La lucha emprendida por los trabajadores de la mina El Limón (ubicada en el departamento de León de Nicaragua) por defender los derechos establecidos en el convenio colectivo de trabajo, está siendo criminalizada por el gobierno de Daniel Ortega mediante todas sus estructuras de poder.

En la actualidad están detenidos cuatro trabajadores, entre los que destacan varios dirigentes sindicales que estuvieron a la cabeza de la lucha junto con el resto de sus compañeros.

Humberto Rivas Canales, principal dirigente sindical en la empresa minera, fue despedido por la transnacional B2gold con la venia del Ministerio del Trabajo. Además, el miércoles 07 de Octubre, fue detenido sin orden de captura después de los enfrentamientos de los obreros y pobladores con la policía anti-disturbios enviada desde Managua para reprimir la huelga, y  luego fue llevado (junto con otros compañeros de la lucha) a las celdas de la Policía Nacional en Managua, denominada como el “Chipote”.

Este es un centro de reclusión donde constantemente hay denuncias de torturas contra los detenidos, con el fin de arrancar «confesiones». Es preciso recordar que este lugar tiene una triste historia, pues en el pasado fue donde operó la “tenebrosa” Oficina de Seguridad Nacional (OSN), policía política de la dictadura somocista donde también se torturaba.

¡Una campaña de falsas acusaciones contra los trabajadores mineros!

Actualmente los trabajadores mineros detenidos están siendo procesados ante los Tribunales Penales de Managua, acusados por delitos de crimen organizado, homicidio, exposición de personas al peligro, abuso sexual, etc.

Pero los atropellos no paran ahí, pues según la legislación burguesa los detenidos deben ser juzgados en los Tribunales de su localidad, en este caso del departamento de León, pero están detenidos y siendo juzgados en Managua.

Otro atropello es que, la audiencia preliminar, tal como está regulada por el Código Procesal Penal, es de carácter público, pero en esta ocasión la hicieron un día domingo (el 11 de octubre de 2015) y sin permitirles a los familiares de los obreros detenidos ingresar.

Tampoco permitieron que, en dicha audiencia, los familiares presentaran abogados para la defensa de los trabajadores encarcelados y, por este motivo, el juez les nombró por oficio a un defensor público, a pesar de que ya varias familias habían contratado los servicios de abogados especializados.

¡Más casos de persecución judicial contra obreros que luchan!

Aunado al caso de los trabajadores mineros, también están siendo procesados penalmente ex-trabajadores de la caña del municipio de Chichigalpa, ubicado en el departamento de Chinandega. Estos ex-trabajadores del ingenio San Antonio, propiedad de la histórica familia Pellas (productores del ron “Flor de Caña” y que constituyen uno de los principales grupos capitalistas del país), están afectados con enfermedades debido al trabajo realizado en dicho ingenio durante muchos años, debido a los cual muchos padecen de insuficiencia renal crónica (lo cual ha sido comprobado por  médicos especialistas).

A inicios de la semana pasada, estos obreros organizaron una protesta en la ciudad de Chichigalpa, en los alrededores del ingenio San Antonio, demandando a la familia Pellas que les resarciera los daños irreversibles a su salud. Ese mismo día de la protesta, bandoleros amparados en las sombras de la noche asaltaron las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Chichigalpa y una gasolinera privada destruyendo inmobiliarios y robando algunos objetos. Tales hecho ahora les son imputados a los trabajadores cañeros que protestaban y también están detenidos varios de ellos, entre estos Luis Roberto Nicoya Juárez, un trabajador que tiene un carné de incapacidad laboral otorgado por el Seguro Social que comprueba que adquirió su enfermedad trabajando en el ingenio y, ahora que reclama sus derechos, lo detienen y acusan como un criminal común.

¡Exigimos la libertad inmediata y desprocesamiento judicial de los mineros y ex trabajadores cañeros encarcelados!

Desde Socialismo o Barbarie repudiamos la represión del gobierno de Daniel Ortega contra las protestas de trabajadores mineros y ex cañeros, la cual solo tiene por objetivo aplacar cualquier proceso de organización sindical independiente del Gobierno y las patronales.

Esto confirma que, los gobiernos de los Estados burgueses, velan por los intereses de los grupos empresariales nacionales y transnacionales, sin importar que se llamen “democráticos”, “neoliberales”, “bolivarianos” o “socialistas del siglo XXI”. Para esto se apoyan en la maquinaria represiva del Estado, institución creada por las clases explotadoras para  garantizar la explotación contra los proletarios y la inmensa mayoría de la población.

Este rasgo es común al gobierno de Nicaragua y al de otros países en la región. Basta con mirar el caso de Costa Rica, donde en los últimos meses se profundizó la política del Estado para criminalizar a luchadores y luchadores sociales, siendo varios de ellos condenados a prisión. Por ejemplo Paulina Briones condenada a cinco años de cárcel, así como Orlando Barrantes quien está apelando una condena de doce años de prisión y recientemente estuvo preso con medidas cautelares.

Llamamos a las organizaciones políticas, sindicales y sociales de Centroamérica a solidarizarse con los trabajadores procesados por el gobierno de Ortega por luchar.

¡Llibertad inmediata y desprocesamiento judicial de los mineros y ex trabajadores cañeros encarcelados!