En mayo se cumplieron los dos primeros años del gobierno de Luis Guillermo Solís y, cada día que transcurre, es más evidente su giro a la derecha, acordando con los partidos patronales la aplicación de un ajuste contra las conquistas laborales en el sector público y precarizando los salarios del sector privado.

Lo anterior explica que, en los últimos meses, se produjeran las primeras luchas de sectores trabajadores contra este gobierno. Esto constituye un elemento novedoso en la coyuntura política, pues representó el ingreso de la clase trabajadora a escena con sus métodos de lucha históricos: asambleas, huelgas, marchas, cortes de ruta.

Esto coincide con la situación internacional, donde hay un marcado giro reaccionario en muchos países (principalmente en Sudamérica y Europa) caracterizado por ofensivas de los gobiernos y patronales contra los derechos de las y los trabajadores. En respuesta a estos ataques se desarrollan importantes luchas obreras, tal como sucede en Argentina contra los despidos masivos y en Francia contra el proyecto de reforma laboral “El Khomri”, por citar dos casos.

Lo novedoso: la clase trabajadora entra en escena

En el caso de los sectores trabajadores todo indica que la experiencia con este gobierno empezó a deteriorarse: trascurrieron dos años esperando el “cambio” prometido, tiempo durante el cual acumularon gran cantidad de ataques encabezados por el mismo Solís y sufrieron una caída en sus condiciones laborales con aumentos salariales miserables. El gobierno terminó siendo una administración profundamente provocadora contra los trabajadores.

Lo anterior explica el ingreso de la clase trabajadora en la escena nacional, mediante la realización de huelgas con movilizaciones y bloqueos contra los ataques al salario (sector público) o por la defensa de derechos laborales básicos tutelados en el Código de Trabajo (sector privado).

El punto más alto fue la huelga del sector público del 26 y 27 de abril, la cual fue masivamente apoyada en los sectores de la educación, salud y el INA y, congregó a decenas de miles de trabajadores y trabajadoras en la marcha en San José, donde era notable el rechazo a las políticas del gobierno del PAC.

Debido a esto, se instaló por varias semanas una discusión en torno a la realización de una huelga indefinida contra los ataques al sector público, ante lo cual el gobierno tuvo que salir a plantear que no quería aprobar ninguna reforma al empleo público de forma precipitada y sin consultar previamente a las organizaciones sindicales, además de no realizar rebajos salariales a los huelguistas como había sugerido en un principio.

Por otra parte, a lo largo de este semestre se realizaron huelgas en la empresa privada exigiendo el cumplimiento de derechos laborales mínimos, como el pago de seguro social, cesantía, horas extras (por ejemplo la huelga de La Luisa y Exportaciones Norteñas). Aunque por el momento son peleas muy fragmentadas, numéricamente pequeñas y con epicentro en zonas rurales, tienen gran valor pues representan los primeros intentos de los trabajadores y trabajadoras por enfrentar la dictadura de las patronales que impera en las empresas privadas, algo fundamental para avanzar hacia la organización sindical en el sector y, de esta manera, fortalecer de conjunto las luchas obreras en Costa Rica que, por décadas, han estado reducidas al accionar del sindicalismo estatal. Además las luchas en sector privado acumularon para impulsar las huelgas del sector público en este período.

Alcances y límites del cambio de coyuntura

Las recientes luchas de trabajadores y trabajadoras son indicadores del comienzo de un cambio en la coyuntura política del país, que se caracterizará por la continuidad de los ataques desde el gobierno, las patronales y sus partidos, pero que en lo venidero contarán con una mayor respuesta desde las luchas de los trabajadores y demás sectores oprimidos.

Desde ya estas luchas tienen un “efecto contagio” hacia otros sectores sociales que están siendo atacados. Por ejemplo, en las últimas semanas son más recurrentes los bloqueos de comunidades en protestas por mejores caminos, problemas con el acceso al agua, mejoras en centros educativos, etc. También están realizándose luchas por el acceso a la tierra (como ocurre en Chánguena) y la vivienda.

