica unidad del Partido y su pueblo”.

Por lo pronto, los Castro han resuelto reforzar la segunda línea de la burocracia, sobre todo la administrativa, a fin de no poner en riesgo su favor y de ganarla para la nueva orientación: está claro que no son enemigos, sino aliados. El verdadero enemigo de la burocracia es “el trabajador holgazán que explota a los demás y aprovecha de sus privilegios”. La burocracia intermedia necesita manos más libres para ejecutar… sin que la cúpula renuncie al control político. Por el contrario, éste se refuerza con el “superministerio” de la Contraloría General de la República, una especie de policía administrativa por encima del resto de la burocracia, que reporta directamente a los Castro y sobre todo a la fracción de Raúl. Es por eso que “en el curso de la paulatina descentralización que desplegamos, se han adoptado diversas medidas en favor de elevar la autoridad de los dirigentes administrativos y empresariales, a quienes continuaremos delegando facultades. En paralelo, se perfeccionan los procedimientos de control” (Raúl Castro, cit.).

Y no se trata sólo de conceder más poder administrativo a los mandos gerenciales; la burocracia es bien materialista y sabe que esa capa requiere, además, una diferenciación social basada también en el ingreso monetario. Así, Raúl Castro admite ahora, y busca reparar, “el daño que ha ocasionado a la política de cuadros durante años el fenómeno de la ‘pirámide invertida’, es decir, que los salarios no están en correspondencia con la importancia y jerarquía de los puestos de dirección ocupados, ni existe la diferenciación adecuada entre unos y otros, lo cual desestimula la promoción de los más capaces hacia responsabilidades superiores en las empresas y en los propios ministerios. Ésta es una cuestión fundamental…” (ídem).

Un “amigo de Cuba”, crítico, pero que no termina de desembarazarse de su rol de consejero del PCC, se queja de que “la reforma del Estado debe acordar mucho mayor peso a los órganos de democracia directa, a los trabajadores que a la vez son consumidores, productores y constructores del socialismo y no meros súbditos ni objetos pasivos (…) (en) el documento para el próximo Congreso del Partido (…) no hay ni una mención a la burocracia, su extensión y sus divisiones (que cualquier cubano ve como un problema grave), ni a la democracia de los productores, ni siquiera para explicar quiénes escogerán los que serán declarados ‘disponibles’ (…). En cuanto a los órganos populares, democráticos, de control y de planificación, brillan simplemente por su ausencia” (G. Almeyra, “Un documento…”, cit.).

Todo esto es muy cierto, y lo único inexplicable es cómo podía esperarse otra cosa de un aparato burocrático que jamás conoció mecanismos sanos de democracia obrera. Por el contrario, el PCC funciona como una máquina asfixiante de control de las ideas y las conductas para los miembros del partido, y como un cenáculo cerrado para el conjunto de los trabajadores y la población, que no tiene la menor participación, y a veces la menor información, para no hablar de control, sobre las decisiones más importantes. De ahí que Castro dé por aprobado el documento central del Congreso antes de lanzar la discusión, y que la avidez de los cubanos se parezca menos a un verdadero proceso de intervención de las masas en los asuntos públicos que a enterarse de “con cuál salsa los van a cocinar”.

 

2.3 Una discusión sobre el socialismo

 

El “socialismo” de la burocracia

 

En contraste con la profusa y hastiante repetición de las invocaciones a la productividad, el ahorro, el aumento de las exportaciones y otros mandamientos de la política económica, las palabras “socialismo” o “socialista” se mencionan en los Lineamientos exactamente seis veces. Tres de ellas (en la introducción y los lineamientos 1 y 127) son puras fórmulas rituales. Como se ve, ya ni se insiste mucho en la retórica “revolucionaria” (otra palabra desaparecida de los Lineamientos) en este documento dedicado no a endulzar los oídos de la izquierda latinoamericana admiradora de los Castro, sino a bajar la nueva línea al pueblo cubano. Las otras tres son harto significativas para saber de qué habla el PCC cuando habla de socialismo.

Ya en la introducción de los Lineamientos se da una definición sencillamente pasmosa: “El socialismo es igualdad de derechos e igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos, no igualitarismo”. ¡Ésa es exactamente la definición clásica del liberalismo, no del socialismo! El lineamiento 2 aclara que el “modelo de gestión” debe “reconocer y estimular, además de la empresa estatal socialista”, a otras formas económicas, como empresas de capital mixto, cooperativas, cuentapropistas, etc. Esto es, la mención a la “empresa socialista” es simplemente para diluirla en otras formas no socialistas. Y el punto 53 nos regala otro sesudo precepto “teórico” de la burocracia cubana, que demuestra no haber aprendido nada desde la constitución de la URSS stalinista de 1936, al definir la “ley de distribución socialista” como “de cada cual según su capacidad, a cada cual según su trabajo” (!!).

La verdadera ley de distribución socialista, desde Marx, es, por supuesto, a cada cual según sus necesidades, es decir, una retribución no proporcional a, sino divorciada de la contribución individual en trabajo. Esto es posible sólo a condición de haber establecido una base material y una productividad del conjunto de una economía socialista (o en verdadera transición al socialismo), lo que supone a su vez estándares superiores a los del capitalismo, o que tienden a serlo.

Como Cuba está a milenios luz de semejante situación, no tiene nada de raro que los trabajadores sean retribuidos “según su trabajo”. Pero presentar esta “ley de distribución” perfectamente capitalista y conforme a la ley del valor como si fuera un principio socialista es uno más de los disparates teórico-políticos de la burocracia. Lo peor de todo es que se llena de lodo así al socialismo –con la inestimable asistencia del coro admirador de los Castro, como veremos luego– en nombre de la… “renovación del socialismo” y hasta la “superación de viejos esquemas”.

Naturalmente, el disparate del criterio del valor presentado como “socialista” es patrimonio también de la central obrera cubana: “Un asunto de singular importancia lo constituye el salario. Hay que revitalizar el principio de distribución socialista, de pagar a cada cual según la cantidad y calidad del trabajo aportado” (“Pronunciamiento de la CTC”, 14-9-10). Y lo propio vale para los plumíferos de la burocracia, que recitan el mismo absurdo de “garantizar la máxima socialista de que cada cual aporte según su capacidad y reciba conforme a su contribución a la sociedad” (C. Rivera Lugo, “El modelo cubano”, cit.) y la “aplicación del principio socialista de que el trabajador reciba en base a los resultados de su trabajo” (E. Escobar Soto, “Carta…”, cit.)-.

El citado discurso de Raúl Castro ante la Asamblea Nacional del 18 de diciembre de 2010 no tiene desperdicio en cuanto a definiciones conceptuales, y ejemplifica muy bien el sentido de las dispersas pero jugosas referencias al socialismo en los Lineamientos. En el fondo, implican un cambio de contenido respecto de lo que se entiende como socialismo, incluso juzgado bajo los parámetros del propio castrismo.

Por empezar, lo que durante décadas habían sido las Tablas de la Ley para la burocracia son anunciados como “dogmas y esquemas inviables, que constituyen una barrera psicológica colosal que es imprescindible desmontar poco a poco” (cit.). ¿En qué consiste esa “barrera psicológica”, esas telarañas dogmáticas que necesitan del renovador empuje de la gerontocracia cubana para ser superadas? Responde Raúl Castro: “Se trata sencillamente de transformar conceptos erróneos e insostenibles acerca del socialismo, muy enraizados en amplios sectores de la población durante años, como consecuencia del excesivo enfoque paternalista, idealista e igualitarista que instituyó la Revolución en aras de la justicia social” (ídem).

Más claro, agua: los “conceptos erróneos” son nada menos que los beneficios que un atrasado pero real “Estado de bienestar a la cubana”, después de la revolución y de la expropiación a la burguesía, estaba en condiciones de proveer al conjunto de la población. Y las masas, naturalmente, se habían habituado a considerar que tales beneficios constituían parte connatural del “orden socialista” en la isla. Pues bien, estaban equivocadas: todo eso era un “enfoque paternalista, idealista e igualitarista”. El verdadero socialismo es el que ahora descubren los Castro: “a cada cual según su trabajo”, adiós al salario social, campos de golf, spas y marinas para turistas, arados con bueyes para los cubanos.

Por si queda alguna duda, Raúl se encarga de disiparlas: “Muchos cubanos confundimos el socialismo con las gratuidades y subsidios, la igualdad con el igualitarismo, no pocos identificamos la libreta de abastecimientos como un logro social que nunca debiera suprimirse (…) Al respecto, estoy convencido de que varios de los problemas que hoy afrontamos tienen su origen en esta medida de distribución, que si bien estuvo animada en su momento por el sano empeño de asegurar al pueblo un abastecimiento estable de alimentos y otras mercancías en contraposición al acaparamiento inescrupuloso por algunos con fines de lucro, constituye una expresión manifiesta de igualitarismo, que beneficia lo mismo a los que trabajan y a aquellos que no lo hacen o que no la necesitan y genera prácticas de trueque y reventa en el mercado sumergido, etc.” (ídem).

La gran confusión, como se ve, es creer que garantizar la comida a todos los cubanos era una medida socialista, cuando no se trataba más que de una imperdonable “expresión manifiesta de igualitarismo”, concepto que ha pasado a ser la bestia negra de la burocracia. Todo beneficio histórico que haya que “suprimir” se hace en nombre del combate al igualitarismo, que pasa a simbolizar el reverso exacto del socialismo. No hay exageración; acabamos de ver que Raúl Castro estima que la libreta de abastecimiento no sólo no debe mantenerse sino que su eliminación es imperiosa, en la medida en que representa “el origen de varios de nuestros problemas”.

El lugar de los trabajadores en el régimen “socialista” es pasmoso. No sólo recibirán una retribución exactamente conforme a la cantidad y calidad de su trabajo, sino que, como son los dueños del Estado, pueden alegremente desprenderse de “conquistas” que ya no necesitan. Así, Raúl Castro, en un discurso al Pleno de la CTC del 31 de octubre de 2010, replantea la insólita argumentación de un burócrata sindical “socialista”: “Corresponde a ustedes, desde el Secretariado de la CTC hasta el más modesto dirigente, jugar el mismo papel que en su momento desempeñara Lázaro Peña, que con sabiduría y experiencia solicitó en el histórico XIII Congreso de la CTC, en 1973, renunciar a conquistas arrancadas a la burguesía, pues la situación había cambiado y los obreros eran los dueños de los medios de producción. Por ejemplo, propuso derogar una ley que, llena de buenas intenciones, pero incorrecta y por tanto insostenible desde el punto de vista económico, pagaba el 100% del salario a quien se jubilara con una conducta ejemplar en su vida laboral. Para defender las medidas y explicarlas, la clase obrera tiene que tener conocimientos y estar convencida de su importancia para la subsistencia de la Revolución, de otra manera iremos al precipicio”.

Cuesta dar crédito al sentido de la vista, pero tiene lógica: como el estado es “de los trabajadores”, ¿qué sentido tiene mantener conquistas arrancadas a la burguesía?[5] Así como se renuncia a la jubilación con el 100%, se puede renunciar a la libreta de abastecimiento, a la garantía de empleo y a muchas cosas más. Total, dirán los trabajadores, “¡es nuestro Estado!” El cinismo de la burocracia no conoce límites.

Quizá lo más curioso, después de todas estas lecciones sobre socialismo, es esta confesión casi posmoderna a la que hace referencia Raúl Castro: “Fidel, en su histórico discurso del 17 de noviembre de 2005, expresó, y cito: ‘Una conclusión que he sacado al cabo de muchos años: entre los muchos errores que hemos cometido todos, el más importante error era creer que alguien sabía de socialismo, o que alguien sabía de cómo se construye el socialismo’. Hace apenas un mes, exactamente al cabo de cinco años, Fidel a través de su mensaje en ocasión del Día Internacional del Estudiante, ratificó esos conceptos, que conservan total vigencia (…) Si bien hemos contado con el legado teórico marxista-leninista, donde científicamente está demostrada la factibilidad del socialismo y la experiencia práctica de los intentos de su construcción en otros países, la edificación de la nueva sociedad en el orden económico es, en mi modesta opinión, un trayecto hacia lo ignoto, hacia lo desconocido” (cit.).

Ahora resulta que nadie sabe nada de socialismo ni de cómo construirlo. Si semejante afirmación fuera sincera, en vez de una mera careta “antidogmática” para que la norma de hoy sea el anatema de ayer y viceversa, al menos debería abrirse una discusión mucho mayor entre masas y dirigentes, todos igualmente ignorantes de cómo abordar el “trayecto hacia lo ignoto”. Pero es pura demagogia; ¡no se renuncia tan fácil al prestigio y autoridad ganados en toda la izquierda latinoamericana y mundial admitiendo que todo lo que se hizo durante décadas fue un error!

Simplemente, lo que se busca es dar una cobertura ideológica al abandono del modelo soviético bajo la pátina de la búsqueda, el escapar a las recetas establecidas y otros tópicos tan caros al “socialismo del siglo XXI”, que da para cualquier cosa menos para una crítica marxista seria de tanto dislate político y teórico. Por eso los plumíferos repiten fórmulas tales como “no estamos copiando a ningún país; la actualización del modelo económico cubano es un producto autóctono, ajustado a nuestras características, y sin renunciar en lo más mínimo a la construcción del socialismo” (Iroel Sánchez, “Estado de derecho…”, cit.).

Por supuesto, inmediatamente después de su confesión de ignorancia, Raúl Castro abandona la incertidumbre posmoderna y afirma enfáticamente que “los Lineamientos señalan el rumbo hacia el futuro socialista, ajustado a las condiciones de Cuba (…) La planificación y no el libre mercado será el rasgo distintivo de la economía y no se permitirá, como se recoge en el tercero de los Lineamientos generales, la concentración de la propiedad (…) Logremos la conformación de un consenso nacional acerca de la necesidad y la urgencia de introducir cambios estratégicos en el funcionamiento de la economía, con el propósito de hacer sustentable e irreversible el socialismo en Cuba” (cit.). Parece que algún criterio “socialista”, incluso con la fuerza como para hacer del socialismo algo “irreversible” (!) todavía quedaba…[6]

Vayamos a las “novedades”. Junto con desembarazarse del nefasto “igualitarismo”, otro nuevo mandamiento es el de achicar la presencia del Estado en la economía. Esto incluye otro lugar común de los “renovadores del socialismo”, especialmente entre los admiradores de Chávez: la “propiedad social”.

Uno de los panegiristas de la burocracia expone que “una cuidadosa lectura del documento nos pone ante la perspectiva de una imperiosa e ineludible renovación radical del sistema de dirección económica, los mecanismos de redistribución social y los criterios de empleo de la fuerza de trabajo pero sin ceder un ápice en la propiedad social sobre los medios fundamentales de producción ni en la soberanía nacional sobre los recursos económicos y naturales. Sólo que ahora una parte importante de la propiedad social no sería estatal sino cooperativa, en la agricultura, los servicios y otras actividades, y tanto las cooperativas como las empresas estatales y los gobiernos municipales pasarían a disponer de crecientes prerrogativas, facultades y recursos que fortalecerían extraordinariamente la democracia participativa, la función del Estado en la planificación socialista y las armas para luchar contra el burocratismo. A la vez, un emergente sector privado, debidamente regulado, pasaría a hacerse cargo de tareas que el Estado nunca pudo cumplir. Los dirigentes cubanos eluden el término ‘reforma’ y prefieren el de ‘actualización del modelo económico’ puesto que no se trata de cambiar la sustancia, el socialismo, sino de dar un gran salto en su perfeccionamiento” (Ángel Guerra, “Cuba: cambios y más democracia”, La Jornada de México).

Es ésta una buena síntesis de la política castrista: menos propiedad estatal (presentada como “menos control estatal”), más propiedad “social”, esto es, formas pequeño burguesas; menos centralización y más manos libres a los estamentos medios de la burocracia para buscar formas de cambio de propiedad (la “lucha contra el burocratismo”), todo lo cual redunda en el “perfeccionamiento del socialismo”, “sólo que ahora” con más impulso a las formas proto y directamente capitalistas.

