La prisión de un grupo de militares responsables del asesinato de la luchadora Berta Cáceres, dirigente del Consejo de Organizaciones Indígenas de Honduras, es un hecho significativo bajo un régimen donde reina la impunidad para esos crímenes. Esto se debe a la gran repercusión y protestas nacionales e internacionales que desató este hecho. Pero también refleja una profunda crisis del Estado. En este artículo, los compañeros de Honduras analizan la situación abierta. Recomendamos la lectura de más textos de este número de la revista “Tinta Roja”, que puede bajarse en .pdf desde el index más bajo de nuestro portal. (SoB, redacción).

El asesinato de Berta Cáceres en el marco de la lucha contra el proyecto Agua Zarca y más en general la política extractivista y entreguista del actual gobierno de Juan Orlando Hernández; y el informe que señala a la cúpula policial del asesinato del llamado “zar antidrogas”, el Gral. Julián Arístides González, son sólo los dos aspectos más espectaculares de la profunda crisis del Estado burgués hondureño.

La realidad hondureña se presenta cada vez más compleja. Crisis económica, crisis institucional, crisis de credibilidad, corrupción, impunidad, abierta injerencia de EEUU, y un largo etcétera, son la expresión cruda de la profunda crisis del sistema capitalista hondureño.

La actual coyuntura se caracteriza por un gobierno relativamente fortalecido frente a un movimiento popular y social debilitado, en el marco de esa profunda crisis del capitalismo hondureño y con una injerencia imperialista superior a lo visto en los últimos 50 años.

Una economía estancada pese a la violencia de los ajustes aplicados, sobrevive por las remesas de los emigrados y el narcotráfico. En medio de esta crisis social, miles de trabajadore/as se van en busca de empleo a EEUU o España. Simultáneamente, una espiral de delincuencia, crimen organizado y homicidios amparados en casi total impunidad. La corrupción que corroe toda la sociedad.

Formación del capitalismo hondureño

En Honduras las compañías bananeras –que inician su actividad a finales de siglo XIX– le dieron forma al capitalismo, provocando una sustitución de la incipiente burguesía nacional y al mismo tiempo proletarizando las masas campesinas.

Al fin de la Segunda Guerra Mundial y el avance de los procesos revolucionarios y democratizadores en el mundo, en Honduras crecieron las luchas. La histórica Huelga de los Obreros Bananeros de 1954 fue acompañada por la mayoría de los trabajadores y apoyada por la población. El imperialismo tuvo que admitir cambios en la forma de dominación y las instituciones políticas, y permitir el surgimiento de una burguesía nacional (Amaya Amador, 1963).

Esta formación económica y la política del imperialismo condicionaron a la moderna burguesía hondureña (esencialmente de origen árabe y judío). Esta burguesía es orgánicamente proimperialista (su supervivencia económica depende de negocios con EEUU más que del mercado interno) y profundamente parasitaria (tributaria de los programas y contratos con el Estado). Un claro ejemplo es el caso de Miguel Facussé y la Corporación Nacional de Inversiones (CONADI).[¹]

De este proceso de construcción de una clase poseedora surgió una burguesía esencialmente corrupta y entreguista, que en los tiempos de crisis no duda en asociarse con el crimen organizado, poniendo a su disposición las instituciones estatales que le garanticen la impunidad en su enriquecimiento a cualquier precio.

Buscando un nuevo enclave

Con el declive de la producción bananera desde finales del siglo pasado, el régimen democrático-burgués bipartidista entró en crisis. Es que no surgió una nueva actividad que permitiera estructurar la vida económica y política a su alrededor, acelerado por la devastación que causó el huracán Mitch en 1998 y en momentos que se impulsa un nuevo proceso de reparto del mundo mediante bloques económicos.

A partir del Siglo XXI esta debilidad estructural es mediatizada primero con la llegada de remesas que se convierten en el principal proveedor de divisas producto de la migración masiva hacia EEUU (en 1998 se recibieron U$S 220 millones por remesas y en el año 2014 U$S 3,353.20, superando las exportaciones totales); y después con las actividades económicas generadas por el narcotráfico.

