El miércoles 14 en la tarde la Fuerza Pública y la Policía Municipal de San José llevaron a cabo un operativo en el centro de la capital contra los vendedores ambulantes. Estos operativos consisten en el decomiso de la mercadería para su posterior destrucción o entrega a un juez (según el tipo de mercadería, por ejemplo los discos son incinerados y la ropa pasa a un juzgado). El operativo tomó relevancia a partir del hecho de que los vendedores ambulantes decidieron defender su medio de subsistencia, resistiendo la acción de la policía con el bloqueo de la Avenida Segunda.

Más allá de la discusión sobre si en las avenidas y bulevares de la capital se deben permitir las ventas ambulantes, lo cierto es que la realidad supera a la norma. Los cientos de personas[i] que realizan este tipo de actividad no la hacen por elección, tiene que ver con que el Estado costarricense fomenta una serie de desigualdades y discriminación que lanzan a estas personas trabajar en las calles, aunque sea ilegal.

Esto es una cuestión de clase. Están personas son trabajadores que deben salir cada día a ganarse su sustento, y si un día no logran vender lo suficiente para la comida ese díasus platos estarán vacíos. Además hay otras consideraciones, ya que una gran parte de estas personas son migrantes y/o mujeres,mostrando todos los rasgos patriarcales y xenófobos de este Estado que no les da soluciones a estas personas.

Durante 22 años Johnny Araya como alcalde de San José (y representante del PLN) se llenó la boca en discursos de hacer la capital nuevamente un lugar habitable y del embellecimiento del casco central. Pero lo único que hizo fueron pequeñas obras en las rutas de transito de los turistas, además de crear y fortalecer la policía municipal.Una fuerza policial que despliega todo su aparato para controlar las ventas ambulantes pero que es incapaz de realizar acciones contra el acoso callejero a las mujeres o la discriminación por orientación sexual. Por otro lado generó las condiciones para un desarrollo urbanístico en manos de grandes empresas privadas que no está ni cerca de ser una opción para la clase trabajadora, edificios lujosos para empresarios, banqueros y los políticos burgueses.

Pero el problema no es solo local, está inserto en un momento nacional en que el gobierno del PAC ha recrudecido la opresión con el uso de la policía como garante de estabilidad. Es que este gobierno se ha mostrado más opresivo que sus antecesores. Ejemplos de esto son las amenazas de ilegalidad a la huelga docente en su primera semana de gestión, la represión policial en Limón y Puntarenas durante distintas manifestaciones, el procesamiento expedito de luchadores sociales, entre otros. Además de ser el gobierno que está llevando un duro ajuste en los salarios de la clase trabajadora.

Es por estas consideraciones que desde el Nuevo Partido Socialista (NPS) repudiamos la represión contra  los vendedores ambulantes que son trabajadores informales[ii] que apenas logran subsistir con sus ventas. Que recurren a esta actividad para “escapar” del desempleo[iii] que afecta a miles de personas. Por eso le exigimos al Estado que desarrolle un plan de trabajo genuino para estos trabajadores y los desempleados con la construcción obra pública, en lugar de alcahuetear a los patronos con programas como Mi Primer Empleo que “promueve” la contratación de trabajadores durante un año con un subsidio equivalente a cuatro meses de ese periodo.   Pero además,esnecesaria la organización de la clase trabajadora, principalmente la del sector privado que actualmente se encuentra a merced de la patronal y el gobierno. Es en esta perspectiva que el NPS está realizando el proceso de inscripción electoral para diputaciones en el 2018 en San José, Cartago y Heredia, por lo que te invitamos a contactarnos para luchar por las reivindicaciones de los trabajadores, las mujeres y la juventud.

[i]Se estima que en la “temporada alta” llegan a ser entre 2 mil y 3 mil personas.

[ii]Forman parte de las 928 mil personas que realizan trabajos informales.

[iii]Existen alrededor de 232 mil personas desempleadas.