El descubrimiento de que el Estado es parte del problema y no de la solución lleva a uno de los más conocidos economistas cubanos a la siguiente generalización, en un todo de acuerdo con la línea de la burocracia: “Los 50 años de socialismo cubano demuestran, con algunas excepciones, que la recentralización y el alejamiento del mercado han provocado recesiones y situaciones económicas adversas, lo cual indica que ese camino no es al que necesariamente debe acudirse en el futuro, sino que el Estado debe estudiar su rol futuro de administrador general a regulador general, sin cambiar el proyecto socialista por el que hemos apostado una gran parte de los cubanos de acá” (O. Pérez Villanueva, “Notas…”, cit.).

Saliendo del terreno de la economía, la retórica de la “actualización” incluye, como no podía ser de otra manera, la habitual prédica posmoderna sobre el “empoderamiento de la sociedad civil”. Un veterano del movimiento revolucionario, Alfredo Guevara, abogó por “un Estado que se autolimite en sus funciones y permita a la sociedad que se desarrolle (…). El fenómeno más interesante que se está produciendo en este momento (…) es la desestatización de la sociedad. Si la sociedad en profundidad se desestatiza, es que la sociedad alcanza un nivel de independencia y madurez, lo cual sería un gran aporte de la revolución cubana (…) (se trata de) una experiencia de salvación del sistema cubano, frente al estrechamiento de la sociedad cuando de ella se apodera el Estado” (Gerardo Arreola, “Inició oficialmente el PCC la discusión sobre la reforma económica”, La Jornada, 1-12-10).

En cuanto a la “sustentabilidad” del socialismo, parece que alcanza con abandonar el estatismo estilo URSS. Según Aurelio Alonso, subdirector de la revista de la Casa de las Américas “Cuba carecía de un modelo socialista viable de desarrollo, porque el modelo soviético, que identificaba la socialización con la propiedad estatal (y otras cosas), contraponía plan y mercado, consagraba el ejercicio del voluntarismo en la planificación económica, configuraba una nueva burocracia y desestimulaba el trabajo. (…) Es ahora que en Cuba se plantean los cambios que pueden llevar al sistema a la configuración de un socialismo viable”.

El “socialismo sustentable” debe, en suma, reconocer el fracaso del modelo símil soviético de estatización total (aunque en Cuba se había llegado aún más lejos) y buscar, a tono con las “novedades teóricas” del siglo XXI, un camino “ignoto”. Un ejemplo es el de otro descubridor del agua tibia posmoderna: “El reto que encara Cuba desde 1959 (…) es el de trascender la forma-valor propia del mercado capitalista hacia la forma-comunidad como eje democratizante del proceso social de producción y distribución. En ello radica la esencia de la propuesta comunista, no como ideal o ideología, sino como horizonte empírico (…) Quien mejor lo entendió fue Ernesto Che Guevara cuando a comienzos de la Revolución cubana, a propósito de su crítica visionaria del socialismo real europeo y el anticipo de su crisis inminente, sentenció: ‘Con la quimera de realizar el socialismo con la ayuda de las armas melladas que nos legara el capitalismo (la mercancía como célula económica, la rentabilidad, el interés individual como palanca, etcétera) se puede llegar a un callejón sin salida’ (…) Según el Che, en medio de las debilidades estratégicas propias del periodo inicial de la Revolución bolchevique, Lenin se equivocó cuando accedió a iniciar la construcción del socialismo con el Nuevo Plan Económico, el cual le otorgó una centralidad a la ley del valor y a sus mecanismos de desarrollo” (C. Rivera Lugo, “El modelo cubano”, cit.).

De este compendio de sofistería y errores teóricos, cabe recordar primero que la verdadera quimera económica del marxismo es la que representa el esquema del Che, que pretendía reemplazar la materialidad de los mecanismos económicos con el voluntarismo moral, que efectivamente condujo a un callejón sin salida. Por otro lado, se reivindica con todo cinismo la crítica del Che a la sobria aceptación de Lenin de la necesidad de reintroducir, por el imperio de la necesidad, mecanismos de mercado, pero no se dice una palabra de que los Lineamientos le dan justamente “centralidad a la ley del valor”, pero, lo que es mucho más peligroso, presentándolo como la “profundización del socialismo”, cosa que Lenin jamás hizo.

En cuanto a la charlatanería de la “propiedad social”, la “superación del estatismo y el mercado” y disparates teóricos por el estilo, este plumífero de la burocracia no está solo, sino que recibe la solidaridad de cuanto chavista y castrista ande por el mundo ávido de justificar el giro procapitalista de la burocracia como la nueva panacea de la izquierda. Es el lamentable caso de Atilio Borón: “Se equivocan quienes se ilusionan con que la introducción de las reformas dé inicio a un indecoroso –¡y suicida!– retorno al capitalismo. Nada de eso: lo que se intentará hacer es nada más y nada menos que llevar adelante reformas socialistas que potencien el control social, es decir, el control popular de los procesos de producción y distribución de la riqueza. El socialismo, correctamente entendido, es la socialización de la economía y del poder, mas no su estatización. Pero para socializar es necesario primero producir, pues en caso contrario no habrá nada que socializar. Por lo tanto, se trata de reformas que profundizarán el socialismo” (“Las reformas económicas en Cuba”). Pues bien, ni uno solo de los 291 lineamientos menciona el “control social” de las abundantes reformas económicas. Suponer que transferir mecanismos económicos a cuentapropistas y cooperativas es “socializar la economía” en vez de “estatizarla”, o que como “es necesario primero producir”, las reformas procapitalistas y de ajuste económico brutal “profundizarán el socialismo”, excede la credulidad de los mortales comunes.

En el fondo, de lo que se trata es de la confianza ciega de buena parte de la izquierda latinoamericana en que si los Castro proponen algo, por reaccionario y desastroso que parezca, será para el bien del socialismo. Ningún marxista, y hasta ninguna persona con criterio científico o de simple honestidad intelectual, puede eximirse de analizar los verdaderos contenidos más allá de la “credibilidad del emisor”. De lo contrario, el socialismo deja de ser un programa, una ideología y una posibilidad práctica para pasar a ser toda emanación que supuren la mente y la lengua de divinidades cubanas con apellido Castro. Es lo que ocurre con Borón: “El quid de la cuestión está en la brújula política, la orientación que tendrán estos procesos de cambio. Y el pueblo y el gobierno cubanos disponen de una muy buena brújula, probada por más de medio siglo, y saben muy bien que es lo que deben hacer para salvar al socialismo de las mortales amenazas que le plantea el agotamiento de su actual modelo económico” (ídem).

En su réplica a este cheque en blanco de Borón a la burocracia, Guillermo Almeyra resume: “Hay que llamar las cosas por su nombre: (los Lineamientos) no van en la dirección de más justicia, más igualdad, más solidaridad, más socialismo, sino en la dirección contraria. Refuerzan el papel del vértice del Estado que dirige al partido y el de los directores de las empresas, deciden por los trabajadores en vez de establecer mecanismos de consulta a éstos y de control por éstos. Refuerzan el papel central del Estado y de los aparatos, no el de la democracia. No preparan a nadie para el fortalecimiento de una vasta capa cuentapropista dominada por el mercado y regida por el ansia de consumo, que se diferenciará internamente soldando su sector más rico con la burocracia más corrompida. Ignoran el peso de la hegemonía cultural capitalista y del mercado mundial, que dan una fuerte base al desarrollo de una fuerza capitalista en Cuba que hasta ahora no existía. Unen la contrarrevolución que se incuba en parte de la burocracia con el capitalismo estadounidense y mundial. Golpean en la economía, en las perspectivas, en su imaginario mismo, a los más pobres, que son la base social de la revolución cubana (…) El cambio instaura en Cuba una fase de gran inestabilidad política, social y económica, y el pueblo cubano (…) requiere nuestra ayuda material y teórica porque la brújula de las autoridades cubanas no funciona ni funcionó muy bien, a pesar de lo que creen los admiradores de siempre (“El cambio que ve Atilio Borón”, La Jornada).

Aunque ya hemos mencionado los problemas políticos de la visión de Almeyra respecto de la burocracia, poco cabe agregar a este sensato diagnóstico, perfectamente realista y ajeno a la idealización, las ilusiones y (en algunos casos) las mentiras interesadas de quienes a deben hacer increíbles contorsiones para seguir mirando al norte al que apunta la desatinada “brújula” de la burocracia.

 

La “renovación” de la izquierda castrista

 

Los sectores de la izquierda latinoamericana que siempre han sido acérrimos castristas deberían verse en dificultades hoy para justificar el terrible ataque a las condiciones de vida de la población que quiere instrumentar la burocracia y sancionar en el VI Congreso. Es acaso por esa razón que algunas de las más connotadas plumas del castrismo latinoamericano se han dedicado a elucubrar teorías que den una cobertura “socialista” y hasta “marxista” a la política contrarrevolucionaria de los Castro.

Semejante tarea no puede emprenderse sin riesgos. Es evidente que santificar cuanto haga la burocracia como la más pura encarnación del socialismo desacreditaría rápidamente toda elaboración con pretensión de seria y revelaría su carácter ad hoc. Por lo tanto, una forma más apropiada para dar cobertura a la política de los Castro es presentarla con algún matiz crítico, pero, claro está, sin romper amarras en ningún momento.

Una de las más recientes ejemplos de esto es un texto de Camila Piñeiro Harnecker (hija de la chilena Marta Harnecker, “teórica” por décadas del stalinismo y el castrismo en toda Latinoamérica), “Riesgos de las empresas no estatales” , publicado en Boletín por Cuba 87, 1-11-10. Ya su título pareciera poner reparos a la idea de dar vía libre a formas de propiedad no estatales, central a las “reformas” propuestas en los Lineamientos. Pero un examen más de cerca muestra matices que a la burocracia le vienen de maravillas.

Por ejemplo, la siguiente definición: “La empresa socialista (es decir, aquella donde se materialice la “propiedad social”) no es necesariamente una empresa administrada por el Estado. Lo que define a una empresa socialista es la medida en que su administración o gestión es controlada por la sociedad: tanto por su colectivo de trabajadores como por las comunidades donde están ubicadas y otros grupos sociales sobre los cuáles impacta la actividad de la empresa” (“Riesgos…”, cit.).

Vuelve aquí el despropósito de la “propiedad social”, con el agravante de que ahora se la llama directamente socialista, con la condición de que su gestión esté controlada “por la sociedad”. Esto es muy problemático, porque, en primer lugar, si no hay propiedad estatal, hay propiedad privada, personal o cooperativa. Y es un disparate mayúsculo suponer que el mero control de la empresa la convierte en “socialista”, sin importar quién detenta la propiedad. Desde ya, no hacemos un fetiche del título de propiedad, como otras corrientes del trotskismo que creen que la mera propiedad estatal generalizada equivale a “estado obrero”. Pero aunque Piñeiro Harnecker introduce aquí un elemento valioso, como es la capacidad de decisión (algo más que “control”) por parte de los trabajadores, ésta se diluye en otros actores sociales, como la comunidad en general (¿representada de qué manera?) y otros misteriosos “grupos sociales”. De esta manera, una de las características esenciales de una real transición socialista, la democracia obrera, sufre una doble operación: se la mezcla con otros actores y formas de participación, por un lado, y se la convierte en condición suficiente de la “empresa socialista”, por el otro.

Por otra parte, el concepto mismo de “empresa socialista” es en sí mismo altamente problemático y casi autocontradictorio. El socialismo no es una suma de “unidades socialistas” autónomas, sino, por definición, un régimen que sólo tiene sentido a gran escala de organización de la producción. La “forma empresa” misma, una creación del capitalismo, puede sufrir mutaciones considerables en una verdadera transición al socialismo. En todo caso, sería más preciso, aunque más largo, hablar de “empresas del sector socialista” o alguna formulación similar.

Continúa Piñeiro Harnecker: “Siguiendo esta lógica, una persona que trabaje sola (un trabajador por cuenta propia) o una empresa gestionada democráticamente por sus trabajadores (empresa autogestionada, como las cooperativas), que además esté orientada por intereses sociales, es una empresa socialista. Ellas constituyen instancias genuinas de propiedad social. Su introducción no representa un retroceso en la construcción del socialismo” (ídem).

Quod erat demonstrandum: hemos llegado al núcleo de la elaboración, que consiste en demostrar que las “instancias genuinas de propiedad social”, aun cuando sean formas de propiedad privada, no van contra el socialismo; por el contrario, son “empresas socialistas”. El hecho de que el “interés” de estas nuevas empresas, lejos de ser “social”, sea la acumulación capitalista o, en el mejor de los casos, un diferencial de capacidad de consumo individual, es una contradicción que la autora no se molesta en señalar.

Quizá lo más peligroso sea esta idea de que basta la “gestión democrática de los trabajadores” para transformarse en empresa “socialista”, por dos razones. Primera, que esto convierte a cualquier cooperativa, incluso en un medio capitalista, en una empresa socialista, algo desmentido por toda la experiencia histórica en países capitales o “socialistas”, adelantados o atrasados, en el auge o en la crisis.[7]

Hay más lecciones de socialismo: “Para promover la relación de producción socialista (aquella que Marx definió como la asociación de trabajadores libres unidos por un plan) no es necesario ni aconsejable prohibir la contratación de trabajo asalariado. Pero sí es imprescindible establecer claros límites y regularla de manera que a las personas que tienen la ventaja de contar con recursos financieros e iniciativas emprendedoras les resulte más atractivo conformar empresas autogestionadas, así como que los menos afortunados prefieran incorporarse a ellas en lugar de convertirse en asalariados”. De más está decir que esto coincide al milímetro con la política del PCC, que prefiere el desarrollo de microempresas y cooperativas antes que la formación de empresas con varios asalariados. A tal fin, la burocracia establece un esquema de impuestos a quienes tomen trabajo asalariado que desalientan esa modalidad. Justamente, los liberales cubanos en el exterior, que se muestran en general bastante contemplativos con las reformas de los Castro, concentran sus críticas en que no se avanza lo suficiente en el estímulo a los “nuevos emprendedores”, ya que se privilegia la cooperativa o el autoempleo (ver al respecto, de Oscar Espinosa Chepe, “Changes in Cuba: Few, Limited and Late”, 16-11-10).

La autora sugiere impuestos progresivos a medida que el número de trabajadores contratados aumente, de modo de hacer más “atractivas” las “empresas socialistas” en comparación con los emprendimientos capitalistas a pequeña escala. Por supuesto, las empresas autogestionadas se verían eximidas de ese impuesto, “pues los trabajadores que la conforman, en la medida en que su gestión es realmente democrática, no son asalariados sino asociados” (ídem). Es casi una petición de principio: como en la empresa no hay asalariados bajo el mando de un patrón, sino “asociados autogestionados”, todos somos socialistas y no pagamos impuesto al asalariado, porque los trabajadores son asociados… que cobran un salario. Evidentemente, en esto consiste la “defensa del socialismo”.

Ahora bien, si la “autogestión” es la condición de la “empresa socialista”, ¿cómo estar seguros de que hay verdadera autogestión y no formas asalariadas encubiertas para no pagar impuestos? ¿Cómo certificar que los trabajadores son realmente asociados en pie de igualdad entre sí? A Piñeiro Harnecker no se le escapa el problema y propone una solución extraordinariamente simple: “Una importante tarea sería fiscalizar a las empresas registradas como autogestionadas, exigiendo reportes periódicos de su actividad económica (balances económicos) y social (actas de asambleas de los trabajadores que demuestren la participación de los trabajadores en las decisiones más importantes, listado de trabajadores asociados, y, de ser el caso, trabajadores contratados temporales; y permanentes, si se decidiera permitirlo) y otros aspectos de interés para asegurar que sean realmente empresas autogestionadas y no empresas capitalistas que pretenden ser lo contrario para acceder a sus privilegios” (ídem).

