El pasado 16 de setiembre, Orlando Barrantes, dirigente social de la zona Caribe y reconocido militante de izquierda, fue condenado a 12 años de prisión por su participación en una fuerte lucha librada en Guápiles en diciembre del 2000, donde hubo enfrentamientos con la Policía y, desde entonces, la Fiscalía inició una persecución política en su contra bajo la acusación de orquestar un “secuestro extorsivo” de policías.

El pasado 24 de octubre, un equipo de Prensa Socialista se trasladó hasta Guápiles para entrevistar a Orlando Barrantes, quien nos explicó el carácter político de su condena.

El proceso contra Orlando Barrantes se enmarca en un periodo de ascenso de la criminalización de la protesta social y la persecución a activistas y militantes de izquierda. Además del juicio contra Orlando vemos recientemente los casos de la condena a Paulina Briones, los procesos abiertos contra varias mujeres por exigir vivienda en Puntarenas y el de varios compañeros y compañeras que participaronen el proceso del 8N en el 2012. Durante el gobierno de Luis Guillermo Solís, el gobierno “del cambio”, se ha seguido la misma línea, incluso agudizándose esta persecución. Vemos cómo las resoluciones de los tribunales tienen el propósito de ser ejemplarizantes con respecto a la cantidad de años de prisión y otras medidas adicionales.

Es justamente en ese contexto que es fundamental tener la más amplia solidaridad con estos compañeros y compañeras. Para llevar adelante esta tarea es necesaria la construcción de un espacio unitario donde se decidan acciones para enfrentar el ajuste que el Gobierno está imponiéndole a los trabajadores, campesinos, estudiantes y sectores populares.

Prensa Socialista (PS): ¿De qué te acusa la Fiscalía?

Orlando Barrantes (OB): En diciembre del 2000 hubo un movimiento de protesta social muy fuerte en la provincia de Limón, el cual hizo parte de un proceso nacional abierto por la pelea contra el COMBO ICE. Ese movimiento en Limón reflejó el descontento con el Gobierno de sectores campesinos, trabajadores bananeros y transportistas independientes, pues se habían alcanzado acuerdos que el Gobierno no cumplió.

Producto de esto, se unieron esos sectores e hicieron un llamado a protestar. Se realizaron movilizaciones muy fuertes en Limón, Siquirres y Guápiles, produciéndose enfrentamientos con la Policía Anti-motines en todos los puntos. Los más delicados se dieron en Guápiles, cuando un grupo de campesinos, por circunstancias especiales, amarraron a varios policías y, ante esto, el Ministerio Público realizó una acusación muy política contra mi persona, acusándome de “secuestro extorsivo”, cargo con el cual me han procesado en varios juicios durante quince años.

PS: ¿Cuáles son las incongruencias de este proceso penal en tu contra?

OB: Se han realizado cinco juicios en contra mía. En el penúltimo proceso, realizado hace en 2014, yo fui absuelto por un Tribunal Penal de Guápiles con las mismas pruebas documentales y testimoniales que se utilizaron para condenarme el pasado 16 de setiembre. Esta es una primera valoración que hay que realizar: ¿cómo un tribunal me absolvió hace dos años, mientras que otro me condenó a 12 años de prisión con las mismas pruebas?

Explicar la irresponsabilidad de los jueces en este último juicio es complejo, pero se aprecia bien al leer la sentencia:¡Ahí se establece en hechos no probados que Orlando Barrantes no participó en el secuestro de los policías, pero de seguido en hechos probados se me condena! Además, el tribunal no incluyó en la sentencia la declaración de dos testigos vitales, los campesinos Olivier Vargas y Roger Sánchez, quienes participaron en los hechos, pero como ya la causa está prescripta desde hace dos años, ellos testificaron que amarraron a los policías. Esta declaración, que es vital para que el tribunal tomara una decisión, de forma extraña, fue eliminada de la sentencia. Eso es una muestra de cómo el proceso tiene una intención meramente política que tiene como propósito golpear al movimiento social.

PS:Estabas en prisión preventiva, ahora estás libre… ¿Qué curso tomará el proceso legal?

OB:Luego de conocer la sentencia, acudimos al Tribunal de Apelaciones en Guadalupe donde presentamos tres apelaciones solicitando que se anule el juicio y se me declare inocente, entre otras cosas.

Las tres apelaciones ya fueron revisadas por los tribunales de Guápiles y en las próximas semanas será trasladado a los tribunales en Guadalupe, ahí se lo deben asignar a un magistrado para que analice los recursos de apelación. De tomarse una decisión desfavorable a nuestra solicitud, nos resta acudir a Casación.

PS: Mientras estuviste en la cárcel se desarrolló un movimiento en solidaridad con tu caso, que en alguna medida contribuyó a instalar la denuncia de juicio político. Ahora que estás en libertad, ¿qué llamado le haces a las organizaciones sindicales, estudiantiles, comunales, partidos políticos…?

OB:En tantos años de lucha, siempre hemos denunciado que el Estado busca criminalizar la protesta social, ahora con mi caso resulta muy evidente que el Estado va a aprovechar cualquier movimiento para encarcelar o “castigar” a los que no estén de acuerdo con sus políticas.

Lo principal que el movimiento social debe entender es que hay una política que busca que los que no están conformes con las decisiones gubernamentales no protesten. Pero las sociedades no pueden funcionar así. Si el gobierno produce injusticias, la gente tiene el derecho de manifestarse contra ellas. Si el Estado intenta impedir ese derecho entramos en problemas.

Vemos también los casos de los muchachos de la Cajay los compañeros que fueron juzgados en Limón. Lamentablemente, el pronóstico que se puede hacer es que a medida que las protestas sociales aumenten, la represión va a ser mayor. La cárcel será un recurso que el Gobierno va a utilizar cada vez más.

En mi caso, con la alta condena que se me dictó y la prisión preventiva de seis meses, se muestra que vienen sin contemplaciones.  En ese sentido, mi caso sirve para reflexionar sobre la necesidad de prepararnos para defender el derecho a la protesta.