Una semana para el olvido

“Los cuatro jueces de la Corte Suprema escriben contra reloj el fallo sobre tarifas de gas que dictarán pasado mañana: una sentencia que buscará garantizar la gobernabilidad, pero que también mostrará la necesidad de proteger a los consumidores” (La Nación, 16 de agosto del 2016)

Al cierre de esta edición el gobierno está a la espera del fallo de la Corte respecto de las tarifas. Macri descarta una sanción favorable. Pero es posible que la Corte ejercite un cierto equilibrio que quizás no lo satisfaga del todo. Mucho se han hecho esperar los “supremos” para simplemente convalidar todo lo actuado por el oficialismo, aunque sigue siendo lo más probable que el fallo beneficie al gobierno.

En todo caso, la realidad es que, desde el punto de vista de los intereses del gobierno, las últimas semanas han sido para el olvido, un traspié ha seguido al otro, y lo importante es entender el porqué de esta realidad, sus consecuencias y eventuales alcances, cuestión a la que dedicaremos la presente editorial.

Líneas rojas

Varios son los problemas que se mancomunaron para colocar al gobierno en una situación que no se observaba desde la borrada de la CGT a fines de abril (la crisis que le generó el veto de Macri a una ley antidespidos y la concentración multitudinaria del 29 de dicho mes).

Si se quiere, el punto central tiene que ver con una serie de “líneas rojas” que, a pesar de todos los aspectos que lo favorecen, el gobierno no pudo aún cruzar (líneas rojas que remiten a las relaciones de fuerzas vigentes).

El conflicto más generalizado tiene que ver con las tarifas. Ni la oposición patronal (en sus variadas expresiones) ni la Corte habrían salido a la palestra de no haber mediado un proceso de cuestionamiento al brutal tarifazo en las entrañas de la sociedad. Ya el gobierno se había visto obligado a retroceder un mes atrás cuando se comprometía a no realizar aumentos por encima del 500% (¡lo que de todas maneras no dejaba de ser una barbaridad!).

Recordemos que inicialmente se habían planeado aumentos de 1700 o 2000% en las tarifas. Pero fue creciendo el malestar social, un malhumor que se expresó en un primer y contundente “ruidazo” que, sin tener todavía la masividad de los cacerolazos de años atrás (expresiones tanto por izquierda como por derecha de la clase media en la protesta), no dejaron de ser un llamado de atención para el oficialismo.

Pero al primer ruidazo le siguió un segundo, acompañado de una serie de recursos de amparo que fueron logrando fallos favorables, hasta terminar en la situación actual, con los aumentos del gas y la luz prácticamente suspendidos en todo el país.

La “línea roja” no se expresó solamente en materia de tarifas. Respecto del rol de las FFAA y los derechos humanos, el gobierno tiene una clara orientación hacia la derecha: su intención manifiesta es volver a la teoría de los “dos demonios”; más aún: lo que se busca es legitimar a los represores y condenar socialmente a las organizaciones de los derechos humanos, de paso avanzando en imponer el protocolo contra la protesta social (una cosa legitimaría la otra).

De ahí que la semana pasada haya pretendido encarcelar a Hebe Bonafini, un objetivo en el que fracasó rotundamente dada la reacción de amplios sectores que se posicionaron en contra, así como pasar a domiciliaria al genocida y provocador Etchecolatz, cuestión en la que la Justicia platense acaba también de retroceder.

Si de las tarifas y los DDHH pasamos a las manifestaciones de lucha, en las últimas semanas se han multiplicado las movilizaciones de diversos sectores, que van desde organizaciones de desocupados, trabajadores estatales y docentes hasta algunos gremios privados, acciones que se multiplican a pesar de que la CGT sigue olímpicamente borrada del escenario.

Incluso la decisión de la Corte de Tucumán de liberar a Belén (una joven injustamente encarcelada, acusada de haberse practicado un aborto) podría ir en el mismo sentido de esta serie de hechos que parecen expresar un freno a la ofensiva gubernamental.

Para colmo, aun cuando se lo haya intentado esconder o soslayar, la imputación a la vicepresidenta Michetti por el origen dudoso de los 50.000 dólares y 250.000 pesos que le robaron de su casa en la jornada de la segunda vuelta electoral, es otra muestra de que la campaña de la corrupción contra los K se podría volver como un bumerang contra los integrantes del gobierno; que ninguno de los políticos patronales estaría libre del escrutinio por parte de la Justicia, una Justicia que obviamente es patronal pero que exhibe muchas veces un grado de “autonomía”, sobre todo en sus fiscales y jueces federales[1].