¿No es genial? Promovemos miles de “empresas socialistas” que formalmente no emplean asalariados sino que son cooperativas de autogestión, pero si nos asalta la duda de que todo es una fachada, pedimos unas actas de asambleas y se acabó el problema. ¡Como si fuera difícil fraguar tales actas o hacerlas firmar bajo todo tipo de coerción, en primer lugar económica, a trabajadores que, luego de haber sido expulsados de la plantilla del Estado, se aferrarán al precio que sea a cualquier fuente de trabajo, “socialista” o no! La indiferencia de la autora por las condiciones sociales concretas en que se llevarán a cabo estas experiencias de “empresas socialistas” es verdaderamente olímpica. Y su fe en que con “reportes periódicos” se va a frenar el proceso de extensión de la relación salarial, y en general de las formas económicas y culturales capitalistas, es conmovedora o risible, elija el lector.

Volvamos un momento a la definición de Piñeiro Harnecker de la “relación de producción socialista”. A la citada condición de la “asociación libre de trabajadores” (garantizada por las actas de asambleas, como vimos) se le agrega la de una planificación “que garantice que satisfagan intereses sociales, lo que implica básicamente una gestión democrática de la economía por la sociedad. De hecho, cuando la sociedad no ejerce ese control para garantizar que la economía responda a sus intereses, lo que guía el funcionamiento de las empresas es la maximización de la ganancia” (ídem).

Esto es cierto en abstracto, pero faltan dos cuestiones fundamentales: primera, la planificación sólo se puede hacer sobre la base de que las ramas sustanciales de la economía son de propiedad estatal (veremos enseguida las razones de esa omisión); segunda, la autora parece que no está hablando de Cuba sino de alguna hipotética colonia socialista en Marte. En todo el texto, que fue escrito para Cuba y pensando en Cuba, no hay la menor mención concreta y específica a las condiciones reales de la economía y la sociedad de la isla. Todo se dice en un tono general, como quien pontifica el nuevo catecismo de la izquierda respecto de la organización económica socialista, dispensando axiomas de validez universal. Lo cual no es de extrañar, dado que algunas de las “condiciones” que profesoralmente establece la autora generarían carcajadas homéricas en los cubanos de a pie.

La exclusión de la cuestión de la propiedad estatal como condición para la relación de producción socialista tiene la siguiente justificación: “La empresa estatal (es decir, aquella administrada por representantes del estado) no está necesariamente bajo control social u orientada a satisfacer intereses sociales. Esto depende de que los administradores estatales respondan efectivamente a las directivas que reciben de los organismos a los que está subordinada la empresa, y, primero que todo, que esas directivas del plan reflejen acertadamente los intereses sociales. Numerosos economistas han identificado las limitaciones de un sistema de planificación autoritaria (no democrática y excesivamente centralizada)” (ídem).

He aquí el problema: no que la empresa estatal tome decisiones sin el menor control de sus trabajadores, o de los trabajadores en general (¡bueno sería que muestren las “actas de asambleas” en las empresas estatales de la Cuba de hoy!), sino el “sistema de planificación autoritaria”. ¡Por supuesto: el obstáculo para el desarrollo del socialismo y de las fuerzas productivas no es la burocracia del PCC que ahoga la vida del partido, transforma a los sindicatos en cáscaras vacías y controla de manera asfixiante la vida política, social y cultural, sino la planificación “excesivamente centralizada”! Como se ve, las reflexiones de Piñeiro Harnecker vuelven a coincidir casual y milimétricamente con la política de la burocracia de descentralización y desmantelamiento progresivo del plan. La culpa de todo la tienen la maldita planificación y el estatismo, pero la sensible “brújula” del PCC ha detectado el problema y adoptará los recaudos necesarios.

¿Qué hacer, entonces, si el plan central ya no es la herramienta fundamental? ¿Lo reemplazará el mercado capitalista? Claro que no, puesto que “un sistema de mercado no es la única alternativa a la planificación autoritaria (…), pueden diseñarse instituciones que promuevan y faciliten relaciones de intercambio horizontal con una lógica compatible con el interés social, es decir, relaciones de intercambio no mercantiles. En lugar de aceptar a las relaciones mercantiles como ineludibles (…) y (ante) la inefectividad de la planificación autoritaria, es posible establecer una síntesis superior que combine las ventajas de las actividades descentralizadas con las ventajas de que esas actividades estén guiadas por intereses sociales definidos… Esto no es más que hacer que las empresas, estatales o no, operen bajo una lógica que premie los comportamientos socialmente responsables y penalice los que atenten contra el interés social (…) El asunto es lograr, mediante la planificación democrática y un sistema de incentivos negativos y positivos acorde, que la lógica de las relaciones de intercambio horizontales que guíe el funcionamiento de las empresas no sea meramente la maximización de sus beneficios individuales estrechos, sino que internalicen el interés social”.

Es una pena que aquí la utopía reaccionaria le gane la carrera a la teorización justificatoria de la política castrista. En verdad, la “lógica” del “interés social” es lo que menos preocupa a la burocracia en estos momentos, cuando el centro de sus desvelos es la productividad y la generación de divisas. La autora se ha dejado llevar por sus ansias de dar una matriz “teórica” a su “actualización del socialismo” (por no llamarlo “socialismo del siglo XXI”).

Este perdonable desvío se compensa por la introducción de una idea que viene siendo muy cara al castro-chavismo: la “síntesis superior” entre estatismo y mercado. Ya Atilio Borón, en su apología del régimen de Chávez, lo presentaba como “un socialismo superador de la anacrónica antinomia ‘planificación centralizada o mercado incontrolado’ (y) la búsqueda de nuevos dispositivos de control popular de los procesos económicos” (“El mito del desarrollo capitalista nacional”; citado en M. Yunes, Revolución o dependencia, Buenos Aires. Antídoto-Gallo Rojo, 2010, p. 209).

En consonancia con esa visión, el intelectual argentino sostiene respecto de Cuba que “si la estatización total y la planificación ultracentralizada pudo haber sido necesaria y aun virtuosa en su momento (…) hoy ya no lo es. Dicho en términos del marxismo clásico, el desarrollo de las fuerzas productivas decretó la obsolescencia de formas e intervenciones estatales que, siendo eficaces en el pasado, ya no tienen posibilidad alguna de controlar la dinámica de los procesos productivos contemporáneos, decisivamente modelados por la tercera revolución industrial” (“Las reformas…”, cit.). De allí que, como vimos y contra toda evidencia, considere el giro de la burocracia como “reformas socialistas que potencian el control social”.

Aunque Borón se desayune tan tardíamente como Piñeiro Harnecker y demás “amigos de Cuba” del fracaso del modelo de “planificación centralizada”, lo que ambos y otros tienen en común es que sus elaboraciones apuntan infaliblemente no a establecer el diagnóstico más certero para Cuba, que supone exponer al desnudo el rol nefasto de la burocracia castrista, sino encontrarle a ésta vías justificatorias de un curso políticamente degenerativo y socialmente antiobrero y procapitalista.

Desde este punto de vista, le cabe al marxismo revolucionario la pesada responsabilidad de proponer una estrategia realmente socialista y revolucionaria para defender aquellas conquistas que, aun muy devaluadas, se mantienen desde 1959. Y en esa estrategia la burocracia castrista es el mayor enemigo de las masas cubanas dentro de la isla, así como el imperialismo lo es fuera de ella. Toda otra definición no hará más que tender a estirar la sobrevida de una burocracia que apunta a liquidar los logros de la revolución en nombre del “socialismo”.

Es por eso que resulta lamentable la postura del economista e investigador argentino Claudio Katz, quien, viniendo de otra tradición política (no stalinista sino cercana al trotskismo), se suma al coro de los que alientan esperanzas en la brújula sapiente de los Castro. Al menos, eso se desprende de una reciente entrevista televisiva en el programa “Visión 7 Internacional”, dedicado al análisis de la política regional y mundial, el 22 de enero de 2011. Allí, junto con un diagnóstico bastante realista de las condiciones económicas cubanas, se plantea una diferencia esencial entre los Castro y las burocracias restauracionistas del Este: “Ellos (el PCC. MY) tomaron una decisión que hay que recordar y que es la clave. Ellos decidieron no volver al capitalismo. Hablaron de rectificación, modificación, pero decidieron no volver al capitalismo. No repetir Polonia, Checoslovaquia, la Unión Soviética” (entrevista citada).

Esta “decisión” es tal sólo en las palabras, pero un intelectual con experiencia como Katz no debiera guiarse sólo por los discursos. Si fuera por la retórica empleada por sus PCs, China y Vietnam son “socialistas” y hasta “en tránsito al comunismo”. Además, cuando Katz critica la “estatización completa”, lo hace desde el mismo ángulo que Borón, esto es, reconociendo que la propia dirección entendió el problema y apunta ahora en otra dirección. Por supuesto que la “estatización” burocrática no es en sí misma socialismo, pero abandonarla tampoco implica necesariamente “corregir el rumbo”. Lo decisivo es, otra vez, qué es lo que define un rumbo de verdadera transición. Y aquí Katz no trae a colación sus propios planteos de la necesidad de que la clase supuestamente dominante en la transición, la clase obrera, junto con sus aliados, esté en el centro de las decisiones. Por el contrario, recae en criterios estrictamente económicos: “La elección que hizo Cuba desde el principio, de un modelo económico soviético, de estatización completa, que fue un grave error, reconocido implícitamente hoy en día, diría yo, por los economistas cubanos (…) El proyecto socialista es un proyecto de paulatina sustitución del mercado por una economía planificada. Paulatino, no anulación del mercado. Entonces, esta copia del modelo soviético ha tenido un efecto gravoso” (ídem).

Este criterio de “proyecto socialista” exclusivamente económico deja muy bien parada a la burocracia castrista, que después de todo “reconoce el error”, y evita toda mención a los criterios del régimen político de la transición socialista, que en nuestra opinión (ver el texto de R. Ramírez al respecto en SoB 22) son inseparables de las decisiones atinentes a las proporciones relativas de mercado y plan.

Ya el propio Trotsky, en La revolución traicionada y en otros trabajos de los años 30 como “Las condiciones y los métodos de la economía planificada”, advertía que la ecuación de la transición incluía no sólo al mercado y a la planificación, sino a un tercer elemento no económico, clave: la “democracia soviética”. Esto es, que en el “estado obrero” la clase obrera efectivamente decida, lo que le está absolutamente vedado en Cuba, como Katz no puede dejar de conocer y reconocer.

La justificación de la política de la burocracia es que, según Katz, “lo que ellos están haciendo es incorporando mecanismos de mercado, pero no volviendo al capitalismo. Y aquí hay una diferencia importante. Ellos incorporan mecanismos de mercado para que esas divisas se conviertan en trabajo productivo. Entonces, levantan todas las restricciones que existen para poner un negocio, para tomar un empleado, para tomar una pequeña empresa, para descentralizar las empresas existentes, y sobre todo, para encontrar mecanismos para que suba la productividad en el agro (…) Algo parecido quizá a lo que hizo la Unión Soviética en los años 20, lo que hizo China en los años 80 y quizá Vietnam en los 90” (ídem).

Aquí, definitivamente, Katz compara peras con manzanas, y la razón es justamente que ha perdido el criterio político para evaluar las medidas económicas. Vistas superficialmente, la NEP de Lenin, las reformas de Deng Xiao Ping en China y el Doi Moi del PC vietnamita tienen todas un factor económico común: se introduce más mercado en la economía planificada para recuperar la capacidad productiva. ¡Pero la estrategia política era completamente diferente, para no hablar del carácter de las direcciones! Mientras Lenin admitía a regañadientes la necesidad de un retroceso temporario y admitido como tal bajo el imperio de la necesidad, los “comunistas” chinos y vietnamitas no hacían más que regresar al capitalismo presentando las “reformas”, al revés del criterio de Lenin, como la quintaesencia del socialismo. Y esa estrategia se parece a la de los Castro como una gota de agua a otra.

El propio entrevistador advirtió la contradicción y le recordó a Katz que él mismo consideraba a China como capitalista, y a Cuba no. Entonces, ¿por qué proyectos similares van a tener resultados opuestos y deben ser juzgados como distintos? La respuesta es sencilla y reintroduce el criterio político, pero ya no referido al rol de la clase trabajadora sino al de las direcciones: porque los Castro merecen confianza, mientras que los PCs ruso, chino y vietnamita no.

Así lo dice Katz con toda franqueza: “La incorporación de esos mecanismos de mercado no significa, inevitablemente, que termine como Rusia.(…) por varias razones. Quizá la principal es que el grupo dirigente no lo quiere hacer. Éste es un dato importante. Decidir si un país vuelve o no vuelve al capitalismo es, en general, más una decisión política que económica. Es una convicción de que ese régimen es el conveniente, y es una convicción personal de un grupo de dirigentes que ya tienen negocios, que ya tienen acumulación privada y que quieren pasar a un status superior de capa dominante” (ídem). Ése sería el caso de las burocracias rusa y china, pero categóricamente no de la cubana.

¿Por qué no? Aparentemente, porque los Castro son incorruptibles y totalmente ajenos a la avidez de acumulación capitalista que caracterizó a sus pares del Este: “Quienes acumulan dinero en Cuba son los que reciben divisas, no es el grupo dirigente. El grupo dirigente está divorciado de los que tienen dinero. (…) Mantiene un comando político sobre ese grupo y está buscando el equilibrio, está buscando alguna manera de sostener un modelo de precario socialismo para ver cómo se mantienen las conquistas de la Revolución” (ídem).

Pues bien, tenemos claras diferencias. No creemos en absoluto que “el grupo dirigente esté divorciado de los que tienen dinero” en Cuba, y mucho menos que “quienes acumulan dinero son los que reciben divisas”, es decir, el 65% de los cubanos que de otra manera no tendrían ingresos siquiera de mera subsistencia. ¿Acaso Raúl Castro no es la representación del Ejército, socio local de las joint ventures que explotan el turismo y obtienen muchas más “divisas” que el cubano que recibe 100 dólares al mes de un familiar? ¿Acaso Katz ignora que las empresas cubanas más productivas y mejor vinculadas al comercio exterior son las que controlan los “hombres de negocios en uniforme”? ¿Acaso los Lineamientos del VI Congreso no van en el sentido categórico de desmantelar “las conquistas de la revolución”, no de “mantenerlas”? Y, finalmente, ¿acaso cree Katz que el aura de 1959 es un talismán místico que evitará a los revolucionarios de ayer y burócratas de hoy reconvertirse en los capitalistas de mañana?

El destino de Cuba no puede quedar en manos de un “grupo dirigente que no acumula dinero” y que tiene muy “decidido” no volver al capitalismo, porque aun si ése fuera el caso (y definitivamente no lo es), no representa ninguna garantía. Lo único que va a defender la revolución y sus conquistas no es la burocracia (hoy, su principal socavador dentro de la isla), sino los trabajadores y el pueblo cubanos.

Es cierto que Katz señala más adelante que el éxito de este proceso “va a depender de la participación popular” (ídem). Pero esa “participación” no es concebida como independiente, por fuera y en contra del control burocrático de los Castro, sino como un mero apoyo a la dirección del PCC. Al hacer referencia a la ayuda venezolana, Katz advierte que ésta “no puede ocultar los problemas reales que tiene la economía cubana”, y agrega: “En esto creo que está la maduración o la gran conciencia de la dirección cubana, que sabe que ellos tienen que buscar ciertas correcciones para los problemas estructurales con participación popular y sobre todo, con niveles de igualdad social importantes; tienen que buscarlos y no sólo depender del contexto latinoamericano”.

