Compartir el post "Honduras – Implicados en el asesinato de Berta Cáceres van a la cárcel"
Las protestas y presiones nacionales e internacionales lograron un primer paso
Como resultado de la enorme presión nacional e internacional, el pasado 8 de mayo se dictó auto de formal procesamiento con prisión preventiva para los cuatros implicados por el asesinato de Berta Cáceres, el pasado 3 de marzo. Berta era la dirigente de la Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). Se pidió también prisión preventiva para un quinto acusado.
Los detenidos son: Sergio Ramón Rodríguez Orellana, gerente social, ambiental de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA); Douglas Geovanny Bustillo, teniente retirado de las Fuerzas Armadas de Honduras, quien se desempeñó como subjefe de seguridad de la misma empresa; Mariano Díaz Chávez, mayor de las Fuerzas Armadas, , quien en la actualidad era instructor de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) y miembro de las Fuerzas Especiales; Edilson Atilio Duarte Meza, contratado supuestamente como sicario; y Emerson Eusebio Duarte, hermano gemelo de Edilson Duarte.
La investigación ha sido manejada en total secretividad. Sin embargo, algunos datos filtrados indican que recibieron 500 mil lempiras (u$ 22.000) por cometer el crimen[1]. Se está investigando además a un vicealcalde, a un diputado del Congreso Nacional y algunos empresarios[2]. El Ministerio Público reconoció el apoyo de Estados Unidos y de Colombia que asesoraron las investigaciones.
Las detenciones ponen en evidencia la participación de la empresa DESA, denunciada hasta el cansancio por sus amenazas a muerte contra Berta Cáceres y los miembros del COPINH. Asimismo, la participación directa de elementos de las Fuerzas Armadas de Honduras, también denunciados en su momento.
Esto echa por tierra los intentos de querer tipificar el asesinato como “intento de robo”; “crimen pasional” o “diferencias internas en la organización”. Esas calumnias llevaron a la detención de dos miembros del COPINH y al escándalo de declarar “alerta migratoria” –no dejar salir de Honduras– contra Gustavo Castro activista mexicano, único testigo del asesinato de Berta, y que resultó herido en el ataque.
La empresa DESA y las Fuerzas Armadas
Dos de los detenidos son altos empleados de DESA en el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. Uno es gerente social y ambiental (encargado de organizar el operativo) y el otro subjefe de seguridad, militar retirado quien contactó al mayor activo de las FFAA.
DESA es una sociedad anónima constituida en mayo del 2009 con un capital inicial de 25.000 lempiras, ampliando el mismo a más de 50 millones de lempiras en noviembre del 2011 con el ingreso como inversionistas de las empresas Potencia y Energía de Mesoamérica S.A. (PEMSA) e Inversiones Las Jacarandas S.A. representadas por José Eduardo Atala Zablah quien es nombrado Presidente de la Asamblea de DESA.
Eduardo Atala es parte de una de las familias más poderosas de Honduras, dueño de varias empresas, distribuidor oficial de John Deere, presidente del Club Deportivo Motagua (uno de los equipos de futbol más grandes). Algunos de los cargos que ostentó son presidente de la Cámara de Comercio Hondureño Americana (AMCHAM Honduras), vicepresidente de Asociación de Cámaras de Comercio Americanas en Latinoamérica (AACCLA), director por Honduras ante el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), miembro del Consejo Empresario de América Latina (CEAL), y miembro de Junta Directiva del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP). Eduardo Atala es primo de Camilo Atala Faraj, Presidente Ejecutivo del Grupo Financiero FICOHSA, el banco de mayor crecimiento en Honduras y el más beneficiado con las privatizaciones y fideicomisos en los últimos seis años.
El presidente de DESA, Roberto David Castillo Mejía, es sobrino directo del eterno diputado Rodolfo Irías Navas, del Partido Nacional[3] por Atlántida; es militar, graduado de West Point (2004) y laboró en el Departamento de Inteligencia y Contra inteligencia del Estado Mayor Conjunto.