En todo caso, lo que la circunstancia rebela es que las relaciones de fuerzas en el país aún están por resolverse; y que además, a pesar del apoyo de lo más granado de la patronal y el imperialismo, a este primer embate de Cambiemos se le podría acabar la nafta justo en momentos en que crecen las dudas sobre las perspectivas económicas, cuando todavía no se sabe a ciencia cierta cuánto significará el blanqueo en plata contante y sonante, cuando la inflación no para y la primera mitad del año ha arrojado más de cien mil trabajadores en la calle y 1.200.000 nuevos pobres.

Arbitraje judicial

Lo anterior nos trae de vuelta a las tarifas. Como se ve en la cita que encabeza este editorial, la mayoría de los analistas esperan que la Corte falle a favor del gobierno; no hacerlo pondría en riesgo la gobernabilidad, aseguran (lo que en cierto modo no deja de ser verdad).

Además, el gobierno se ha lanzado a una campaña terrorista tratando de justificarse, afirmando que si los aumentos no se convalidan sería “imposible controlar el déficit fiscal”, “imposible combatir la inflación”, se “pondrían en riesgo los servicios”…

El carácter de chantaje de estas declaraciones no podría estar más claro. Un gobierno que devaluó impunemente el peso y multiplicó la inflación; que eliminó retenciones a las exportaciones agrícolas, mineras e industriales; que les ofrece un borrón y cuenta nueva a los evasores de capitales (¡mientras les cobra el impuesto a las ganancias a los trabajadores!); que, en síntesis, operó una brutal transferencia de recursos desde los de abajo hacia los de arriba, ahora quiere hacerle creer a la población que el mundo se vendría abajo si no les convalidan los escandalosos aumentos de tarifas (¡precisamente para recuperar, saqueando el bolsillo de los consumidores, lo que les giraron a los grandes capitalistas del campo y la ciudad!).

Espera que la Corte le falle a su favor, y eso es lo más probable. Sin embargo subsisten algunos interrogantes respecto de la letra chica de dicho fallo. Por ejemplo, y este no es un dato menor, si los aumentos se convalidarán sólo a partir de ahora o con retroactividad.

Es que dentro del universo de los usuarios, están los que pagaron las tarifas con aumento y los que no, los que pagaron con el viejo cuadro tarifario y los que dejaron de pagar en todo sentido.

Si la Corte convalida retroactivamente los aumentos, muchísimos usuarios se verán frente a una inmensa deuda que pagar, lo que, incluso si se hiciera en cuotas, sería un grave problema para la mayoría.

Pero si no se convalida un aumento con retroactividad, esto significará un revés de importancia para el gobierno. Es verdad que el aumento sería ratificado. Pero no hacerlo correr para atrás sino de aquí en adelante, le restaría al gobierno ingresos importantísimos para el 2016; el ajuste tarifario quedaría así, de alguna manera, postergado recién para este último cuarto del año, algo que no entraba en los cálculos de Macri.

El problema en todo caso es que, en este tema como en el de la corrupción, nuevamente la Justicia aparece como árbitro. Es raro este papel en un gobierno que ha iniciado hace solo 8 meses y que aún se jacta de tener el apoyo popular de la mayoría[2].

En circunstancias normales, el que arbitra las cosas, el que gobierna, es el Poder Ejecutivo. La Justicia sólo toma este papel de arbitraje de los asuntos cuando hay grandes crisis, entre otras cosas porque estas tienden a debilitar o moderar el poder del presidente (¡y atención que el régimen de democracia de los ricos en nuestro país es sumamente presidencialista!).

Ya con las causas de la corrupción K se observa una cierta autonomización de la Justicia respecto de los mandatos del Ejecutivo (como hemos señalado arriba). Es evidente que la cruzada anti K le sirve al gobierno. Pero seguramente Macri no está conforme con que esta cruzada vaya tan lejos como poner presa a Cristina Kirchner; finalmente es una ex presidenta, y si ella va presa se podría sentar un tremendo precedente para los presidentes que le sigan…

Por los demás, en esta materia está siempre la preocupación de que los jueces se den vuelta y de acusar a los K pasen a hacerlo con connotados miembros del oficialismo. Ahí está el caso de Michetti, y podrían seguirle otros (Grindetti, el propio Macri, etcétera[3]).