Aquí, sencillamente, se hace depender todo de la “gran conciencia” de los Castro, que “saben” lo que hay que hacer para conducir los destinos de Cuba con un “precario equilibrio” pero, eso sí, con la decisión irrevocable de no volver al capitalismo. En cuanto a los “niveles de igualdad importantes”, un mínimo de sentido de la realidad le debería haber hecho apuntar a Katz lo que cualquier observador (salvo los adláteres de la burocracia) reconoce: que las “reformas” van indiscutiblemente en el sentido de profundizar la desigualdad y asegurar los derechos de, justamente, aquellos que quieren “acumular”, sean de dentro o de fuera del aparato del PCC.

En suma, una intervención política verdaderamente lamentable para venir de quien viene. Porque Katz, a diferencia de los intelectuales filocastristas, ha insistido en muchas oportunidades que el sentido del socialismo es inseparable de la autoactividad de la clase trabajadora. Por supuesto, no hay razón para dudar de su honestidad personal, pero un criterio tan poco independiente para evaluar el proceso de Cuba lo pone políticamente en la misma vereda de los plumíferos a sueldo del aparato castrista. O, en el mejor de los casos, estamos ante una candorosa ofuscación política, producto del innegable prestigio que aún mantienen los Castro, que le hace tomar los discursos por la realidad. Pero hoy menos que nunca se puede pecar de semejante ingenuidad en esta cuestión decisiva, que está y seguirá estando bajo la lupa de toda la izquierda latinoamericana y mundial.

 

 

3. ¿Adónde va Cuba?

 

3.1 Políticas de la contrarrevolución capitalista-imperialista

 

Estados Unidos, Obama y los gusanos de Miami

 

Es sabido que para el imperialismo ha sido política de Estado desde la revolución misma tratar de voltear el régimen castrista. Desde incursiones de gusanos como en Bahía de Cochinos hasta los reconocidos intentos de magnicidio, pasando por todas las formas de espionaje, presión y hostigamiento diplomático, con el bloqueo económico como estandarte a lo largo de décadas.

El lobby cubano-americano tradicional, furiosamente contrarrevolucionario, ha sido y sigue siendo una fuerza política de primera magnitud en el régimen de Estados Unidos, sobre todo en el Partido Republicano y muy en particular en el estado de Florida, donde ejerce un poder casi de veto efectivo. Es por eso que el giro procapitalista de la burocracia deja totalmente indiferente a esta ala más dura de la burguesía cubana en el exilio. Si los Castro deciden acelerar el paso a reformas pro mercado, “desde Estados Unidos se presiona por otra forma muy diferente de restauración capitalista: el derrumbe del régimen y el regreso de la burguesía cubana (que vive en Miami y que, además, hoy forma parte de la burguesía yanqui). Con esa perspectiva, en EE.UU. se ha confeccionado oficialmente un milimétrico catastro de las propiedades que les serán devueltas a la burguesía cubana y a las corporaciones de EEUU, no bien caiga el ‘comunismo’ y regrese la ‘democracia’. En este proyecto, que además implica la recolonización de la isla, no hay mucho margen de ganancia para la burocracia cubana” (C. Testa, “La muerte de Zapata Tamayo…”, cit.).

En su momento, la asunción de Barack Obama alentó esperanzas, dentro y fuera de Cuba, de que la política yanqui podía adoptar un sesgo más “dialoguista”; en todo caso, se esperaba de Obama una estrategia para la cuestión cubana algo más sutil que la de George W. Bush. Fue en ese contexto que Raúl Castro intentó tender un puente y manifestó que “estamos listos para hablar de todo; repito, de todo”. Pero andando el tiempo se vio que la política exterior estaba mucho menos sujeta a modificaciones de lo que los más incautos habían creído. Y eso incluía la política hacia Cuba.

Eso no significa que no haya voces en el imperialismo yanqui que abogan por una política igual de contrarrevolucionaria pero más inteligente hacia el régimen castrista, en especial respecto de la cuestión del bloqueo. Esos sectores consideran (y no les falta razón) que el bloqueo, además de dar un magnífico argumento a la burocracia que la ayuda a teñirse de heroicidad, representa también una lamentable pérdida de oportunidades de negocios, que son aprovechados por inversores europeos y canadienses, entre otros. Un artículo del periodista David Brooks comenta que “el senador Richard Lugar, republicano de mayor rango en el Comité de Relaciones Exteriores y considerado un estadista en política exterior, hizo circular un informe entre sus colegas que decía que ‘después de 47 años… el embargo unilateral sobre Cuba ha fracasado en lograr su propósito declarado de llevar la democracia al pueblo cubano’. (…) Figuras como el coronel Lawrence Wilkerson, ahora del New America Foundation pero antes mano derecha del general Colin Powell, recomiendan una nueva política hacia la isla, requisito para un cambio positivo en las relaciones de Washington con el hemisferio. Para el resto del mundo, nuestra política fracasada, obsoleta de 50 años hacia Cuba, va en contra de todo lo que Obama presentó en su campaña (…) todo el mundo cree que nuestra política está equivocada. Y el mundo tiene razón’, concluyó Wilkerson (…) El coronel Glenn Crowther, investigador del Instituto de Estudios Estratégicos del Colegio del Ejército de Estados Unidos, escribió en un artículo: ‘Es hora de darle su beso de despedida al embargo, mientras mantenemos una posición sin ceder de que la democracia es la única forma de gobierno aceptable en el hemisferio occidental’. El coronel Crowther afirma que el embargo es un fracaso y que Cuba no representa ninguna amenaza para Estados Unidos (…) Varios expertos coinciden que en gran medida esta coyuntura es la más prometedora para lograrlo en décadas. Señalan entre otras cosas que el sector más anticastrista y conservador cubano-estadounidense ya no es el único interlocutor político de esa comunidad” (La Jornada, 24-2-09).

Todo esto es plausible, pero la pusilanimidad de Obama también en este terreno, sumado a su debilitamiento político y al ascenso del movimiento de ultraderecha Tea Party, hacen aún menos factible un cambio de estrategia que no se materializó en el momento más favorable, es decir, en los primeros meses del mandato de Obama. Como resumió Raúl Castro en su discurso del 18 de diciembre, ya citado, “en las relaciones con Estados Unidos no se aprecia la menor voluntad de rectificar la política contra Cuba, ni siquiera para eliminar sus aspectos más irracionales. Se hace evidente que en esta cuestión sigue prevaleciendo una minoría reaccionaria y poderosa que sirve de sustento a la mafia anticubana” (cit.).

Es innecesario aclarar que el escenario de triunfo de la burguesía cubana de Miami, posibilitado por un colapso traumático del régimen castrista y ante la ausencia o inmadurez de una alternativa política y social que sea a la vez antiburocrática y antiimperialista, es el peor posible no ya para la burocracia sino para el conjunto de las masas cubanas y, en general, para toda Latinoamérica. Un derrumbe al estilo de la Rumania de Ceaucescu, con un regreso rampante de los burgueses y el establecimiento de un orden capitalista abierto, representaría una tremenda derrota que repercutiría en todo el hemisferio. Sería, en un sentido, una segunda versión del “fracaso del socialismo”, ya que lamentablemente, a pesar de lo lejos que está Cuba siquiera de una transición al socialismo, en el imaginario político continental la isla ocupa ese lugar.

No obstante, no consideramos que éste sea el rumbo más probable de los acontecimientos (aunque el nivel de descomposición de la burocracia castrista no permite descartarlo). La principal fuerza contraria está no en la burocracia, sino en las masas cubanas. Es verdad que existe una inmensa confusión ideológica, como producto de la mezcla de confianza relativa en la dirección castrista, la conciencia del valor de las conquistas que aún se mantienen, la presión de la penuria con la posibilidad de acceso al consumo (y al consumismo) que algunos empiezan a conocer y las ilusiones de que es posible combinar “lo mejor de los mundos”.[8] Pero la resultante de esas fuerzas heterogéneas y contrapuestas, creemos, sigue dando una tendencia firme a no dejarse avasallar por las formas más brutales del capitalismo, que son justamente las que pretenderán imponer los gusanos de Miami.

En este marco, la iniciativa de formular una política contrarrevolucionaria más fina y menos brutal, que en vez de enajenarse cualquier vía de negociación con la burocracia la aliente y la ponga al servicio de una restauración del capitalismo menos traumática y peligrosa, quedó en manos de una vieja entendida en estos menesteres: la Iglesia Católica.

 

La Iglesia Católica: restauración sin los gusanos… y con la burocracia

 

La síntesis más acabada de la estrategia de restauración del capitalismo por una vía “pacífica”, no traumática, que excluya las inevitables convulsiones políticas y sociales de una intervención abierta de EE.UU. y que a la vez se apoye sobre tendencias operantes hoy en la isla, incluida la política de la burocracia, es la formulada por el dirigente católico laico Arturo Pérez Levy. El texto, publicado en Espacio Laical de la X Semana Social Católica, lleva el revelador título de “La Casa Cuba; reconciliación, reforma económica y República”.

¿Cuál es el objetivo declarado? “Reconciliar” a los cubanos enfrentados, esto es, a la burocracia por un lado y a los “enemigos del comunismo”, de dentro de la isla y de fuera de ella (la “diáspora cubana”) del otro. ¿En qué consiste la novedad de lo que a primera vista parece un foro más de la gusanería? Justamente, en que excluye a la gusanería más enfeudada a la política exterior de EE.UU. y, vistiéndose de “nacionalista”, busca un camino a la restauración que no excluya desde el vamos a la burocracia castrista. Es una especie de “contrarrevolución reformista” mucho más inteligente y sutil (y por eso, con más posibilidad de éxito) que los aullidos anticastristas de Miami. Veamos por qué.

Todo el proyecto consiste, en el fondo, en transformar a Cuba en una “república moderna”, con una economía capitalista (que el autor llama, pudorosamente, “economía mixta”, como si esa mezcla entre Estado y mercado representara un sistema económico aparte), con instituciones políticas clásicas de la democracia burguesa y un (hipotético) rescate de lo que se pueda del “Estado de bienestar”. Este criterio es muy sagaz, porque intenta no enajenarse el favor de la mayoría del pueblo cubano, que no tiene dudas en defender conquistas como el sistema educativo y de salud. Las “reformas”, dice Pérez Levy, no deben tocar eso, sino ponerlo en un nuevo “contexto institucional” de “economía mixta” y república burguesa.

El punto de partida es un modelo de realismo político contrarrevolucionario: todos los futuros habitantes de la “Casa Cuba” (metáfora de la reconciliación) deben mostrar “tolerancia y resignación ante realidades que van más allá de nuestra voluntad y con las que podemos o no coincidir, pero debemos aceptar. (…) En Cuba ocurrió una auténtica revolución y (…) no hay oportunidad alguna de regreso al tipo de república que Batista destruyó en 1952” (A. Pérez Levy, “La Casa Cuba…”, cit.). En una palabra, el proyecto de la gusanería es inviable. Claro que acto seguido va el palo para la burocracia, porque entre esas realidades incontrovertibles está el hecho de que “cualquier proyecto de justicia social o ético necesita sustentarse económicamente para ser más que una mera utopía”. A buen entendedor, pocas palabras bastan: el sistema económico vigente hasta hoy en Cuba no tiene “sustento económico”. Lo interesante es que ahora es la propia burocracia suscribe la afirmación.

El punto de la soberanía es innegociable para este esquema de la Iglesia. Entre otras razones, porque sabe muy bien que es también innegociable para la amplia mayoría de los cubanos. Esto es lo que le quita todo viso de realidad al gusanerío: suponer que los cubanos van a aceptar volver a ser una semicolonia explícita y servil de EE.UU. como cuando Batista. Eso no es posible ni realista, y cuanto antes se lo admita, mejor. Como dice el autor, “la reconciliación nacional, para ser tal, debe ser soberana, lo que implica excluir cualquier concesión de principios a los proyectos plattistas”, en referencia a la Enmienda Platt, que supone el tutelaje político de Cuba a cargo de EE.UU. A Pérez Levy no le tiembla el pulso para escribir que “el presidente Raúl Castro tuvo al nacionalismo cubano y al derecho internacional de su parte cuando afirmó que ‘jamás adoptaremos una decisión como resultado de la presión y el chantaje, venga de un poderoso país o de un continente entero’” (ídem). En efecto, si algún rasgo del régimen actual es masivamente aceptado por los cubanos es la defensa de la independencia y la soberanía frente a EE.UU.

Por eso, a la Iglesia tampoco le interesa comprometerse con el bloqueo, una causa casi perdida incluso en EE.UU: “El embargo estadounidense, último estertor del proyecto plattista, es hoy un barco a medio hundir. Una reforma económica cubana profunda (…) le abriría el último boquete” (ídem).

Esa “reforma profunda”, según la Iglesia, no puede limitarse a la economía ni a cambios cosméticos. Pero todo debe hacerse con “consenso”, “diálogo” y “negociación”, pues de lo que se trata a toda costa es de evitar confrontaciones que desarrollen las contradicciones y hagan salirse de madre un proceso que, bien llevado, conduce al cambio definitivo de régimen. Por eso se alerta que “en Cuba el tema principal es cómo desmontar las estructuras de hostilidad vigentes y avanzar hacia un ambiente de menos polarización” (ídem).

Esto significa no sólo que el proyecto político de los gusanos no tiene margen, sino que sus demandas económicas tampoco pueden ser atendidas… al menos en lo inmediato. Además, éste es sólo uno de los varios planos en los que hay que abocarse a la “reconciliación”, incluido, por ejemplo, el crucial tema de la emigración. Nuevamente se toma distancia, entonces, de las opciones “extremas” que liquidarían este sutil tejido de consenso: “La Ley Helms-Burton, que usa la retórica de los derechos humanos priorizando arbitrariamente la compensación a los antiguos dueños afectados por nacionalizaciones después de 1959 sobre las demás injusticias de nuestra historia, es justo el modelo a evitar” (ídem). En este marco, queda claro que la Iglesia católica se autoadjudica el rol de mediadora y “facilitadora” de la comunicación entre los actores políticos y económicos enfrentados… pero no a muerte.

El segundo eje, el de “República”, busca aquí sí sentar las diferencias con la burocracia y es bien “ortodoxo”. El esquema que debería adoptar Cuba, prudentemente, no es llamado “democracia liberal”, sino “el modelo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos”. ¿Por qué? Porque “postula un estado democrático y de bienestar, con gobierno de las mayorías y respeto por las minorías” (ídem). Como se ve, ninguna mención al desagradable capitalismo. Este “modelo” es preferible a “el comunismo, el liberalismo clásico, el fascismo, y el fundamentalismo islámico, entre otras ideologías”, porque “ninguna expresa el consenso reconocido de toda la comunidad internacional como estándares de civilización” (ídem). Nótese, otra vez, que entre los regímenes que carecen de ese ecuménico consenso figura el “liberalismo clásico”, como para contrapesar la balanza y mostrar que tampoco se defienden las versiones más brutales del capitalismo, al que, de paso, jamás se menciona por su nombre en todo el documento.

Incluso en este terreno, donde las distancias con el castrismo parecen más grandes, hay espacio para mostrar que no hay hostilidad manifiesta de la Iglesia sino una “disidencia constructiva”. Así, en una serie de propuestas para “fortalecer el carácter republicano del Estado cubano” se incluye “vigorizar los contrapesos de rendición de cuentas horizontal, en el que una parte del Estado controla el funcionamiento de otra. Un paso positivo ha sido la creación de la contraloría” (ídem), es decir, el supraorganismo burocrático con el cual los Castro controlan a los ministerios (y ministros). Esto, por supuesto, es lo contrario al sistema clásico de “contrapesos” entre los poderes del Estado, pero era necesario deslizar alguna palabra de aliento a la burocracia. Al menos, para hacer más digerible lo que sigue. Esto es, que a fin de “aliviar las tensiones de la inevitable y próxima transferencia del poder estatal a una nueva generación”, hay que desarrollar “una nueva institucionalidad con separación, límites de edad y mandato en los cargos supremos del Estado” (ídem). El misil contra la gerontocracia vitalicia del PCC es harto evidente.

