Al cierre de esta edición se hizo público el nuevo “protocolo de seguridad” impulsado por Patricia Bullrich y Mauricio Macri, y avalado por los gobernadores de las provincias y el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Este instrumento representa un endurecimiento reaccionario del régimen político argentino, el cual atenta contra el más elemental e intocable de los derechos democráticos: el derecho a la protesta.

Macri, ahora por intermedio de su ministra de Seguridad y con el aval del arco político patronal,continúa con la política antidemocrática y autoritaria de atentar contra todas las instancias democráticas. Como ya lo había esbozado en su primera semana de gobierno, en la cual hizo uso y abuso de los decretos de necesidad y urgencia para imponer su voluntad a como diera lugar, ahora da un salto en calidad y pretende “marcarle la cancha” a todos los sectores populares y a los trabajadores por medio de este protocolo, para de esta forma impedir que estos se manifiesten libremente.

El derecho a la protesta: de intocable a intangible

El gobierno está cercenando el derecho a la protesta, el cual pierde toda sustancia y materialidad.

El protocolo, en sus considerandos, empieza anteponiendo el derecho a la protesta a otro montón de derechos. En su letra dice así:“manifestar en la vía pública, es una de las formas de expresión de derechos amparados constitucionalmente, tales como el derecho de peticionar a las autoridades, el de libertad de expresión, el derecho de reunión, o el derecho de huelga”. Hasta aquí nos recitan un canto a la libertad, para inmediatamente agregar “[estos] suponen, que quienes no participan de una manifestación en la vía pública, no vean afectados sus derechos a circular libremente, a trabajar y ejercer toda industria lícita, a comerciar, a educarse y demás derechos también amparados constitucionalmente.”

Quizás esto pueda sonar inofensivo. ¿Acaso no nos enseñaron qué el derecho de uno termina donde empieza el derecho del otro? Este cuento de hadas es parte de la ideología burguesa que postula que la sociedad está apoyada sobre la armonía social en donde no existen intereses antagónicos entre los opresores y los oprimidos. Pero no hace falta detenernos en la teoría de la lucha de clases para dar cuenta que esto es una mentira; basta sólo con prestar atención a la contradicción de contenido que encierra el mismo texto.

Si leemos atentamente este considerando veremos que este afirma que el derecho a la protesta “supone” garantizar todos estos otros derechos. Es decir: que el derecho de huelga de los docentes “supone” que estos garanticen que se dicten clases; que el derecho a la huelga de cualquier trabajador, “supone” que este no entorpezca el derecho a comerciar de sus patrones”, y que una movilización en la calle, “supone” el no ocupar espacio en la vía pública el cual afecte el derecho a la libre circulación…

Un poco más abajo el texto va a despacharse con otra falacia ideológica: “es deber del Estado asegurar el orden público, la armonía social, la seguridad jurídica, y el bienestar general, por ello ante la alteración del ejercicio equilibrado de derechos, debe lograr su inmediato restablecimiento a los fines de garantizar la libertad de todos”. El Estado vendría a reestablecer “el equilibrio de las cosas”.

Pero elhechoes que la protesta social es la manifestación palmaria de que la “armonía social” es una ficción, que el “equilibrio” entre intereses opuestos e insalvables en el marco de la sociedad dividida en clases entre explotadores y explotados, es una mentira. Poner el Orden público y la susodicha “armonía” por encima del derecho a la protesta es negarle toda entidad a este último: es liquidar el derecho de manifestación, de lucha, de huelga.

El espíritu de este protocolo busca que los efectos de la protesta estén disminuidos punto tal que la misma tenga un impacto nulo en la sociedad: la mencionada “libertad de todos” se garantizaría mediante el recorte de los derechos de los de abajo y el sometimiento pasivo de estos a los mandatos de los de arriba.

Tres pilares del protocolo

El protocolo pretende anular el derecho a la protesta condicionando la forma en que los sectores populares se pueden manifestar. Esto se hace por distintasvías: cercenar el derecho a la protesta en sí, garantizar la impunidad de las fuerzas de represión, e intimidar a los trabajadores.

