Macri y el Congreso preparan una gran estafa

Luego de semanas de incertidumbre política, la misma se cerró de manera adversa para los trabajadores, lo que hace más difícil la actual coyuntura. Gracias a la traición abierta y descarada de la burocracia de las CGT, el gobierno nacional pudo dar por cerrado, veto presidencial mediante, el proceso de crisis política que se había abierto con al movilización del 29 de abril y que se prolongó durante casi un mes. Este no es un dato para nada menor. La defección de los Moyano y compañía, le permitieron a Macri alzarse con una victoria, al mismo tiempo que alejar el fantasma de una crisis política. Esto sin embargo requiere algunas precisiones.

Por un lado, Macri, mediante el veto a la ley antidespidos, hizo una demostración de fuerzas de cara a su propia base social; demostración que pretendió escenificar su voluntad de ir al choque contra el movimiento de masas en aras del plan de ajuste. Ante el vergonzoso recule de la CGT, Macri pudo  mostrar un fortalecimiento de su propio gobierno. Otro factor que juega a favor del gobierno es la coyuntura regional, en particular las crisis políticas en Brasil y en Venezuela. Ambas se están procesando por derecha y están fortaleciendo el giro conservador regional que se iniciara con Macri en la Argentina. Muestras de cómo se retroalimentan los procesos es el pedido de intervención al país caribeño en la OEA, y acá el intento del PRO de justificar el ajuste y los tarifazos mediante el fantasma de convertirnos en Venezuela.

Pero esta relativa fortaleza contrasta con otro elemento estructural muy profundo que va en sentido contrario y que a la larga puede ser determinante: por abajo las condiciones de vida de millones de argentinos están empeorando día a día, lo que empieza a generar una bomba de tiempo que podría explotar.

Una ofensiva neoliberal en toda la línea

Como viene advirtiendo nuestro partido desde su conferencia de diciembre del año pasado, el gobierno del PRO-Cambiemos no es una mera continuidad del kirchnerismo, sino una vuelta de tuerca en sentido neoliberal en relación a la década anterior. Si el kirchnerismo fue un gobierno 100% patronal, también fue la respuesta burguesa a la rebelión popular de 2001. El Argentinazo había puesto en jaque el régimen político burgués y los K venían a reconstruirlo mediante algunas concesiones al movimiento de masas. Esa era la fortaleza, el límite y el carácter 100% reaccionario de los K. Pero el gobierno de Macri y Cambiemos es otra cosa. Ellos heredaron del kirchenrismo un país donde el Argentinazo es un recuerdo (aunque muy vigente), por eso su misión es la de retirar las concesiones que la burguesía se vio obligada a entregar. En el ADN de este gobierno no hay lugar para ninguna concesión a las masas: es un gobierno de los ricos, por los ricos y para los ricos.

Esta última definición es de extrema importancia; significa que toda medida que surja de este gobierno apunta a una nueva confiscación a los derechos de los trabajadores y los oprimidos en general; que la única manera de defender nuestros derechos y conquistar nuestras reivindicaciones pasa por la derrota de Macri y su plan de gobierno.

Allí entra el megaproyecto de ley “ómnibus” de blanqueo de capitales y pago a los juicios a los jubilados que el gobierno presentó en el Congreso. Ambos los tratamos exhaustivamente en esta edición. No obstante esto, debe quedar claro que de conjunto se trata de una enorme estafa en todos sus puntos que tiene como objetivos el tratar de conseguir alguna entrada de dinero en las arcas del Estado frente al hecho de que la “lluvia de inversiones” prometidas por los “CEOfuncionarios” del PRO, apenas es una triste garúa, y además otorgarles una amnistía fiscal a los burgueses locales que fugaron, evadieron y robaron al pueblo argentino durante décadas.

Así es como para hacer pasar esto montaron una enorme farsa que consiste en atar el pago de los juicios al blanqueo de capitales.

