–Hace unos días, Macri dijo que una de las causas por la que no entran inversiones es porque no hay una justicia laboral equitativa. ¿Qué piensa?

–‘Sin duda el tema requiere un debate y esto lo venimos conversando con los sectores sindicales y productivos. Por una definición política del kirchnerismo se promovía una falsa idea de que proteger los derechos laborales es terminar amparando ciertos abusos…

–¿Qué abusos?

–Lo vemos hoy en muchos sectores, la litigiosidad…

(Reportaje a Marcos Peña, La Nación, 30/07/16)

Para el próximo 22 de agosto se anuncia la reunificación de la CGT luego de varios años en los que estuvo dividida en tres vertientes. Al mismo tiempo, este viernes 5 se realizará un plenario de secretarios generales de los gremios cegetistas donde se discutiría alguna medida de fuerza (esto habrá que verlo), luego de la enorme borrada cuando el veto de Macri a la ley de prohibición de los despidos.

Dedicaremos este editorial a analizar el significado de esta reunificación, así como el contexto de los renovados ataques del gobierno contra los trabajadores con la excusa de “aumentar la productividad”, y a las perspectivas de un mes de agosto que se presenta algo más movido que la calma chicha de los últimos meses.

Superexplotación

En los últimos días se han multiplicado las declaraciones oficialistas con foco en las condiciones de trabajo. Resulta ser que la razón por el cual no están llegando inversiones tendría que ver con “la falta de productividad de los trabajadores”… Ya durante una gira por Europa meses atrás, Macri le recomendaba a Romero (diputado alcahuete del SMATA que lo acompañó en dicha gira) que hiciera que los trabajadores del sector “se esforzaran más para facilitar la llegada de inversiones al país”[1].

Las declaraciones del gobierno tienen dos ángulos. La primera, apuntar a reforzar las condiciones de explotación: aumentar los ritmos de trabajo, liquidar los tiempos muertos, jubilar a los compañeros de mayor edad, aprovechando de paso para dejar afuera a los que están “rotos” y a los que se tenga sospechas de que son activistas.

Es decir: proceder a lo que en el marxismo se llama un aumento del plusvalor absoluto, que tiene que ver con extraerles más trabajo (no pagado) a los trabajadores sobre la base de reforzar sus condiciones de explotación: el estrujamiento de sus nervios y sus músculos.

Dicho con otras palabras: imponer una racionalización de la economía que reduzca los costos salariales por unidad de producto, aumentando así la competitividad de la economía, todo bajo la presión de la amenaza de despidos como ya se está viendo en las grandes plantas automotrices[2].

Y hablamos de despidos basados en el dato objetivo de que solamente en materia de empleo formal se han destruido ya 107.000 puestos de trabajo desde diciembre, una cifra que necesariamente se multiplica si se tiene en cuenta el empleo informal no medido (¡se ve que no solamente los K medían lo que les convenía!).

Esto por no olvidarnos de las recientes declaraciones del gobierno en favor de una “reconversión” de aquellos sectores que consideran “no competitivos”: como la industria textil y electrónica, que podrían sumar cierres de empresas y despidos, agregando el hecho de que a la industria automotriz se la considera de “productividad media”. Por eso no es casual que Cristiano Rattazzi, el inefable CEO de FIAT Argentina, haya señalado que con los salarios actuales de la industria automotriz, sería “imposible pensar en exportar 140.000 coches a México como se hacía una década atrás”.

En todo caso, y en vista del aumento de los ritmos de trabajo que ya están ocurriendo, en una reunión partidaria con compañeros de grandes plantas varios manifestaron que se les hacía imposible seguir los nuevos ritmos de trabajo, otros que les dolía el cuerpo de tanto trabajar, o que se estaban acostando temprano porque llegaban “muertos del laburo”…

Esta segunda fase del ajuste (“reformas de segunda generación”, como le gusta llamarlas al oficialismo) tiene que ver, entonces, con un aumento en la explotación del trabajo: la capacidad de producir más en igual tiempo de trabajo y con menos personal, simultáneamente con un salario real menor en dólares: la cantinela de que la fuerza de trabajo argentina sería “demasiado cara” y habría que “abaratarla”.

Ataque a los derechos laborales

Pero aquí entra una segunda cuestión: el tema de la justicia laboral. Marcos Peña (en el reportaje de La Nación que citamos al comienzo de este editorial) retomaba la afirmación de Macri de que en el país habría “demasiada litigiosidad laboral”, que la justicia laboral “falla para un solo lado”, y otras beldades por el estilo, que sólo tienen el objetivo de echar para atrás las conquistas laborales obtenidas en la última década (sobre todo en materia de reinstalaciones por despidos discriminatorios).

Este terreno ganado por los trabajadores en la justicia laboral, conquistado con las relaciones de fuerzas creadas por la rebelión popular del 2001 y no por alguna graciosa concesión de los K (como da a entender Peña), le puso un límite concreto a los despidos persecutorios contra el activismo a los que tan acostumbrada está la patronal.

