En la madrugada del 24 de marzo la Fuerza Aérea detiene a la Presidenta Isabel Perón y las Fuerzas Armadas toman el gobierno. La represión que había sido ya una constante en la vida política del país                     durante el gobierno peronista, va a dar un salto cualitativo. El mismo 24 de marzo a poco de iniciado el golpe, coches y camiones se dirigirán hacia las fábricas y domicilios de dirigentes sindicales y políticos. René Salamanca, secretario general del SMATA-Córdoba será secuestrado en las primeras horas de ese día y desde entonces se encuentra desaparecido, al igual que otros dirigentes y en la fábrica Propulsora de La Plata el Ejército ocupará la planta deteniendo y haciendo desaparecer a delegados y activistas. La burocracia sindical peronista no mueve un dedo para resistir el golpe, inclusive algunos sectores colaboraran con los militares. Sobretodo aportando datos para la represión del activismo clasista y combativo. El golpe que encabeza el general Jorge R. Videla cerrará la etapa de ascenso abierta por el Cordobazo en el 69 y                     corta un proceso de profunda experiencia política. Sobre las conclusiones del golpe se ha escrito y hablado mucho y es importante no perder de vista las conclusiones políticas que tal hecho acarreó.

Dos días antes del golpe, el secretario general de la CGT Casildo Herrera, al querer ser entrevistado por la prensa uruguaya en Montevideo sobre la situación política argentina, responde: “Yo me borré”. Junto a él también estaban Pedro E. Álvarez del gremio de espectáculos, Abelardo Arce de la Alimentación, Ramón Elorza del Sindicato gastronómico y José Rodríguez del SMATA, entre otros. De este modo la mayoría de la burocracia sindical peronista va a posicionarse frente al golpe. Algunos dirigentes como Lorenzo Miguel del gremio metalúrgico creyeron que aún había posibilidades de negociar con los militares y fueron detenidos. Y tanto los que se “borraron” como los que se quedaron cooperaron con las autoridades militares en marcar al activismo combativo.

La represión se lanza sobre la vanguardia política y sindical. Los partidos de la izquierda son proscriptos y disueltos por decreto (1) y deberán seguir activando en la clandestinidad. Los partidos burgueses sólo verán suspendida su actividad.

A pesar de esta situación sectores importantes del movimiento obrero resistirán las primeras medidas del gobierno militar. En el mismo mes de marzo los trabajadores de IKA Renault-Córdoba, inician el trabajo a reglamento y en el mes de abril la sección Pintura de la General Motors de Barracas inicia medidas de fuerza, ante lo cual efectivos militares ocupan la planta y secuestran a tres trabajadores. Entonces el resto de los trabajadores paraliza totalmente la fábrica y logra que los trabajadores sean liberados. En el mes de mayo comienzan paros rotativos de quince minutos en Mercedes Benz y se continuarán en la Chrysler de Monte Chingolo. El 14 de mayo los obreros de la metalúrgica Del Carlo paralizan la planta por la detención de su dirigente Pedro Apaza y otros trabajadores que serán desaparecidos.

Los trabajadores de Luz y Fuerza sufren los despidos de más de 200 trabajadores, entre los cuales se contaban sus delegados e inician una huelga de brazos caídos. La dictadura va a recortar además conquistas obreras del sector. El sindicato contenía a los trabajadores de SEGBA, Agua y Energía, DEBA y la Compañía Italo Argentina de Electricidad.                     En la primera quincena de octubre, el Ejército ocupa los lugares de trabajo donde se desarrollan las medidas y desalojan a los trabajadores. A esa altura el conflicto abarcaba a 36.000 trabajadores y se había extendido a toda la Capital Federal, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y provincias del Norte. Los telefónicos, en solidaridad con sus compañeros lucifuercistas, también toman medidas. El conflicto eléctrico se profundiza y continúa durante diciembre y enero del 77 con apagones y la represión sobre los activistas. Son detenidos trabajadores pero la lucha continúa y en febrero de 1977 la dictadura militar va a asestar un golpe decisivo al conflicto. El viernes 11 de febrero a poco de salir de su casa en Villa Dominico es secuestrado Oscar Smith, secretario general del gremio y nunca más va a aparecer. Este hecho determina el debilitamiento del conflicto que terminará con la derrota de los trabajadores.

Durante los años siguientes serán los sectores obreros los que mayor resistencia oponen al gobierno genocida de Videla. Pero en el marco de una relación de fuerzas adversas a los trabajadores. Asentado sobre la base social de la burguesía y amplias capas medias y con la venia del imperialismo, los militares consolidarán su poder. Para llevar adelante un plan económico de la mano de José A. Martínez de Hoz, acorde con los nuevos dictados del FMI y el Banco Mundial. Un plan que sentará las bases para la flexibilización y la superexplotación laboral, la especulación financiera y una mayor dependencia económica de nuestro país a partir del crecimiento de la fraudulenta deuda externa que pagará un salto de los 9.000 millones de dólares al fin del gobierno de Isabel Perón a 30.000 millones al fin de la dictadura.

Algunas conclusiones

El golpe militar del 76 finalmente va a terminar con la etapa de ascenso obrero impuesta con el Cordobazo. El imperialismo y la burguesía probaron hacerlo con las elecciones del 73, con la vuelta de Perón y con el gobierno de Isabel y López Rega y cada uno de esos intentos, si bien fueron importantes mediaciones no detendrán definitivamente la ampliación de las luchas y el surgimiento de nuevos activistas y militantes políticos de izquierda. Desde el lado obrero,                     las distintas posiciones políticas en la vanguardia serán parte fundamental de esta etapa. Lamentablemente, la guerrilla, tanto su versión peronista como la nacional populista del ERP, que al momento del golpe estaban prácticamente derrotadas, no fueron la salida política para pelear por la independencia política de los trabajadores.                     Los Montoneros, incapaces de romper con el peronismo y el ERP aferrado a su concepción populista militarista, a pesar del heroísmo y la abnegación de sus militantes, quedarán aislados del movimiento de masas y presa relativamente fácil de la represión. El reformismo oportunista del Partido Comunista levantará antes del golpe la necesidad de un gabinete de gobierno cívico- militar. Esta posición tendrá su vergonzante continuidad al considerar a Videla el ala “democrática” del gobierno militar mientras torturaban y asesinaban a muchos de sus militantes. El Partido Socialista de los Trabajadores fue uno de los pocos sectores que consecuentemente planteó la necesidad de construir un partido obrero revolucionario a caballo del ascenso revolucionario.

Con la represión al activismo y su eliminación física, los militares, brazo armado de los patrones, abortaron                     el proceso de maduración de esa vanguardia de revolucionarios. Los sucesivos gobiernos «democráticos” no harán más que profundizar las penurias de los trabajadores y los sectores oprimidos.

Queda en pie entonces y a pesar del tiempo transcurrido, hoy más que nunca, la necesidad de pelear por la relanzamiento de la lucha por el socialismo a partir de una política estratégica de independencia de clase.

(1) Sólo el Partido Comunista no es disuelto sino que se decreta la suspensión de su actividad y conserva sus locales propios. No obstante lo mismo sufrirá el secuestro y la cárcel de militantes.