Para que se entienda bien esto debemos primero aclarar de qué se tratan los famosos juicios de los jubilados: el Estado nacional estafó a los jubilados durante años al congelar  las jubilaciones (cosa que prohíbe la Constitución) y así pagarles menos, es decir, les robó. Algunos de esos jubilados, los que más ganaban y por lo tanto tenían juicios más atractivos para los abogados, pudieron iniciar demandas en tribunales y obtuvieron sentencias favorables; pero el Estado siguió pedaleándolos y no les pagó, o lo hizo a cuentagotas. Es decir, los jubilados no necesitan de ninguna ley para que se les pague, sólo necesitan que se cumpla con la normativa vigente y con los fallos judiciales. Ya es un escándalo que hayan tenido que hacer juicios contra el Estado porque éste nunca cumplió con los criterios constitucionales que el mismo Estado dictó. Pero además esta nueva ley pretende únicamente reconocerles plenamente sus derechos a aquellos jubilados que ya tengan sentencia firme; y al resto reconocerle sólo una parte. Y no, como correspondería, pagarles a todos todo.

Por eso es que esta mega ley es una suerte de extorsión por la cual Macri, como representante de la burguesía más rica y también más corrupta, pretende que para cumplir con las leyes vigentes, primero se les deben perdonar todos los delitos fiscales que cometieron durante décadas, y mediante los cuales amasaron sus fortunas. Además, “de paso, cañazo”: pretenden votar el remate de las acciones de empresas que tiene la ANSeS, algo que sólo se puede hacer por medio de una ley aprobada con una mayoría especial (dos tercios de los diputados y senadores), mayoría que se pretende conseguir al amparo de la mentira del pago a los jubilados.

Una erosión constante del nivel de vida de las masas

Como venimos marcando, Macri viene desarrollando una ofensiva permanente contra los trabajadores: devaluación, tarifazos, despidos, inflación, baja de salarios y ajuste. El objetivo estratégico es bajar las condiciones de vida de la población. Esto puede parecer una exageración maquiavélica para demonizar al gobierno, pero no lo es.  Macri no lo hace porque es malo, lo hace porque es burgués y esa es la necesidad de la burguesía argentina. Veamos por qué.

El problema de la Argentina es que es un país con bajo nivel de rendimiento del trabajo debido a la incapacidad histórica de la burguesía que siempre antepone sus intereses particulares ante los intereses nacionales, para desarrollar el país. Esta situación redunda en un permanente problema de competitividad de la economía nacional: los productos argentinos son caros a niveles internacionales. Los mecanismos para enfrentar esta falta de competitividad son principalmente dos: o un desarrollo importante de las fuerzas productivas vía inversiones de capital que repercutan en un incremento de la productividad y con esto en una baja del costo de las mercancías de producción nacional, o una baja en el costo de producción de la mercancía vía la disminución del salario para así abaratarlos. La primera alternativa exige que la burguesía arriesgue su riqueza en el desarrollo del país y se enfrente en la competencia a las economías imperialistas, la segunda les carga la crisis en la espalda a los asalariados, en alianza con el imperialismo. ¿Por cuál creés que optará la burguesía?

El plan económico del PRO, aunque no está claro cuál va ser el motor que lo haga funcionar, se basa en transferir recursos desde los trabajadores hacia los empresarios. A esto lo llama “sinceramiento de la economía”. Así es como atacan al salario indirecto (subsidios a los servicios y los transportes, salud y educación) al mismo tiempo que baja retenciones; por eso devaluaron, para bajar los salarios en dólares. Y para evitar que los futuros aumentos de salarios se coman los “beneficios” de la devaluación, tienen que subir el desempleo a niveles tales que les meta miedo a los trabajadores a la hora de salir a pelear por aumento salarial. La frutilla del postre de este “círculo virtuoso PRO” es que a la larga, la caída del consumo popular termina poniéndole un límite a la inflación por medio de la caída de las ventas. Este plan económico ya está dando sus primeros frutos. La industria cayó en abril el 6,7%, y la construcción se desplomó en un 24,1%. A esto hay que sumarle que el consumo en los primeros cinco meses del año cayó un 30%, según datos de INDECOM (Ámbito Financiero 01/06/16).