La carencia de un punto de referencia alternativo

En otras condiciones, quizás la debilitad exhibida por el gobierno podría capitalizarse desde abajo. Aquí es donde se muestra, en toda su expresión, el rol traidor de los dirigentes de la CGT.

Con la excusa de la reunificación (¡que en sí misma no significa nada bueno para los trabajadores![4]), se las han arreglado para borrarse de la coyuntura nacional; sintomáticamente, la misma excusa que la Corte Suprema: ser garantes de la gobernabilidad de un gobierno que recién inicia (argumento predilecto de Luis Barrionuevo).

De haber un punto de referencia alternativo al oficialismo, un lugar donde cristalizara el descontento, se podría poner en pie una contraofensiva de conjunto contra Macri; esta es la importancia de la cuestión.

Como señalamos arriba, los últimos días han estado plagados de manifestaciones de protesta. Además, para el 31 de agosto y el 1º y 2 de septiembre se espera la Marcha Federal convocada por la CTA-Yasky, la que a pesar de sus déficits, de sus inconsecuencias, de incorporar en su programa demandas patronales como las de las pymes, etcétera, no deja de ser la única convocatoria más o menos unificada que está en el horizonte, razón por la cual participaremos críticamente desde nuestro partido.

Pero incluso esta convocatoria, al no estar vinculada a la realización de una jornada de paro nacional activo en todo el país, será seguramente limitada.

Los dirigentes de esta CTA postergaron la convocatoria –que se esperaba para la tercera semana de agosto– en vista de la próxima jugada de la CGT, de lo que esta vaya a anunciar el día de su unificación, el 22 de agosto.

El Comité Confederal del 5 de agosto pasado emitió un duro documento contra el gobierno pero dejó en suspenso toda medida de lucha; más aún: es casi un hecho que se negarán a convocar a un paro general porque no hay acuerdo para esto. El sector más “duro” sería el de Schmidt-Moyano, pero estaría en minoría respecto de los que provienen de la CGT-Caló y la de Barrionuevo, que se niegan rotundamente a un paro general.

La unidad por arriba y la fragmentación por abajo sigue siendo el factor clave para que no se pueda dar vuelta la taba contra Macri; un punto central que sectores importantes de la izquierda parecen no entender cuando se niegan a impulsar la más amplia unidad de acción en las calles y a poner en pie un reagrupamiento clasista en el terreno de las luchas cotidianas, buscando sólo acciones para la TV. También se niegan a erigir un polo político de clase más amplio que la mera cooperativa electoral que es actualmente el FIT.

Estas batallas, junto con seguir levantando la exigencia de un paro general activo, seguirán ordenando la política de nuestro partido en las próximas semanas.

[1] La justicia es patronal, ni que decirlo y, habitualmente responde al poder de turno. Pero también es verdad que goza de ciertos atributos de autonomía, que no es lo mismo la Corte Suprema, mucho más orgánica, que los jueces y fiscales federales a los que les gusta cultivar una imagen de figuras por derecho propio, un personal aristocrático, una casta que a la vez combina ciertos elementos inorgánicos, lúmpenes, casi farandulescos y con enorme gusto por la figuración a como dé lugar. Volveremos sobre esto enseguida.

[2] Nótese que, de todas maneras, la popularidad de Macri y el gobierno vienen retrocediendo; no es aún una caída catastrófica, todavía tiene el apoyo de amplios sectores de la clase media, la clase trabajadora no ha pasado aun a la oposición, pero sin embargo no hay encuesta que no muestra cómo crece el malhumor social. 

[3] Retengamos aquí que todos los días salen más informaciones de que no hay políticos más millonarios que los del propio oficialismo, de cómo todos ellos tienen sus capitales en el exterior, y cuestiones por el estilo que no dejan de entrañar un escándalo que en cualquier giro de las circunstancias podría enchastrar a más de un encumbrado funcionario.

[4] El problema de si la burocracia está dividida o unificada no tiene nada que ver con la unidad de los trabajadores en la lucha; la CGT resuelve su forma organizativa de espaldas al grueso de los trabajadores, no para ver cómo enfrentar mejor a los capitalistas, sino para manejar de mejor manera sus asuntos, arbitrar de la mejor manera entre el Estado, los patrones y la clase trabajadora.