Por eso no es casual el ataque que está sufriendo el Pollo Sobrero. Luego del paro de 24 horas que protagonizaron los trabajadores del FFCC Sarmiento reclamando mejores condiciones de trabajo, la Santa Alianza del gobierno, la Unión Ferroviaria y la Justicia creyeron encontrar argumentos para quitarle los fueros al Pollo. Con la excusa de que la asamblea que votó el paro no habría sido “notificada al gremio”, la empresa parece aprestarse a judicializar la cuestión, amparándose en el reciente fallo de la Corte que plantea que solamente los sindicatos reconocidos tienen la potestad de convocar a medidas de fuerza.

En todo caso, hay que recordar que Sobrero y los compañeros que lo secundan dirigen una seccional del ferrocarril, por lo que difícilmente una medida contra ellos tendría amparo jurídico. En todo caso, la actividad por la defensa de sus fueros y contra la criminalización de los dirigentes independientes debe ser uno de los vectores principales de la izquierda en la pelea contra el gobierno reaccionario, razón por la cual el nuevo MAS participará de la marcha del 9 convocada por el propio Sobrero, el SUTNA y otras organizaciones de la izquierda, entre ellas nuestro partido.

Un mes de agosto más movido

La renovada ofensiva del gobierno ocurre en un contexto en el cual la economía no se recupera. Mientras la industria y la construcción no levantan cabeza (con caídas del 19,6% y 6,4% respectivamente el último año) y el producto, según se estima, caerá en 2016 en torno al 1,5%, la inflación sigue su marcha ascendente.

El gobierno esperaba que para julio la inflación se moderara en algo. Pero el índice de precios andaría por el 2,5% el mes que acaba de terminar, y se espera que agosto también muestre altos dígitos. Ocurre que la ronda de aumentos no termina: con el incremento de los servicios suspendido en algunos rubros (el gas principalmente), el ciclo de alzas se desplaza a otros: aceite, verduras, frutas, carne, el escándalo de la manteca (¡que escasea porque, según las leyes del mercado consagradas por este gobierno, a los productores les es más conveniente invertir en quesos!), turismo, medicina prepaga, etc.

El alza de los precios es tal que hasta los analistas económicos oficialistas reconocen que en ningún escenario la inflación del año estará por detrás del 42%, lo que la coloca muy por encima de todos los acuerdos paritarios (de ahí las presiones por la reapertura de algunos).

Es en este escenario que el mes de agosto se antoja más movido. Que se entienda bien: los sindicalistas se las han arreglado para negociar paritaria por paritaria evitando toda medida de conjunto[3]: “No hay un clima de gran conflictividad, más allá de que en la provincia de Buenos Aires hay problemas. Los gremios más grandes están esperando a ver si se acomoda la economía, cerraron sus paritarias y están tranquilos”, evaluó una fuente con diálogo con los gremios” (La Nación, 1/08/16).

Pero de todas maneras, las presiones por el atraso salarial, el “goteo” de los despidos, el aumento de los precios que no para, la bronca que crece entre los trabajadores, es lo que está por detrás de algunos movimientos y el anuncio de algunas medidas.

Muestra de esto fue el paro realizado lunes y martes pasado por los docentes de provincia de Buenos Aires, convocado por Udocba y la opositora lista Multicolor, que tuvo importante acatamiento en algunos distritos. El Suteba de Baradel no fue de la partida, pero ahora el Frente Gremial, presionado por la bronca entre la docencia, boquea que el 11 de agosto realizaría un paro provincial de no obtenerse respuestas al planteo de reapertura de las paritarias (sin olvidarnos de que esta semana hubo paros docentes en varias provincias más).

Si al paro docente le sumamos el cacerolazo convocado para mañana jueves 4 (que se verá qué impacto tiene), la marcha en defensa del Pollo Sobrero el 9, la convocatoria a Plaza de Mayo de los estatales para el jueves 11 y sobre todo la anunciada Marcha Federal de la CTA para los primeros días de septiembre (y eventualmente alguna medida de la CGT unificada), lo que se está viendo es un panorama más dinámico que la calma chicha de junio y julio.

A este panorama habrá que sumarle fuerzas con el criterio de la más amplia unidad de acción, defendiendo al mismo tiempo en esos eventos una perspectiva independiente. 

Arbitraje sindical

Esto es lo que nos lleva a la reunificación de la CGT. Hay que tener claro que dicha unificación nada tiene que ver con ningún interés real de los trabajadores. Se trata de la mejor manera que creen tener hoy los sindicalistas para llevar adelante su arbitraje, su mediación de los reclamos obreros.

Entre los sindicalistas, son pocos los que pretenden alinearse abiertamente con el gobierno: el archirreaccionario Momo Venegas de la UATRE (¡verdadero lacayo de los patrones del campo!) va en ese sentido, lo mismo que Barrionuevo, pero no dejan de estar en minoría.