Las remesas son la principal fuente de ingreso de divisas y contribuyen a paliar el déficit comercial y ayuda al pago de la deuda externa. Juegan un papel fundamental en el ingreso de las familias compensando el desempleo y los bajos salarios. No obstante económicamente no contribuyen a fortalecer la economía ya que se invierte en gastos de consumo en muchos casos importados. Además tiene el inconveniente de estar en contradicción con la política migratoria de EEUU sobre todo en tiempos de crisis.

Finalmente el narcotráfico (del cual no existen cifras ni datos serios) ha jugado un rol económico fundamental en regiones enteras como el caso del Aguán. Además de los altos ingresos que genera para los directamente involucrados (y que se traducen en consumo e inversión); mediante el lavado de activos genera empleo en diversas áreas económicas siendo un factor de “desarrollo” en regiones como por ejemplo el Aguán y Copán. Este rubro también choca con los intereses gringos.

A partir de esta realidad económica, el gobierno, siguiendo la lógica del neoliberalismo a ultranza apuesta a la venta del territorio (ciudades modelo, política extractivista) como una forma de crear desde el Estado una nueva economía de enclave como en los tiempos de oro de las bananeras.

El terrorismo neoliberal

Tras el golpe de Estado del 2009, el régimen quedó con la manos libres para implementar un violento plan de ajuste en el marco del modelo neoliberal. Tres aspectos fueron centrales: 1) brutal transferencia de ingresos de los asalariados a favor de la burguesía; 2) acelerado proceso privatizador de empresas y servicios públicos; y 3) dura política fiscal contra el consumidor final, las profesiones independientes, el comercio y la pequeña empresa.

Esta política, impulsada por el FMI tiene por objetivo garantizar el pago de la deuda externa y poner en manos de los capitales extranjeros los recursos del país. Por esa razón, a pesar de la reducción del aparato de Estado y la privatización de los servicios, el déficit fiscal continúa en aumento, provocando nuevo endeudamiento. Un ciclo en que el pueblo hondureño es sacrificado, mientras la burguesía, incapaz de ofrecer alternativa al dictado imperialista, se conforma con las migajas que caen del aparato de Estado mediante la corrupción, la impunidad y todo tipo de enriquecimiento incluyendo el lavado de activos.

Garantizar la implementación del plan económico imperialista sólo era posible mediante un golpe de Estado que concentrara el poder y derrotase la movilización popular. Ese es el régimen que actualmente representa el gobierno de Hernández.

Un régimen asentado en instituciones que formalmente son parte de la democracia burguesa pero que han vaciado su contenido de democracia formal para ser reemplazado por la imposición autoritaria, de facto, dictatorial según las necesidades del imperialismo y la burguesía hondureña.

La propia “legitimación” del gobierno mediante mecanismos electorales fraudulentos, pasando por el descabezamiento e imposición (mediante diversas figuras pseudo legales) de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, del Fiscal General, del Tribunal Supremo Electoral, del Procurador General, del Comisionado de los Derechos Humanos, son lo opuesto a cualquier modalidad de democracia burguesa formal, en particular la existente en Honduras en las décadas anteriores.

Dichos cambios no son poca cosa. Recordemos que en 1984 –cuando el gobierno liberal de Suazo Córdova quiso imponer las mismas medidas que Juan Orlando Hernández, estalló una profunda crisis política interburguesa con movilizaciones populares que impidieron las medidas dictatoriales y dieron paso a la instauración del régimen democrático burgués bipartidista (asentado en la llamada Alternativa “B” en el proceso electoral y en el Pacto de Unidad Nacional, entre liberales y nacionalista, tras la toma de posesión de Azcona como presidente.

En el caso de JOH, el asalto a la democracia formal burguesa ha triunfado.