Basta de piquetes… y algo más

El primer ataque se realiza apuntando a la forma de lucha que se cercena: el “piquete” o corte de calles en general. El piquete no sólo es una herramienta histórica de la clase obrera en su lucha contra la patronal, sino que es un símbolo del Argentinazo de 2001. En este sentido,el ataque contra esta forma de lucha es la declaración de intenciones del macrismo y de la burguesía de dar por enterrado definitivamente a ese episodio de la lucha de clases que tanto los incomoda.

Pero atención que la cosa no va sólo contra el piquete. El protocolo menciona explícitamente el artículo 194 del código penal el cual reza: “El que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años.”

Poner este artículo como límite del derecho a la protesta deja criminalizado no sólo al piquete, sino también a las movilizaciones callejeras afectando integralmente el derecho a la movilización, a los cortes parciales de calles como los que realizan los estudiantes o los afectados por los cortes de luz; también ataca al derecho de huelga de los camioneros, de los choferes de colectivos, del personal portuario y aeronáutico, de los trabajadores telefónicos y de los servicios públicos en general, y la lista sigue.

Vigilar y castigar

Junto con el ataque a la movilización, están la impunidad para las fuerzas de represión y la intimidación contra los trabajadores.

Por un lado, se indica que los medios de comunicación y los periodistas deben serubicados en un lugar tal que no corran riesgos de ser afectados por la represión, y que no “interfieran en el procedimiento”. Es decir que las fuerzas de represión les van a imponer una ubicación estratégicamente pensada para que no puedan registrar los mecanismos de represión.

Junto con esto se hace pública la intención de registrar (filmar, fotografiar) a todos los trabajadores que se manifiesten en una protesta. Como bien sabe todo trabajador que se haya organizado o haya participado en una lucha, la patronal busca identificar a todos aquellos que son peligrosos o “zurdos” para luego poder “limpiarlos” de las fábricas.

Macri y compañía, como buenos burgueses que son, saben perfectamente que el anonimato y la organización clandestina son dos cuestiones vitales para la clase obrera con el fin de resguardar la organización y los puestos de trabajo. La amenaza de registrar todas las movilizaciones es una política intimidante que busca tratar de evitar que el obrero individual pueda camuflarse en la lucha colectiva, así como también, obviamente, atacar a la militancia de izquierda.

“Si quieren que los escuchemos, los vamos a escuchar” (Patricia Bulrich)

Estas fueron la palabras que pronunció la Ministra de Seguridad cuando anunció el acuerdo alcanzado con las provincias alrededor del “protocolo antiprotesta”. La ministra trata de terminar de desvirtuar el sentido de toda lucha. Cuando ella dice esas palabras, oculta que en realidad nadie realiza una huelga o corta una calle con la intención de que el gobierno o la patronal “los escuchen” y “se enteren” de que hay problemas. Toda protesta se hace luego de verificar que los de arriba no tienen ninguna intención de ceder a los reclamos de los de abajo; por eso es que se las conoce como “medidas de fuerza” y no “medios de comunicación”.

No obstante esto, al final la culebra soltó el veneno al afirmar que“no vamos a permitir que nos extorsionen”. Es interesante la palabra elegida por la otrora montonera devenida en “organizadora de la represión estatal”. Extorsionar es tratar de obligar a otro a realizar una acción que él no desea. Desde esta óptica toda medida de lucha de los trabajadores es una “extorsión” contra la patronal o su gobierno. Pero esta “extorsión” es uno delos más sagrados derechos de los trabajadores junto con el de su organización, y juntos soncondiciones vitales de existencia; ¡derechos que subproducto de históricas luchas, están incluso consagrados en la Constitución Nacional!

La firma de este protocolo es una declaración de guerra del gobierno, el cual es parte de la pata represiva de su plan de ajuste al servicio de las grandes empresas y del imperialismo.

Los trabajadores junto a todos los sectores democráticos tenemos que organizar la más unitaria acción para derogarlo.