Sin embargo, no hay que llamarse a engaño: tampoco hay ningún sector significativo que se encuentre en la oposición al gobierno[4].

La mayoría prefiere quedarse en una ubicación más cómoda, con mayor margen de maniobra, del tipo “ni oficialistas ni opositores”, pero que, atendiendo a que el gobierno “ha asumido hace poco” y justificándose en la crítica a los K, pretenden seguir haciéndole el juego a Macri[5].

Pero el arbitraje de los dirigentes sindicales va también en otro sentido: fortalecerse frente a la incipiente emergencia de la izquierda en los organismos de base de los trabajadores. En esto existe un enorme punto de acuerdo con el gobierno, al que le reclaman por lo bajo que le ponga coto a la izquierda sindical, algo que no logró el gobierno de Cristina (¡aunque lo haya intentado una y otra vez!).

Se trata así de un doble arbitraje: entre el gobierno, los empresarios y la base trabajadora por un lado, y respecto de la izquierda por otro. La burocracia sindical se dispone a cumplir su papel habitual: garantizar la gobernabilidad en un contexto donde por ahora maneja la situación, entre otras razones porque entre la clase obrera predomina todavía una gran desorientación respecto del verdadero carácter del gobierno. Pero la unificación de la CGT tiene también un carácter preventivo, en el sentido de aguantar mejor el “chubasco” si se desatan conflictos de magnitud.

En todo caso, el reciente anuncio de Macri respecto de las obras sociales viene a facilitar los acuerdos con el gobierno: “La audaz decisión de Macri de activar un interesante mecanismo de reparto de los 27.000 millones, el monto que alcanzó la histórica deuda que reclaman desde hace diez años los sindicalistas, se concreta en un contexto que comenzaba a inquietar al oficialismo (…) La eventual protesta de la CGT quedaría ahora en la nada” (La Nación, 3/08/16).

La unificación de la CGT es una medida que ningún beneficio traerá a los trabajadores, una acción inconsulta cuyo objetivo es cumplir mejor su papel de contención de los reclamos obreros, al tiempo que se le arrancan algunas medidas –¡básicamente en su propio beneficio!– al gobierno y los empresarios.

El domingo 14, ¡todos al Bauen!

Nuestro partido participará en la convocatoria del 9, en la marcha del 11 y la jornada del 12 por la libertad de Belén, levantando las banderas de la defensa del Pollo Sobrero, el rechazo a la criminalización de las luchas, contra el ajuste económico, por la más amplia unidad de acción para derrotarlo y en la perspectiva de una jornada nacional de lucha activa con paro general y cortes de ruta.

En este camino, nuestros mayores esfuerzos los colocaremos en lo inmediato en nuestra Jornada del Pensamiento Socialista para lograr la asistencia de compañeros y compañeras de todo el país, como forma también de dar un paso adelante en la construcción de nuestro partido, que viene fortaleciéndose al calor de las luchas contra el gobierno reaccionario y por una alternativa independiente, socialista, para el país.

¡Te llamamos a llevar adelante juntos estas tareas!

[1] La información periodística señalaba que Romero se había quejado de que el gremio siempre había hecho “todo lo que estaba a su alcance”, que incluso había negociado “convenios especiales” (a la baja) en determinadas fábricas para que la inversión se concretara; que “siempre nos apuntan a nosotros en vez de apretar a los empresarios”… ¡Cómo será el apriete para que se queje el gremio más alcahuete de los gobiernos y las patronales, que es el SMATA!

[2] Es el caso de FIAT Córdoba, donde se está procediendo a la suspensión de turnos enteros hasta fin de año, o de la Ford Pacheco, donde bajo la excusa de la suspensión por tiempo considerable de los compañeros, lo que se espera es que les “trabaje la cabeza” estando sin hacer nada en sus casas, aviniéndose así a un “arreglo” para irse de la empresa.

[3] El carácter reivindicativo de los reclamos es demasiado obvio: hacen el tour ritual por el Ministerio de Trabajo, tiran algunos petardos, hacen que “luchan”, y luego terminan firmando por un porcentaje que no deja de ser del agrado del oficialismo y los empresarios. De esta manera, mantienen la negociación gremio por gremio, evitando luchas de conjunto y todo eventual desborde.

[4] Se podría decir que ambas CTA son opositoras al gobierno de manera más definida, lo que de todas maneras no anula su carácter de centrales burocráticas en su ámbito inmediato de actuación: docentes y estatales.

[5] Aquí vale una aclaración respecto de Moyano: más allá de su habitual olfato de no alinearse abiertamente con un gobierno que está tomando tantas medidas antipopulares, está el escollo que significa el conflicto alrededor del control de la AFA. Sin embargo, da toda la impresión de que Moyano pretende manejar las cosas dejando pasar lo más posible el año o, en todo caso, tomando alguna medida que con un fino manejo de los tiempos no signifique ninguna desestabilización real del gobierno.