El mayor de las FFAA, Mariano Díaz Chávez, instructor de la Policía Militar del Orden Público (fuerza represiva creada por el presidente Juan Orlando Hernández), es un destacado miembro del ejército con participación en misiones internacionales. En el 2003 y 2004 participó junto a las tropas gringas en “labores de paz” en Irak y el Sahara[4]. Fue contactado, según las informaciones del Ministerio Público, por el sub jefe de seguridad de DESA, teniente retirado de las FFAA.
El papel de Estados Unidos
Desde el mismo momento del asesinato de Berta Cáceres, el embajador de Estados Unidos en Honduras, James Nealon, se pronunció exigiendo una investigación a fondo. Incluso viajó a la Esperanza al velatorio de Berta y se comprometió ante la familia a poner los recursos de Estados Unidos para ayudar a resolver el caso. En sus comunicados siempre ha estado un paso adelante del presidente Juan Orlando Hernández, forzando a que este deba pronunciarse públicamente.
Con motivo de las detenciones manifestó que “Desde el principio, hemos hecho un llamado por una investigación exhaustiva sobre el asesinato de Berta Cáceres – una que siguiera las evidencias y que condujera a los que cometieron el crimen, incluyendo los autores intelectuales”.
Esta presión del embajador está determinada por el ambiente político preelectoral de Estados Unidos y las presiones que realizaron más de 60 congresistas que (tras la muerte de Berta) solicitaron formalmente al Secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, suspender “ayudas” a nuestro país[5]. Tras el anuncio de las detenciones, congresistas de los Estados Unidos solicitaron al secretario de Estado, John Kerry para que inste a las autoridades hondureñas en la participación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en las investigaciones del crimen.[6]
El mismo día que el Ministerio Público realizaba las detenciones de los asesinos de Berta, el presidente Juan Orlando Hernández viajaba a Washington a una reunión con el vicepresidente Joe Biden y los presidentes de Guatemala y El Salvador, para tratar sobre el paquete de u$ 750 millones para el presente año en el marco de la “Alianza para la Prosperidad”.
Según informa El Diario (de Nueva York) el 3 de mayo, tras la reunión a puertas cerradas Biden destacó la importancia de que los tres países aumenten los ingresos del Estado, el combate a la corrupción, y la protección de los defensores de los derechos humanos, así como la puesta en marcha de un plan para “profesionalizar la fuerza policial, y reducir el papel del Ejército” en la vigilancia interna, dijo la Casa Blanca.
El vicepresidente de EEUU también hizo mención de los “pasos positivos” en la región, incluyendo los “renovados esfuerzos de El Salvador en la seguridad ciudadana”, y la decisión del gobierno guatemalteco de renovar el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) hasta 2019.
También elogió el progreso de Honduras para establecer la Misión de Apoyo a la Lucha contra la Corrupción e Impunidad (MACCIH) en ese país[7].
La lucha sigue: faltan los autores intelectuales del crimen
El asesinato de Berta Cáceres todavía no se ha resuelto, faltan los autores intelectuales que ordenaron y pagaron el asesinato, y entre los cuales hay involucrados importantes empresarios y funcionarios públicos.
Pero también hay que señalar a los responsables políticos que crearon el ambiente para que las constantes denuncias del COPINH no se investigaran, garantizando la impunidad y el libre accionar de los asesinos materiales e intelectuales. A quienes desde el Estado y el gobierno debían proteger la vida de Berta Cáceres y garantizar las medidas cautelares que tenía desde el año 2010.
También es fundamental cancelar de manera definitiva el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca así centenares de concesiones que el gobierno ha otorgado para planes similares en nuestro país. ¡Hay que terminar con la política neoliberal y extractivista que se viene aplicando en perjuicio de la soberanía nacional y los derechos de las comunidades!
Notas:
1.- El Heraldo, 09/05/2016.
2.- El Heraldo, 06/05/2016.
