La lucha contra el tarifazo y los avances reaccionarios

“La ley es tela de araña,

en mi inorancia lo esplico.

No la tema el hombre rico,

nunca la tema el que mande,

pues la ruempe el bicho grande

y sólo enrieda a los chicos.

“Es la ley como la lluvia,

nunca puede ser pareja.

El que la aguanta se queja,

pero el asunto es sencillo,

la ley es como el cuchillo:

no ofiende a quien lo maneja.”

(José Hernández, “Martín Fierro”, 1879)

El jueves pasado ocurrieron dos acontecimientos de importancia que brindan elementos para analizar el estado actual de la coyuntura política nacional. El primero fue el intento del macrismo, por intermedio de la Justicia, de detener a Hebe de Bonafini en la sede de Madres de Plaza de Mayo para forzarla a declarar en Tribunales. El segundo fue el “ruidazo” que aconteció esa misma noche; el cual, aunque menor que el de semanas atrás, no por eso dejó de tener relevancia política, puesto que le pega en el flanco más débil del gobierno y le suma múltiples elementos de crisis.

Ambos hechos tienen gran importancia, aunque debido a la extensa cobertura que tenemos del primero en la presente edición, sólo agregaremos algunas consideraciones, y nos dedicaremos un poco más al segundo.

Una provocación contra la lucha por los derechos humanos

El macrismo viene tratando de implementar un nuevo relato acerca de lo ocurrido durante la última dictadura militar. Esta “cruzada” reaccionaria del gobierno de Cambiemos se verificó en las declaraciones de Mauricio Macri a la periodista de Buzzfeed. Allí el presidente argentino, al igual que en su momento el entonces ministro de Cultura porteño, Darío Lopérfido, relativizó la existencia de 30.000 desaparecidos. En ese mismo reportaje, Macri reflotó la teoría de los dos demonios al calificar al genocidio perpetrado por los militares como una “guerra sucia”, que es la terminología técnica utilizada por los manuales contrainsurgentes propiciados por Estados Unidos para justificar la persecución y exterminio de los militantes y organizaciones anticapitalistas.

Lo que ocurre es que la burguesía trata de reescribir la historia y borrar una realidad que aún está grabada a fuego en la conciencia popular: el carácter asesino de las fuerzas armadas. Es que, como resultado de las luchas de diversos organismos de derechos humanos y de la izquierda, y como consecuencia del derrumbe mismo de la dictadura militar después de la derrota en Malvinas, las fuerzas armadas habían quedaron fuertemente cuestionadas por el conjunto de la población. Las fuerzas represivas habían mostrado crudamente su verdadero rostro de sanguinarios garantes del Estado capitalista.

Este cuestionamiento sobre “sus” organismos de represión, a la burguesía y a Macri como representante directo de ella, no les gusta para nada. Ellos quieren poder contar nuevamente con esa fuerza para poder utilizarla contra las luchas populares.

Es en este contexto de relativización del genocidio militar, y del intento de liberar o atenuar las condenas a los represores (como fue la tentativa de otorgarle el beneficio de la prisión domiciliaria a Etchecolatz) es que se debe entender la orden de detención contra Hebe de Bonafini.

El haber mandado a la genocida Policía Federal a detener por la fuerza a Bonafini con la excusa de trasladarla a Tribunales para que declare por la causa “Sueños Compartidos” fue un intento de avanzar sobre la lucha por los derechos humanos, por intermedio de una figura que, más allá de su derrotero político y de cualquier otra consideración, es un símbolo internacional de la lucha contra el terrorismo de Estado.

El macrismo y la Justicia quisieron ampararse en el prejuicio de que “en democracia todos somos iguales ante la ley”: sobre este tema (y el desbarranque del Partido Obrero), nos remitimos al artículo de Roberto Sáenz en la presente edición, sólo nos limitaremos a recordar la sabiduría popular que contienen las palabras del “Moreno” a Martín Fierro: “La ley se hace para todos, más sólo al pobre le rige”.

Tarifazo: se acumulan elementos de crisis en el gobierno

El otro acontecimiento del jueves pasado fue el “ruidazo”. Evidentemente, esta jornada de protesta fue menos masiva, más de vanguardia que la precedente. Esto no debe llevarnos a conclusiones impresionistas, puesto que este “ruidazo” se dio en circunstancias distintas al anterior. En esta oportunidad, se llegó a la protesta en el marco de que los aumentos de tarifas están momentáneamente frenados por las resoluciones de la Cámara de justicia de La Plata y San Martín. Esto provoca la ilusión y la esperanza de que la Corte Suprema falle contra el tarifazo y dé marcha atrás a todo.

Sobre la Corte Suprema valen los mismos reparos que sobre la Ley y la Justicia en general. Ésta de ninguna manera va a fallar alegremente contra el gobierno y en favor de los sectores populares, salvo que la presión que surja de la protesta en las calles la obliguen a eso.

En este sentido es que el “ruidazo” del jueves pasado tuvo gran importancia. Es sintomático que aun con los aumentos momentáneamente frenados, la jornada tuvo gran extensión nacional y una participación, aunque no masiva, para nada marginal. De este fenómeno dio cuenta la Corte Suprema, los partidos de la oposición y hasta el gobierno.

Por el lado del máximo Tribunal de justicia, no parecen dispuestos (por el momento) a ser ellos los que paguen enteramente el costo de avalar semejante ajuste. El macrismo esperaba que la Corte le diera la razón y habilitase rápidamente el incremento tarifario, pero los jueces decidieron darle largas y pedirle a la Procuración Nacional, encabezada por la dirigente kirchnerista, Alejandra Gils Carbó, que opine sobre el tema en cuestión, alargando así los plazos para la resolución.