En ese sentido, en la actual coyuntura tenderán a profundizarse la lucha de los de arriba contra los de abajo: las patronales contra los trabajadores, los terratenientes contra campesinos sin tierra e indígenas, el gobierno contra el conjunto de explotados y oprimidos.

No perdemos de vista que las dirigencias sindicales (muchas de las cuales definimos como burocráticas y proclives a negociar sin consultar a sus bases) juegan un papel mediador ante el gobierno, desmovilizando del todo o administrando el malestar de las bases con la convocatoria a huelgassectoriales y sin continuidad. Pero el rol desmovilizador de algunas de estas dirigencias burocráticas empieza a ser cuestionado desde abajo, como evidenció la asamblea de la APSE del 22 de abril, donde hubo una rebelión de las bases que le impuso a la dirigencia del sindicato sumarse a la huelga nacional del 26 y 27 de abril.

También es importante acotar que en el caso del movimiento estudiantil (actor histórico de los movimientos sociales del país) todavía está en curso la experiencia con el gobierno del PAC, dado que gran parte de la base social de Luis Guillermo Solís proviene de las universidades. Esto explica que el sector no recupere el nivel de movilización que tuvo con gobiernos anteriores, pues incluso la Federación de Estudiantes de la UCR (FEUCR) está controlada por la corriente del PAC en la universidad (Progre), aunque comienzan a expresarse mayores espacios de crítica a la política del gobierno en el marco de la nueva negociación por el presupuesto universitario (FEES, ver propuestas en página 3).

Finalmente, no podemos dejar de lado la denuncia de la política de la cúpula del Frente Amplio (FA), que no se diferencia del gobierno del PAC y, por el contrario, lo acompaña en su giro a la derecha. Por esto el FA se posiciona en defensa de la propuesta fiscal del gobierno, acuerpa la idea de un gobierno de “unidad nacional” con empresarios planteada por el reaccionario de Ottón Solís, apoya el proyecto de ley para reformar el empleo público impulsado por la diputada Sandra Pizt del PLN (que ataca los pluses salariales). Por último, no podemos dejar de mencionar la forma tan desastroza como la cúpula del FA asume las denuncias de violencia hacia las mujeres por parte de algunas de sus figuras políticas, como ocurrió nuevamente con el caso de un regidor por Montes de Oca, lo cual desató una persecución a las mujeres y militantes de ese partido que hicieron la denuncia pública del caso.

¡Paremos los ataques del gobierno del PAC y las patronales! ¡Organicemos una huelga indefinida!

Desde el Nuevo Partido Socialista (NPS) planteamos la más amplia unidad de todas las organizaciones sindicales, estudiantiles, sociales y partidos de izquierda que estén dispuestas a organizarse contra los ataques del gobierno del PAC, las patronales y sus partidos. Recientemente el gobierno mandó a la Asamblea Legislativa sus proyectos para imponer el IVA (que encarece el costo de la vida), recortar los pluses salariales en el sector público, etc.

Por eso sostenemos nuestro llamado a organizar un Encuentro Nacional de Lucha, dentro del cual se discuta un plan de lucha y dote a las organizaciones de las herramientas para organizar una huelga indefinida contra esos ataques. En ese sentido, nos parece correcta la convocatoria a un Encuentro Sindical Regional que realizan varias regionales de APSE para el sábado 18 de junio en San José, al cual desde el NPS y Ya Basta nos estaremos sumando para fortalecerlo (ver propuestas en página 3).

Finalmente, reiteramos el llamado a nuestros lectores y lectoras para que apoyen la inscripción electoral del NPS para el 2018, un partido que se construye para potenciar las luchas de la clase trabajadora y el conjunto de los explotados y oprimidos. Por eso estamos planteando constituir un Frente de Izquierda en Costa Rica, donde confluyan diferentes partidos y organizaciones de izquierda independientes del gobierno que se constituya como un referente político socialista y con independencia de clase para la clase trabajadora y sectores oprimidos en las luchas venideras y las elecciones.