Tanto como la aparentemente elogiosa pero en el fondo descalificadora referencia elíptica a Fidel Castro: “Nuestra nación es una República. Las Repúblicas, como sistemas políticos, no descansan en la premisa de un rey filósofo, honesto y sabio. En ellas, el gobierno de las mayorías es filtrado por instituciones y regulado por leyes (…) Nuestras leyes deben ser predecibles, consistentes e impersonales” (ídem). Independientemente de la cuestión de cuán “filósofo, honesto y sabio” sea “el rey” de Cuba, de lo que se trata, para la Iglesia, es de construir una trama institucional “impersonal”, esto es, no sujeta al arbitrio de las personalidades caudillescas, tal como ocurre en las “democracias modernas”.

Finalmente, el autor no se engaña un minuto respecto del contenido democrático de las “elecciones” en la isla: “Una parte importante de la población quiere usar las elecciones como mecanismos relevantes para determinar entre opciones, y no como simples plebiscitos entre soberanía y plattismo. Más de un candidato por asiento debe concurrir a todas las elecciones, incluyendo las de la Asamblea Nacional del Poder Popular” (ídem). Y no teme ir a fondo con el núcleo de la “reforma política”, que no excluye un guiño a la burocracia: “Debe debatirse la posibilidad de un parlamento bicameral. En ese tipo de sistema, la Cámara Alta anclaría el sistema político contra cualquier cambio radical, mientras se liberalizan los mecanismos de elección de la Cámara Baja, permitiendo las campañas de candidatos con programas, primero a nivel de circunscripción y luego a otros niveles” (ídem). Aquí ya estamos en un régimen parlamentario burgués hecho y derecho, pero, como vemos, se le ofrece a la burocracia la carta de manejar los tiempos de la transición con una “Cámara Alta” que evitaría convulsiones demasiado bruscas.

El tercer nudo de la propuesta es, dicho simplemente, una transición ordenada al capitalismo, que no deje a la burocracia en una situación en la que no tenga nada que perder (ése es el inaceptable riesgo del esquema gusano) sino que, por el contrario, le abra múltiples vías para reconvertirse sin perder el núcleo de sus privilegios y su posición dominante.

El punto de partida de Pérez Levy al respecto es que es tan impensable que los emigrados del 59 y posteriores pongan su compensación como prioridad como imaginar que van a renunciar a ella (con lo que se abre un canal de negociación también para los gusanos “realistas”). Una forma de solución que deje temporaria y relativamente satisfechas a ambas partes es que “el actual gobierno cubano abra el país a una sustancial inversión de los cubanos en el exterior en coordinación con sus familiares y amigos en la isla”.

A decir verdad, toda la propuesta económica pivota alrededor de la cuestión de la emigración. Y no es un despropósito en absoluto. Las remesas no sólo son muy significativas económicamente (ya vimos que la burocracia cuenta con ellas para “capitalizar” a los futuros cuentapropistas), sino que el peso social del problema de las “familias divididas” es mucho mayor y más extendido de lo que comúnmente se cree. No se trata ya de las familias de los gusanos: con casi dos tercios de los cubanos recibiendo remesas (e, indirectamente, viviendo de ellas), la presión por dar alguna forma de solución al problema será creciente.

A ella busca responder la propuesta de la Iglesia, que ve un “abrumador consenso a favor de reformar una política migratoria que impone serias limitantes a los derechos de movimiento y que alimenta la hostilidad. Entre ellos pueden mencionarse la definición arbitraria de la emigración como ‘definitiva’, la confiscación de viviendas a los que emigran y el cargo de abusivos impuestos de viaje (…) Los cubanos que deciden vivir en otro país son sólo eso: hijos de Cuba que viven en otras latitudes. Ni gusanos ni apátridas, sino hijos que contribuyen al hogar nacional. Es hora de que la política migratoria cubana se ajuste a esa realidad” (ídem). Eso incluye la eliminación de las trabas citadas, ampliar los permisos de salida y aceptar la doble ciudadanía de los emigrados, esto es, que no pierdan su condición de cubanos al salir de la isla. De más está decir que estos cubanos de doble ciudadanía tendrán un rol central como inversores… y futuros votantes.

Pérez Levy no debe decir más que la pura verdad cuando afirma que “el apoyo a favor de una liberalización de las regulaciones para entrar y salir del país atraviesa todo el espectro nacional, y es particularmente fuerte entre los más jóvenes” (ídem).

En efecto, las restricciones de salida, que otras generaciones veían como algo casi natural, resultan cada vez más incomprensibles e (insoportables) para las nuevas, y no hay que olvidar que “pronto la comunidad cubana en el exterior estará compuesta mayormente por personas emigradas después del Período Especial y que como común denominador comparten un patrón de visita frecuente y de apoyo económico a sus familiares en la isla” (ídem).

Yendo a las medidas relativas al interior de la economía cubana, una vez más el tono parece de moderación equidistante, ya que se sugiere “no adorar ni anatemizar la propiedad privada, el mercado o el sector estatal”, lo que se traduce en “crear una estructura socioeconómica sin absoluta dependencia del Estado pero con garantías de justicia social” (ídem).

Todo lo cual suena ambiguo respecto de la estructura de propiedad, pero enseguida se ponen los puntos sobre las íes en cuanto a la relación entre Estado y mercado: “La población cubana siente que el modelo económico vigente, con una fuerte animadversión ideológica al mercado, subutiliza las capacidades de desarrollo de la nación. Una población educada y saludable, en parte gracias a la Revolución, se siente privada de incentivos para mejorar su futuro. Hay fuga de cerebros, alentada desde el exterior, y desperdicio de cerebros (…) Pocas ideas han tenido un consenso tan amplio entre los sectores patrióticos cubanos como las actuales demandas a favor de una expansión de los mecanismos de mercado en la economía cubana, particularmente en la pequeña y mediana propiedad. Tal posición es totalmente coherente con las experiencias de desarrollo económico desde condiciones de subdesarrollo, particularmente en el este de Asia, y los avances de la teoría económica moderna” (ídem).

Adviértase que entre los “sectores patrióticos” que admiten un “amplio consenso” sobre la necesidad de darle más alas al mercado está en primer lugar la burocracia castrista, como hemos demostrado hasta la saciedad en el análisis de los Lineamientos del VI Congreso.

El autor considera que “hay importantes tendencias convergentes entre las culturas políticas cubanas en la isla y la diáspora. En ambas partes el apoyo a la independencia y la preferencia por un estado de bienestar son mayoritarios” (ídem). Así, el “consenso básico” va tomando forma: reformas pro mercado sin perder soberanía frente a los yanquis. En cuanto al “estado de bienestar”, tanto la visión del PCC como la de la Iglesia deben tomarse con beneficio de inventario, habida cuenta de que la “expansión de los mecanismos de mercado” tiende justamente a deteriorarlo.

La propuesta busca apoyarse no sólo en una especiosa “teoría económica moderna”, sino en “las experiencias de desarrollo tardío de economías de mercado”, que “demuestran que el Estado balanceó el deseo legítimo de prosperidad individual con los intereses y metas nacionales. Tras las (…) aperturas y reformas del este de Asia hubo economía mixta y pacto social capaz de garantizar que los que progresaran reinvirtieran sus ganancias en el país, y que el estado de bienestar funcionara sin permitir la creación de bolsones de pobreza e inestabilidad” (ídem).

La senda está trazada, y Pérez Levy se permite un nuevo guiño a la burocracia: “Todas las evidencias de desarrollo tardío exitoso, desde el Japón de la era Meiji hasta las actuales experiencias de algunos países de América Latina, Taiwán, Malasia, China y Vietnam demuestran que (…) la estructura de incentivos creada por la propiedad privada tiende a ser más eficiente que la administración centralizada”. Lección que, a juzgar por los Lineamientos del VI Congreso, los Castro parecen haber asimilado.

Por supuesto, como diría Raúl Castro, no se trata de “copiar” sino de “aprender de los errores propios y ajenos”. Por lo tanto, “cualquier restructuración económica no debe perder de vista la posible dimensión de la reconciliación nacional y las bases creadas para un estado de bienestar futuro. La mayoría de los evaluadores de la reforma china critica como un grave error el desmantelamiento del sistema de salud” (ídem). Esto es, hagamos las reformas con los máximos recaudos posibles, evitando generar el mayor peligro de todos: el aumento de las tensiones sociales y la consiguiente pérdida de “consenso”.

Las ventajas para la burocracia de un enfoque que pone tanto énfasis en el control del conflicto están a la vista, aunque el esquema, naturalmente, no carece de riesgos. Ahora bien: ¿por qué la diáspora cubana debería adoptar este esquema en vez de continuar su prédica histérica contra los Castro? A primera vista, no harían más que fortalecer objetiva y temporariamente al régimen con inversiones sustanciales (que el PCC debe aceptar “con gesto pragmático y patriótico”). Ocurre que el premio mayor no es hoy, sino estratégico: los cubanos en el exterior, “si bien disienten del comunismo”, al invertir pueden hacerlo “guiados por patriotismo, interés económico o la esperanza paciente de que un día los espacios de liberalización económica se traduzcan en aperturas políticas” (ídem).

La Iglesia tiene plena confianza en que un proceso no traumático, incluso controlado por la burocracia (y hasta es mejor que sea así hoy), que desarrolle la lógica del mercado en el marco de reformas que abren el juego político y económico a las tendencias capitalistas, va a desembocar inevitablemente en el reemplazo del régimen actual. Cuál va a ser el lugar allí de la actual burocracia castrista, es algo que se puede dejar tranquilamente al futuro, y que quizá no sea lo decisivo. Después de todo, ¿no son ex jerarcas del PCUS quienes gobiernan Rusia, y jerarcas de algo que todavía se llama Partido Comunista quienes gobiernan China y Vietnam?

En suma, “aunque la mayoría de la diáspora cubana no respalda el proyecto político comunista, gran parte de ella sí está dispuesta a propiciar diálogos con los actores dominantes en la isla, y hasta a adoptar una actitud amigable hacia reformas que incrementen la legitimidad del actual liderazgo (es decir, los Lineamientos.MY), esperando pacíficamente que una reforma económica, con estructuras de mercado abiertas a su participación, redefina el destino de Cuba a largo plazo” (ídem). Está a la vista que la milenaria paciencia contrarrevolucionaria de la Santa Iglesia tiene tiempos mucho menos urgentes que los de gusanos desesperados por sus propiedades confiscadas o los de burócratas acorralados por una crisis terminal.

Dejamos para el final una cuestión harto significativa: ¿es ilegal este sutil y pérfido plan de restauración capitalista? ¿Opera la Iglesia desde el exilio o desde las sombras? ¿Sufre, al menos, el mismo tipo de control y censura que afectan a los críticos del régimen castrista desde la izquierda? ¿Circula el documento que acabamos de citar de manera ilegal, clandestina o restringida?

Nada de eso. Los encuentros de la Iglesia Católica de Cuba, de Espacio Laical y de los dignatarios eclesiásticos y sus intelectuales no sólo se hacen a plena luz del día (y sus materiales se publican regularmente sin inconvenientes), sino que cuentan con el beneplácito, el apoyo y en muchos casos la presencia de la más alta dirección del PCC, incluido el mismísimo Raúl Castro. Saquen los lectores sus conclusiones.

 

3.2 ¿Restauración controlada y dirigida por la burocracia?

 

A propósito del anuncio de las “reformas” y el lanzamiento del VI Congreso del PCC, el semanario decano del capitalismo, The Economist, saludó el inicio del proceso y citó a un diplomático de una potencia occidental: “Un día podríamos recordar esto como el comienzo de la Perestroika” (“La reforma económica va en serio”, edición del 16-9-10). Cabe recordar que The Economist, con su usualmente certero olfato de clase, cuando muchos sectores burgueses dudaban apoyó las reformas de Gorbachov y lo llamó desde la portada de la revista, en 1988, “Mijail el liberador”. Probablemente no haya llegado aún el momento de ver en la tapa de esa venerable publicación a “Raúl el liberador”. Pero es innegable que hay tendencias en esa dirección. En el mismo artículo se señala que “a Fidel Castro mismo se le escapó, ante un periodista estadounidense que visitaba Cuba, que el modelo económico cubano ‘ya ni siquiera funciona para nosotros’. Aunque luego dijo haber sido mal interpretado, ésta es claramente la visión de su hermano. Los economistas cercanos a Raúl, que durante mucho tiempo han estado a favor de la economía mixta, como la de China o la de Vietnam, finalmente parecen haberse salido con la suya” (ídem).

Sin duda, vamos en cualquier caso a una pulseada entre las masas y la burocracia, que puede o no adoptar la forma de una prueba de fuerza decisiva, pero que en algún momento las tendrá frente a frente. Las tensiones sociales y políticas sólo pueden ir en aumento, y los cambios en la situación seguramente no van a emanar sólo de las decisiones en la cúpula del PCC; alguna forma de presión desde abajo se va a manifestar, aunque hoy es difícil advertir qué formas adoptará.

No parece haber en el horizonte un proceso político al estilo de la reconversión china, que más allá de alguna expresiones aisladas de descontento, en términos generales fue conducida con mano firme por una burocracia que devino, casi insensiblemente, clase propietaria. Si bien, insistimos, no es posible determinar ahora por qué vías, vemos mucho más probable una etapa política más traumática y de rumbo más impredecible. Aunque la burocracia apueste a controlar el proceso con mano de hierro, las derivaciones políticas difícilmente se ajusten a la agenda de los Castro.

Varios factores intervienen aquí. Uno de ellos es que la autoridad de la dirección castrista, incuestionada para la mayoría de la izquierda latinoamericana y para las generaciones que tienen más presente la revolución, no es tan sagrada para cientos de miles de jóvenes cubanos que empiezan a conocer (o presentir) otras posibilidades de organización social y hasta de planificación de su futuro personal.

Sobre esta “brecha política generacional”, señala el dominicano Narciso Isa Conde: “El agotamiento y/o declinación biológica del liderazgo histórico reduce aún más la legitimidad del modelo hegemónico, acelera la crisis de confianza, acentúa la decadencia del sistema… La sensación de que para sostener la revolución se confía fundamentalmente en los dirigentes históricos y en los cuadros más envejecidos se ha reforzado; y de convertirse en convicción asentada, se corre el riesgo de que la continuidad prolongada de lo existente se siga apuntalando –sin reversa– en una especie de gerontocracia parecida a la que gobernó en la fase de agotamiento de los regímenes del Este europeo, esto es, del llamado socialismo real. Tal posibilidad sería desastrosa, ya que marcaría un distanciamiento político insalvable respecto de las generaciones jóvenes” (“La disyuntiva cubana”, Kaos en la Red, 22-7-09). No es el primero ni será el último punto de contacto con el proceso de la ex URSS. Más abajo trataremos con más detalle la cuestión del ambiente en la juventud.

Otra cuestión trascendental es el plan de la burocracia de ir preparando las bases para nuevas formas de propiedad que le permitan mantener su posición privilegiada, lo que configuraría ya una estrategia de restauración capitalista. Esto se desarrollaría por diferentes vías, algunas “soviéticas”, otras “chinas” o “vietnamitas” e inclusive “venezolanas”.

Un escriba castrista, ya citado, incluso intenta darle cierto aspecto de justificación teórica “moderna” (en verdad, más bien posmoderna) a la estrategia del PCC. Sigamos su razonamiento: “Si subsiste aún un talón de Aquiles al interior del proyecto histórico de lo común es el de la dependencia en la forma-mercado como eje primordial del período de transición hacia la nueva sociedad poscolonial y poscapitalista” (C. Rivera Lugo, “El modelo cubano”, cit.). Obsérvese que no se habla de socialismo, sino de sucedáneos sociales de sexo indefinido. “Ello incluye la fijación en la forma privada de producción social como única alternativa a la forma estatal, así como en la miope reducción de la propiedad social a la propiedad estatal” (ídem). Volvemos aquí a la “superación crítica” del dualismo mercado-planificación, así como a la adoración de la “propiedad social”, sin domicilio conocido, frente y contra la propiedad estatal.

