El Rodrigazo fue el plan económico puesto en marcha el 4 de junio de 1975 por el entonces ministro de Economía, Celestino Rodrigo. Por aquel entonces se estaba produciendo una crisis económica de envergadura. El costo de vida alcanzaba el 80% y en la canasta de precios llegaba casi al 75%.

La crisis económica era agravada a su vez por el contexto de inestabilidad política que sufría el país. La muerte de Perón había dejado en el gobierno a Isabel Martínez, su esposa, junto al siniestro José López Rega, ministro de Bienestar Social y orientador fundamental de la política reaccionaria y fascistoide que tenía el gobierno peronista. El punto de apoyo del plan de Rodrigo estaba en limitar los salarios que, desde febrero, estaban en discusiones de paritarias. El gobierno planteó entonces la anulación de los convenios laborales a cambio de un aumento general de salarios del 40%. Los gremios como el SMATA, UOM, UOCRA y textiles, entre otros, habían logrado aumentos que superaban el 100%. Esto fue lo que provocó la explosión de los trabajadores, fundamentalmente del sector industrial.

Desde febrero de ese año había comenzado un proceso, aún molecular, en distintos sectores obreros ante el comienzo de las discusiones paritarias. En Córdoba, los obreros de IKA Renault decidieron en asamblea hacer abandono de tareas. Con distintos grados y medidas la movilización fue desarrollándose en fábricas de Córdoba, Santa Fe y el Gran Buenos Aires.

La burocracia sindical peronista, con Casildo Herrera, secretario general de la CGT, y Lorenzo Miguel, de la UOM, a la cabeza, se ve obligada a exigir a Isabel la homologación de los convenios. Ante la negativa del gobierno, la CGT llama sorpresivamente a una huelga general para el 27 de junio, con una imponente movilización a Plaza de Mayo. Muchos obreros de la construcción que unos días habían ido a la Plaza, llevados por la burocracia, a corear “¡Gracias Isabel!”, volvieron para insultar a la presidente y a López Rega.

La contraofensiva obrera

La movilización se desarrolló a partir del surgimiento de las Coordinadoras fabriles que nucleaban a las fábricas de distintos gremios de una zona. En el Gran Buenos Aires se formaron las coordinadoras de zona Norte, Sur y Oeste (La Matanza) y en Capital Federal la coordinadora del Transporte (subtes e interlíneas de colectivos) y la de Capital norte, organizada alrededor de Grafa, una fábrica textil que empleaba a 4.200 obreros.

Las grandes fábricas quedaron paralizadas desde el 27, y desde entonces se sucedieron diariamente movilizaciones a la CGT para exigirle a la burocracia peronista a que llamara a un paro general hasta lograr la homologación de los convenios, en marchas organizadas y dirigidas por las respectivas coordinadoras. Miles de obreros y obreras se concentraban frente al viejo edificio de la calle Azopardo y desde las escalinatas de la facultad de Ingeniería hablaban los dirigentes de las fábricas. Los oradores denunciaban el plan del gobierno y planteaban la necesidad de enfrentarlo con una huelga general por tiempo indeterminado hasta hacerlo caer. “¡14.250 o paro nacional!” fue la consigna voceada por los trabajadores en esas concentraciones. En los anocheceres de aquel invierno, por la avenida Madero, relucían los miles de cascos amarillos de los obreros de Propulsora Siderúrgica de La Plata, o las nutridas columnas de la zona norte que hormigueaban por el centro.

Por su parte la burocracia la burocracia trataba de negociar con el gobierno sin llegar a la huelga general. Pero el gobierno se mantenía inflexible. En tanto, las movilizaciones obreras seguían desarrollándose en forma independiente de la conducción burocrática de los sindicatos, que veían en las coordinadoras el germen de una nueva dirección.

El 3 de julio las coordinadoras fabriles llamaron por su cuenta a una gran movilización a la Plaza de Mayo. Pero el gobierno se lanza a reprimir: la policía enfrentó y dispersó la columna de la zona norte en Panamericana y General Paz, la coordinadora de zona sur choca con la policía en el Puente Pueyrredón, mientras que en capital más de dos mil obreros de los turnos mañana y tarde son gaseados en las puertas de la fábrica Grafa. Los obreros entonces volvieron a entrar a la fábrica y la tomaron, rodeados por la policía hasta la noche. La jornada dejó también más de un centenar de trabajadores detenidos.

Al día siguiente la burocracia emite descaradamente un comunicado en donde “exhortan a todos los trabajadores a mantenerse férreamente unidos, solidarios y disciplinados a sus legítimos organismos de conducción gremial y no dejarse utilizar por elementos que aprovechando la difícil situación por la que atraviesa el país quieren llevar a una perturbación que impide resolver los grandes problemas” (Clarín, 4-7-75). No obstante la represión sufrida el 3 de julio, la movilización obrera se mantiene y se extiende.

Finalmente, la burocracia, atenaceada entre la intransigencia del gobierno de Isabel y la creciente movilización obrera, declara una huelga general de 48 horas, el 7 y 8 de ese mes. A las 36 horas de paro, el gobierno anuncia la homologación de los convenios y unos días después, el 11 y el 18 de julio, respectivamente, caen el Ministro de Bienestar Social, José López Rega y el ministro de Economía, Celestino Rodrigo.

El “Rodrigazo” atacó las conquistas obreras a partir de desconocer las convenciones colectivas de trabajo y fue parte de un proyecto político reaccionario encarnado en Isabel y su esotérico ministro López Rega. Por aquellos días la funesta Triple A creada por el gobierno asesinaba a militantes y activistas. El triunfo de la movilización obrera golpea al gobierno, y la burguesía comienza a ver la necesidad de otra salida política que, ante todo, termine con el ascenso obrero y “estabilice” el país.

Las jornadas de junio-julio demostraron el potencial de la clase obrera y son una fuente permanente de enseñanzas, más allá del tiempo y de las nuevas condiciones por las que transita una nueva clase trabajadora en nuestro país.