Represión, crimen organizado, sicariato

Pero como en todo régimen autoritario, de facto, ese cambio y control sobre las instituciones, sólo es posible mediante el uso, el respaldo y el control de la fuerza militar y represiva. Y éste es el aspecto fundamental del régimen actual.

Se ha militarizado la sociedad, con la excusa de la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico, la extorsión y la delincuencia en general. Se han creado nuevas fuerzas policiales y militares, de investigación y de inteligencia, y nuevas leyes que dejan sin efecto las garantías constitucionales sobre la libertad y la dignidad humana.

Y sobre todo, se ha incrementado la presencia e injerencia de las tropas militares gringas como parte de la geopolítica militar del imperialismo norteamericano.[¹]

Este proceso de militarización se ha hecho con los aparatos represivos tradicionales del Estado burgués pero que en el caso particular de Honduras se habían aliado con el crimen organizado y el narcotráfico y al dar su respaldo a la necesidad represora del golpe de Estado, lograron una impunidad institucional total para sus crímenes, incluyendo el apoyo del imperialismo.

Según el New York Times, quien entonces ejercía como secretario de Estado adjunto, William Brownsfield, declaró en mayo de 2013 que “si el gobierno de EEUU no trabajaba con la policía, tendría que trabajar con el ejército, que casi todo el mundo ve peor en cuanto a que casi todo el mundo acepta que son peores que la policía para ejercer labores de seguridad ciudadana, o la comunidad se tomará la justicia por su propia mano. En otras palabras, eso sería la ley de la jungla: donde no hay policía y cada ciudadano se arma y está preparado. Esas son las tres opciones y aunque la policía pueda tener ahora algunos defectos, es la menos mala de las opciones disponibles”.[²]

Una perspectiva de crisis recurrentes

La combinación de todos estos factores nos indica que lejos de haberse estabilizado el país –aún con el fortalecimiento del régimen bonapartista–, sigue abierta la posibilidad de crisis recurrentes debido a la debilidad de la economía y las contradicciones del proceso de acumulación. Las medidas neoliberales no sólo profundizan las condiciones precarias de los sectores trabajadores. También afectan a las clases medias, profesionales independientes e incluso a sectores de la burguesía contrarios al grupo de poder de Juan Orlando Hernández.

La inexistencia de alternativas diferentes al neoliberalismo en las filas de la burguesía y la falta de oposición política desde los partidos parlamentarios, son aprovechados por el sistema y en particular el gobierno para capitalizar a su favor el conflicto interburgués.

En este marco, es la movilización contra el gobierno y sus políticas la que puede desestabilizar el proyecto bonapartista neoliberal.

Las condiciones para esta movilización estarán planteadas como luchas de diferentes sectores. Sin embargo, dicha movilización sólo podrá tener frutos en la medida que el movimiento popular retome la movilización independiente y democráticamente organizada, dejando de ser apéndice de cualquier sector burgués.

En particular la clase obrera es la que está más condicionada en sus luchas por la perspectiva del desempleo. Sin embargo, hay un importante sector de trabajadores jóvenes que están haciendo sus primeras experiencias laborales. Empiezan a cuestionar dichas condiciones junto al cuestionamiento a la clase política y a las direcciones del movimiento popular. Muchos de ellos están en las universidades.

Se abre una coyuntura en la que, junto a las ilusiones en salidas inmediatas e individuales a la crisis, hay una mayor predisposición a escuchar otras alternativas no condicionadas por las dirigencias, como fue el período de la lucha contra el golpe. Sin embargo, debemos recordar que estas nuevas generaciones parten casi de cero en su nivel de conciencia, sin memoria histórica y con una visión muy superficial de la realidad y de la política.

Notas:

1.- Ver Carlos Amaya, «Tras la sombra de Carías», Tinta Roja, mayo 2014.

2.- Alberto Arce, “Tres generales y un cartel: violencia policial e impunidad en Honduras”, New York Times (en español), 15/04/2016.