Continúa Rivera Lugo: “Hay que admitir que estamos ante una manifestación de la pobreza teórica y práctica de la que aún adolece el proyecto comunista (…) en ausencia de modelos alternativos centrados en la construcción de lo común, no son pocos los que intentan convencer al gobierno cubano de las bondades del ‘socialismo de mercado’ de los chinos, una neoliberalización más limitada bajo el control del Estado y el Partido gobernante, como una alternativa real para la reestructuración de su propio modelo económico, sobre todo por sus evidentes éxitos macroeconómicos (…) Sin embargo, según el economista cubano Omar Everleny (Pérez Villanueva.MY), su país se encamina hacia el desarrollo de un modelo propio más descentralizado que sirva para ‘estimular las fuerzas productivas’. Y según el profesor de la Universidad de La Habana y vicedirector del Centro de Estudios de la Economía Cubana, si bien no se estará adoptando in toto el modelo chino o el vietnamita, por las diferencias que existen entre las realidades respectivas, sí se estarán aplicando algunas experiencias de ambos casos” (ídem). Como vemos, el autor parece primero criticar el “socialismo de mercado” chino, pero luego se suma al entusiasmo de Pérez Villanueva (uno de los “economistas cercanos a Raúl” que cita The Economist) por aplicar “algunas experiencias”, a saber, la “neoliberalización limitada bajo el control del Estado”.

El rumbo por la positiva no está del todo definido, pero sí lo que hay que evitar a todo trance: “Romper con ese modelo hiperestatizado surgido de la experiencia soviética constituye uno de los mayores imperativos del momento para la potenciación de nuevas experiencias históricas de construcción de lo común” (ídem). Y para dar algunas pistas sobre el posible contenido social de esas “nuevas experiencias”, Atilio Borón viene una vez más en ayuda de esta gaseosa elaboración: “Dice el reconocido politólogo argentino Atilio Borón en su nueva obra Socialismo del siglo XXI: ¿hay vida después del neoliberalismo?: ‘Uno de los problemas más serios que tuvo la experiencia soviética, y todas las que en ella se inspiraron, fue el de confundir propiedad pública con propiedad estatal. Uno de los desafíos más grandes del socialismo del siglo XXI será demostrar que existen formas alternativas de control público de la economía distintas a las del pasado (…) una izquierda detenida en el tiempo (…) carece de la audacia para repensar y concretar la construcción del socialismo rompiendo los moldes tradicionales derivados de la experiencia soviética. ¿Por qué no pensar en un ordenamiento económico más flexible y diferenciado, en el que la propiedad estatal de los recursos estratégicos y los principales medios de producción –cuestión esta no negociable– conviva con otras formas de propiedad pública no estatal, o con empresas mixtas en las que algunos sectores del capital privado se asocien con corporaciones públicas o estatales, o con firmas controladas por sus trabajadores en asociación con los consumidores, o con cooperativas o formas de propiedad social de diverso tipo –como las que se están impulsando en la Venezuela bolivariana– pero ajenas a la lógica de la acumulación capitalista?’ Es el caso de la empresa de producción social que se ha estructurado en Venezuela como instrumento del llamado ‘socialismo del siglo XXI’, cuyo propósito es incorporar a las comunidades en la gestión democrática de la economía” (ídem).

Ya se va perfilando la cosa: la propiedad estatal es un dogma de la izquierda “sovietista” detenida en el tiempo; lo “nuevo” son las múltiples formas de “propiedad social” como las que se desarrollan en el “socialismo del siglo XXI” de la Venezuela chavista. País que a nadie en sus cabales se le ocurre de calificar de otra cosa que de capitalista, por mucho que a Borón la “propiedad estatal de los recursos estratégicos y los principales medios de producción” le parezca una “cuestión no negociable”.

¿Será, entonces, que mientras los “cubanólogos” se devanan los sesos tratando de discernir si la estrategia de los Castro se parece más a la de los burócratas del PCUS, de China o de Vietnam, la respuesta está mucho más cerca en el tiempo y en el espacio? Aún es pronto para decirlo. Lo que desde ya se puede adelantar es que la retórica inflamada del “socialismo” (compartida por Chávez y los Castro) no será obstáculo para el desarrollo de formas de “economía mixta” en el marco del capitalismo que el primero practica y los segundos quieren impulsar.

Todo esto, por supuesto, sin desmedro de las incesantes arengas de Raúl Castro a “no copiar”, “seguir el propio camino”, etc. En el fondo, el “no copiar” es un imperativo válido sobre todo para el “fracasado estatismo soviético”; en cambio, los “exitosos” modelos chino, vietnamita y hasta venezolano son mucho más dignos de emulación…

En este marco se inscriben los mecanismos de cambio de formas de la propiedad. Ya hemos hecho referencia al economista Esteban Morales, expulsado de manera rajante del PCC por su carta abierta titulada “Corrupción: ¿La verdadera contrarrevolución?”. Allí advertía que “cuando observamos detenidamente la situación interna de Cuba hoy, no podemos tener duda de que la contrarrevolución, poco a poco, va tomando posiciones en ciertos niveles del Estado y del Gobierno. Sin duda, se va haciendo evidente que hay gentes en posiciones de gobierno y estatal que se están apalancando financieramente para cuando la Revolución se caiga, y otros que pueden tener casi todo preparado para producir el traspaso de los bienes estatales a manos privadas, como tuvo lugar en la antigua URSS” (cit., en www.socialismo-o-barbarie.org, edición del 18-7-10).

Al respecto, comenta Testa que “como en la URSS (y también en China) la formación de la nueva burguesía nacional pasa necesariamente por un período previo de ‘acumulación originaria’, que consiste en el aprovechamiento a gran escala (inicialmente ‘ilegal’) de los recursos u operaciones económicas y financieras que directa o indirectamente maneja el estado. Tal fue el período iniciado por Brejnev en la ex URSS y Deng Xiao Ping en China” (“El ‘nuevo modelo’…”, cit.).

En el mismo sentido, apunta Cobas Avivar: “Los procesos de apropiación y gestión económica exclusiva de la burocracia estado-partidista sobre los factores estratégicos de producción pueden seguir su consolidación. (…) La gerencia burocrática por un estamento partidista-militar de toda la gran industria del turismo internacional constituye el ejemplo más claro de dichos procesos” (“La patria…”, cit.). Como para completar la descripción de la vía “europeo-oriental” al capitalismo, Maestri recuerda que “los Lineamientos indican impúdicamente los caminos para la canibalización de la propiedad pública por la producción capitalista y mercantil. Las empresas estatales deficitarias serán ‘sometidas a proceso de liquidación’, abriendo así camino a su privatización, a partir del derecho de ‘arrendamiento’, de empleo ‘en usufructo permanente’ y de compra, por el capital privado o por cooperativas. Camino que permitió en la ex URSS y otros países ‘socialistas’ la compra y, mejor aún, el arrendamiento de establecimientos fallidos ex profeso por administradores ligados a la alta jerarquía del régimen” (“Bajo el signo…”, cit.).

El camino “venezolano”, el “chino” y el “soviético” no son, desde ya, absolutamente contradictorios, sino más bien complementarios en la medida en que ese sincretismo de las relaciones de propiedad se mantenga bajo el estricto control político y social de la burocracia.

Cumplida esa condición, casi todas las variantes son válidas. Por ejemplo, la que señala Farber: “La burocracia al mando del estado ha decidido incorporar en la economía, en calidad de socio muy minoritario, a la pequeña burguesía emergente, algunos de cuyos miembros lograrán tener éxito en sus empresas, y cuando lo hayan logrado conformarán un nuevo grupo de capitalistas privados, algo que no ha existido en Cuba desde los años 60. (…) Es entonces cuando la burocracia compartirá el poder con ese nuevo grupo. Pero sólo el poder económico, lo que quizá conduzca a una situación parecida a la de China. En cuanto al poder político, la burocracia no lo va a compartir con los nuevos capitalistas, a menos y hasta que estos últimos se hayan asimilado totalmente a la burocracia en el poder. Eso es lo que ha sucedido en China” (“¿Adónde va Cuba?”, cit.).

Otro canal de desarrollo de un sector pequeño burgués (esto es, de burgueses pequeños) es la propiedad agrícola. Como “debido a los desmanejos de la creciente privatización de la economía bajo el comando de una burocracia incompetente, hoy más del 50% de las tierras fértiles están sin cultivar”, la burocracia se lanza al camino del incremento de la producción (con el fin de ahorrar divisas) a como dé lugar. Así, “sin definición de límites, la entrega de tierras a los intereses privados, ya en curso, abrirá espacio ciertamente para el futuro ingreso de multinacionales del agronegocio, que sabrán sin duda valorizar, con trabajo mal pago, los innumerables ingenios azucareros desmontados por improductivos” (M. Maestri, cit.),

Por otra parte, toda analogía entre Cuba y la ex URSS, y con mayor motivo China, debe tomarse cum grano salis, es decir, teniendo en cuenta las inmensas diferencias de escala. Naturalmente, la posibilidad de la burocracia china de abrir la entrada a masivos capitales internacionales que exploten una no menos masiva mano de obra barata está interdicta en Cuba, por razones evidentes. La mano de obra y el mercado interno cubano son liliputienses en comparación con los de China; la población de la isla tiene un nivel cultural mucho más alto y una conciencia mucho más presente de sus derechos y sus conquistas, por lo que parte de un eventual “piso de explotación” mucho más alto. Además, la misma escasez de mano de obra, especialmente joven, contribuye a encarecerla. De lo que se trata aquí es de la similitud entre estrategias e instrumentos político-sociales que la burocracia cubana puede intentar implementar. Y por otra parte, habrá que ver si Raúl Castro, tan admirador del “comunismo” chino, se decide, llegado el caso, a repetir una Plaza Tien An Men, circunstancia que fue crucial para consolidar el rumbo del régimen chino en el sentido del impulso al capitalismo y la desigualdad.

Asimismo, no hay que perder de vista el contexto de la crisis mundial, que aun en su desarrollo incierto y larvado difícilmente favorezca hoy los planes de los sectores más ambiciosos de la burocracia. De hecho, ya antes de este giro que representa el VI Congreso había habido intentos de apertura al capital en gran escala, como la Ley de Inversiones Extranjeras de 1995. Pero ocurrió con esto lo que los economistas liberales cubanos denuncian respecto de las nuevas medidas: demasiado poco y demasiado tarde. En efecto, no se verificó el desembarco de capitales extranjeros no ya al nivel de China, sino siquiera de Vietnam.

A este resultado contribuyeron sobre todo dos factores. Primero, la medida no fue acompañada de una “reconstrucción del reino de la necesidad” que forzara a la mano de obra cubana a aceptar salarios y condiciones de trabajo “competitivos internacionalmente”, esto es, espantosos. Por eso la inversión se concentró en el turismo, que requiere mano de obra local pero cuya principal demanda no viene de un mercado interno empobrecido sino de turistas extranjeros con moneda fuerte. Y segundo, no hay que subestimar la incapacidad de “gestión” de la burocracia cubana. El propio Raúl Castro cuenta que diplomáticos cubanos en Vietnam quedaron avergonzados cuando sus pares del país asiático se mostraron sorprendidos de que Cuba importara café, cuando los propios vietnamitas, hoy segundos exportadores mundiales de café, les habían pedido asistencia a los cubanos después de la guerra contra los yanquis. Se indigna Castro: “Un funcionario vietnamita le decía a su colega cubano: ‘¿Cómo es posible que ustedes, que nos enseñaron a sembrar café, ahora nos estén comprando café?’ No sé qué le habrá contestado el cubano. Seguro que le dijo: ‘El bloqueo’.” (discurso del 18-12-10). Observemos de paso que el eterno argumento del bloqueo, con el cual los castristas oficiales y oficiosos buscan acallar cualquier crítica, es visto como un sofisma para salir del paso por el propio Raúl Castro.

Finalmente, hay un factor que la burocracia controla sólo de manera muy parcial: el flujo de remesas de familiares de cubanos en el extranjero. Como ya hemos señalado, el propio PCC cuenta en cierto modo con esa vía de financiamiento semiformal para los nuevos negocios privados autorizados. Pero, como advierte Farber, aquí “estamos entrando en territorio desconocido, especialmente si los cuentapropistas logran conseguir que sus amigos y parientes cubanos en Miami inviertan dinero en la isla. Esto es ilegal bajo la ley de Estados Unidos. Pero siempre ha existido un ala del establishment político norteamericano que piensa que es importante apoyar con dinero a la empresa privada en Cuba al grado que sea posible” (“¿Adónde…”, cit.).

Seguramente, la burocracia va a optar por asegurar la continuidad de las remesas, no sólo por su importancia económica, sino política: una medida de restricción se encontraría con la inmediata y rabiosa oposición de dos tercios de la población que esperan el giro mensual o bimestral como el maná en el desierto monetario que es Cuba. Aunque es difícil cuantificar con precisión el peso de las remesas en el conjunto de la economía, en plena “apertura” la burocracia no puede darse el lujo de interrumpirlas.

Esto, a su vez, es caldo de cultivo de todo tipo de contradicciones. Más pronto que tarde, comenzarán las presiones para que las remesas dejen de ser simples instrumentos de ayuda económica a la familias y pasen a revistar como categoría de inversión. Ya hoy el límite entre ambos es incierto, porque quienes reciben dólares o euros desde el exterior para convertirlos en CUCs pueden emplearlos bien como simples consumidores, bien como “emprendedores” legales o ilegales (y la intención de la burocracia es que sean crecientemente legales). Andando las “reformas”, el uso “inversionista” de las remesas va a tender a tomar un rol mucho más importante que el uso “consumidor”. Aquí aparecen los límites al desarrollo de la propiedad privada que desvelan a los liberales, que se quejan de que la burocracia inaugura un canal pero quiere obligar al agua a pasar a través de un gotero. Esta situación no hará más que desarrollarse en el futuro próximo.

Volviendo a la política más global de los Castro, puede sintetizarse como sigue. El rumbo elegido es reforzar el control burocrático sobre política y economía, aun con las contradicciones que le genera abrir nuevos espacios a la “iniciativa privada” en pequeña escala. Hay una evidente voluntad de estimular la diferenciación social, incluidos los privilegios de la burocracia, y se prepara una polarización social cuyo ritmo puede ser extraordinariamente rápido. El objetivo de fondo es la transformación de parte de la burocracia cubana en germen de burguesía local, por vías económicas y jurídicas que hoy apenas se esbozan pero pueden desarrollarse, otra vez, más rápido de lo que creemos.

El camino de la restauración capitalista, única salida que el castrismo le encuentra al laberinto de la economía burocrática en crisis, está en marcha en cuanto a la dirección política de la isla se refiere. Que el tránsito del “socialismo” burocrático al “socialismo” capitalista sea rápido e indoloro, lento y traumático o aborte completamente depende no de las “líneas internas” en pugna en el PCC, como creen incluso honestos críticos de la burocracia, sino de la capacidad de las masas de rebelarse contra este ataque contrarrevolucionario y, al calor de ese proceso, construir una herramienta política propia independiente de la burocracia y de toda fracción capitalista e imperialista.

 

3.3 Por la perspectiva de una nueva revolución

 

El clima moral

 

La “moral socialista” fue en Cuba invocada a cada minuto casi desde la revolución misma. En el caso del Che, era una honesta aunque equivocada vía de organización del mecanismo económico. En boca de la burocracia, suena a protestas de castidad en labios de una cortesana. La “mentira”, pecado capital para el PCC, es practicada a cada segundo por todos los niveles de la burocracia. Esto no puede menos que insuflar al conjunto de las relaciones sociales un invisible pero pesado manto de hipocresía, que recuerda a las sociedades del Este europeo.