3.- El Partido Nacional –de derecha ultraconservadora y proimperialista– encabezó políticamente el golpe de Estado de junio de 2009 contra el presidente Manuel Zelaya. Mediante brutales represiones, asesinatos impunes de luchadores y fraudes electorales, hoy sigue en el poder con el presidente Juan Orlando Hernández (JOH), que aspira a reeligirse. (Nota de SoB, redacción).
4.- El Heraldo, 3/5/16
5.- El Heraldo, 18/3/16
6.- El Heraldo, 5/5/16
7.- http://www.eldiariony.com/2016/05/03/obama-pide-a-centroamerica-continuar-reformas-para-reducir-emigracion-ilegal/
Sigue abierta la posibilidad de crisis recurrentes
(Del artículo “Frente a la crisis, no hay solución capitalista”, Tinta Roja 6, Honduras, abril 2016)
Pero como en todo régimen autoritario, de facto, ese cambio y control sobre las instituciones, sólo es posible mediante el uso, el respaldo y el control de la fuerza militar y represiva. Y éste es el aspecto fundamental del régimen actual.
Represión política, crimen organizado, sicariato
Se ha militarizado la sociedad, con la excusa de la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico, la extorsión y la delincuencia en general. Se han creado nuevas fuerzas policiales y militares, de investigación y de inteligencia, y nuevas leyes que dejan sin efecto las garantías constitucionales sobre la libertad y la dignidad humana. Y sobre todo, se ha incrementado la presencia e injerencia de las tropas militares gringas como parte de la geopolítica militar del imperialismo norteamericano.
Este proceso de militarización se ha hecho con los aparatos represivos tradicionales del Estado burgués. Pero, en el caso particular de Honduras, se habían aliado con el crimen organizado y el narcotráfico. Al dar su respaldo a la necesidad represora del golpe de Estado, lograron una impunidad institucional total para sus crímenes.
Pero, lejos de haberse estabilizado el país –aún con el fortalecimiento del régimen bonapartista–, sigue abierta la posibilidad de crisis recurrentes debido a la debilidad de la economía y las contradicciones del proceso de acumulación. Las medidas neoliberales no sólo profundizan las condiciones precarias de los sectores trabajadores. También afectan a las clases medias, profesionales independientes e incluso a sectores de la burguesía contrarios al grupo de poder de Juan Orlando Hernández.
La inexistencia de alternativas diferentes al neoliberalismo en las filas de la burguesía y la falta de oposición política desde los partidos parlamentarios, son aprovechados por el sistema y en particular el gobierno para capitalizar a su favor el conflicto interburgués. En este marco, es la movilización contra el gobierno y sus políticas la que puede desestabilizar el proyecto bonapartista neoliberal.
Lo decisivo: movilización independiente
Las condiciones para esta movilización estarán planteadas como luchas de diferentes sectores. Sin embargo, dicha movilización sólo podrá tener frutos en la medida que el movimiento popular retome la movilización independiente y democráticamente organizada, dejando de ser apéndice de cualquier sector burgués.
En particular la clase obrera es la que está más condicionada en sus luchas por la perspectiva del desempleo. Sin embargo, hay un importante sector de trabajadores jóvenes que están haciendo sus primeras experiencias laborales. Empiezan a cuestionar dichas condiciones junto al cuestionamiento a la clase política y a las direcciones del movimiento popular. Muchos de ellos están en las universidades.
Se abre una coyuntura en la que, junto a las ilusiones en salidas inmediatas e individuales a la crisis, hay una mayor predisposición a escuchar otras alternativas no condicionadas por las dirigencias, como fue el período de la lucha contra el golpe. Sin embargo, debemos recordar que estas nuevas generaciones parten casi de cero en su nivel de conciencia, sin memoria histórica y con una visión muy superficial de la realidad y de la política.
Por Carlos Amaya, Juventud Socialista-Socialismo o Barbarie (Honduras), 10/05/2016