Esto está generando una erosión permanente del nivel de vida de las masas, quienes se van ajustando por donde pueden: disminuyen el consumo de carne, caminan decenas de cuadras con tal de no tomar un colectivo, limitan al máximo el consumo de luz, gas. Esta política económica del empobrecimiento general la defendió abiertamente el economista Javier González Fraga, quien dijo que «Le hicieron creer a un empleado medio que su sueldo medio servía para comprar celulares, plasmas, autos, motos e irse al exterior. Eso fue una ilusión, eso no era normal». La nueva normalidad PRO es que con un salario no se va a poder comprar nada de eso, ni pagar la luz, el gas, el colectivo ni el pan.

La continuidad y profundización de esta situación es potencialmente explosiva, y aunque todavía inicial, por estos momentos y ante la deserción de la burocracia, está siendo el factor más dinámico de la situación política. El gobierno nacional es consciente de esto y aunque no parece estar dispuesto a dar marcha atrás, no significa que no mida las consecuencias de sus actos. Así es como en los últimos días llegó a un acuerdo con algunos gobernadores para poner un límite a los tarifazos en las provincias del sur y del norte del país. Este acuerdo consta en limitar los aumentos a sólo el 400% o 500% en luz y gas, aumentos que por otra parte estaban siendo cuestionados por la justicia que está dando lugar a numerosas medidas de amparo contra los tarifazos.  En este sentido fue clarificadora la reflexión del gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, quien marcó que en el retroceso parcial del gobierno: “más que las medidas cautelares, lo que impacta es la movilización de la gente, que creo que impacta tanto o más de lo que pueda llegar a hacer una medida judicial».

La burocracia y el kirchnerismo son cómplices del ajuste

Hace falta una jornada nacional de lucha

Como anticipamos, el gobierno nacional se encuentra gozando en este momento de una relativa fortaleza que le da margen para continuar avanzando con su ajuste. Esta fuerza le viene, desde ya, del apoyo que le otorga el imperialismo, la totalidad de la burguesía nativa y los medios de comunicación, quienes sostienen un escandaloso cerco protector capaz de construir las mentiras más indignantes. Peor junto a éstos hay que marcar dos actores más de primer orden. La burocracia y el aparato kirchnerista.

El principal sostén y defensa del gobierno es la burocracia de la CGT, que hace todo lo posible porque la bronca de los trabajadores no se manifieste. Como lo dijimos en su momento, la movilización del 29 de abril asustó, antes que a nadie, a los mismos convocantes. Desde ese día estuvieron trabajando para desarmar la fuerza que se manifestó en esa jornada. Por un lado, jugando la carta de la unidad de los traidores en una nueva CGT unificada, por otro lado Moyano rosqueando su ubicación en la interna de la AFA. Que quede claro: si l gobierno se anotó un triunfo luego del veto a la ley antidespidos es por la única razón de que las CGTs decidieron evitar que los trabajadores manifiesten toda su bronca mediante un paro que hubiese sido masivo. La negativa a llamar al paro general luego de que Macri defendiera el derecho a despedir a trabajadores, es un apoyo directo al ajuste de Macri. Lo cierto es que Moyano y compañía están decididos a defender la gobernabilidad, es decir, el derecho de Macri a reventar a los trabajadores.

Otro que no se queda atrás es el kirchnerismo y el FpV. Como corriente orgánica de la burguesía que son, están decididos a no hacer nada hasta el 2017. Para después entonces sí: desempolvar los discursos combativos (ojo, sólo los discursos) y llamar a una “acción enérgica”, pero exclusivamente en las urnas. Cristina Kirchner lo explicó claramente en su única aparición en casi seis meses de gobierno. Su política es dejar pasar el ajuste, que la gente sufra. Pero que no luche, nada de eso, soló debe reflexionar, flagelarse si cabe y después, si no murió en el camino, votarla.

Frente a esta situación, es necesario acompañar y apoyar a todos los sectores que salgan a pelear contra el ajuste y la política reaccionaria del gobierno de Macri. En este sentido, está claro que a las CTAs no le da el cuero para convocar a un paro general que sea realmente efectivo. Pero sí está a su alcance el llamar en conjunto con la izquierda y todos los sectores independientes, a una gran jornada nacional de lucha con piquetes, cortes de ruta y movilizaciones contra el ajuste y el gobierno reaccionario de Macri. Al mismo tiempo que sigue al orden del día la necesidad de un paro general.