Hay una pérdida de sentido de las palabras que hacen al campo semántico (político e ideológico) del régimen. Y la primera de ellas es “socialismo”. Ya vimos cómo, pronunciada por la burocracia, puede significar casi cualquier cosa, según pasan los períodos y los virajes políticos. El crecimiento de la desigualdad y la polarización social pudieron haberse presentado como fenómenos negativos pero inevitables. En cambio, siguiendo el más puro ejemplo stalinista, la burocracia quiere convencer ahora a los cubanos de que el “igualitarismo” es ajeno al socialismo, y que la mentalidad economicista y hasta egoísta, mientras redunde en un aumento de la producción, es la esencia del socialismo.

Sobre todo entre las nuevas generaciones, hay una creciente pérdida de legitimidad, descreimiento y confusión; los antiguos valores se declaran caducos y el pecado de ayer es la máxima virtud de hoy. Al igual que en las sociedades del Este europeo y la URSS, la palabra “socialismo”, enunciada por un elenco dirigente corrupto e hipócrita, no puede menos que sonar a hueco.

Lo propio ocurre con la relación socioeconómica decisiva: la del trabajo asalariado, fuente de los ingresos del 80% de los cubanos. La relación laboral está totalmente distorsionada: como el salario es casi puramente virtual, la prestación laboral se degrada también. La falta de productividad y de interés en el trabajo, así como el total desprecio por la idea de “propiedad del pueblo” en lo referido a los elementos de trabajo, no son una demostración de haraganería, como denuncia la burocracia, sino una manifestación sorda de descontento, tal como ocurría en los países “socialistas”. Para Farber, “parte del descontento y enojo con el sistema político se ha vertido hacia la actividad delictiva. El problema del robo en Cuba es enorme” (“¿Adónde..: ?”, cit.).

También a semejanza del Este europeo, se instala la cultura de robar para sobrevivir, puesto que el salario y la libreta de racionamiento no cubren las necesidades más básicas por más de dos semanas. “Como advirtió el investigador francés Vincent Bloch, la corrupción generalizada –desde minucias hasta hechos de mayor escala– atraviesa a toda la sociedad cubana, y constituye una forma efectiva de control social. Al no existir medios lícitos que garanticen la supervivencia (a veces ni siquiera el mero cumplimiento de las obligaciones laborales) sin hacer algo que puede ser definido en un momento u otro como ‘ilegal’ –que la ironía cubana llama ‘inventos’– los cubanos tienen una permanente espada de Damocles sobre sus cabezas” (P. Stefanoni, cit.).

Tal estado de cosas, por otra parte, no hace más que abonar la idea (ahora adoptada sin reservas por la burocracia) de que el único factor posible de orden y disciplina en las relaciones laborales es el mercado, en simbiosis con las decisiones del aparato.

Las privaciones materiales son el acicate indiscutido para innumerables conductas sociales y tiñen asimismo la atmósfera cultural e ideológica. Un estudio de un economista cubano en el exilio (pero que hasta bien entrado este siglo formaba parte del riñón del PCC) calcula que el ingreso monetario real de un asalariado es del 22 al 25% del que tenía en los años 80, antes del colapso de la URSS y el “período especial”. ¿Cómo se cubre la diferencia? Una parte, con “ingreso en especie”, desde los comederos hasta beneficios de transporte y vivienda (hoy limitados a los burócratas); otra parte, con “salario ilegal pero tolerado para empleados de empresas de capital mixto” (vinculadas sobre todo al turismo), remesas del exterior, ingreso por autoempleo legal, “bienes y servicios de tipo casero intercambiados con o vendidos a amigos y vecinos, actividades de la economía informal, sean no registradas o ilegales, y saqueo de bienes del sector estatal para la reventa o para consumo personal” (Oscar Espinosa Chepe, “Changes in Cuba: Few, Limited, and Late”, 16-11-10).

En este contexto, los proyectos orientados al turismo de lujo, (los campos de golf, spas y marinas previstos en los Lineamientos), y a los que sin duda también accederán los cubanos privilegiados, no pueden menos que generar rechazo y resentimiento. Como cuestiona indignado Cobas Avivar, “el impacto de la inmoralidad del ocio de la alta burguesía internacional, que lava de ésa y mil maneras el dinero que le roba a las clases trabajadoras en sus países y en la expropiación del trabajo a escala internacional, constituyen una genuina bomba de profundidad política para la joven sociedad cubana. Hoy mismo en Venezuela la juventud revolucionaria debate y apoya en sus programas televisivos (Zurda Konducta, VTV) la prohibición de la expansión del negocio de los campos de golf en su país” (“La patria…”, cit.).

En contraste con estos emprendimientos obscenos, la penuria de divisas, de las que dependen cada vez más el nivel de vida y la capacidad de consumo cotidianos a medida que crece el conjunto de bienes sólo disponibles en moneda convertible, le da un papel desproporcionado a las remesas de familiares en el extranjero. El efecto en la conciencia de reconocer que el nivel de vida y hasta de subsistencia dependen de trabajo, valor y dinero generados fuera de Cuba es potencialmente devastador. No de otra manera puede entenderse la justificación social de la prostitución.

Al respecto, un escritor cubano, Leonardo Padura, pinta con trazo descarnado aspectos de la circulación de sentidos sociales en la isla: “Cuba es un país que vive un cansancio histórico. La gente está cansada de sentir o que se le diga que está viviendo un momento histórico, y quiere vivir una normalidad. Esto ha generado, además, un desgaste moral bastante serio en la sociedad cubana. En un país donde la prostitución deja de ser un oficio reprobable y se convierte muchas veces en una salvación para la economía hogareña, con el beneplácito y la admiración de la familia, hay algo que funciona mal (…) Un país donde la mayoría de las personas tiene que buscar alternativas de supervivencia en los márgenes o más allá de los márgenes de la legalidad y lo hacen con total desenfado, como una actividad absolutamente normal, es un problema serio. El propio gobierno –que es el empleador del 90 por ciento de los cubanos– ha reconocido que los salarios que les paga a sus asalariados son insuficientes para vivir, lo que es un reconocimiento de que las personas tienen que buscar alternativas de supervivencia. Y cuando alguien en Cuba, por ejemplo, espera poder resolver sus problemas con los 100 ó 200 dólares que les puede mandar un pariente desde Estados Unidos, México o España, o espera resolver los problemas haciendo un determinado negocio que está más allá de los márgenes de la legalidad, es una sociedad que tiene problemas. Y estos problemas tienen un costo social y moral” (“Entrevista a Leonardo Padura”, Sin Permiso, 5-9-10)

La propia burocracia desespera de garantizar un horizonte a los sectores más conscientes de las posibilidades que están perdiendo, en un país con un 30% de personas en edad laboral con estudios superiores completos. Como dice un economista oficial, “muchos profesionales, si ocupan puestos acorde con su calificación, necesitan de otro tipo de actividad que les reporte ingresos adicionales para suplir lo que no alcanzan a cubrir con sus salarios (…). En otros casos, simplemente emigran hacia otros sectores diferentes a los de su especialidad, que ofrecen mayores posibilidades de ingresos aunque no utilicen en ellos sus conocimientos de formación. Y, en el peor de todos los escenarios, buscan alternativa segura de empleo en el exterior” (O. Pérez Villanueva, “Notas…”, cit.). El único atenuante que encuentra el autor a este desolador panorama es que al menos, en el caso de la emigración al exterior, “hay beneficios posteriores con el incremento del potencial de remesas al país” (ídem).

¡Menudo consuelo! Por unas decenas de millones de dólares, que podrían aumentar un poco si Obama y la burocracia liberalizan las condiciones de viaje de los cubano-estadounidenses, el balance social es que el futuro previsible de cualquier profesional cubano con cierta proyección está fuera de la isla. ¿Qué se puede decir de un “socialismo” del que las personas formadas intelectualmente quieren escapar?

Finalmente, digamos que otro rasgo del actual momento político es la incertidumbre y la desazón ante los cambios que se vienen, y que muchos cubanos no están seguros de que vayan a ser para mejor. Son legión los honestos jóvenes y militantes del PCC que sospechan y temen que, a pesar de la convicción “socialista” que derrochan los discursos, se puede emprender el camino de la vuelta al capitalismo.[9] La desconfianza es muy entendible cuando la misma burocracia dice un día que tiene la “brújula” más segura (acompañados por sus corifeos latinoamericanos) y afirma al día siguiente que “nadie sabe nada de cómo se hace el socialismo”.

 

La juventud

 

A diferencia de las generaciones anteriores, que vivieron el contraste positivo entre las conquistas de la revolución (hoy muy deterioradas) y el destino de otros países de la región, hoy la comparación arroja, para los más jóvenes, un resultado menos inequívoco. No ya en términos de “libertades civiles” (el caballito de batalla del imperialismo y los gusanos), sino en parámetros bien materiales.

En una sociedad envejecida en términos demográficos,[10] la realidad de la emigración debilita las fuerzas sociales potencialmente dinámicas, y desequilibra progresivamente la relación entre los cubanos en la isla y la diáspora. Unos 35.000 cubanos salen del país cada año, y el número total de nativos cubanos en el exterior ronda los 2,5 millones, es decir, el 22% de la población. Para muchos jóvenes, el único proyecto posible es individual, no colectivo, y además fuera de Cuba, frente a una situación que se percibe como terminal.

Por otra parte, la vía de la emigración no está abierta para todos, naturalmente; no es más que una válvula de escape para aquellos sectores que puedan sufragarla económicamente y/o puedan desandar (con dinero o con relaciones) los laberintos burocráticos que implica la autorización para salir del país

El panorama que pinta Padura de la juventud difiere drásticamente de los rituales ideológicos de la “juventud revolucionaria” de los discursos de los Castro: “Una parte notable de los jóvenes del país están emigrando o piensan emigrar, y entre ellos hay un porcentaje alto de personas preparadas, que deberían asumir las responsabilidades de un futuro en lo social, en lo académico, en la vida económica del país. Al mismo tiempo, hay un sector de esa juventud muy despolitizado, que lo que quiere es vivir su vida, muy distintos de lo que fuimos nosotros hace 20 ó 30 años. Eso explica la existencia de tribus urbanas bastante numerosas como los emos, los freakies, los raperos, los reggaetoneros, que ven la vida desde perspectivas bastante desafiantes y poco ortodoxas. En fin, es una generación mucho menos comprometida con la política” (“Entrevista…”, cit.).

Farber, en cambio, ve un costado positivo de este alejamiento de la juventud de los canales formalizados por la burocracia para la participación política y social: “Lo que parece prometedor, en cuanto a las posibilidades que existen dentro de Cuba, está relacionado con la tremenda enajenación que reina entre la juventud, especialmente entre la juventud negra. En Cuba hay un movimiento hip hop enfocado a expresar el enojo de los jóvenes negros, específicamente, contra el hostigamiento y brutalidad que sufren a manos de la policía. (…) Quizá en algún momento esa frustración y enajenación llegue a expresarse en términos de protesta política. Pero ésta es sólo una posibilidad” (“¿Adónde…?”, cit.).

Posiblemente la mirada más abarcadora sea la de Guillermo Almeyra, que busca dar cuenta de las tensiones, tradiciones y contradicciones que desgarran a las nuevas generaciones de la isla: “La juventud cubana actual creció en la crisis constante y, en su gran mayoría, está atraída por el consumo de tipo capitalista que jamás tuvo… Esa juventud siente, pues, un descontento sordo. Una parte minoritaria más activa y consciente utiliza el campo cultural para discutir y abrirse espacios creativos y políticos; otra, muy pequeña, se hunde en la delincuencia en las ciudades, y el grueso busca sobrevivir como sea, ‘inventando’, y aunque no deja de ser antiimperialista y de defender la soberanía nacional, se aleja de la política y desea elevar sus consumos de todo, de lo necesario y de lo superfluo” (“¿Adónde…?”, cit.).

Es importante aquí retener las contradicciones entre las presiones pro consumistas (que alientan las tendencias al capitalismo) y la conciencia, sin duda mayoritaria, de que la independencia y las conquistas de la revolución deben mantenerse. Por otro lado, no es tan sencillo que la primera opción sea la voluntad de tomar el destino en sus manos cuando la burocracia bloquea hasta la idea de eso desde el inicio mismo de la revolución, como lo simboliza la consigna emblemática del PCC: “¡Comandante en jefe, ordene!”

 

Los trabajadores y el pueblo cubanos tienen la palabra

 

La tradición política desde la revolución es que, a contramano de la constante invocación al “pueblo” y a “la clase obrera”, éstos no sólo no deciden absolutamente nada, sino que no se espera que lo hagan. La política no es asunto de las masas, sino de los “cuadros”. Toda iniciativa viene siempre desde la cúpula del PCC y en particular de Fidel. La acción política consiste en comprender y obedecer los visionarios mandatos del Comandante, nunca en actuar de manera independiente, dado que los canales organizativos están controlados por la burocracia, desde el partido y los sindicatos hasta los CDR. La otra posibilidad que ofrece la política son los acontecimientos impuestos objetivamente por la fuerza de las circunstancias, ante los cuales no cabe más que rendirse, como durante el “período especial”. En suma, la política cubana ha sido desde la Revolución una combinación de llamados a acatar la voluntad del PCC y anuncios de resignación ante lo inevitable. Lo que nunca ha operado como factor es la acción independiente.

Pero esto, con toda probabilidad, va a cambiar. La profundidad de la crisis, la magnitud de los cambios y lo obsceno de la desigualdad y desprotección social que representa el rumbo de la burocracia van a generar, y ya están generando, a una escala todavía poco detectable pero real, movimientos de inquietud, de oposición, de descontento. Como dice Cobas Avivar, “no es posible no coincidir con los análisis de estudiosos cubanos como Julio César Guanche y Juan Valdés Paz en el criterio de que hoy el pueblo cubano ya no estaría dispuesto a resistir ‘ideológicamente’ un embate similar al que la crisis de 1990-1993 produjo sobre los fundamentos de su existencia y reproducción socio-material” (“La patria…”, cit.).

En efecto, en Cuba parece estar agotándose el poder casi mágico de “la palabra de Fidel”, y los cubanos, en un futuro muy cercano, podrían no conformarse con soportar las privaciones con raciones de retórica “revolucionaria”. Sobre todo cuando los que pronuncian esas inflamadas palabras no comparten ninguno de los padecimientos materiales de las masas.

No es posible establecer de antemano los ritmos ni las formas que adoptarán las manifestaciones de rebeldía, pero es sencillamente inevitable que aparezcan. Posiblemente, los primeros puntos de apoyo para una acción independiente van a pasar por el rechazo a las medidas brutales de desempleo en masa y mayor desigualdad. Por eso, más allá de los lineamientos programáticos generales que citamos más abajo, es esencial prestar atención a cómo pueda articularse un conflicto, que vemos inevitable, entre las masas y la burocracia con la formulación de una política y la construcción de organismos antiburocráticos, antiimperialistas y socialistas.

El destino del régimen actual de la isla está sellado; Cuba será completamente distinta de aquí a poco tiempo. El lugar que ocuparán a) la burguesía cubana en el exilio; b) su estrecho aliado, el imperialismo yanqui; c) la burocracia, y d) los trabajadores y las masas cubanas en general, no está escrito en la piedra: dependerá de la profundidad de los procesos de lucha de clases que, insistimos, no pueden no tener lugar. Tales son las fuerzas sociales en pugna.

Lo que representa un criterio esencial es que toda ubicación política que se ponga del lado de oponerse a la restauración del capitalismo en Cuba y de defender las conquistas de la revolución debe partir de que la burocracia castrista está de la vereda de enfrente. No es ni un aliado vacilante, ni un “campo contradictorio”, ni mucho menos la conducción de la lucha contra la restauración. Por el contrario, es la fuerza impulsora del capitalismo más activa y poderosa dentro de la isla. Sólo la acción y organización de los trabajadores y los sectores populares, de manera independiente, revolucionando o (más probablemente) por fuera de las instituciones que encorsetan a las masas puede cumplir el papel de frenar la restauración en curso y abrir paso a una verdadera nueva revolución.