El problema de los plazos no es una cuestión menor. No hay que perder de vista que el gobierno les regaló a las mineras y al campo una fuerte baja en los impuestos vía la eliminación de las retenciones agrarias, lo que significó una pérdida de ingresos en las arcas del Estado. Parte de su plan económico era reemplazar esas pérdidas por medio del tarifazo. Pero el gobierno decretó los ajustes hace varios meses, y como éstos siguen suspendidos, durante todo ese lapso las empresas no han podido cobrar las facturas, lo que genera una fuerte presión sobre el macrismo. Además, no está claro que la Corte Suprema, aun avalando el ajuste, no cuestione el momento a partir del cual el mismo es aplicable. En relación a esto, el secretario de Coordinación de Políticas Públicas, Gustavo Lopetegui, advirtió que «sería muy grave» que la Corte Suprema falle en contra del ajuste de tarifas porque esto demandaría un gasto de 80.000 millones de pesos.

Pero el tiempo pasa y la discusión sobre el tarifazo no se cierra. Esto le genera una fuerte pérdida de apoyo al gobierno, y pone en la picota al ministro de Energía, Juan José Aranguren. En una encuesta difundida por el diario Clarín en los últimos días, se advierte que la imagen positiva de Macri ha sufrido una fuerte caída en los últimos meses, y que en el mes de julio sólo un 43% de los encuestados aprobaba la gestión del gobierno, mientras que un 42% la desaprobaba.

Por otra parte, la misma coalición gobernante (Cambiemos) está empezando a mostrar algunos elementos de crisis. Durante las dos últimas semanas Elisa Carrió se demarcó de la orientación oficial y pidió que el gobierno anule el decreto de aumento de tarifas y que implemente el tarifazo de manera más ordenada. Curiosamente, en sintonía con el kirchnerismo, le pide a Macri que llame a las famosas audiencias públicas, para así, de ese modo, desbaratar algunos de los argumentos que sustentan el fallo de la justicia y dar vía libre al tarifazo.

Aranguren en el centro de la tormenta

En el plan de ajuste del gobierno, el aumento de los servicios era una de las piezas centrales, (junto con la devaluación, la caída de los salarios, los despidos y el endeudamiento). El responsable de llevar adelante el tarifazo era José Aranguren. Pero la pericia del tecnócrata para llevar adelante tal zarpazo está siendo fuertemente cuestionada por amplios sectores de la misma burguesía y sus voceros.

Todo el mundo sabe que los ministros son una suerte de fusibles que están puestos, entre otros motivos, para “saltar” cuando las cosas se complican, y de esta manera “salvar” a la figura presidencial: son como los peones que protegen al Rey en el juego de ajedrez. Pero el problema en este caso, es que fue el mismo Macri (el “Rey”) quien salió a defender al ministro solidarizándose con él. Pero esto, lejos de alejar los nubarrones sobre el futuro de Aranguren, lo único que ha logrado es hacer aún más riesgosa su posible renuncia.

Esto se volvió “dramático” (en la medida que puede haber algo dramático en el ámbito del juego parlamentario) el miércoles último. En una jornada tensa, la oposición trató de imponer el llamado a interpelación del ministro de Energía en el Congreso. El macrismo tuvo que jugar todas sus cartas para evitar que esto se lleve a cabo. Durante la sesión, Elisa Carrió, nuevamente, se desmarcó del oficialismo. Aunque se negó a votar una interpelación al ministro, lo hizo argumentando cuestiones de forma, pero concluyó diciendo que ella, si fuese jueza, tampoco avalaría los aumentos sin audiencias públicas, y que Aranguren debe dar explicaciones en el Congreso. Finalmente, el PRO consiguió evitar la derrota parlamentaria, pero tuvo que “transar” con que, en vez de presentarse en el pleno de la Cámara de Diputados, Aranguren participara en carácter de “invitado” a un plenario de comisiones para el próximo martes.

El nivel de exposición y de desgaste que carga sobre la espalda de Aranguren lo trasforman en el candidato más firme a ser la primer cabeza que ruede en el novísimo gobierno de Cambiemos. La eventual renuncia del ministro de Energía sería un fuerte golpe contra Macri, y supondría una dura traba para aplicar el tarifazo.

Hay que redoblar la lucha en las calles contra el tarifazo

El gobierno de Macri está acumulando fuertes elementos de crisis. Si bien continúa a la ofensiva en términos más generales, aún no ha podido imponer, enteramente, su política reaccionaria, ni su plan de ajuste.

La imposibilidad de llevar por la fuerza policial a Bonafini detenida; el freno que se le puso, por medio de la movilización en las calles, a la Justicia que intentaba otorgarle la prisión domiciliaria a Echetcolatz; y la suspensión momentánea al tarifazo que se sostiene por temor que tienen a que los “ruidazos” y la bronca terminen de estallar en todo el país, son importantes mojones que muestran que existen reservas para derrotar a Macri y su política reaccionaria.

Estas realidades muestran una vez más, el carácter pérfido y traidor de las direcciones sindicales. Éstas se mantienen “ajenas” a todos los problemas que afectan a millones de trabajadores, y además se jactan (como hizo Barrionuevo en la última reunión de las cúpulas de las CGTs) de ser “los garantes de la gobernabilidad del país”.

Desde el Nuevo MAS planteamos que hay que continuar el camino de las luchas en las calles contra del avance macrista sobre la lucha por los derechos humanos, por la renuncia de Aranguren, para frenar el tarifazo y derrotar al gobierno reaccionario.