Porque no se trata sólo de defender lo que queda del pasado, sino de enfrentar los desafíos del presente, esto es, poner verdaderamente en el poder a quien hoy, según la Constitución castrista, lo detentan pero que en la realidad están muy lejos de él: la clase trabajadora.

Como señalamos, la inercia política de décadas juega en contra de una rápida reconstitución de la capacidad de organización y acción independiente, pero no hay que subestimar la dimensión de los problemas ni la descomposición de la burocracia. En Cuba está todo en juego, y, como señala Alan Woods, “si bien es posible establecer comparaciones con Rusia, también hay diferencias importantes. En 1989, la Revolución de Octubre era un recuerdo lejano para la mayoría de los rusos. Las antiguas tradiciones habían sido enterradas durante décadas por la burocracia. Pero en Cuba la revolución que se llevó a cabo permanece dentro de la memoria viva del pueblo. La mayoría de los cubanos están muy orgullosos de los logros de la Revolución y no estarán dispuestos a rendirse sin luchar” (“Intelectuales y comunistas…”, cit.). No obstante, es necesario tener presente también que esa “memoria viva” está mucho más desdibujada entre los jóvenes, como hemos expuesto más arriba.

Desde la corriente Socialismo o Barbarie venimos alertando desde hace tiempo sobre el curso de la burocracia y los peligros que éste implica para los cubanos y para toda la izquierda en América Latina y el mundo. La ubicación política frente a la dinámica de la isla es materia de intenso debate en el seno de la izquierda. Como hemos visto, el castrismo y el chavismo (y, lamentablemente, diversas corrientes y personalidades que vienen de la tradición trotskista) parecen creer que con la segura guía de los comandantes, con la infalible “brújula” del PCC, el camino de “seguir avanzando en el socialismo” está garantizado.

Por otro lado, en el seno del trotskismo también hay una polémica con un amplio rango de posiciones, que por su especificidad se debaten en un texto aparte. Asimismo, los problemas de una política de verdadera transición al socialismo, no de retorno al capitalismo de la mano de la burocracia, son lo suficientemente específicos y profundos como para merecer un tratamiento aparte, que se hace en detalle en otro trabajo de esta edición.

Hace algo más de dos años, nuestra corriente esbozaba una serie de puntos programáticos, en el inicio mismo de este curso de crisis. Aunque una formulación más precisa y completa será el resultado de las experiencias que se vayan desarrollando en la isla, creemos que las definiciones más generales no sólo no han quedado desactualizadas, sino que su vigencia se ve reforzada a la luz de la concreción del giro restauracionista del VI Congreso del PCC.

“- Por una nueva revolución que defienda las conquistas de 1959 y establezca realmente el poder de la clase trabajadora.

“- Por el fin del régimen de partido único y de estatización de los sindicatos y demás organizaciones obreras, populares, juveniles, femeninas, etc. Plena libertad de organización política, sindical y asociativa de los trabajadores, estudiantes y sectores populares que defiendan las conquistas de 1959, especialmente la independencia nacional y la expropiación del capitalismo, y repudien el bloqueo imperialista. Por la constitución de un partido o instrumento político obrero y socialista, independiente de la burocracia.

“- Por la democracia obrera y socialista. Ni ‘democracia’ burguesa fraudulenta estilo Miami ni ‘voto unido’ por la lista única de la burocracia. Que las organizaciones de masas obreras, campesinas, estudiantiles y populares, con funcionamiento absolutamente democrático, designen el gobierno de Cuba, y debatan y decidan los planes económicos y políticos.

“- Ni plan económico burocrático, ni anarquía capitalista. Democracia socialista para determinar el plan económico, y verificación por el mercado de su realización. Por la administración y/o control obrero democrático de todas las empresas, con absoluta publicidad de sus operaciones, como forma principal de avanzar en la productividad y terminar con el saqueo a la propiedad nacionalizada que hace la burocracia” (Roberto Ramírez, “Cuba frente a una encrucijada”, Socialismo o Barbarie 22, noviembre 2008).

Sin ser exhaustivos, creemos que estos criterios son fundamentales a la hora de ofrecer una perspectiva a un pueblo que ha dado sobradas muestras de valentía y heroísmo, pero que enfrenta hoy un nuevo desafío. Se trata de sacudirse el yugo político de una burocracia que, en nombre del socialismo, conduce a Cuba de regreso al capitalismo, bajo formas que no son acaso las que quiere el imperialismo o los gusanos de Miami, pero son no menos gravosas para las masas.

En ese sentido, no hay que perder de vista la permanente línea de los Castro de hacer apología tras apología del “socialismo” chino. A esta altura, no debe haber otra corriente política en el mundo, de izquierda o de derecha, que considere seriamente que el régimen existente en China merece esa calificación. Y más en momentos en que toda la prensa económica burguesa aplaude el rol primero “dinámico”, y luego “responsable” que juegan los jerarcas del PCCH, primero como locomotora del capitalismo y ahora como factor de estabilización de la crisis mundial. Nada de esto parece hacer mella en los Castro, especialmente Raúl, cuyas referencias elogiosas al “modelo chino” son incontables.[11]

Por supuesto, Cuba no es ni puede ser China en términos de inserción en la economía mundial. Pero es altamente significativo que la burocracia no vea ninguna incompatibilidad con el socialismo no ya en el régimen de partido único o incluso el crecimiento de la desigualdad, sino en la explotación más brutal de la clase obrera y las ingentes ganancias de la infinidad de transnacionales radicadas en China.

A una escala mucho más modesta (más parecida, por ejemplo, a la de Vietnam, aunque Cuba tenga la octava parte de la población de ese país), los Castro se proponen marchar a un capitalismo cubano que no podrá ser sino atrasado y semicolonial, con islotes de productividad y modernidad, y sobre todo bajo férreo control del PCC, que ni siquiera necesitará cambiarse el nombre.

La sanción oficial de este rumbo es lo que se pretende con el VI Congreso y sus Lineamientos.[12] La tarea de la hora en Cuba es detenerlo, porque pretende llevar a una tremenda derrota de las masas cubanas y en general a un retroceso en las relaciones de fuerza en toda Latinoamérica. Pero esto no se logrará con consejos a la burocracia, sino con la acción y organización de los trabajadores y el pueblo cubanos de manera independiente de los Castro, del PCC y, por supuesto, de todos los sectores agentes de la contrarrevolución capitalista, desde la Iglesia Católica a la gusanería, pasando por los gobiernos latinoamericanos.

La irrupción de las masas cubanas frente a este inédito ataque a sus conquistas y su tradición revolucionaria puede y debe abrir paso a una nueva revolución que complete la obra de la de 1959 derrotando a quienes hoy quieren enterrarla en nombre del socialismo.

 

 

 

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[1] Castro se expresó así frente al periodista Jerry Goldberg, y su polémica definición se publicó en The Atlantic del 8 de mayo de 2010. Los intentos de desmentida y “aclaración” posteriores en el sentido de que se refería “al capitalismo”, que había sido “malinterpretado”, etc., sólo convencen a los que tienen fe religiosa en la infalibilidad del comandante. Incluso simpatizantes del castrismo con una elemental capacidad crítica han debido admitir que Fidel Castro se refería a Cuba, lo que los obligó a justificar semejante afirmación con malabarismos ideológicos.

[2] Esta situación llevó al economista y dirigente trotskista Ernest Mandel a la visión totalmente equivocada (expuesta en su Tratado de economía marxista, 1962) de que en el mundo regían “dos sistemas” en pugna, el capitalista y el socialista, cada uno con sus lógicas independientes. El completo alejamiento de la perspectiva marxista que suponía esta elaboración fue adecuadamente criticado por Pierre Naville en Le nouveau Léviathan (1970).

[3] En la isla el acceso a Internet es a través de satélites, lo que resulta costoso y lento: 65 megabits por segundo para subir información y 124 megabits por segundo para descargarla. Hasta 2008, los usuarios no públicos de Internet no eran más de 190.000, en su mayoría médicos. El servidor es el Ministerio de Salud Pública (Infomed) y los usuarios en general sólo tienen acceso a sitios de dominio local (.cu) y a otros dominios de temas relacionados con la medicina y para usos de investigación. Hasta 2009, había sólo 1.351 dominios registrados (.cu) y 2.500 sitios web. Hay otros proveedores, pero son para extranjeros residentes en la isla. Los cubanos deben recurrir a los centros públicos, en general en oficinas de correos, con un servicio de costo casi prohibitivo para la mayoría y para colmo desesperantemente lento.

[4] Guillermo Almeyra, de la vieja tradición trostkista posadista que tendía a ver siempre el lado positivo de la burocracia stalinista, sostiene: “En el mismo Partido Comunista militan juntos los que quieren hacer carrera, los sí-sí-sí a todo, con los que quieren cambiar a Cuba y al mundo y construir el socialismo. El PCC no es el PCUS… Como el partido es único, en su seno se concentran todas estas presiones y hay tendencias en formación. Gobierna hoy la alianza entre la clase burocrático-militar y la conservadora, mayoritaria en el partido; los voluntaristas del aparato, inspirados por el ejemplo de Fidel y de Chávez, así como los partidarios de una democratización autogestionaria y consejista de la vida política cubana como base para la reorganización económica, ahora deberán remar mucho contra la corriente”. Esta visión, acaso tributaria de aquella vieja (y equivocada) caracterización que hiciera Trotsky en el Programa de Transición del PCUS como una fuerza donde convivían “desde el fascismo acabado (Butenko) hasta el verdadero bolchevismo (Reiss)”, alienta esperanzas que a nuestro juicio se verán frustradas. Es seguro que debe haber socialistas sinceros en el PCC, pero suponer una lucha sorda y permanente entre el ala “conservadora” y los “consejistas” (¡inspirados en el ejemplo de Fidel y Chávez, que son la negación misma de la “democracia autogestionaria”!) es ir demasiado lejos. Buscar diferencias entre el PCUS y el PCC que puedan justificar la afirmación de Almeyra de que “el régimen de Cuba no es stalinista” es una quimera. No hay ni puede haber “fracción Reiss” en el PCC; a lo sumo, elementos honestos, bienintencionados… y aislados.

[5] Este razonamiento, en último análisis, es compartido por quienes, en el movimiento trotskista, insisten en llamar a Cuba un “estado obrero”. Si éste es definido por la nacionalización de los medios de producción y la expropiación de la burguesía, entonces no importa cuán brutalmente antiobrero sea su régimen político y hasta dónde se liquiden las conquistas que le daban ese supuesto carácter. Mientras no se sobrepase esa “línea metafísica”, se trata de “deformaciones” o “degeneraciones” de un estado que sigue siendo obrero. Semejante concepción pasa por alto la necesaria imbricación entre economía y política en la transición al socialismo, absolutiza la “base económica” y minimiza la constitución de la clase obrera como clase efectiva, no “jurídicamente”, dominante. Ver al respecto de Roberto Sáenz “Notas sobre la teoría de la revolución permanente a comienzos del siglo XXI” (SoB 17/18) y de Roberto Ramírez “Sobre la naturaleza de las revoluciones de posguerra y los estados ‘socialistas’” (SoB 22).

[6] El dirigente trotskista Alan Woods estuvo en Cuba discutiendo con intelectuales del PCC. Aunque su enfoque hacia la burocracia es por desgracia bastante complaciente, se puede suscribir este comentario suyo a las divagaciones “nuevistas” de algunos miembros del PCC, aplicables también a la pretendida “tabla rasa sobre el socialismo” que insinúan los Castro “Necesitamos tener un enfoque más riguroso hacia las ideas. Si ésta fuera una conferencia de físicos, bastaría con imaginarnos que alguien dijera: ‘Yo no he hecho ningún experimento y no tengo prueba alguna, pero ésta es mi teoría’. Tal persona provocaría risas en la sala. O imagínate que vas al dentista con un dolor de muelas y el dentista dice: ‘En realidad, nunca he estudiado odontología, pero abro la boca de todos modos y veré qué puedo hacer’. Usted saldría corriendo de la consulta. (…) Pero cuando se trata del marxismo, parece que todo vale. Bueno, no es así” (“Intelectuales comunistas cubanos discuten el futuro del socialismo”, El Militante, 24-11-10).

[7] En el caso de la Argentina a la salida de la crisis de 2001, hubo múltiples casos de fábricas abandonadas por sus patrones y puestas a producir por sus trabajadores, que en general terminaron adoptando la forma de cooperativa. Unas experiencias tuvieron más duración o profundidad que otras, pero a nadie se le ocurrió ni por un minuto que esas empresas fueran “socialistas”, o, a fortiori, que una asociación más o menos laxa de ellas podía dar origen a un “sector socialista” de la economía. Sólo las corrientes más delirantes del autonomismo creían que estaban construyendo una “nueva sociedad” por fuera o entre los intersticios de la economía capitalista, en un marco de baja productividad, escasa tecnología y en general condiciones deficientes para afrontar la competencia de sus pares capitalistas.

[8] Al respecto, señala Maestri que “es fuerte entre importantes sectores de la población la ilusión de una reorganización de la sociedad en sentido mercantil que preserve la prestación pública de los servicios relativos a la salud, educación, cultura, vivienda, seguridad, ocio. ¡Es decir, una Suecia del trópico!” (“Bajo el signo…”, cit.). Esto tiene serios peligros: si la primera premisa de un grupo significativo de la sociedad cubana llega a ser “salgamos ya de este sistema a uno de mercado, y busquemos que sea lo más justo e igualitario posible”, estaríamos ante una reedición de la enajenación ideológica que cubrió a amplios sectores de masas inmediatamente antes y después de la caída del Muro de Berlín. No hace falta decir que esa ilusión no tiene ningún sustento material. Como aclara el mismo Maestri, “para la restauración capitalista, el bajo nivel de desarrollo de las fuerzas productivas materiales en Cuba exige un grado necesariamente elevado de explotación de la fuerza de trabajo, con una inapelable y sustancial disminución de tales derechos para enormes sectores de la población” (ídem).

[9] Cuenta Alan Woods en su relatorio de discusiones públicas y conversaciones privadas con comunistas cubanos que uno de ellos le dijo: “¿Sabe usted cuánta gente he conocido en Rusia y Europa del Este que se ha suicidado, que se ha ahorcado, que se ha puesto una bala en el cerebro? No, nadie habla de esas estadísticas, pero hay muchos. Eso no debe suceder aquí” (“Intelectuales…”, cit.).

[10] “Como resultado esencial de la baja fecundidad, se reduce el porcentaje de la población de 0 a 14 años, y se incrementa el de 60 y más años. Así unos 1,9 millones de personas en Cuba tenían entre 0 y 14 años en 2008, y aproximadamente 1.8 millones tenían 60 y más años. El envejecimiento de la población se coloca como el efecto neurálgico de la transición demográfica en el país” (O. Pérez Villanueva, “Notas…”, cit.),

[11] Una expresión del rechazo que genera la “sinolatría” del PCC en intelectuales más independientes es este indignado llamado de Cobas Avivar: “Alto a la ideología que gana espacio político en el país glorificando la transición capitalista china, inducida a la sociedad cubana desde el discurso del Partido, el Estado y los medios de comunicación como camino promisorio: apertura económica, privatizaciones, empoderamiento burocrático sobre el patrimonio económico, un Partido único omnipotente al frente de un Estado suprasocietal” (“La patria…”, cit.).

[12] Otro VI Congreso, el del Partido Comunista de Vietnam en 1986, inauguró el camino de la “renovación” (Doi Moi) del “socialismo”, que, en otro contexto y bajo otras condiciones, condujo en cuestión de pocos años al capitalismo abierto y reconocido hasta en términos jurídicos. Claro que siempre bajo la preclara guía del PCV, líder del pueblo vietnamita en la “construcción del socialismo”…

Categoría: América Latina, Revista Socialismo o Barbarie Etiquetas: Cuba, Economía, Marcelo Yunes, Revista SoB 25